Cesar Solís Félix

Expediente 189/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
189/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
18/09/2018

Partes del expediente

  • Cesar Solís Félix

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que en treinta de agosto de dos mil dieciocho, se requirió a la autoridad responsable Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, con sede en Mexicali, Baja California, para que en un plazo de tres días hábiles cumpliera con el fallo protector concedido a la parte quejosa, e informara a este órgano de control constitucional sobre las medidas decretadas en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria en comento y remitiera las constancias certificadas relativas. Por tanto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el telegrama de cuenta, por medio del cual informa respecto al cumplimiento dado al fallo protector dictado en autos; y por cuanto a la documental que refiere en el mismo, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto se reciba el original del anexo que indica, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, treinta de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha no se interpuso recurso de revisión, en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 2º, 86, 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, con sede en Mexicali, Baja California, para que dentro del término de tres días hábiles, al en que quede notificado del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa debiendo dentro del propio lapso informar a este órgano de control constitucional sobre las medidas decretadas en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria en comento, para lo cual deberá remitir las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de (100) cien Unidades por el equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el numeral 258, ambos de la Ley de Amparo; asimismo, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Finalmente, infórmese a las partes que ésta estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, conteniendo el nombre y datos personales a que alude el artículo 3 fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán, sin ser necesario su consentimiento, cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambas de la ley en mención. Notifíquese. Así lo resolvió y firmó Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, ante Ilia Leticia Rivas Lucero, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Visto; agréguese para que obre como corresponda la copia del escrito suscrito por Honorio Hernández Escamilla, asesor jurídico del quejoso, del que se advierte que solicitó al Director del Centro de Reinserción Social, con residencia en esta ciudad, que proporcione diversa información a este juzgado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que mediante oficio número SEADS/698/2018, remitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, con sede en la Ciudad de México, se advierte que por sesión ordinaria de treinta de mayo de dos mil dieciocho, se designó al que suscribe, como juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, a partir del dieciséis de junio de dos mil dieciocho; en tal virtud, comuníquese a las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro, texto y datos de identificación son los siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (Época: Novena Época, Registro: 164217, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 104/2010, Página: 312). Asimismo, de la certificación secretarial de cuenta se desprende que no obran en autos las constancias del exhorto girado al juzgado de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno, en el que se solicitó la notificación personal al quejoso del auto de treinta y uno de mayo del presente año, en el que se fijó hora y fecha para el verificativo de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las once horas del veintitrés de julio de dos mil dieciocho. Por otra parte, ya que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar en el que se encuentra recluido, esto es, el Centro de Reinserción Social El Hongo 1, en Tecate, Baja California; el cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, gírese atento exhorto al juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, Baja California, en turno, vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que en auxilio de las labores de este juzgado de distrito, lleve a cabo la notificación del presente proveído a la parte quejosa. Finalmente, se faculta a la autoridad exhortada para el caso de ser necesario, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, habilite días y horas inhábiles, a fin de realizar la diligencia encomendada. Notifíquese y por exhorto a la parte quejosa. Así lo acordó y firmó Miguel León Bio, juez Noveno de Distrito en el estado de Baja California, ante Ilia Leticia Rivas Lucero, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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