César Villa González

Expediente 588/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 28 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
588/2017
Año
2017
Actuaciones
28
Última actuación
30/08/2018

Partes del expediente

  • Procurador General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza
  • César Villa González
  • César Villa González y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    El día de hoy queda debidamente notificada la parte quejosa por medio de lista de acuerdos del auto de treinta de agosto del año en curso, lo anterior, por no acudir a notificarse de manera personal.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que ha transcurrido el término que se concedió a las partes mediante proveído de seis de agosto de este año (foja 320), para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento informado por la autoridad responsable sobre la ejecutoria de amparo. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento del fallo protector es una cuestión de orden público, ya que la sociedad está interesada en que las resoluciones judiciales sean acatadas, es procedente pronunciarse respecto si la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida o existe imposibilidad jurídica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la ley de la materia. En efecto, este juzgado de Distrito, por acuerdo de veintinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 300 a 302), recibió el testimonio de la ejecutoria pronunciado en el amparo en revisión 24/2018, por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en la que resolvió: ".PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento decretado en el considerando tercero de la sentencia recurrida, respecto de los actos y autoridades y por las razones precisadas en el considerando séptimo de la presente ejecutoria. SEGUNDO. En la materia de revisión, se revoca la sentencia impugnada. TERCERO. Se sobresee en relación con los actos reclamados consistentes en las actas administrativas suscritas por el Coordinador de Unidades de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Región Norte II, el diez y once de septiembre de dos mil dieciséis. CUARTO. La Justicia Federal ampara y protege a César Villa González, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables Directora General de Responsabilidades y Agente del Ministerio Público de la Dirección General de Responsabilidades, ambos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, para los efectos que se precisan en el considerando que antecede." En ese sentido, se requirió a la Directora General de Responsabilidades y Agente del Ministerio Público de la Dirección General de Responsabilidades, ambos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, con residencia en la ciudad de Saltillo, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, bajo los siguientes lineamientos: ".1. Dejen insubsistente el acuerdo de primero de junio de dos mil diecisiete, por el que se ordenó el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad 41/2017 y, en vía de consecuencia, las actuaciones posteriores 2. En su lugar, emita otro acuerdo con plenitud de jurisdicción, fundado y motivado, de estimar conveniente inicie el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del quejoso y analice si las conductas infractoras atribuibles al quejoso son consideradas estimables en dinero o no, para así determinar la gravedad de la conducta para a su vez determinar si se encuentra en término para iniciar la acción en contra del mismo, o bien que la prescripción no opera en el caso específico". El seis de agosto de este año (foja 320) se recibió el oficio signado por el Agente del Ministerio Público de la Dirección General de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado, con residencian en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en el que informó que, en acatamiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente el acuerdo de inicio del Procedimiento Administrativo de Responsabilidad número 41/2017, dictado en uno de junio del dos mil diecisiete, y el resto de las actuaciones derivadas del mismo. Asimismo, una vez analizadas las documentales consistentes en el oficio DGUI/V/1124/2016, de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, firmado por el Director General de Unidades de Investigaciones, el oficio número DRNII/2905/2016 suscrito por la Delegada de la Región Norte II, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, tres actas administrativas levantadas, por el Coordinador de Agentes del Ministerio Público de la Región Norte II, y copia simple del oficio 1569/2016, por el Doctor Fernando Salazar Quiroga; las cuales motivaron el inicio del referido procedimiento, no se desprende con motivo de las presuntas conductas desplegadas que se hubiere causado un daño de tipo pecuniario a esa institución, y por ende resulta aplicable la fracción I del numeral 73 de la Ley de Responsabilidades para los Servicios Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila, la cual prevé que la facultad sancionadora del órgano interno de Control tendrá una vigente de tres meses para la aplicación de las sanciones que en derecho correspondan para las faltas administrativas que no fueron estimables en dinero. Por lo que, como las faltas administrativas imputadas al aquí quejoso César Villa González, lo fueron tanto su ausencia a una reunión de prevención de robos bancarios, en las oficinas de la CANACO, el diez de septiembre de dos mil dieciséis; como su presentación a laborar el once de septiembre de ese mismo año, hasta las doce horas con treinta minutos, en un probable estado inconveniente, no constituyen un daño de tipo económico a esta fiscalía, determinó que el término para imponer una sanción administrativa feneció a los tres meses de la fecha en que se incurrió en las presuntas conductas que derivaran en la posible comisión de faltas administrativas, es decir, a partir del once de septiembre de dos mil dieciséis, y el acuerdo de inicio correspondiente fue emitido habiendo transcurrido en exceso el término en cuestión. En mérito de lo anterior, resolvió que no se cuenta con los elementos y requisitos de procedibilidad necesarios que marca la ley de Procuración de Justicia del Estado, normatividad aplicable al caso que nos ocupa, para iniciar un nuevo procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del licenciado Villa González. Con lo que se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera; acuerdo que se les notificó personalmente el diez de este mes y año (foja 323), sin que se haya pronunciado al respecto. De lo expuesto se estima que los efectos para los cuales fue concedido el amparo están cumplidos, ya que el Agente del Ministerio Público de la Dirección General de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado, con residencian en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, dejó insubsistente el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo 41/2017; asimismo, resolvió no iniciar el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del quejoso, y señaló que las conductas infractoras no son estimables en dinero, y concluyó que se encuentra el supuesto de prescripción de la facultad sancionadora. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de la garantía constitucional violada, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el numeral 196 de la citada ley, se declara cumplida la ejecutoria de amparo; archívese este juicio y háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno. Toda vez que por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de depuración, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente sumario, toda vez que es susceptible de depuración, conforme lo dispone la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, manténgase por separado en el estado en que se encuentre, quedando sin efecto las providencias decretadas; así también, el duplicado del citado incidente, el cual de conformidad con el Acuerdo General Conjunto antes mencionado, se procederá a su desintegración material en el término de seis meses, a partir de la única o última resolución interlocutoria que se haya dictado.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios signados signado por el Agente del Ministerio Público de la Dirección General de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado y la Directora General de dicha dependencia, ambas con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza; en su atención, se provee: Téngase a las autoridades oficiantes desahogando el requerimiento que se les hizo el veintinueve de junio de dos mil dieciocho (foja 300 a 302), y al respecto en cumplimiento al fallo protector remiten copia certificada del acuerdo de veintitrés de julio del año en curso, del que se desprende que dejaron insubsistente el acuerdo de primero junio de dos mil diecisiete, y decretaron no iniciar una nueva instancia disciplinaria con motivo de las imputaciones realizadas al aquí quejoso Cesar Villa González. En consecuencia, dése vista a la parte quejosa, con los oficios y anexos de cuenta, para que en el término de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con el cumplimiento efectuado por la autoridad mencionada; en la inteligencia que una vez transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano judicial de amparo dictará la resolución fundada y motivada en que se declare si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; lo anterior de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    El día de hoy queda debidamente notificada la parte quejosa por medio de lista de acuerdos del auto de seis de agosto del año en curso; lo anterior, por no acudir a notificarse de manera personal.

Quedan 24 actuaciones en este expediente

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