Cesar Ulises Avalos Lopez

Expediente 431/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
431/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
08/03/2021

Partes del expediente

  • Cesar Ulises Avalos Lopez
  • Alberto Velazquez Segura

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Como se advierte de la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas recurrieran el auto de veinte de enero del presente año, en el que SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Por otra parte, como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se sobreseyó en el juicio; lo anterior, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce. Además, se precisa que no se ordenó la apertura del incidente de suspensión; asimismo, que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de enero de dos mil veintiuno. Como se desprende de la constancia secretarial de cuenta, y de conformidad con la fracción II de la Circular SECNO/1/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relacionada con el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó levantar la suspensión de los plazos suspendidos del veintiuno de diciembre pasado al once de enero de dos mil veintiuno, por lo cual se decreta su reanudación en el punto en que quedaron pausados. Toda vez que la audiencia constitucional en el presente asunto estaba fijada para tener verificativo en una fecha comprendida en el período de la suspensión mencionada; se fija como nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. En términos del artículo 5, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020, la audiencia constitucional se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, para lo cual se hace del conocimiento de las partes, que en caso de ofrecer pruebas o formular alegatos, para ser considerados en la audiencia, resulta necesario que presenten de manera física los escritos correspondientes ante la oficialía de partes común un día antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia, lo anterior tomando en consideración que ante la pandemia el personal de este juzgado sólo puede recoger las promociones presentadas hasta el final del día, por lo que si la presentan en ese lugar el día de la audiencia sería extemporáneo porque se acordaría hasta el día siguiente cuando ya se habrá celebrado la audiencia constitucional; sin embargo, tales promociones, con la finalidad de que puedan ser consideradas en la audiencia podrán ser presentadas de manera electrónica si desean hacerlo el mismo día de la audiencia siempre y cuando sea previo a la hora señalada para su verificativo, apercibidas que de no hacerlo en los términos precisados, la promoción relativa se acordará con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, en cumplimiento a la circular SECNO/1/2021 en cita, se hace del conocimiento de las partes que los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII del citado Acuerdo General 21/2020, fueron ampliados y se fijó como nueva fecha límite el doce de febrero de dos mil veintiuno Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Como de la certificación de cuenta se desprende que no ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 117 de la Ley de Amparo, respecto de los informes justificados rendidos por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y Actuario de su adscripción; consecuentemente, la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy SE DIFIERE para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la misma. Por otra parte, en términos del artículo 5, fracción II del referido Acuerdo General 21/2020, la audiencia constitucional se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, para lo cual se hace de su conocimiento que en caso de ofrecer pruebas o formular alegatos, para ser considerados en la audiencia, resulta necesario que presenten de manera física los escritos correspondientes ante la Oficialía de partes común un día antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia, lo anterior tomando en consideración que ante la pandemia el personal de este juzgado sólo puede recoger las promociones presentadas hasta el final del día, por lo que si la presentan en ese lugar el día de la audiencia sería extemporáneo porque se acordaría hasta el día siguiente cuando ya se habrá celebrado la audiencia constitucional; sin embargo, tales promociones, con la finalidad de que puedan ser consideradas en la audiencia podrán ser presentadas de manera electrónica si desean hacerlo el mismo día de la audiencia siempre y cuando sea previo a la hora señalada para su verificativo, apercibidas que de no hacerlo en los términos precisados, la promoción relativa se acordará con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, por medio del cual, las autoridades responsables rinden su INFORME JUSTIFICADO y remiten las constancias descritas en la cuenta secretarial; con su contenido dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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