Cesar Vazquez Aquino

Expediente 176/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
176/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
03/04/2017

Partes del expediente

  • Cesar Vazquez Aquino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación que antecede de la Secretaría de este juzgado, se desprende que el promovente dentro del término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja en contra del proveído por el cual se desechó de plano la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.

  2. Principal

    En tiempo se tiene a la parte quejosa dando cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de veintidós de febrero del presente año. Vista la demanda de amparo con que se da cuenta y escrito aclaratorio, por medio del cual la parte quejosa CESAR VAZQUEZ AQUINO, solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal; contra actos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se provee lo siguiente: Tomando en consideración que el artículo 112, primer párrafo y 113 de la Ley de Amparo impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS." La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. El quejoso reclama en su escrito de demanda, lo siguiente: La resolución de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, emitida en el toca penal 302/2016, en la que se confirma el auto de libertad emitido en favor de MARCOS LÓPEZ ROJAS. Asimismo, en el escrito de demanda el promovente manifiesta que fue notificado del acto reclamado el veintiséis de enero del presente año, afirmación a la que se le otorga plena eficacia probatoria acorde a lo previsto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, que establece que los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba. Ahora bien, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en lo que aquí interesa, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.) "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. "(.)." Por su parte, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: "(.) "IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación sistemática de los artículos transcritos, se aprecia que el término para la interposición de la demanda de garantías, por regla general es de quince días contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. De no instaurarse el juicio de garantías dentro de ese plazo, se entiende que el acto reclamado se ha consentido y, por eso, se surte la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV de la ley de la materia. En razón de lo anterior, se advierte que el promovente fue notificado del acto reclamado el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que el plazo para la interposición del juicio de amparo, comenzó a partir del día siguiente a aquél en que fue notificado. En efecto, de conformidad con la ley del acto (artículo 538 del abrogado Código de Procedimientos Penales), los términos empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de notificación, por lo que si el hoy quejoso fue notificado del acto reclamado el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, el término para la presentación de la demanda empezó a correr el veintisiete de enero de dos mil diecisiete y feneció el diecisiete de febrero del actual, por lo que si la demanda de amparo se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en la Ciudad del mismo nombre, el veintiuno de febrero del actual, mediaron entre ambas fechas diecisiete días hábiles, por lo que es evidente que la demanda de amparo fue presentada extemporáneamente, fuera del termino de quince días. Tiene aplicación al caso que nos ocupa, el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a foja 165, tomo VI, Apéndice 2000, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto establece: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la Justicia Federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Por otra parte, no pasa desapercibido para el suscrito que la demanda fue presentada el dieciséis de febrero del presente año, ante la autoridad responsable, sin embargo, ello no interrumpe el término que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, ello atendiendo a que la parte quejosa dirige su escrito de demanda al Juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala, por lo que al no existir error en la vía de impugnación no se interrumpe el término para interponer la demanda de amparo indirecto. Cobra aplicación al respecto el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1282 del Tomo XXVI, Agosto de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU PRESENTACIÓN ANTE LA RESPONSABLE NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI NO EXISTE EQUIVOCACIÓN EN LA VÍA DE IMPUGNACIÓN. La presentación de la demanda de amparo indirecto, ante la autoridad responsable, no interrumpe el término de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo para el ejercicio de la acción constitucional. Lo anterior es así ya que si el quejoso en su demanda con toda claridad alude al amparo en la vía indirecta o biinstancial, e incluso dicho escrito lo dirige al Juez de Distrito en turno, no hay razón para que lo presente por conducto de la autoridad responsable porque no hay disposición legal que lo permita; por tanto, al no haber equivocación en la vía de impugnación no se interrumpe el término para interponer la demanda de amparo indirecto." En las relatadas circunstancias, al existir un motivo manifiesto e indudable de la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley en mención SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por CESAR VAZQUEZ AQUINO, lo anterior en virtud de que no existe duda para formarse un criterio distinto, ya que, con las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causal de improcedencia invocada. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, indíquese a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia, para oponerse de manera expresa, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    En tiempo se tiene a la parte quejosa dando cumplimiento al requerimiento efectuado mediante proveído de veintidós de febrero del presente año. Vista la demanda de amparo con que se da cuenta y escrito aclaratorio, por medio del cual la parte quejosa CESAR VAZQUEZ AQUINO, solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal; contra actos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se provee lo siguiente: Tomando en consideración que el artículo 112, primer párrafo y 113 de la Ley de Amparo impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS." La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. El quejoso reclama en su escrito de demanda, lo siguiente: La resolución de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, emitida en el toca penal 302/2016, en la que se confirma el auto de libertad emitido en favor de MARCOS LÓPEZ ROJAS. Asimismo, en el escrito de demanda el promovente manifiesta que fue notificado del acto reclamado el veintiséis de enero del presente año, afirmación a la que se le otorga plena eficacia probatoria acorde a lo previsto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, que establece que los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba. Ahora bien, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en lo que aquí interesa, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.) "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. "(.)." Por su parte, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: "(.) "IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación sistemática de los artículos transcritos, se aprecia que el término para la interposición de la demanda de garantías, por regla general es de quince días contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. De no instaurarse el juicio de garantías dentro de ese plazo, se entiende que el acto reclamado se ha consentido y, por eso, se surte la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV de la ley de la materia. En razón de lo anterior, se advierte que el promovente fue notificado del acto reclamado el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que el plazo para la interposición del juicio de amparo, comenzó a partir del día siguiente a aquél en que fue notificado. En efecto, de conformidad con la ley del acto (artículo 538 del abrogado Código de Procedimientos Penales), los términos empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de notificación, por lo que si el hoy quejoso fue notificado del acto reclamado el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, el término para la presentación de la demanda empezó a correr el veintisiete de enero de dos mil diecisiete y feneció el diecisiete de febrero del actual, por lo que si la demanda de amparo se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en la Ciudad del mismo nombre, el veintiuno de febrero del actual, mediaron entre ambas fechas diecisiete días hábiles, por lo que es evidente que la demanda de amparo fue presentada extemporáneamente, fuera del termino de quince días. Tiene aplicación al caso que nos ocupa, el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a foja 165, tomo VI, Apéndice 2000, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto establece: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la Justicia Federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Por otra parte, no pasa desapercibido para el suscrito que la demanda fue presentada el dieciséis de febrero del presente año, ante la autoridad responsable, sin embargo, ello no interrumpe el término que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, ello atendiendo a que la parte quejosa dirige su escrito de demanda al Juez de Distrito en el Estado de Tlaxcala, por lo que al no existir error en la vía de impugnación no se interrumpe el término para interponer la demanda de amparo indirecto. Cobra aplicación al respecto el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1282 del Tomo XXVI, Agosto de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU PRESENTACIÓN ANTE LA RESPONSABLE NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI NO EXISTE EQUIVOCACIÓN EN LA VÍA DE IMPUGNACIÓN. La presentación de la demanda de amparo indirecto, ante la autoridad responsable, no interrumpe el término de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo para el ejercicio de la acción constitucional. Lo anterior es así ya que si el quejoso en su demanda con toda claridad alude al amparo en la vía indirecta o biinstancial, e incluso dicho escrito lo dirige al Juez de Distrito en turno, no hay razón para que lo presente por conducto de la autoridad responsable porque no hay disposición legal que lo permita; por tanto, al no haber equivocación en la vía de impugnación no se interrumpe el término para interponer la demanda de amparo indirecto." En las relatadas circunstancias, al existir un motivo manifiesto e indudable de la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley en mención SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por CESAR VAZQUEZ AQUINO, lo anterior en virtud de que no existe duda para formarse un criterio distinto, ya que, con las razones apuntadas, está plenamente acreditada la causal de improcedencia invocada. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, indíquese a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia, para oponerse de manera expresa, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta registrado con el número 3098, signado por el Secretario de Acuerdos Interino de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al que adjunta la demanda de amparo promovida por CESAR VAZQUEZ AQUINO, contra actos de la SALA PENAL SEGUNDA PONENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA; en su atención, fórmese expediente con el número que le corresponda, siendo el 176/2017-VI, y regístrese en el libro respectivo. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracción V y 114 fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al promovente de la demanda de amparo, para que dentro del término de cinco días contados a partir del en que sea legalmente notificado de este proveído por escrito y bajo protesta de decir verdad, narre los antecedentes del acto reclamado; con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado en el término fijado, se procederá de conformidad con lo dispuesto por el penúltimo párrafo del citado artículo 114 de la ley de la materia. Se tiene por señalado el domicilio que se indica para oír y recibir notificaciones, por autorizada a MARIA BERENICE QUIROZ HERNANDEZ, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; y, únicamente para oír y recibir notificaciones a RICARDO HUERTA BAEZ, en virtud de que no fue localizado en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente.

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