Cesareo Mendoza Torres

Expediente 734/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
734/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
18/09/2018

Partes del expediente

  • Cesareo Mendoza Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; cinco de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta signada por la actuaria judicial adscrita a este Juzgado Federal, mediante la cual manifiesta su imposibilidad para notificar a la parte quejosa el proveído de tres de septiembre actual; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación por lista. Notifíquese.

  3. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  4. Principal

    RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PEROSNAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; tres de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Cesáreo Mendoza Torres, por propio derecho, contra actos de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno de registro de juicios de amparos con el número 734/2018, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Del escrito de demanda se advierte, que el objeto de estudio en esta instancia constitucional lo constituye la omisión de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, para dictar el laudo en el juicio laboral 776/2008. Ahora, tomando en consideración la fecha en la que se declaró cerrada instrucción (once de julio de dos mil dieciocho), así como aquélla en la cual la autoridad responsable gozó de su primer periodo vacacional (según lo informado en oficio 5263 de esa fecha, comprendió del dieciséis al veintisiete de ese mes) y el día en que se presentó el escrito de demanda que dio inicio a ese juicio de amparo (treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho); se tiene que la demanda que se intenta es improcedente al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley. En relación con la segunda de las disposiciones legales, se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable, únicamente son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior; esto de acuerdo con la Jurisprudencia 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte en consultable en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una violación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta de los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Esta última condición no se actualiza, ya que si bien, se reclama la falta de emisión de laudo; esa omisión no justifica por sí misma la procedencia del juicio de amparo, porque a la fecha en que se presentó la demanda han transcurrido veinticinco días del plazo de treinta y tres días que la Ley Federal del Trabajo le otorga a la junta responsable para ello, del cual se descontó aquellos comprendidos en el periodo vacacional. Lo anterior, si se toma en consideración que los numerales 885, 886, 887, y 889 de la Ley Federal del Trabajo (antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce) y bajo la cual se tramita el juicio de origen, establecen que al declararse cerrada la instrucción, dentro de los diez días siguientes se formulará el proyecto de resolución en forma de laudo; que una copia de dicho proyecto se entregará a cada uno de los miembros que integren la Junta respectiva, quienes dentro de los cinco días siguientes podrán solicitar, que se practiquen las diligencias que faltaren o las que se juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad, en cuyo caso, con citación de las partes, dichas diligencias se llevaran a cabo dentro de los siguientes ocho días. Que transcurridos los cinco días que se conceden a los integrantes de la Junta para solicitar la práctica de las diligencias referidas en el párrafo que antecede o, en su caso, desahogadas las diligencias ordenadas, o transcurrido el lapso fijado para ese fin, el Presidente de la junta citará a los miembros del mismo, para la discusión y votación del proyecto elaborado, lo que deberá acontecer dentro de los diez días siguientes, si el multicitado proyecto es aprobado sin adiciones o modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y en caso contrario, se ordenara al Secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. De modo que, si al momento en que se promovió el juicio de amparo no habían transcurrido los plazos legales para resolver dicho juicio laboral, la omisión planteada no es susceptible de estudio como si se tratara de una violación al principio de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 Constitucional. Sobre el tema de procedencia del juicio de amparo indirecto que tratándose de omisiones de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, atribuidas a autoridades jurisdiccionales, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 325/2015, determinó que, constituyen violaciones intraprocesales que no afectan derechos sustantivos, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente. El fallo emitido en la referida contradicción dio lugar a la Jurisprudencia 2a./J. 48/2016, consultable en la página 1086, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Del criterio antes citado se desprende que: Cuando un particular reclama exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue la violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste. Aun cuando dicha afectación pueda transgredir el aludido precepto constitucional; aquella no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el peticionario de amparo es parte, de ahí que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. De tal manera que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En este asunto, como ya se adelantó, el acto reclamado lo constituye la omisión de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, para dictar el laudo en el juicio laboral 776/2008, acto que sólo produce una afectación sobre un derecho de naturaleza formal, adjetiva o procesal; lo cual no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, en virtud de que sus consecuencias como ya se explicó no son de imposible reparación. Aunado a que en el caso no se observa una abierta dilación en el procedimiento o su paralización total; ya que está trascurriendo el plazo previsto por la ley de la materia para tal efecto. De ahí que no es dable asumir que se surta un caso de excepción al criterio asumido, y en ese contexto, el presente juicio de amparo deviene improcedente. Por lo antes expuesto, se tiene que en el caso en estudio se actualiza la causa de improcedencia que se analiza; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda, e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Cuauhtémoc, número 448, Edificio Cade, primer piso, despacho 9, colonia El Roble, código postal 39640, de esta ciudad; t dada la naturaleza del juicio como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que designa en su demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles....; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA CINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO...

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