César Tenorio Martínez
Expediente 2021/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2021/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- César Tenorio Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el interesado interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de once de abril de dos mil diecinueve, dictada en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, ya que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible. Devuélvase a la autoridad responsable Juzgado Primero Especializado en Materia Oral Mercantil de la Capital, las constancias que remitió como soporte de su informe justificado, las cuales constituyen los tomos I y II de este juicio, agregando a los autos las carátulas correspondientes. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del uno de mayo de dos mil diecinueve, funge como Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, ello para los efectos legales procedentes.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por César Tenorio Martínez, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la misma.
- Principal
Visto; el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término otorgado a las autoridades responsables Ayuntamiento y Tesorero Municipal de Trancoso, Zacatecas, para que rindan su informe justificado; para dar oportunidad a ello, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del once de abril de dos mil diecinueve, para su verificativo.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Visto; agréguese a sus autos el escrito presentado por el quejoso Cesar Tenorio Martínez; atento a su contenido, en el sentido que solicita la reposición del procedimiento, dígasele que no ha lugar a reponer el procedimiento dentro del presente juicio de amparo en atención a que no existe disposición legal alguna que faculte ni razón jurídica que justifique a este órgano jurisdiccional a proceder de la forma en que lo pretende. Por otra parte, en atención a la diversa manifestación que hace el quejoso en el sentido que desde su escrito inicial de demanda señaló como autoridad responsable al Ayuntamiento de Trancoso, Zacatecas, y que no se solicitó informe al mismo, se procede a proveer lo legalmente procedente, con base en los siguientes aspectos: De las constancias que obran en autos se advierte que el acto reclamado proviene del juicio oral mercantil 153/2017, seguido por Cesar Tenorio Martínez, contra el Ayuntamiento Municipal de Trancoso, Zacatecas, ante el Juzgado Primero Especializado en Materia de Oralidad Mercantil del distrito judicial de la Capital, que el citado procedimiento se encuentra en etapa de ejecución, misma que no ha sido posible concluir en atención a que conforme al artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al Código de Comercio en términos del numeral 1054, del citado ordenamiento legal, contra las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas, nunca podrá dictarse mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, y estarán exentos de prestar las garantías que ese Código exija de las partes, y que las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. Señala el quejoso, en su escrito de cuenta, que la autoridad municipal con actitud contumaz se niega a dar cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada dentro del juicio oral mercantil 153/2017, del índice del Juzgado Primero Especializado en Materia de Oralidad Mercantil del distrito judicial de la Capital, y que ante ello, considera que debe tenerse, como lo señaló en su escrito inicial de demanda, como autoridad responsable al Municipio de Trancoso, Zacatecas. Señala también que la calidad de autoridad en el juicio de amparo, del órgano gubernamental que contendió en el procedimiento como parte formal, y que en ejecución se rehúsa a cumplir con la condena que le fue impuesta, deriva de su condición de ente público, que está dotado de una aptitud del organismo, impositiva y unilateral que afecta bienes, derechos y posesiones de la parte agraviada, ya que como antes se señaló, en términos de la legislación aplicable, no es viable ejecutar la resolución en forma coactiva, contra el órgano del Estado, lo que suprime el plano de igualdad con el que las partes comparecieron al procedimiento, para dotar a la omisión de una característica imperativa, que trasciende en la esfera jurídica del inconforme, por lo que se configura un acto de autoridad. Tal como lo refiere el quejoso, en la promoción que se acuerda, en el juicio de amparo en que se actúa no ha sido desahogada la audiencia constitucional. En base a todo lo anterior, es evidente que de acuerdo a la naturaleza y principios que rigen al juicio de amparo, a los extremos en que fue planteada la demanda de garantías que dio origen al presente asunto y al estado procesal en que éste se encuentra, como lo pretende el quejoso, debe tenerse como autoridades responsables al Ayuntamiento y al Tesorero Municipal, ambos del municipio de Trancoso, Zacatecas. Apoyo a la anterior determinación la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 85/2011, con Registro 161652, Página 448, Tomo XXXIV, Julio de 2011, Materia Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). La excepción al principio de igualdad procesal consagrado en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas al disponer que nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, no significa la posibilidad de incumplimiento a una sentencia condenatoria por parte de los órganos estatales, sino que parte de que la entidad estatal cumplirá voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a la vía de apremio, lo que así se señala en el segundo párrafo de dicho precepto, al establecer que las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. Sin embargo, en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, dicha omisión constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo, pues se surten las condiciones para considerar al ente estatal como autoridad en virtud de que: a) Se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; b) Tal prerrogativa deriva de la ley, pues ésta responde al cumplimiento voluntario del órgano estatal; c) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor; y d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por tanto, con apoyo en el artículo 117 de la ley de la materia, pídaseles informe con justificación, el cual deben rendir dentro del término de quince días siguientes al en que se notifique, donde expondrá las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo; en el entendido que de no rendirlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, conforme a lo dispuesto en el ordinal 117 en consulta. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, la constancia en la forma indicada, se le impondrá una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en comento, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. En consecuencia de lo anterior, toda vez que se encuentran señaladas las diez horas con cincuenta minutos del día de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional, para dar oportunidad a lo anterior se difiere la audiencia y en su lugar se señalan para su verificativo las once horas con treinta minutos del catorce de marzo de dos mil diecinueve. Notifíquese, personalmente a las partes. Así lo acordó y firma el licenciado Juan Antonio Huerta Vázquez, secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, asistido de la secretaria de juzgado, Ma. de los Ángeles Huerta Vázquez, con quien actúa y da fe.
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