Cesar Santos Ramos Arratia y Otros.
Expediente 1458/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1458/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Cesar Santos Ramos Arratia y Otros.
Actuaciones
- Principal
Monterrey, Nuevo León, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días para interponer recurso de queja contra el proveído de diecisiete de octubre de dos mil dos mil veintidós, que tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por Cé********************. Causa estado. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado el citado proveído de diecisiete de octubre de dos mil dos mil veintidós. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente por tratarse de un asunto concluido. Clasificación. Conforme con los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina la clasificación como sigue: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. [.] Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: I. Expedientes Auxiliares: a) Cuadernos de antecedentes; b) Expedientes varios; c) Comunicaciones oficiales (exhortos, despachos, requisitorias); y d) Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones. II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; y b) Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que no se haya establecido jurisprudencia; En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes auxiliares que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General. Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General." Principal: destruible. Relevancia. Relevancia. El presente asunto carece de relevancia documental, acorde a lo estipulado en el artículo 15 del Acuerdo General citado con anterioridad, que a la letra dice: "Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional." Digitalización. Se ordena digitalizar las constancias del presente asunto, a efecto de contar con una copia electrónica para conservar y difundir su contenido, conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo y 25 y 26 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal citado. Transparencia. Al hacerse pública la resolución del presente asunto, deberá suprimirse la información clasificada como reservada o confidencial, acorde a lo dispuesto en los artículos 68, 97, 98, 110, 113, 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Documentos originales [ofrecidos como pruebas]. No obran. Notifíquese. Así lo acuerda Ramón Lozano Bernal, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, ante la Secretaria Mayra Elizabeth Chirinos Sepúlveda, que da fe del acto procesal; firman conjuntamente.
- Principal
Vista la razón actuarial de diecinueve de octubre del dos mil veintidós, en la que el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado señala que no le fue posible notificar a la parte quejosa la determinación de diecisiete de octubre del referido año, por las razones que expone. se ordena que la notificación de la determinación de diecisiete de octubre del dos mil veintidós, se practique por medio de la lista que se publica en los estrados de este juzgado, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto la promovente designe nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación de diecisiete de octubre de dos mil veintidós. "Vista la demanda promovida por César Santos Ramos Arratia, contra actos del Ayuntamiento del Municipio de Monterrey y otras autoridades; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 1458/2022. Deséchese de plano la demanda de amparo"
- Principal
Estado de autos. Se aprecia de autos que el Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional en Nuevo León, informó que se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. requiérase de nueva cuenta a las autoridades responsables en comento, para que dentro del improrrogable plazo de tres días hábiles, contado a partir de que sean notificadas del presente proveído, informen si la parte quejosa acudió a que se le brindara la atención médica solicitada, y en su caso, remita las constancias que acrediten tal situación, ello a fin de por continuar con la ejecutoria de amparo. Requerimiento a la parte quejosa. informe a este juzgado, si acudió a la Unidad de Medicina Familiar, a efecto de que se le brindara la atención médica respectiva esto en cumplimiento a la ejecutoria.
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