Cesaría Jiménez García

Expediente 1901/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1901/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
29/03/2023

Partes del expediente

  • Cesaría Jiménez García y Otros.
  • Cesaría Jiménez García
  • Ma. Andrea Guadalupe Gómez Alvarado y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    SE NOTIFICA EL ACUERDO DE VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURIDICCIONAL A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL TREINTA Y UNO DE MARZO DOS MIL VEINTITRÉS, EL CUAL EN LO CONDUCENTE DICE: Toluca, Estado de México, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de trece de marzo del año en curso, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector, previo a ello, se estima necesario destacar los datos relevantes vinculados con el cumplimiento de la sentencia concesoria, a saber: Fecha de ejecutoria Fecha del cumplimiento Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento. Fecha de la última notificación a las parte del auto por el que se dio vista con el cumplimiento Tres de marzo de dos mil veintitrés. Nueve de febrero de dos mil veintitrés. Diez de marzo de dos mil veintitrés. Veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Precisado lo anterior, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La omisión por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México de dictar el laudo en el expediente ********************. Previa substanciación del juicio de amparo, el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa para los siguientes efectos: ".para el efecto de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con residencia en Toluca, Estado de México, inmediatamente, a partir del día siguiente al en que cause ejecutoria la presente resolución, de no haberlo hecho ya, con plenitud de jurisdicción, emita el laudo que en derecho proceda en los autos del juicio laboral ******************** y, ordene su notificación a la parte quejosa en el lugar que para tal efecto haya señalado ésta." El tres de marzo del año en curso, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Posteriormente, el trece de marzo este año, se tuvo al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, remitiendo copia certificada del laudo de treinta y uno de enero del año en curso, emitido en el juicio laboral burocrático ********************, de su índice, así como de la constancia de notificación practicada a la apoderada legal de la aquí parte quejosa; constancias que por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con las directrices de la concesión del amparo, es decir, emitió el dictamen correspondiente y lo notificó a la parte quejosa. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento de las partes la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, TODA VEZ QUE NO ACUDIO A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EL QUINCE DE MARZDO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Toluca, Estado de México, trece de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio de cuenta con anexos, mediante el cual el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en cumplimiento a la ejecutoria del presente sumario constitucional remite copia certificada del laudo de treinta y uno de enero del año en curso, emitido en el juicio laboral burocrático ********************, de su índice, así como de la constancia de notificación practicada a la apoderada legal de la aquí parte quejosa. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las constancias en comento, dese vista a la quejosa para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del presente juicio y la certificación de cuenta, se advierte que las partes del presente juicio de amparo no recurrieron dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente sumario constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En esa virtud, con apoyo en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo requiérase al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con residencia en Toluca, Estado de México, para que dentro del plazo de tres días dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten; apercibido que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos artículos 237, fracción I, y 258 de la ley de la materia y se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Es aplicable, la Jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), publicada en la página 19, del Libro 12, Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de noviembre de 2014, Decima Época, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

  4. Principal

    En Toluca, Estado de México, a las once horas con diez minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo 1901/2022-VIII, promovido por ********************, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, en audiencia pública Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con Laura Guadalupe López Quezada, secretaria que autoriza, firma y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta, sin asistencia de las partes. Relación de constancias A continuación la secretaria procede a la relación de constancias de autos, para lo cual da lectura de las mismas, y en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente; sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas, en atención a la Jurisprudencia PC.II.P. J/8 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 1345, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Septiembre de 2018, Libro 58, Tomo II, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE "ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS", BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE: El artículo 124, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece, en lo conducente, que "abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias". Si se parte de dicha referencia normativa, no puede afirmarse que se configure una transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento en el juicio de amparo indirecto, cuando al celebrarse ese acto procesal únicamente se precise que se da lectura a las constancias del expediente y que se tienen por reproducidas, sin que queden plasmadas por escrito en esa diligencia, pues ello constituye un requerimiento extremo no previsto en los artículos 107, párrafo primero, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 124 indicado pues, por el contrario, si se atiende a los principios que emanan de los artículos 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, 2, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se concluye que en la resolución de los asuntos jurisdiccionales, las autoridades deben privilegiar, por encima de los aspectos formales, la resolución de fondo, toda vez que esta prevención evitará que en un juicio o procedimiento seguido en forma de juicio se impongan obstáculos entre la acción de las autoridades y las pretensiones de los justiciables, o bien, límites a las funciones de las autoridades en la decisión de fondo del conflicto; lo que deriva en que basta que en la audiencia constitucional se certifique que se dio lectura a las constancias del expediente para entender que fueron relacionadas dentro de esa actuación procesal. Además, lo trascendente es que los actos desarrollados en la primera fase del acto mencionado (invocación de constancias, pruebas, alegatos y la intervención de las partes) se vean asentados en forma congruente en el fallo que ponga fin al acto unitario (audiencia constitucional y sentencia)" Acto seguido el Juez acuerda: Con fundamento en lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Etapa de pruebas Enseguida, se abre el período probatorio, y la secretaria hace constar que la autoridad responsable, a efecto de acreditar la constitucionalidad del acto reclamado, remitió: Copia certificada del auto de veintitrés de junio del dos mil veintidós, emitido en el expediente número 1808/2021, de su índice. Acto continuo el Juez acuerda: respecto de las pruebas antes señaladas, no se emite mayor pronunciamiento respecto de la prueba antes señalada, en virtud de que en auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, se proveyó lo conducente; y sin más medios de convicción por desahogar, se cierra esta etapa, y se tiene por precluido el derecho de las partes restantes para ofrecer pruebas. Etapa de alegatos A continuación, se abre el periodo de alegatos, y la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló manifestaciones en ese sentido. Enseguida el Juez acuerda: Al no existir manifestaciones de alegatos de las partes, se cierra el periodo de alegatos. No habiendo escrito pendiente de acordar, se da por concluida esta audiencia y el Juez procede a dictar la resolución siguiente: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1901/2022-VIII, promovido por ********************, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado, el catorce de diciembre de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ********************, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. El H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, con domicilio en Rafael M. Hidalgo, número 301, Planta Baja, esquina con prolongación Ignacio Rayón, Colonia Cuauhtémoc, en esta ciudad de Toluca México." "IV. ACTO RECLAMADO. La omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México de dictar el Laudo que conforme a derecho corresponda dentro de los autos del expediente número 1808/2021, relativo al juicio que los suscritos promovimos en contra del Tercero Perjudicado." Actos reclamados que el quejoso señaló violaban los derechos fundamentales protegidos por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Trámite. Por acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete al Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional; la cual previo diferimiento tuvo verificativo en términos del acta que antecede, misma que forma parte de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, ya que se reclama un acto omisivo y la demanda se presentó dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: - La omisión por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México de dictar el laudo en el expediente 1808/2021. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, aceptó la existencia del acto reclamado en el presente juicio de amparo, pues refirió que, mediante auto de veintitrés de junio del dos mil veintidós, declaró cerrada la instrucción dentro del juicio laboral 1808/2021, turnándose los autos al auxiliar dictaminador, a fin de dictar el laudo correspondiente. Certeza que se constata del contenido de la constancia que remitió la responsable, como complemento a su informe justificado; a la cual, por tratarse de documental pública y ser emitida por servidor público en uso de sus facultades, se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, primera parte, Quinta Época, consultable en la página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Causas de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo al estudio del fondo del asunto, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen o no cualquiera de las partes. Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 272, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al respecto, toda vez que las partes no las hicieron valer, y este juzgado no advierte de oficio alguna causa de improcedencia, se procede al estudio del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. Se procede al estudio del concepto de violación que hace valer el impetrante del amparo, mismo que se tiene aquí por reproducido íntegramente, como si se insertara a la letra, en obvio de innecesarias repeticiones; lo que se efectúa con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Página: 830, con número de registro 164618, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". Sin embargo, con la finalidad de resolver la cuestión efectivamente planteada, se estima pertinente precisar que el promovente del amparo hace valer como conceptos de violación, en síntesis, el que la autoridad responsable transgrede en su perjuicio lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no administrarse la justicia en los plazos y términos que fijan las leyes al no dar continuidad al juicio laboral intentado por esta. SEXTO. Estudio. Resultan fundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, aunque para ello deba suplirse en su deficiencia, con apoyo en la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo. En efecto, en la especie se reclama la dilación de la autoridad responsable al paralizar el juicio de origen, absteniéndose de emitir el laudo correspondiente. Bajo ese contexto, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Constitución Federal establece: "Artículo 17... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales...". Del artículo antes transcrito se desprende el derecho de acceso a la impartición de justicia, la cual implica que todo justiciable tiene derecho a que las controversias que sean sometidas a la potestad judicial serán tramitadas por tribunales, que están obligados a impartir la justicia en los plazos y términos que fijen las leyes aplicables al caso, de manera pronta, completa e imparcial. En ese tenor, los encargados de impartir justicia tienen la obligación de hacerlo de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, pues no basta que el justiciable acuda ante el órgano jurisdiccional a instar la solución de una controversia, sino que dicho acceso a la justicia debe ser eficaz, lo cual se traduce en obtención de una resolución dictada conforme a la ley aplicable al hecho y decida si al peticionario le asiste o no la razón. Ahora bien, es pertinente precisar a qué se refieren los principios que integran el derecho constitucional de acceso a la justicia, los cuales se traducen en lo siguiente: a) Justicia pronta: se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; b) Justicia completa: consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; c) Justicia imparcial: significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, d) Justicia gratuita: que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. En síntesis, se satisface el derecho contenido en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando la solución de una controversia es emitida dentro de los plazos y términos que establecen las leyes aplicables, en la cual se resuelve si asiste o no la razón sobre los derechos solicitados, resolución que será apegada a derecho y sin que los órganos encargados de la impartición cobren a los justiciables por la prestación de ese servicio público. El derecho de referencia puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales deben estar expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales. Es aplicable a lo anterior, la tesis 1, Novena Época, con registro digital 922523, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice (actualización 2002), tomo VI, común, P.R. SCJN, materia común, página 95, que indica: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Luego, retomando la litis planteada en esta instancia constitucional, es de considerar que, como se aprecia de la constancia remitida por la responsable como complemento de su informe justificado, el veintitrés de junio del dos mil veintidós, proveído en el cual, se decretó el cierre de la instrucción y se ordenó turnar los autos para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo, dentro del expediente 1808/2021; a la cual se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, al tratarse de una documental pública expedida por funcionario en ejercicio de sus funciones. En esas condiciones, es necesario traer a contexto los artículos 242 y 242 bis, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que contienen los términos que deben respetar los tribunales laborales, para tomar las medidas necesarias a fin de lograr la mayor economía procesal, concentración y sencillez del proceso, los cuales establecen: "Artículo 242. Una vez formulados los alegatos se declarará cerrada la instrucción y se turnarán los autos al C. Auxiliar Dictaminador, para que emita el proyecto de laudo correspondiente, observando el principio de celeridad procesal. Artículo 242 BIS. Una vez elaborado el proyecto de laudo, se procederá a su discusión y aprobación en una sesión de pleno que se verificará en un término no mayor de 15 días." De los numerales citados se establece que, una vez formulados los alegatos, se declarará cerrada la instrucción y se turnarán los autos al Auxiliar Dictaminador para que emita el proyecto de laudo correspondiente, quien lo deberá hacer observando el principio de celeridad procesal; asimismo, una vez elaborado el proyecto de laudo, se procederá a su discusión y aprobación en sesión de pleno que se verificará en un plazo no mayor de quince días. Por su parte en el diverso artículo 244 de la ley en consulta, se establece: "Artículo 244. Si la propuesta fuere aprobada, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros del Tribunal o de la Sala. Si se le hicieran modificaciones o adiciones, se harán constar en el acta y el presidente ordenará que de inmediato se redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. Una vez firmado el laudo, se turnará el expediente al actuario, para que de inmediato lo notifique personalmente a las partes." Dicho precepto señala que en caso de que la propuesta sea aprobada, sin adiciones ni modificaciones, la misma se elevará a la categoría de laudo y será firmada de inmediato por los miembros del Tribunal o de la Sala; empero, en el supuesto de que se hicieran modificaciones o adiciones, se hará constar en el acta y el presidente ordenará que de inmediato se redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado, por lo que una vez firmado el laudo, se turnará el expediente al actuario, para que de inmediato lo notifique personalmente a las partes. De modo que, como ya se dijo, si de la constancia que remitió la autoridad responsable, se obtiene que desde el veintitrés de junio del dos mil veintidós, dictó un acuerdo en el proceso laboral de referencia, que declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar los autos al Auxiliar Dictaminador para que emita el proyecto de laudo correspondiente, sin que hasta el momento se cuente con constancia alguna de la que se advierta que el Auxiliar Dictaminador haya realizado el proyecto relativo, para que se procediera a su discusión y aprobación dentro de los quince días siguientes, en términos del numeral 242 BIS antes transcrito, es inconcuso que han transcurrido los plazos con que legalmente cuenta para emitir la resolución en el mencionado juicio, sin que se desprenda que así lo hubiere hecho. En esa tesitura, después de haber realizado los cómputos de los plazos y términos que establecen los artículos 242 y 242 BIS antes invocados, para lo cual sirvió como punto de partida la determinación donde declaró cerrada la instrucción en el juicio laboral; se concluye que, al momento en que se admitió la demanda de amparo y fue solicitado a la responsable su informe justificado, ya había transcurrido en exceso el plazo al que hace referencia el numeral 242 BIS de referencia, pues de acuerdo a lo establecido en el mismo, la autoridad responsable debió haber tomado las determinaciones correspondientes a efecto de emitir el laudo respectivo, en virtud de que el plazo que señala el precepto acabado de indicar, constituye un límite fijado por el legislador conforme al cual debe administrarse la justicia en el procedimiento del trabajo, sustentado en la pronta y expedita impartición de justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual no se observó, a pesar de que en el procedimiento laboral se instituyeron los principios de celeridad, inmediatez, economía y sencillez, a fin de evitar el entorpecimiento y obstaculización de la función jurisdiccional de los tribunales. En virtud de lo anterior, lo procedente es conceder a las quejosas ********************, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con residencia en Toluca, Estado de México, inmediatamente, a partir del día siguiente al en que cause ejecutoria la presente resolución, de no haberlo hecho ya, con plenitud de jurisdicción, emita el laudo que en derecho proceda en los autos del juicio laboral 1808/2021 y, ordene su notificación a la parte quejosa en el lugar que para tal efecto haya señalado ésta. Lo anterior es así, pues los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado, y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, de los datos siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." SÉPTIMO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con los artículos 6, apartado A., fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y X, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior, en atención al Criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6o, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18o de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8o del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, contra el acto y autoridad precisados en los Considerandos Segundo y Tercero de esta sentencia, para los efectos expuestos en el diverso Sexto de la misma.

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