Cesareo Chávez Gutiérrez
Expediente 645/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 645/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Cesareo Chávez Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Por otra parte, se advierte que en el presente expediente existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa; con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del punto DÉCIMO PRIMERO del acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Consecuentemente, notifíquese personalmente a la parte quejosa este proveído, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos dicha notificación, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos originales exhibidos en el presente expediente, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, dará lugar a la destrucción de los mismos, cuando se realice la del cuaderno en que se actúa. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE FECHA DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; once de enero de dos mil diecinueve. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 645/2018-III, promovido por *******, contra actos del Juez Provisional del Juzgado Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos y otra autoridad. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, turnado a este órgano jurisdiccional al día siguiente, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que a continuación se indican: III. - AUTORIDAD RESPONSABLE: A.- El C. Jueza Primero Civil por Audiencias para el Distrito Judicial Bravos, (.) B.- C. Actuaria *******, dependiente de la Central de Actuarios y Ministros Ejecutores de este Distrito Judicial Bravos, (.) IV. - ACTO RECLAMADO: ÚNICO.- De ambas autoridades reclamo la ilegal diligencia de fecha 25 de septiembre del 2018, practicada dentro de mi domicilio ubicado en *******, de esta ciudad, dentro de la cual la C. Actuaria, atendiendo al auto de fecha 18 de septiembre de 2018, dictado por la Jueza Primero Civil por Audiencias, dentro del juicio Ejecutivo Mercantil, número de expediente *******, sin mediar causa legítima, no obstante las manifestaciones que se le hicieron en el sentido de que el propietario de la casa era el suscrito, no así la Sra. *******, así como de todo lo que hay dentro de la misma, así como de los mismos que no son propiedad de la demandada, pasando por alto la presunción de propiedad que contempla el Código Civil vigente en el Estado, declaró formalmente embargados diversos bienes muebles de mi propiedad, los cuales se encuentran individualizados en la citada diligencia que obra dentro del expediente y que se constatará por esta autoridad una vez que la autoridad responsable rinda el informe correspondiente. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó violadas. La parte quejosa considera que con la emisión de los actos reclamados se violaron en su perjuicio los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, se radicó la demanda como amparo indirecto 645/2018-III y se previno a la parte quejosa, desahogada la prevención, en proveído de treinta de octubre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las responsables su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de actos que son susceptibles de ejecutarse por autoridades que tienen su sede dentro del territorio en el que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que *******, ostentándose tercero extraño en sentido estricto al juicio ejecutivo mercantil ******* que se sigue ante el Juzgado Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, promovido por *******, endosatario en procuración de *******, en contra de *******, reclama del Juez Provisional del Juzgado Primero Civil por Audiencias y Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, ambos del Distrito Judicial Bravos: ? En calidad de propietario el embargo de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, que recayó en dicho contencioso sobre los siguientes bienes muebles: Televisión marca Samsung, color negro, número de serie *******, de cuarenta y tres pulgadas. *******, serie *******, modelo *******, con dos controles originales, pantalla inalámbrica, cable de video, alimentador y siete video juegos. ******* *******, modelo *******. *******, con dos controles, con cable alimentador y USB. PS4, marca Sony, con número de serie *******, con diecisiete video juegos. ******* *******, marca *******. Televisión insignia, de treinta y dos pulgadas, modelo *******. *******, con número de serie *******. Dos casas de campaña con número de serie ******* y ******* con sus fundas. Cpu *******, color *******. Monitor marca *******, número de serie ******* Teclado *******. Dos bocinas ******* con sus cables. Cpu color *******. Monitor marca *******, serie *******. Teclado marca *******, sin disco. Laptop ******* serie ******* marca *******. Dos sillas plegables en su funda (azul) con número de serie ******* y *******. Televisión de treinta y dos pulgadas, color negro, marca *******, número de serie *******. Nintendo portátil switch, serie *******, rojo, con base y control inalámbrico y complementos. Lavadora marca *******, color blanco, serie *******. Secadora marca *******, color blanco, serie *******. Esta identificación obedece a que de conformidad con el precepto invocado, la sentencia debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas que obren en autos para resolver con eficacia la acción constitucional. Sirve de apoyo a estas consideraciones, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." SEGUNDO. Certeza de los actos reclamados. La Juez Provisional del Juzgado Primero Civil por Audiencias y los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, ambos del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman, lo que se corrobora de las constancias del juicio ejecutivo mercantil 1328/17 que allegaron las autoridades responsables, las cuales gozan de pleno valor jurídico al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; sin que esa circunstancia implique la inconstitucionalidad de los mismos. TERCERO. Estudio de la improcedencia del asunto. El numeral 62 de la Ley de Amparo, establece que las causales de improcedencia deberán ser examinadas por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Sobre el particular es aplicable la Jurisprudencia 814, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la primera parte de la fracción XII del artículo 61, en relación con la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo, del siguiente tenor: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. [.] Como se ve, la Ley vigente a diferencia de la abrogada, prevé que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada que aduzca: a) Ser titular de un derecho, o; b) Contar con un interés legítimo individual o colectivo. Es decir, ya no es requisito único para promover el juicio de amparo que el quejoso cuente con interés jurídico, en tanto se amplió la procedencia del juicio de amparo para los gobernados que aduzcan tener un interés legítimo individual o colectivo. Sin embargo, a esta previsión general, el numeral en comento establece una excepción tratándose de actos derivados de Tribunales Judiciales, Administrativos, Agrarios o del Trabajo, pues en estos casos el solicitante del amparo sólo podrá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, por lo que no habrá cabida al reclamo de un interés legítimo. En ese orden de ideas, es necesario señalar que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 141/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, diciembre del dos mil dos, página doscientos cuarenta y uno, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. De los diversos procesos de reformas y adiciones a la abrogada Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, y del que dio lugar a la Ley en vigor, se desprende que el legislador ordinario en todo momento tuvo presente las diferencias existentes entre el interés jurídico y el legítimo, lo cual se evidencia aún más en las discusiones correspondientes a los procesos legislativos de mil novecientos ochenta y seis, y mil novecientos noventa y cinco. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con este último, fue precisamente permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico), con la finalidad clara de ampliar el número de gobernados que pudieran accesar al procedimiento en defensa de sus intereses. Así, el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Precisado lo anterior, según se anticipó *******, ostentándose tercero extraño en sentido estricto al juicio ejecutivo mercantil ******* tramitado ante el Juzgado Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, promovido por *******, en su carácter de endosatario en procuración de *******, en contra de *******, reclama en calidad de propietario, el embargo que recayó en dicho contencioso sobre los siguientes bienes muebles: 1. Televisión marca Samsung, color negro, número de serie *******, de cuarenta y tres pulgadas. 2. Nintendo wii, serie *******, modelo *******, con dos controles originales, pantalla inalámbrica, cable de video, alimentador y siete video juegos. 3. Bocina Geobox, modelo *******. 4. *******, con dos controles, con cable alimentador y USB. 5. *******, marca *******, con número de serie *******, con diecisiete video juegos. 6. Nintendo PSVITA, marca Sony 3DSXL. 7. Televisión *******, de treinta y dos pulgadas, modelo *******. 8. *******, con número de serie *******. 9. Dos casas de campaña con número de serie ******* y ******* con sus fundas. 10. Cpu *******, color *******. 11. Monitor marca *******, número de serie ******* 12. Teclado *******. 13. Dos bocinas ******* con sus cables. 14. Cpu color *******. 15. Monitor marca *******, serie *******. 16. Teclado marca *******, sin disco. 17. Laptop ******* serie ******* marca *******. 18. Dos sillas plegables en su funda (azul) con número de serie ******* y *******. 19. Televisión de treinta y dos pulgadas, color negro, marca *******, número de serie *******. 20. Nintendo portátil switch, serie *******, rojo, con base y control inalámbrico y complementos. 21. Lavadora marca *******, color blanco, serie *******. 22. Secadora marca *******, color blanco, serie *******. Bienes muebles que asegura el peticionario del amparo son de su entera propiedad, y para acreditarlo allegó las probanzas siguientes: a) Copia simple de su credencial para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral, de la que se advierte que tiene su domicilio ubicado en "*******, JUÁREZ, CHIH" (foja 6). b) Copia simple de convenio de promesa de venta celebrado en esta ciudad el dieciséis de agosto de mil novecientos sesenta y ocho, entre *******, como Presidente de la Asociación Civil "*******" y *******, ante dos testigos, respecto del terreno rústico ubicado en la colonia Providencia, inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo los números ******* y ******* del libro *******, sección *******, folios del ******* al ******* y ******* al ******* (folio 7). c) Copia simple de tres recibos de agua, expedidos por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez, a nombre de ******* de quince de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, seis de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve y uno de enero de mil novecientos noventa y ocho, respecto del domicilio ubicado en "*******" (folio 8). d) Once recibos de pago de suministro de agua, expedidos por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez, a nombre de *******, respecto del domicilio ubicado en "*******", con fechas de factura trece de febrero de dos mil catorce y treinta y uno de julio de dos mil dieciocho; quince de abril, diecisiete de julio, trece de septiembre, trece de noviembre y trece de diciembre, todos de dos mil trece; catorce de junio de dos mil doce; veinte de junio de dos mil diez; veinte de abril y veinte de junio, todos de dos mil nueve (fojas 9 a 14). e) Un recibo de pago de suministro de agua, expedido por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez, a nombre de *******, respecto del domicilio ubicado en "*******", con fecha de factura uno de septiembre de dos mil nueve (foja 13). f) Copia al carbón de aviso de corrección de clave catastral de treinta y uno de agosto de mil novecientos ochenta y dos y forma al carbón de movimiento catastral sin firma a nombre de *******, con datos ilegibles (folio 15). g) Certificados de ingresos con folios *********************, expedidos por la Tesorería Municipal del Municipio de Juárez, Chihuahua, de veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y nueve y cinco de noviembre de mil novecientos noventa y dos a nombre de *******, veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y siete a nombre de *******, once de septiembre de mil novecientos noventa y ocho a nombre de *******, tres de mayo de mil novecientos noventa y nueve a nombre de *******, tres de enero de dos mil a nombre de *******, siete de febrero de dos mil uno a nombre de *******, nueve de diciembre de dos mil dos a nombre de ******* y uno diverso a nombre de *******, catorce de enero de dos mil tres, treinta de diciembre de dos mil cuatro y catorce de diciembre de dos mil once, todos a nombre de *******, respecto del domicilio ubicado en ******* y ******* (fojas 15 a 21). Ahora bien, las referidas probanzas en modo alguno son facturas de compra de los bienes muebles materia del embargo que se impugna, ni comprobantes fiscales que según lo previsto en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, deben presentar entre otros requisitos, los siguientes: la clave del Registro Federal de Contribuyentes, la fecha de impresión y los datos de identificación del impresor autorizado; en caso de facturas digitales: el número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, referidos en la fracción IV, incisos b) y c) del artículo 29 de ese Código, así como el sello digital del contribuyente que lo expide; requisitos que permiten, por un lado, identificar no sólo el registro del comerciante o la empresa comercial, industrial que expidió la factura, sino evitar en lo posible la simulación de venta de bienes muebles, así como la expedición de facturas falsas. Los anteriores requisitos que deben contener esta clase de documentos fueron reconocidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis identificada con la clave 1a./J. 32/2001, Tomo XIV, Julio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: FACTURAS. NO REQUIEREN ESTAR FIRMADAS PARA TENER EFICACIA PROBATORIA EN EL JUICIO DE AMPARO, POR NO EXIGIRLO LEY O DISPOSICIÓN APLICABLE ALGUNA. De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 133, 136, 137, 203, 204 y 206, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en su artículo 2o., se advierte que los documentos privados pueden estar o no suscritos, según la clase de documento de que se trate. Ahora bien, entre los documentos privados que no se acostumbra suscribir se encuentran las facturas, que son documentos propios del tráfico de mercancías o de prestación de servicios y que sirven como medios de control de las obligaciones fiscales. Esto es así, porque al no existir en el Código de Comercio disposición alguna que regule la forma y contenido de las facturas, debe estarse a lo señalado en las demás disposiciones legales y administrativas aplicables a ese tipo de documentos, como son la Ley Federal de Protección al Consumidor, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Aduanera, así como a las reglas que en relación con las facturas publican anualmente las autoridades fiscales federales en la resolución miscelánea fiscal o en la resolución miscelánea de comercio exterior, ordenamientos que no establecen como condición para la validez de las facturas la firma de quien las expide o de su representante legal; sin que esto implique que se desconozca la persona que las extendió, ya que atento los múltiples requisitos fiscales que deben contener, permiten identificar al vendedor, al comprador y a la mercancía o servicio objeto de la operación comercial. En estas circunstancias, se concluye que las facturas son documentos privados que para tener eficacia probatoria en el juicio de amparo, no requieren de firma alguna, al no ser un requisito previsto en las leyes y demás disposiciones aplicables. Luego, en virtud de que los documentos mencionados no son facturas que amparen la titularidad de los bienes que defiende la parte quejosa, es evidente que no constituyen medios idóneos para justificar el derecho de propiedad que afirma tener el promovente respecto de los bienes materia del embargo que se reclama en este juicio de amparo. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis de la Tercera Sala del más Alto Tribunal del País, en su anterior conformación, publicada en la página 1664, Tomo LXXVII, del Semanario Judicial de la Federación, que enseguida se transcribe: FACTURAS, CONSTITUYEN PRUEBA PRESUNTIVA DE LA PROPIEDAD DE LOS MUEBLES QUE AMPARAN. Aunque las facturas son documentos privados, y como tales, para hacer prueba plena, deben ser corroborados con testigos, de acuerdo con lo ordenado por el artículo 416 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, sin embargo, constituyen una prueba presuntiva de la propiedad de los muebles que amparan, y esta presunción se robustece cuando la factura no es objetada en el juicio. Se dice lo anterior, porque el documento descrito en el inciso a) es la copia simple de la credencial para votar del aquí quejoso, de la que únicamente se desprende su domicilio, el cual si bien corresponde al domicilio en el que se realizó el embargo de los bienes muebles materia de este amparo, con dicha copia simple no se acredita la propiedad de tales bienes. Por lo que respecta al documento que se precisó con el inciso b) a lo sumo se desprende la celebración de un contrato de promesa de venta respecto del bien inmueble ubicado en *******, con superficie de ******* metros cuadrados; sin embargo, no se advierte que dicho predio sea el mismo en el que se realizó la diligencia de embargo de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, en el contencioso de origen, que se trata del ubicado en *******, en esta ciudad, y aun cuando lo fuera, no es documento idóneo para acreditar la propiedad de los bienes muebles embargados. Por su parte, los documentos precisados en los incisos c), d) y e) si bien en su mayoría coinciden con el predio motivo de la referida diligencia de embargo, lo cierto es que únicamente dan noticia del servicio de suministro de agua respectivo a favor de ******* y otros a favor de *******. En tanto que las documentales reseñadas bajo el inciso g) sólo informan el pago del impuesto predial realizado sobre el inmueble ubicado en ******* a nombre de ******* y otros respecto de diverso inmueble ubicado en ******* a nombre del quejoso *******. Motivos por los cuales en nada benefician al solicitante del amparo las probanzas de trato; por tanto, como el interés jurídico no debe inferirse ni tenerse por cierto con base en presunciones, sino acreditarse plenamente, lo cual no hizo el peticionario del amparo según quedó visto, resulta incontrovertible que en el caso se actualiza la causal de improcedencia en estudio por lo que hace a los bienes embargados antes mencionados. Es ilustrativa en este punto, la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 242, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 - 2000, de rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO. AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Asimismo, conviene citar la jurisprudencia aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del siguiente contenido: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Así las cosas, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo cuerpo normativo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. Atento el sentido que rige el presente fallo, existe un impedimento legal para abordar el estudio del fondo de la cuestión planteada por el peticionario del amparo. Es aplicable a esta consideración, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 70, de octubre de 1993, página 57, que estatuye: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Sobreseimiento que se hace extensivo a la autoridad ejecutora Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, toda vez que los actos que les fueron atribuidos, no se combatieron por vicios propios, sino que su constitucionalidad se hizo depender del acto reclamado a la ordenadora. Al respecto se invoca, la jurisprudencia 516, emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 339, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75 y 78 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 645/2018-III, promovido por *******. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy diecisiete de enero de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que el día de hoy, se emplazó al presente juicio de amparo a la tercera interesada *******, razón por la cual, no tuvo la oportunidad de imponerse de los autos del presente juicio en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que no mediaron por lo menos ocho días, para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para el día de hoy. En consecuencia y a fin de no violar las reglas esenciales del procedimiento y evitar así una posible reposición del mismo, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las diez horas con veinte minutos del catorce de diciembre de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el escrito presentado por el autorizado del quejoso, mediante el cual en contestación al requerimiento que se le efectuó en acuerdo de trece de noviembre de dos mil dieciocho, informa que el domicilio donde puede ser emplazada la tercera interesada *******************************, es el ubicado en Avenida *************************. Por lo tanto, se comisiona a la Actuaria Judicial adscrita para que se constituya en tal domicilio y la emplace al presente juicio, para lo cual deberá correrle traslado con copia simple de la demanda y del auto de admisión, además de hacerle saber la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, a fin de que comparezca al presente juicio, si a sus intereses conviene. Por otra parte, glósese al sumario el informe justificado rendido por los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *************. Doy fe.***
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