César Serrano Castillo

Expediente 583/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
583/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
15/08/2018

Partes del expediente

  • César Serrano Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a quince de agosto de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. Asimismo, quedan sin efecto las providencias dictadas; circunstancia que deberá comunicarse al Director y Comité Técnico, ambos de la Penitenciaría de la Ciudad de México, a los que se les requirió rindieran informe en cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano decretada. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que en atención a lo que establece el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su fracción III último párrafo relativa a dicho punto del Acuerdo General en cita, es susceptible de depuración, toda vez que se decretó la suspensión de plano en este asunto; por tanto, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente al quejoso.

  4. Principal

    Ciudad de México, a dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por César Serrano Castillo, contra actos del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 583/2018. Dado que de la lectura integral de la demanda se advierte que se reclama la orden traslado, y su ejecución, en el caso se considera pertinente citar el contenido del precepto 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". Por tanto, con apoyo en dicho numeral, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO para el efecto de que se suspenda la ejecución de tal acto, asimismo, el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional por cuanto a su libertad personal se refiere en el lugar en que se encuentra interno, y a disposición del Director de la Penitenciaría de esta ciudad, en cuanto a su integridad personal. La suspensión no surtirá efecto alguno si la orden de referencia obedece al cumplimiento de una sentencia ejecutoria o a una cuestión de competencia definida, pues en estos supuestos se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público conforme al precepto 128, fracción II, de la ley de la materia, ya que la sociedad tiene interés en que se cumplan las determinaciones jurisdiccionales que han causado ejecutoria y se encuentran firmes, porque ello da certeza a la sociedad y al sistema jurídico; de igual forma no surtirá efectos, tratándose de traslados de carácter provisional que tengan como finalidad la práctica de alguna diligencia de carácter ministerial o judicial, pues de concederse la suspensión en esos supuestos, se paralizaría el procedimiento correspondiente y se impediría dar cumplimiento a una determinación judicial o ministerial, y la sociedad está interesada que tanto las autoridades investigadoras como judiciales cumplan con sus funciones de investigación, persecución de delitos o impartición de justicia; sin que esto dé lugar a considerar que en el evento de llegarse a realizar algún traslado por alguno de los motivos precisados en este párrafo, como en el anterior, la autoridad que lo realice, pueda efectuar las conductas consistentes en la incomunicación, tortura o cualquier otra análoga a éstas, ya que se encuentran prohibidas por el artículo 22 constitucional; tampoco surtirá efecto, si en su caso está sustentada por razones de seguridad en las prisiones; atendiendo en las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, si se trata de actos posteriores a su concesión o si los actos reclamados proceden de autoridades distintas de las señaladas como responsables. Por tanto, requiérase al citado director por ser la autoridad que tiene bajo su resguardo al quejoso, así como al Comité Técnico de dicho centro de reclusión, para que en el plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación de este auto, informen a este juzgado sobre el cumplimiento de la medida cautelar decretada; apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, prevista en el dispositivo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley reglamentaria, sin perjuicio de proceder en su contra en términos del numeral 209 de la ley de la materia. En otro aspecto, es pertinente destacar que previamente al análisis de la procedencia del juicio, de conformidad con los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, el juzgado debe examinar el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, señalará con precisión en el auto relativo en qué consisten, a efecto de que la parte quejosa esté en posibilidad de corregirlas o subsanarlas, según sea el caso. En ese sentido, con fundamento en el último de los preceptos invocados, prevéngase al quejoso para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, subsane las irregularidades en que incurrió; esto es: 1. Precise la denominación correcta de la autoridad que señaló como Juez de Ejecución Penal. Lo anterior es así, pues es un hecho notorio para este órgano de control constitucional que existen los Jueces de Ejecución de Sanciones Penales de esta ciudad, así como Jueces de Distrito Especializados en Ejecución de Penas, con residencia en esta ciudad, por lo que en la forma que fue señalada dicha autoridad resulta genérica, siendo que no se aprecia concretamente a qué juez en específico le atribuye los actos reclamados. De ahí que esa circunstancia imposibilita su eficaz emplazamiento, dado que no se proporcionó algún dato que permita identificar a qué jueces desea llamar a juicio; irregularidad que es necesario que subsane, ya que de la interpretación sistemática del precepto 108, fracción III, en relación con el 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este juzgado practicar el emplazamiento y las notificaciones a las autoridades responsables por medio de oficio que se entregue en el domicilio de su oficina principal, con lo cual se pretende garantizar un eficaz acceso a la administración de justicia. 2. Señale mediante escrito y bajo protesta de decir verdad como parte de los hechos y abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados o fundamento de los conceptos de violación, las razones por las que atribuye el carácter de autoridades responsables a las señaladas con residencia fuera de esta ciudad. Lo anterior es así, pues de los antecedentes del acto reclamado no se advierte de forma específica el motivo por el cual a las autoridades estatales y federales les atribuye el carácter de responsables, aunado a que menciona a diversas pero específicas autoridades penitenciarias, que desde luego no constituyen la totalidad de las existentes en el país, de manera que deberá justificar mediante narrativa y bajo protesta de decir verdad los motivos del señalamiento de las autoridades cuestionadas, dado que en la demanda únicamente afirma que fue informado que sería trasladado a otro centro de reclusión federal, sin que de ello se advierta la vinculación que existe con las autoridades que señala como responsables. No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional que si bien la demanda de amparo debe ser analizada como un todo, lo cierto es que en este momento resulta legalmente imposible admitir a trámite la demanda planteada, medularmente por la forma en que se encuentra redactada. 3. Aunado a lo anterior, las razones por las cuales considera que las restantes autoridades responsables emitieron una orden como la reclamada, pues en la demanda sólo se hace referencia a que le fue informado que "iba a ser trasladado", pero no se advierte dato alguno de su existencia o inminente dictado; circunstancia que impide integrar correctamente la litis constitucional. Por tanto, si en el caso no es posible determinar los motivos por los que atribuyen a dichas responsables tal carácter, resulta imprescindible prevenirlo en los términos apuntados para establecer la litis en el presente juicio, en tanto debe existir congruencia entre las circunstancias que describan y las actuaciones de las que se duelen. Sin que se soslaye que a pesar de tratarse de un asunto en materia penal, la suplencia prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la materia, no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que el quejoso señaló, como lo es la indicación de los actos reclamados y autoridades responsables. Sirve de apoyo, la jurisprudencia publicada en la página 593 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO". De ahí la importancia que el peticionario del amparo subsane dicha irregularidad, ya que al requerir a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, es necesario que se pronuncien respecto del acto o actos que se les reclaman, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener su constitucionalidad o la improcedencia del juicio, en términos del artículo 117 de la ley reglamentaria, de manera que como se dijo, es necesario que justifiquen mediante narrativa y bajo protesta de decir verdad los motivos del señalamiento de las autoridades cuestionadas. Apercibido que de no hacerlo así, se procederá de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Con fundamento en el dispositivo 26, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, notifíquese personalmente al quejoso este proveído y las subsecuentes determinaciones, en el interior del centro de reclusión en que se encuentra, ya que no se autorizó a persona alguna para tal efecto.

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