César Ulises Sepúlveda Cortés
Expediente 586/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 586/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- César Ulises Sepúlveda Cortés
Actuaciones
- Principal
II... Agréguese el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el cinco de julio del año en curso, de la que se advierte que dicha superioridad declaró infundado el recurso de queja 184/2023, interpuesto por la parte quejosa contra el acuerdo que desechó la demanda. En tal virtud, acúsese recibo de estilo correspondiente del testimonio citado en el párrafo precedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido. ..., el presente expediente es susceptible de destrucción. Asimismo, en razón de que obran documentos exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el punto décimo primero, párrafo último, del acuerdo en cita, dígase que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días a recogerlos, apercibido que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
II... Téngase recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual acusa recibo e informa que admitió el recurso de queja interpuesto en autos con el número 184/2023.
- Principal
II... Visto el escrito del quejoso Cesar Ulises Sepúlveda Cortes; atento a su contenido, con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto el recurso de queja hecho valer. En ese sentido, atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, no existen partes para notificar la interposición del recurso que nos ocupa por lo que resulta improcedente otorgar el plazo que prevé el primer párrafo, del artículo 101, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el numeral citado, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, el ocurso de expresión de agravios, copia para el agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano colegiado y copia certificada de todo lo actuado en este juicio, para la sustanciación del referido medio de impugnación; asimismo, ríndase el informe sobre la materia de la queja; solicítese acuse de recibo.
- Principal
II... Naucalpan de Juárez, Estado de México; diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Cesar Ulises..., por derecho propio, contra actos del Juez Cuarto en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 586/2023-II. En principio es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En ese orden, se estima, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, con relación el diverso 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario y 113 de la Ley de Amparo, el cual prevé que cuando contra el acto reclamado, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto su modificación, revocación o nulificación, previo a instar el juicio de amparo, deben agotarse. Lo anterior, si se toma en consideración que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues, como se dijo, la acción constitucional se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos no susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. En ese contexto, la causal de improcedencia prevista en el artículo y fracción transcritos, contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal; es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga la parte quejosa la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional, debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, esto es, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. Ahora, de la lectura integral del escrito de cuenta, la parte quejosa señala como acto reclamado el acuerdo dictado en audiencia inicial de catorce de abril de dos mil veintitrés, dentro del expediente 1134/2022, por medio del cual se determinó una pensión alimenticia (tres salarios mínimos diarios), a favor de los menores hijos del quejoso y a cargo de éste. De lo descrito, se concluye que el acto reclamado puede combatirse a través del recurso de revocación, con fundamento en el artículo 1.362 con relación al diverso 5.75 fracción IV, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Por tanto, el promovente de amparo debe seguir las reglas establecidas en el código procesal citado e interponer con sus requisitos y formalidades el recurso de revocación, pues de la literalidad del artículo 1.362 y fracción IV, del diverso 5.75, el citado recurso resulta procedente contra el acto reclamado, por lo que, se reitera, el quejoso debe agotar el recurso de revocación contemplado en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, a través del cual puede obtener su revocación o confirmación, por lo que al no haberlo hecho, se concluye que carece de definitividad y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se indica que no se está en alguna de las hipótesis de excepción del principio de definitividad, a saber, peligro de privación a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; tampoco es una orden de aprehensión o reaprehensión, providencia precautoria, medida cautelar restrictiva de la libertad, auto que niegue la libertad provisional bajo caución, entre otros, máxime que el acto reclamado no afecta la libertad personal, y menos aún es seguido fuera de procedimiento, sino justamente dentro de un procedimiento familiar. Además, la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujeta a interpretación adicional o bien el fundamento legal no es suficiente para determinarla, que es el caso en que la parte quejosa queda en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo, por tal motivo es evidente que el acto que se combate no se exceptúa de acatar el principio de definitividad. Aunado, conforme a lo dispuesto en el numeral 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Federal, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que, en su caso, procedan, salvo las excepciones indicadas. No se soslaya las manifestaciones del quejoso cuando refiere que al hacer valer violaciones directas a la Constitución Federal, se encuentra exento de agotar el principio de definitividad, pues ello opera, de conformidad con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, al referir: "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Sin embargo, el acto reclamado en la presente vía constitucional fue emitido por el Tribunal Judicial. Sin que ello constituya un obstáculo para el debido respeto del derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución, en virtud de que de esta disposición suprema se desprende la facultad que el constituyente otorgó al legislador para establecer en las leyes los términos y los plazos en los que la función jurisdiccional se debe realizar. Así, el propio constituyente estableció un límite claramente marcado al utilizar la frase "en los plazos y términos que fijen las leyes", el cual no sólo implica las temporalidades en que se debe hacer la solicitud de jurisdicción, sino que incluye, además, todas las formalidades, requisitos y mecanismos que el legislador prevea para cada clase de procedimiento. En adición, la tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial. Con la salvedad de que no es factible evadir los presupuestos establecidos por el legislador para la procedencia del amparo indirecto, ya que si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano, en cuanto al margen de protección a violaciones de los derechos humanos, sin embargo, ello no significa que los órganos jurisdiccionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia y que tengan que resolver el fondo de cualquier cuestión planteada, sin que importe la verificación de los requisitos previstos en las leyes nacionales para la interposición de los medios de defensa, ya que precisamente las formalidades procesales son la vía que hacen posible arribar a una adecuada resolución, sin las cuales se provocaría un estado de incertidumbre jurídica entre las partes. Aunado a lo anterior, los órganos jurisdiccionales no son los únicos con deber de ajustarse a los mecanismos jurídicos establecidos por el legislador para el ejercicio de la función jurisdiccional, en virtud de que los gobernados también deben hacerlo al momento de pretender ejercer su derecho a la jurisdicción, pues cuando quieren hacer uso del derecho de acceso a la justicia, deben someterse necesariamente a las formas que el legislador previó, siempre y cuando éstas tengan sustento constitucional. De esta forma, la existencia de formas y plazos concretos para acceder a la justicia, no corresponde a la actuación caprichosa del Constituyente de dotar al legislador ordinario con un poder arbitrario. Por el contrario, responde a la intención de aquél facultar al último para que pueda establecer mecanismos que garanticen el respeto a los derechos fundamentales de seguridad jurídica y dentro de éstas, la de legalidad e igualdad en los procedimientos. DOMICILIO QUEJOSO. Con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, con relación a los artículos 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67, del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, las notificaciones de carácter personal se le practicarán vía electrónica en el correo con usuario "dmorenoa2003", el cual se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; en el entendido que queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Asimismo, de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta electrónica de las actuaciones del presente juicio de amparo, con el referido usuario. Sin que pase inadvertido que también señale diverso domicilio para oír y recibir notificaciones; sin embargo, la Ley de Amparo no prevé la posibilidad de que se tengan dos domicilios para el mismo efecto; de ahí que conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia generada por el virus SARS CoV2 (COVID-19), se preferirá el uso de medios electrónicos. Se autoriza a Nancy Paola ... y Brenda ..., en términos del artículo 12, primera parte, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por lo que hace a los profesionista restantes, únicamente para oír notificaciones, aun las de carácter personal e imponerse de autos, conforme al párrafo segundo, última parte, del citado numeral con relación al diverso 24, párrafo segundo, de la referida normatividad por así haberlo solicitado expresamente. Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, aprobado en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. La intención de ello radica en asumir que la aplicación de la tecnología permite dar un paso sin precedentes en su compromiso con el uso responsable de las tecnologías y con la reducción del consumo de papel y demás insumos que vienen asociados a ello, razón por la cual se propone eliminar casi en su totalidad la generación de documentos físicos. En caso de que transiten al juicio en línea, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo -previa petición expresa- puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales.
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