César Willebaldo Montiel Rosales
Expediente 929/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 929/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/11/2020
Partes del expediente
- César Willebaldo Montiel Rosales
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por el cual, devuelve dos anexos de copias certificadas que le fueron remitidos, lo anterior en razón que en el juicio de amparo ****/2019-IV de su índice, se modificó la sentencia dictada en el mismo; sobreseyendo por un lado y concediendo el amparo por el otro, por lo que se requirió el cumplimiento de dicha sentencia; de lo cual se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Ahora bien, dado que el presente expediente se encuentra en archivo por ser un asunto totalmente concluido, este juzgado considera innecesaria la conservación de dichos anexos; por tal motivo, destrúyanse por tratase de ser copias certificadas.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de la Directora Jurídica, y Representante de la Dirección de Control de Tránsito de la Secretaría Ciudadana del Municipio de Puebla, por el que manifiesta que de conformidad con lo ordenado por la superioridad en la ejecutoria que dictó en el incidente de inejecución de sentencia ****/2020, la Dirección que representa, no es el superior jerárquico del particular señalado como autoridad responsable (****, Sociedad Anónima de Capital Variable o ****), solamente es autoridad vinculada, por lo que en diversas ocasiones ha requerido a dicho particular el cumplimiento de la ejecutoria sin que hasta el momento el representante de la moral lo haya hecho o haya manifestado la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento, siendo omiso a lo ordenado por la autoridad jurisdiccional; para demostrarlo, señala que adjuntó copia de diversos oficios y constancias de notificación (los cuales la autoridad oficiante omitió anexar como se advierte de la anotación que realizó el Oficial de Partes de este juzgado); asimismo, la autoridad oficiante manifiesta que con fundamento en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se actualiza la hipótesis prevista y sancionada en los artículos 5°, 197 y 267 de la Ley de Amparo y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que refiere que esta autoridad federal, ante la omisión de la particular señalada como responsable, podrá ordenar que se realicen las investigaciones conducentes dentro del ámbito de competencia y, de considerarlo ajustado a derecho, solicitar se ejercite acción penal persecutoria en contra de la moral omisa por conducto de quien la represente, lo cual, apoya en la tesis de jurisprudencia de rubro: "PRINCIPIO DE IGUALDAD. EL DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO, PREVISTO EN LA FRACCION I DEL ARTICULO 267 DE LA LEY DE LA MATERIA, CON RELACION AL ULTIMO PÁRRAFO DEL PRECEPTO, NO LO VULNERA.". Por tanto, se tiene por hechas las manifestaciones que vierte la autoridad en comento, para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, se hace saber a la autoridad vinculada que tal y como lo precisó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en la ejecutoria que dictó en el incidente de inejecución de sentencia 1/2020, del índice de dicho tribunal, se especificó lo siguiente: ".en términos del artículo 272, último párrafo, del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, se equipararán a depósitos oficiales de vehículos de la Dirección de Tránsito Municipal los inmuebles que sean autorizados por ésta para tal efecto, en los que las autoridades municipales ejercerán las funciones relacionadas a los servicios de guarda de vehículos. Por su parte, el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, define al depósito oficial como los establecimientos autorizados por el municipio para el resguardo de vehículos, provisto de equipamiento y seguridad de acuerdo con las normas vigentes. En diversos numerales prevé el retiro de circulación de los vehículos y su traslado, mediante grúa, a un depósito oficial. Además, en los numerales 330, fracciones IX, XI, XIII, XVIII y XIX, y 365 ter del ordenamiento reglamentario se establece que la Dirección de Tránsito es quien autoriza a los establecimientos con giros de grúas y depósito de vehículos como depósito oficial equiparado, a los cuales puede imponer sanciones y que entre sus atribuciones se encuentran, también, vigilar en forma permanente que la movilidad se lleve a cabo conforme a las disposiciones previstas en el propio código, designar los agentes necesarios para realizar las funciones de su competencia, vigilar, verificar o inspeccionar los vehículos que circulen en las vías públicas del municipio, pudiendo realizar los operativos conducentes e implementar tecnologías, mecanismos y metodologías que propicien la prevención y la vigilancia de las disposiciones en la materia y en su caso determinar las infracciones, así como otorgar a las autoridades administrativas y judiciales, el auxilio que requieran de acuerdo a la ley para el debido ejercicio de sus funciones y la ejecución de sus resoluciones . En ese orden de ideas, a la Dirección de Tránsito Municipal corresponde la vigilancia de la correcta prestación del servicio de depósito equiparado, lo que se corrobora en atención a las facultades atribuidas a algunos de sus funcionarios en el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla. Por ello, es que la Dirección de Tránsito Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal debe realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para lograr el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica, desplegando sus atribuciones en forma activa y contundente, girando las ordenes necesarias a los servidores públicos que correspondan y tomando las medidas pertinentes, a fin de que ****, S. A. de C. V., o **** dé cumplimiento a la ejecutoria, desde su localización hasta la ejecución de los actos que conforme a las normas jurídicas que prevén sus atribuciones estén a su alcance para obtener que la persona moral de carácter privado cumpla el fallo protector. Para ello no constituye una cortapisa el que haya otorgado o no una autorización a favor de ****, S. A. de C. V., o **** o que ésta no forme parte de su estructura orgánica porque la obligación que se impone a la Dirección de Tránsito Municipal deriva de sus propias facultades legales y del deber que tiene de llevar a cabo todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora; sin que esté por demás señalar que de las constancias que obran en autos se desprenden elementos que denotan un vínculo o contacto con la persona moral privada. A mayor abundamiento, el artículo 149 de la Ley de Amparo prevé que cuando por mandato expreso de una norma general o de alguna autoridad, un particular tuviere o debiera tener intervención en la ejecución, efectos o consecuencias del acto reclamado, el efecto de la suspensión será que la autoridad responsable ordene a dicho particular la inmediata paralización de la ejecución, efectos o consecuencias del acto o, en su caso, que tome las medidas pertinentes para el cumplimiento estricto de lo establecido en la resolución suspensional. Por mayoría de razón se estima que, tratándose del acatamiento de la ejecutoria de amparo, cuestión que resulta de orden público y de mayor entidad, las autoridades que por sus funciones se encuentren vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo -no necesariamente responsables deben tomar las medidas pertinentes, conforme a sus atribuciones normativas, para lograr el cumplimiento del fallo protector por parte de un particular." (Lo subrayado y en negritas es nuestro) De lo anterior, se desprende que si bien la Dirección de Tránsito Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, hoy Dirección de Control de Tránsito de la Secretaría Ciudadana del Municipio de Puebla, no fue señalada como autoridad responsable en el presente juicio, lo cierto es que como autoridad vinculada está obligada a realizar, dentro de los límites de su competencia, los actos tendentes al acatamiento íntegro y fiel del fallo protector... Por otro lado, acorde a lo señalado en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de una ejecutoria de amparo, es de orden público y deben quedar puntualmente cumplidas, de ahí que los actos que se lleguen a realizar en acatamiento a la misma, deben ser eficaces y estar encaminados a que se cumpla el fallo protector, por lo que la autoridad responsable o autoridad vinculada debe de allegarse de todo aquél acto necesario para el cumplimiento íntegro y fiel de dicho fallo protector; que en este caso se traduce, para que la moral privada se responsabilice y al efecto devuelva la cantidad que cobró indebidamente al quejoso, máxime si actúo bajo las atribuciones que dicha Dirección de Tránsito le otorgó a través de la concesión que celebró para su servicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente al Director de Tránsito Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ahora Dirección de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que sea notificada del presente auto, remita las constancias que acrediten los actos necesarios para lograr el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora, y para que alcance vigencia real y eficacia práctica, pero no sólo limitándose a dar contestación a las solicitudes de información que realice este juzgado de distrito, sino también desplegar sus atribuciones en forma activa y contundente, a fin de que ****, Sociedad Anónima de Capital Variable o ****, dé cumplimiento a la ejecutoria, pues el cobro que dicha persona moral privada realizó al quejoso tuvo su origen en el traslado y depósito que la mencionada Dirección de Tránsito Municipal le encomendó. Incluso proceder contra dicho particular, en caso de que el mismo haya actuado en contra de alguna de sus indicaciones, a fin de que éste se responsabilice y devuelva la cantidad que recibió indebidamente. Se apercibe a la autoridad vinculada que de omitir cumplir con lo anterior en el plazo señalado sin manifestar la imposibilidad legal que tenga para ello, se le impondrá la multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que sustituye al salario mínimo general vigente diario para todo el país; lo anterior, con apoyo en los artículos 258 de la ley de la materia; 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Aunado a lo anterior, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, para que continúe con el trámite correspondiente a la inejecución de sentencia, el cual puede culminar con la separación de sus puestos y consignación ante un juez federal...
- Principal
Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se desprende que la parte quejosa omitió inconformarse contra el auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte, que declaró cumplida la sentencia dictada en este expediente; en consecuencia, en términos de los artículos 80, 201 fracción I y 202 primer párrafo de la Ley de Amparo, se declara firme tal auto; por tanto, previas las anotaciones que se hagan en el libro respectivo de este juzgado, archívese el presente juicio de amparo como asunto concluido. En otro orden, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente juicio de amparo es susceptible de depuración, en atención a que carece de relevancia documental, y al sentido de la resolución pronunciada en el mismo.
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