César Vázquez Torres
Expediente 503/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 39 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 503/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 30/11/2022
Partes del expediente
- César Vázquez Torres
- Juez Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehnsión y Medidas de Protección en Línea del Poder Judicial del Estado de México (AMPLIACIÓN DE DEMANDA)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
CERTIFICACION
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Estado de autos Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes, no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En acatamiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como al diverso numeral 7.1.1 apartado 1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de ser depurable ya que se negó el amparo solicitado y carece de relevancia documental. Asimismo, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a) del referido Acuerdo, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se negó y concedió la suspensión definitiva, en términos del punto 7.1.1 apartado 2, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, sin que se ordene glosar al presente expediente dicho cuaderno y una vez que se remita al archivo adjúntese el mismo. De igual modo, una vez que transcurran seis meses, de conformidad con el artículo 20 fracción II, inciso a), del precitado acuerdo, destrúyase el duplicado del incidente. Devolución de anexo Finalmente devuélvanse al Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México y Juez Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Poder Judicial del Estado de México, los anexos que remitieron, sin que resulte necesario solicitar acuse de recibo en virtud de que son copias certificadas.
- Principal
Ciudad de Toluca, a veintiséis de octubre de dos mil veintidós. SENTENCIA Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo número 503/2022-IV-A; promovido por *****; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el cuatro de abril de dos mil veintidós, ***** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra la orden de aprehensión y su ejecución, atribuida al Juez Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Poder Judicial del Estado de México y otras autoridades. Por considerar que el acto reclamado vulnera sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1° 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ***** SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIX, del mes de abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo inicial y de las constancias de autos, se concluye que la quejosa reclama: Del Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea, del Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, del Fiscal General de Justicia, del Fiscal Especializado de Trata de Personas, Coordinador de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia, de la Secretaría de Seguridad y del Coordinador de la Policía de Investigación Especializada en Trata de Personas, todos del Estado de México, la emisión de la orden de aprehensión, comparecencia o detención, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. Al rendir su respectivo informe justificado, las autoridades responsables Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea; Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma; Fiscal General de Justicia; Fiscal Especializado de Trata de Personas; Coordinador de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia; y Secretaría de Seguridad, todos del Estado de México, negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en la orden de comparecencia o detención, así como su ejecución. Asimismo, el Fiscal Especializado de Trata de Personas y la Secretaría de Seguridad, negaron la existencia de la ejecución de la orden de aprehensión. Por tanto, dado que la parte quejosa no aportó durante la tramitación del presente juicio de amparo ni en la audiencia constitucional, alguna prueba jurídicamente eficaz para desvirtuar dichas negativas, y al tomar en consideración que el juicio de amparo procede únicamente contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, cobra firmeza el contenido de los citados informes justificados; por ende, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo vigente, se impone sobreseer en el presente juicio, respecto de los actos de autoridad analizados en este apartado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, así como su ejecución, atribuido respectivamente a las autoridades responsables Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea, Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Fiscal General de Justicia y, Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia, todos del Estado de México, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados. En ese sentido, es aplicable la tesis de jurisprudencia que a la letra se integra de la siguiente forma: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo cual se corrobora con las constancias que adjuntó el Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea en el Estado de México adjuntó a dicho informe, consistentes en copias autentificadas de la carpeta administrativa 75/2022, de cuyo contenido se advierte la existencia de la orden de aprehensión reclamada; así como un disco óptico en formato DVD, que contienen copia certificada de la aludida carpeta administrativa remitido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues se trata de los registros escritos de cuya reproducción se advierte que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su consulta posterior y porque se presume que la información en ellos contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y, dada la tecnología empleada para su conformación, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa. Cobra aplicación, la tesis de jurisprudencia 226, publicada en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 272, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso particular, las partes no hicieron valer alguna causa de improcedencia, y de igual manera, este Juzgador no advierte el análisis oficioso de alguna de ellas. SEXTO. Antecedentes. Para tener mayor comprensión del asunto y estudiar la constitucionalidad del acto materia de reclamo, conviene destacar los antecedentes más relevantes del mismo, los cuales son: ***** Hasta aquí los antecedentes. SÉPTIMO. Conceptos de violación. No es necesaria la transcripción de los conceptos de violación expresados por el accionante del juicio constitucional, de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia número 58/2010 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación. Precisado lo anterior, se procede al análisis de los argumentos propuestos por el quejoso, los que incluso se analizaran de forma conjunta, conforme a lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Amparo. En ese sentido se tiene que la parte quejosa señala en síntesis lo siguiente: Se viola el derecho fundamental de presunción de inocencia contenido en el artículo 20, Apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en ningún momento se le ha acreditado la comisión de algún hecho delictuoso. El acto reclamado es violatorio del artículo 16 constitucional, en virtud de que no está debidamente fundado y motivado, puesto que no ha cometido delito alguno. Se viola el derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica porque para que una autoridad pueda privar de la libertad a un gobernado es necesario que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Se viola su derecho de defensa previsto en el artículo 20 constitucional, al imponérsele medidas a efecto de detenerlo sin que haya cometido ilícito alguno. En su conjunto dichos motivos de reclamo resultan infundados. Al respecto cabe señalar que la medida restrictiva de libertad que nos ocupa, derivó de la petición formulada por escrito del Agente del Ministerio Público, al considerar la actualización de la hipótesis contenida en la fracción III, del artículo 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a saber, necesidad de cautela. En este sentido, la orden de aprehensión como la que ahora se analiza, es considerada dentro del sistema de justicia penal acusatorio como uno de los medios previstos para hacer comparecer a los imputados ante la presencia del juez, siendo su única finalidad la de conducir a los imputados a la audiencia inicial para realizar la formulación de la imputación, pues la situación en la que habrá de permanecer durante la tramitación del proceso seguido en su contra, será definida, en su caso, al momento de discutir en audiencia sobre la medida cautelar a imponer, de las contenidas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Resulta dable citar al caso, la tesis XV.3o.2 P (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, página 2319, Décima Época, registro digital 2013618 de rubro y texto: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. POR SÍ MISMA, CONSTITUYE UN ACTO MEDIANTE EL CUAL SÓLO SE RESTRINGE PROVISIONALMENTE LA LIBERTAD AMBULATORIA DEL IMPUTADO Y SU FINALIDAD ES PASAR A UNA SEGUNDA ETAPA DE INVESTIGACIÓN SUPERVISADA POR LA AUTORIDAD JUDICIAL, UNA VEZ REALIZADA LA IMPUTACIÓN Y DICTADO EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. La orden de aprehensión es una medida efímera, al cobrar vigencia únicamente desde el momento en el que se expide, se localiza a la persona contra la que se emitió y se pone a ésta a disposición del Juez que la dictó, para dar paso a la audiencia de formulación de la imputación, lo que debe realizarse inmediatamente, ya que una vez que aquélla es localizada, la autoridad encargada de su cumplimentación debe dejarla a disposición del órgano jurisdiccional en la sala de audiencias correspondiente, para continuar con el procedimiento relativo a la imputación, con el fin de que se dicte, en su caso, un auto de vinculación a proceso, el que constituirá una autorización posterior para continuar con la investigación de los hechos, de manera formalizada y judicializada, en la medida en que la privación de la libertad ambulatoria sólo ocurre en el tiempo en el que el indiciado es presentado a una audiencia, donde conforme al principio de presunción de inocencia, deberá comparecer libre en su persona; de ahí que la orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, por sí misma, constituye un acto mediante el cual sólo se restringe provisionalmente la libertad ambulatoria del imputado y su finalidad es la de pasar a una segunda etapa de investigación supervisada por la autoridad judicial, una vez realizada la imputación y dictado el auto de vinculación a proceso.". Es oportuno establecer, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que la orden de aprehensión no es la única forma de conducir al imputado a proceso. El legislador estableció dos hipótesis más que resultan menos lesivas al derecho de libertad consagrado a favor de las personas, como son: la citación y la orden de comparecencia. Luego, si el nuevo paradigma de justicia penal de corte acusatorio implica un sistema garantista de mínima intervención, en el cual la afectación a la libertad personal invariablemente constituye la última razón de aplicación para determinar la incoación del procedimiento penal, para el caso que el Ministerio Público solicite y el juez decida librar una orden de aprehensión como la reclamada, a través de la presente vía constitucional, indefectiblemente deben quedar colmados a cabalidad todos y cada uno de los requisitos legales exigibles para su emisión, pues de lo contrario, se vulneraría el derecho a la libertad en perjuicio del gobernado. Resulta aplicable la tesis 1a. CXCIX/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 547, Décima Época, registro digital: 2006478, de rubro y texto siguiente: "LIBERTAD PERSONAL. LA AFECTACIÓN A ESE DERECHO HUMANO ÚNICAMENTE PUEDE EFECTUARSE BAJO LAS DELIMITACIONES EXCEPCIONALES DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL. La libertad personal se reconoce y protege como derecho humano de primer rango tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1o., 14 y 16), como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7); de ahí que su tutela debe ser la más amplia posible, conforme a la fuente jurídica que mejor la garantice y sólo puede limitarse bajo determinados supuestos de excepcionalidad, en concordancia con los sistemas constitucional y convencional, es decir, a partir del estricto cumplimiento de requisitos y garantías de forma mínima a favor de la persona; de lo contrario, se estará ante una detención o privación de la libertad personal prohibida tanto a nivel nacional como internacional.". Precisado lo anterior, esta juzgador verificará si la orden reclamada satisface las exigencias a que alude el dispositivo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que, en lo conducente, respectivamente, señalan: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes a que se haya recibido la solicitud de orden de aprehensión o de comparecencia, resolverá en audiencia exclusivamente con la presencia del Ministerio Público, o a través del sistema informático con la debida secrecía y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." De acuerdo con los artículos transcritos, para el libramiento de una orden de aprehensión deben satisfacerse ciertos requisitos procesales, formales y materiales, que se enlistan a continuación: I. Requisitos procedimentales El agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Trata de Personas, solicitó orden de aprehensión a través de la Plataforma Informática del Sistema de Gestión Judicial Penal (SIGEJUPE), contra el quejoso el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, además de que el agente del Ministerio Público destacó los registros en que sustentó su petición y las razones por las que estimó que se cumplían los requisitos para librar la orden de captura, por lo que dicha exigencia se considera cumplida. Asimismo, el juez responsable resolvió acerca de la solicitud en esa misma audiencia con lo que se cumplieron los artículos 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este aspecto, cabe precisar que no es un requisito para el dictado de una orden de aprehensión conceder audiencia previa a la persona contra la que se dirige ni darle intervención en la actuación en la que se solicita el mandato de captura. II. Requisitos formales a) Que sea dictada por una autoridad judicial. Se encuentra satisfecha la primera de las exigencias formales señaladas, consistente en que la orden de aprehensión sea dictada por autoridad judicial, toda vez que en el caso la libró la Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea en el Estado de México, como consta en la copia auténtica que remitió tal potestad. Además -como lo precisó la juez-, era competente para librar la orden de captura, ya que los hechos por los que se dictó se realizaron en el Estado de México; ámbito territorial de competencia establecida para los jueces de control del Poder Judicial del Estado de México. b) La existencia de una denuncia o querella. El segundo de los requisitos formales también se encuentra satisfecho, pues en la solicitud de orden de aprehensión, el fiscal -y así lo avaló el juez de control- hizo relación que el hecho delictuoso por el cual el fiscal solicita la orden de captura, es perseguible de oficio, por lo que ese requisito se cumplía con la denuncia formulada de manera anónima el dieciocho de septiembre del dos mil diecinueve en el cual se hizo referencia a que, en un bar ubicado en San Mateo Atenco, Estado de México, de nombre el "****" y/o "*****" exhiben a mujeres desnudas y se promueve la prostitución, la trata de personas, la drogadicción y el alcoholismo; dando inicio a la carpeta de investigación *****. c) Que el hecho denunciado esté considerado por la ley como delito y sancionado cuando menos con pena privativa de la libertad. El hecho que la ley señala como delito por el cual se dictó la orden de captura es el de Trata de Personas en la hipótesis de al que enganche a una persona para beneficiarse de la explotación, a través de las exhibiciones privadas de orden sexual y la prostitución, mediante el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad y amenaza de daño grave, ilícito que se encuentra previsto por los artículos 10, párrafo primero y segundo fracción III, y 13 fracción IV y V, sancionado por este último, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, el cual tiene como punibilidad, la prevista en el numeral 10, es decir, de cinco a quince años de prisión y el numeral 13, la de quince a treinta años de prisión; por tanto, se cumple este requisito para emitir la orden de aprehensión. d) Que el acto esté fundado y motivado. También se considera cumplido el último requisito formal para el dictado de una orden de aprehensión, consistente en que se encuentre fundada y motivada. En efecto, para el dictado de la orden de aprehensión, es un requisito que de la carpeta de investigación y sus antecedentes expuestos por la autoridad ministerial se desprendan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que el imputado haya participado en el mismo. Así, es necesario que al momento en que emita una orden de aprehensión, la autoridad judicial exponga las razones por las que estima que sí se colmaron los requisitos mencionados y los datos de prueba relatados por la representación social que tomó en consideración para arribar a dicha determinación. Se dice lo anterior, pues el artículo 16 constitucional establece que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto. En este caso, tales requisitos están cumplidos porque el juez responsable explicó las razones por las que estimó que sí estaban cumplidas las exigencias para librar una orden de captura, ya que: - La autoridad precisó su competencia, la que fundó en los artículos 14, 16, 116 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 88, inciso b) y 104 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 1, 2, 20 fracción I, 24, 133, fracción I, 141, 142 y 143, del Código Nacional de Procedimientos Penales, 2, 3, 11, 12, 15, 187, fracción I, 188, 189 fracción I y 191 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, así como lo establecido en el artículo 8 de la Circular 33/2016 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura y el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, de quince de junio de dos mil dieciséis, a través de la cual se crea el Juzgado de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión en línea del Poder Judicial del Estado de México. - Luego precisó por qué estaba acreditada la existencia de una denuncia. - Posteriormente explicó que, a su juicio, los datos de prueba que la fiscalía sometió a su consideración son idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia del hecho delictuoso de Trata de Personas en la hipótesis de al que enganche a una persona para beneficiarse de la explotación, a través de las exhibiciones privadas de orden sexual y la prostitución, mediante el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad y amenaza de daño grave. - Enlistó y consideró los datos de prueba que se sometieron a su consideración. - La juez estimó que estos datos permitían justificar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución en que se desarrolló el evento que la ley contempla como delitos; así como hay indicios que generan la probable convicción de que el imputado intervino en tales actos ilícitos. De acuerdo con lo que se resume, esta potestad federal considera que se cumplió el requisito de fundamentación y motivación de la orden de aprehensión reclamada, ya que la juez responsable no sólo relató los datos de prueba, sino que explicó el alcance valorativo del "dato" de prueba referenciado para el dictado de la orden de aprehensión, las inferencias que podía realizar con éstos y las razones por las que, a su consideración, se establecía la probable existencia del hecho ilícito y la posibilidad de que el quejoso hubiera participado en ellos. Además, los razonamientos de la juez son suficientes para posibilitar la defensa del quejoso, esto es, para que éste conozca los motivos por los que se ordenó su aprehensión y, por ende, pueda controvertirlos. III. Requisitos materiales e) Necesidad de cautela El artículo 16 constitucional establece los requisitos para librar una orden de aprehensión. En este precepto no se hace referencia a la necesidad de cautela como un requisito para su emisión. No obstante, si se interpretan de manera armónica todos los preceptos constitucionales que rigen al sistema acusatorio oral, sí es posible considerar que existe una lógica en el sistema que se inspira en la proporcionalidad de las medidas que pueden lesionar los derechos de las personas, como la presunción de inocencia y debido proceso, y los fines que se pretenden alcanzar con el juzgamiento de los delitos: principalmente la verdad, justicia y reparación para todas las personas afectadas directa o indirectamente. De esta manera, es cierto que la autoridad judicial debe ponderar hasta qué punto puede limitar los derechos de las personas de acuerdo con las distintas etapas del proceso penal y los alcances de las medidas judiciales que emite, para no lesionar de manera desmedida derechos sin justificación. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece en qué casos no basta la emisión de citatorios u órdenes de comparecencia, y es necesaria la emisión de una orden de aprehensión: Cuando el Ministerio Público considere que existe necesidad de cautela (artículo 141, párrafo primero, fracción III); Cuando una persona resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad (artículo 141, párrafo tercero). Cuando se declare sustraído de la acción de la justicia al imputado, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, tendiendo la obligación de darlo (artículo 141, párrafo cuarto). En este caso, el fiscal que solicitó la orden de aprehensión consideró que era necesaria una orden de captura, dado el delito por el cual se solicitaba la orden de captura amerita prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 167, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Paneles, por lo que si se citara o se hiciere comparecer al investigado para hacerle del conocimiento los hechos que se le atribuyen por la gravedad de los mismos se sustraería a la acción de la justicia. Aunado a que la integridad física de la víctima y de su familia se podrían en peligro ya que la amenazaron con hacerle daño a su hijo diciéndole "que le bajara porque ya sabía de sus hijos y que los accidentes pasan", por lo que además se ponderaba el interés superior del menor; situación que no resultaba aislada dado que se robustecía con el diagnóstico contextual de violencia de género, en el cual en su área de contexto socio-familiar refirió la víctima que es madre soltera y que tiene dos hijos. Con todo lo cual se obstaculizaría el desarrollo de la investigación y contará con tiempo suficiente para buscar a la víctima y amedrentarla con la finalidad de que no acuda al procedimiento judicial. Por su parte, el juez responsable señaló que resultaban procedentes los argumentos del Ministerio Público, criterio con el que se coincide. Lo anterior es así, pues la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicia; por ende, conforme al nuevo sistema de justicia penal, existe la posibilidad legal de que se emita una orden de aprehensión, sin que medie citatorio, siempre y cuando se advierta que exista necesidad de cautela, que se traducen una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. En el particular, la necesidad de cautela se satisfizo pues existen circunstancias que evidencian la posibilidad de que se ponga en riesgo la integridad de la víctima y su familia, y con ello el desarrollo de la investigación, por ende, resultó legal que el Juez responsable ordenara la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública. Resulta ilustrativo el criterio judicial sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, página 1943, Décima Época, de literalidad siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AUN CUANDO ÉSTA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA CITA PREVIA U ORDEN DE COMPARECENCIA POR MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA, SIEMPRE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEMUESTRE LA NECESIDAD DE CAUTELA. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: citatorio al imputado para la audiencia inicial (fracción I); orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna (fracción II); orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III); de donde se colige que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto; sin embargo, el Juez de control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia. f) Que se desprendan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Para estudiar este requisito debe tenerse presente que la orden de aprehensión no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues el artículo 16 constitucional indica que para tal efecto debe justificarse únicamente la probable existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo". Al respecto, al resolver la contradicción de tesis 87/2016, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que lo anterior marcó la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito"; las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. En ese tenor, el estándar probatorio exigido para la emisión de un acto de autoridad como el que ahora se reclama, es mínimo, puesto que no se necesita comprobar plenamente el hecho delictivo, con cada uno de sus elementos típicos. Con anterioridad precisamos que para librar una orden de aprehensión no es un requisito otorgar derecho de audiencia al inculpado, debido a que lo que se pretende es que se emita un mandamiento con secrecía suficiente, que impida que una persona evada la acción de la justicia y se logre la comparecencia a la audiencia inicial de una persona, a efecto de que se le formule imputación. Por esta razón, a diferencia de la mayoría de actos procesales, para emitir una orden de captura, el juez no tiene el deber de ponderar dos hipótesis distintas alegadas por las partes, es decir, una versión de la fiscalía y otra de la defensa, y verificar si están soportadas en datos de prueba suficientes. Esto porque en este acto procesal no existen dos versiones, sino una sola: la que hace valer el agente ministerial. Por eso, para el efecto de la emisión de una orden de aprehensión basta con que se compruebe como "factible" "razonable" o "probable" la hipótesis de la fiscalía respecto a la existencia del hecho ilícito y la probable intervención del imputado, sin que pueda exigirse la comprobación total de ambos extremos. En este caso, el agente ministerial que solicitó la captura del quejoso consideró que era probable la existencia de hechos que la ley contempla como el delito de Trata de Personas en la hipótesis de al que enganche a una persona para beneficiarse de la explotación, a través de las exhibiciones privadas de orden sexual y la prostitución, mediante el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad y amenaza de daño grave y enunció los datos de prueba con los que se contaba en la carpeta de investigación. Por su parte, el juez de control responsable mencionó a detalle sólo los datos de prueba que estimó idóneos y pertinentes para justificar la existencia del hecho de Trata de Personas en la hipótesis de al que enganche a una persona para beneficiarse de la explotación, a través de las exhibiciones privadas de orden sexual y la prostitución, mediante el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad y amenaza de daño grave. Dichos datos de prueba, esencialmente, son los siguientes: ***** Con estos datos, de una apreciación individual y en conjunto estimados al tenor del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la juzgadora concluyó que son aptos y bastantes para colegir que, a su juicio, era posible establecer un hecho ilícito, en específico, el de Trata de Personas en la hipótesis de al que enganche a una persona para beneficiarse de la explotación, a través de las exhibiciones privadas de orden sexual y la prostitución, mediante el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad y amenaza de daño grave. Ello, porque, respecto a la existencia de conductas de acción de consumación continuada en términos del artículo 7, fracción III, del Código Penal Federal, toda vez que a finales de mayo de dos mil veinte, la victima de iniciales *****, acudió al bar denominado "*****" ubicado en ****, municipio de San Mateo Atenco, Estado de México, por necesidad económica debido a la pandemia del covid-19, llegando a dicho bar *****, quien le condicionó su contratación para el trabajo y le impuso reglas para la obtención de su pago consistentes en que ganaría mil pesos por día y tendría que dar ciento cincuenta pesos para la mami, el DJ y el de los baños y si llegaba tarde no le pagarían, además tenía que bailar tres veces en la noche con un desnudo en pista, hacer bailes privados, tomar con los clientes y obligarlos que le invitaran botellas en el "VIP", por lo que aceptó debido a su necesidad económica, ya que es viuda y tiene que mantener a sus hijos, así sucedió hasta finales de julio de dos mil veinte ya que la querían obligar a tener relaciones sexuales con los clientes. En mayo de dos mil veintiuno la víctima regresó a trabajar al bar "*****" por cuestiones de dinero y le mencionó a *****, que haría de todo menos tener relaciones sexuales con los clientes, sólo que en esa ocasión la trataron muy feo, así como a las demás chicas que trabajan ahí, de igual manera realizó bailes en la pista y privados, acudiendo esporádicamente porque no le pagaban. La víctima de iniciales ***** regresó a finales de agosto de dos mil veintiuno, a trabajar al bar el "*****" para que le pagaran lo que le debían, toda vez que le condicionaron el pago a cambio de presentarse a trabajar, por lo que los días del veinticinco y veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, fue obligada por ***** a prestar servicios sexuales a un cliente en el área VIP de dicho bar, beneficiándose el activo por dicho servicio, amenazándola *****"que le bajara porque ya sabía de sus hijos y que los accidentes pasan", motivo por el cual la víctima realizó el servicio, sin que recibiera pago alguno. Así, en el acto reclamado (emisión de la orden de captura) se actuó privilegiando el contenido de los datos de prueba enunciados, mediante los cuales se estableció el ilícito en comento. Por ende, este órgano de control constitucional estima correcto que la Juez de Control hubiera estimado demostrada esta hipótesis de la fiscalía de manera suficiente para librar una orden de captura, pues, considerando la naturaleza restrictiva de libertad que implica la orden de aprehensión, concedió un nivel aceptable de certeza jurídica para la emisión de la misma, sin llegar al punto de realizar un análisis exhaustivo de los datos de prueba incorporados a la carpeta. e) Exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Como se precisó en el apartado anterior de esta sentencia, en este momento procesal no es necesario que se acredite fehacientemente que una persona cometió el delito, basta con que esta realización sea probable. En este caso, los datos de prueba que consideró la juez responsable también indican probablemente que el quejoso intervino en el hecho delictuoso. Por lo que, hasta este momento, bajo la premisa que la relación de los datos de prueba sólo es informativa más no demostrativa, se advierten razones suficientes para considerar que ese hecho real de vida fue cometido y la posibilidad que el quejoso intervino junto con otros sujetos, pues la representación social narró, y así lo avaló la autoridad responsable. En efecto, la juez responsable correctamente pudo establecer esos aspectos (no probar ni acreditar, ya que estas figuras no son propias de esa etapa procesal), a partir de la entrevista de la víctima de identidad resguardada con iniciales *****, quien narró los hechos de acuerdo al cuadro fáctico expuesto, corroborada por los informes de investigación relacionados. De ahí que, se pueda establecer la probable intervención del quejoso en el hecho con apariencia de delito, pues para esta etapa no es necesaria la exigencia de ubicación del acto delictivo en circunstancias de modo, tiempo y lugar, como lo prevé el artículo 19 constitucional. Esto es, la orden de aprehensión es una forma de conducción del imputado al proceso, que permite al Ministerio Público continuar la investigación formalizada del "hecho de vida" que permite individualizarse en ilícito, y así emprender la investigación con el fin de reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos que se hicieron de su conocimiento. Y si bien la solicitud de la orden de captura se dirime escuchando sólo a una de las partes, una vez formulada la imputación, la segunda decisión del órgano jurisdiccional -vinculación o no al proceso-es el resultado de escuchar una audiencia bilateral regida por el principio de contradicción. Sobre esa base, fue legal que la autoridad responsable estableciera que se cometieron los hechos que la ley señala como delito de Trata de Personas en la hipótesis de al que enganche a una persona para beneficiarse de la explotación, a través de las exhibiciones privadas de orden sexual y la prostitución, mediante el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad y amenaza de daño grave y que posiblemente el peticionario de amparo los cometió, sin llegar al punto de realizar análisis exhaustivo de los datos de prueba incorporados a la carpeta, pues esto corresponde a la etapa siguiente. Por tanto, no existe obligación del fiscal de haber citado al quejoso en la carpeta de investigación, pues justamente, la oportunidad para ser oído, es la audiencia inicial, sin que ello implique violación alguna a sus derechos fundamentales como el de presunción de inocencia, como trato procesal como señala el quejoso dado que, como se dijo, el mandamiento de captura se ha solicitado como una vía de conducción para que pueda estar presente en la audiencia inicial, por tanto la restricción de la que será objeto es temporal y no definitiva. Por las razones relatadas, se cumplen los requisitos para librar una orden de captura establecidos en el artículo 16 constitucional y, por ende, son infundados los conceptos de violación en los que el quejoso considera que se vulneró tal precepto. En efecto, no se transgredió el principio de legalidad, debido a que el hecho con apariencia de delito que se le atribuye al quejoso, están previstos en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, es decir, normativa formal donde se realizan las descripciones típicas reprochables, ni menos aún se vulneró el diverso de imparcialidad, en virtud a que la actuación del juez de control fue de manera pronta, completa e imparcial, pues se aprecia que se administró justicia de manera gratuita, dentro de los plazos y términos que establecen las leyes, se analizó en su totalidad los datos de prueba allegados a la solicitud de orden de aprehensión, y atendiendo a ello obsequió dicho mandato de captura. Tampoco se vulnera el principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 20, Apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual el imputado es considerado inocente mientras no se haya establecido su responsabilidad penal mediante sentencia firme, pues la solicitud ministerial quedó sustentada con los datos de convicción que se allegaron a la causa penal. Es aplicable la tesis de jurisprudencia II.2o.P. J/20, del rubro siguiente: "DEBIDO PROCESO Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDEN LA CONSTITUCIÓN NI LOS TRATADOS QUE RECONOCEN ESTOS PRINCIPIOS CUANDO LA AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DEL QUEJOSO SE JUSTIFICA POR HABERSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. En esa virtud, al actualizarse el presupuesto normativo que contiene el artículo 141, fracción III, el mandato de captura fue apegado al orden constitucional, por lo que se estimó procedente la petición del fiscal y se emitió la correspondiente orden de aprehensión contra *****. Determinación que se reitera, se estima debidamente fundada y motivada, en virtud de que en la misma, se señalaron los preceptos constitucionales y legales aplicables al caso, se citaron con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para la emisión de la orden de aprehensión; además, de que se advierte adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuran las hipótesis normativas. Además de que, no se transgredieron los principios de oralidad e inmediación que rigen el sistema procesal penal acusatorio y oral, contenidos en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por haberse emitido la orden de aprehensión por parte del Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea en el Estado de México, a través del uso de sistemas informáticos, porque resultó un medio adecuado para garantizar su autenticidad, pues además existió necesidad justificada de cautela la cual radica en la franca amenaza hecha a la víctima y sus menores hijos; con lo cual a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, de los testigos, y c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación pues, se señaló, no accederá a comparecer de ser citado, y contará con tiempo suficiente para buscar a la víctima, o a los testigos para amedrentarlos, con la finalidad de que, no acudan al procedimiento judicial, amedrentándolos. Es aplicable la tesis aislada sostenida por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, página 2409, Décima Época, que establece "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA DECRETADA POR EL JUEZ DE CONTROL POR EL SISTEMA INFORMÁTICO, NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE ORALIDAD E INMEDIACIÓN QUE LO RIGEN, SI EXISTE NECESIDAD JUSTIFICADA DE CAUTELA. Los principios de oralidad e inmediación que rigen el sistema procesal penal acusatorio y oral, contenidos en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan que todas las audiencias serán orales y deberán desarrollarse en presencia del órgano jurisdiccional y de las partes que deban intervenir en ellas, sin posibilidad de delegar a diversa persona la admisión, desahogo o valoración de pruebas, y la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. Por su parte, los artículos 141, fracción III, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén que las solicitudes, entre otras, de órdenes de aprehensión deben resolverse por el Juez de Control con la debida secrecía, inclusive, con el uso de sistemas informáticos, sin que para su dictado deba mediar la participación del interesado (audiencia oral), según puede inferirse de dichos preceptos. Por tanto, si el Juez de Control ordena la aprehensión del imputado por cualquier medio que garantice su autenticidad, como puede ser el sistema informático, cuando existe necesidad justificada de cautela por haber evidencia de la posibilidad de que se evada a la acción de la justicia, no transgrede los principios citados, pues acorde con el marco legal aludido, es innecesario, que en esos casos, exista cita previa u orden de comparecencia." En ese contexto, el acto reclamado no irroga violación a los derechos fundamentales de la impetrante, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, al resultar infundados los conceptos de violación y, al no haber motivo para suplir su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se niega la protección constitucional a *****. Negativa que atendiendo a la técnica que rige el juicio de amparo indirecto, se hace extensiva al acto de ejecución reprochado al Fiscal General de Justicia del Estado de México y Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General, ambos del Estado de México, por no combatirse por vicios propios, sino como consecuencia de la determinación mencionada en el párrafo anterior. Tiene aplicación (en sentido contrario) la jurisprudencia mil trecientos veintiocho de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil cuatrocientos noventa y dos, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN, Décimo Primera Sección Sentencias de amparo y sus efectos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 al mes de septiembre de 2011, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta." Por lo expuesto, fundado y, además, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo de conformidad con lo establecido en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *****, respecto del acto reclamado del Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea en el Estado de México, sustituida por el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, consistente en la orden de aprehensión y su ejecución, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia.
- Principal
Toluca, Estado de México, doce de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que por proveído de ocho del mes y año en curso, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada víctima de identidad resguardada de iniciales F.K.L.V., en el domicilio proporcionado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Trata de Personas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por lo que a la data no se tiene razón de dicha diligencia y en su caso que transcurra el plazo concedido a efecto de que se imponga del contenido del juicio de amparo en que se actúa. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VENDIDOS, para su verificativo. Notifíquese.
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