Cesareo Hernandez Cruz

Expediente 4/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
4/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
14/03/2022

Partes del expediente

  • Cesareo Hernandez Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se tuvo por no presentada la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Cesáreo Hernández Cruz, y atención a su contenido dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad toda vez mediante proveído de veintiuno de enero del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda que dio origen al presente juicio por lo motivos ahí asentados. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que este órgano jurisdiccional ordenó prevenir a la parte quejosa para que aclarara la demanda de amparo dentro del término de cinco días, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no presentada. Consecuentemente, toda vez que no dio cumplimiento al requerimiento mencionado en el término indicado, se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminada y con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda constitucional de que se trata. Sin que se soslaye el escrito de cuenta remitido vía estafeta por el quejoso Cesáreo Hernández Cruz, por el cual se pretende desahogar el requerimiento formulado por auto de cinco de enero de dos mil veintidós, toda vez que a la fecha de recepción en este juzgado (veinte de enero de dos mil veinte), plazo otorgado para ello ya había transcurrido. No es óbice a lo anterior, que el escrito de mérito fue depositado y remitido mediante mensajería privada en fecha previa, dado que el cómputo relativo corresponde a la data en que surtió efectos la notificación del acuerdo aclaratorio y la de recepción del escrito aclaratorio en este juzgado. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Cesáreo Hernández Cruz, contra actos del Consejo de Honor del 4º Batallón de Operaciones Especiales y de otras autoridades, con nueve copias y un anexo que acompaña, que estima violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución General de la República; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 4/2022-VI. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114 en relación con el diverso 108 de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, por escrito y con las copias necesarias del escrito aclaratorio, esto es, seis para las autoridades responsables y una más para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se sirva aclarar su demanda de amparo, conforme a lo siguiente: 1. Precise concretamente los actos reclamados, toda vez que en el capítulo correspondiente señala el acta de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, por la que se ordenó su cambio de unidad; la orden de baja de primero de diciembre de dos mil veintiuno, respecto del 4° Batallón de Operaciones Especiales (Apodaca, Nuevo León); el oficio S.A./15938/019423, de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno; el acuerdo 108243, de once de noviembre de dos mil veintiuno; el oficio SPAA/19930-1, de veinte de noviembre de dos mil veintiuno; y la disminución de las prestaciones que describe; empero, los mismos resultan imprecisos al tratarse de actos emitidos por responsables con residencia en diversas entidades federativas y las fechas de los mismos son lejanas entre sí, lo que genera incertidumbre a este órgano jurisdiccional de si es deseo del quejoso señalar a todos y cada uno de dichos actos; por tanto, deberá indicar concretamente los actos que tilda de inconstitucionales, para que, en su caso, las autoridades responsables estén en aptitud de rendir su correspondiente informe justificado. 2. Bajo protesta de decir verdad, de forma ordenada, cronológica y correcta, manifieste todos y cada uno de los hechos o abstenciones que les constan y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, de los que se deberá advertir la fecha en la que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados; y el lugar al que se encontraba adscrito en el momento de la emisión de aquellos. Lo anterior, en la inteligencia de que, de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, podría configurar la figura delictiva especificada por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Apercibida la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Edgardo Cedillo Ocampo y Herlinda Saldaña Coca, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho; y en temimos restringidos del aludido numeral a la diversa persona que refiere, en virtud de que la cédula profesional que señala no se encuentra registrada en el mencionado sistema. Como lo solicita, se autoriza la consulta del presente asunto en la vía solicitada, con fundamento en el artículo 8° Constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta de las actuaciones judiciales relativas al presente juicio por vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, con el usuario que refiere, así como notificaciones personales que deriven del presente asunto. Asimismo, se le tiene señalando correo electrónico y número telefónico, a fin de entablar comunicación no procesal. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Por último, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Notifíquese personalmente.

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