César Santos Báez
Expediente 795/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 795/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- César Santos Báez
Actuaciones
- Principal
...Del estado que guardan los autos, así como de la certificación secretarial que antecede, hecha por el Secretario de este Juzgado, se advierte que al haber transcurrido el término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, el promovente no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta de agosto del año en curso, por medio del cual se desechó la demanda de garantías a que este juicio se refiere; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto referencia. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este juicio como concluido...
- Incidental
.... notifíquese personalmente a la parte quejosa...
- Principal
... EN VIRTUD DE QUE LAS PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO DEJADO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por César Santos Báez, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 795/2019-V-B. DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en atención a lo dispuesto por tal precepto, se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Ahora, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto es: a) El Acuerdo de nueve de agosto de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio ordinario civil 1628/2013 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia con sede en esta ciudad, en el que desechó el recurso de apelación que interpuso contra la interlocutoria de doce de julio del año en curso. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional considera que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII , de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la ley que sirvió de fundamento para emitir el acto reclamado contemple algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o confirmar la resolución que se controvierte, por lo que, de no agotarse tal medio de impugnación se incumple el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En el caso, de lo manifestado por el impetrante del amparo se advierte que en autos del juicio ordinario civil 1628/2013/II del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, formado con motivo de la demanda de nulidad de contrato de compraventa intentada por el aquí quejoso contra Clemente Manuel Gándara Blázquez, por resolución de doce de junio de dos mil diecinueve, el juzgador, subsanando el error de su contraparte, analizó en revocación un acuerdo diverso al verdaderamente recurrido. Inconforme con ello, el aquí quejoso interpuso recurso de apelación. Luego, por auto de nueve de agosto pasado (acto reclamado), el juez responsable desechó tal medio de impugnación al considerarlo notoriamente improcedente. De ahí que este órgano jurisdiccional considera que dicho acto reclamado es susceptible de impugnación mediante el recurso de revocación previsto por los artículos 506 y 507 del Código de Procedimientos Civiles y, por lo tanto, el presente juicio deviene improcedente, pues a través de tal medio ordinario de defensa, el acto reclamado puede modificarse, nulificarse o revocarse. De tal manera, que el proveído de nueve de agosto de la presente anualidad, emitido en autos del juicio ordinario civil 1628/2013/II del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, en el que fue desechado el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso, se estima que se ubica dentro de la hipótesis prevista en los artículos 506 y 507 del Código de Procedimientos Civiles, y por ende, previo al juicio de garantías, debió ser combatido a través del recurso de revocación previsto en tales artículos, a fin de observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Es aplicable al caso, por su sentido y consideraciones, la Tesis 2o.16 C (10ª), Materia Civil, Décima Época, Tomo III, visible en la página 2763, registro 2016832, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con el rubro: RECURSO DE REVOCACIÓN. PROCEDE CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE ADMITE EL DIVERSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1ª./J. 44/2012 (10ª), Materia Común, Décima Época, Tomo 1, visible en la página 729, registro 2001155, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. Por otra parte, la suscrita Juzgadora considera que respecto del acto que se reclama se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en los artículos 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal, 61 , fracción XXIII, 62 , y 107 , fracción V, interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento por regla general, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. La distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento. Por lo tanto, no puede ser considerado como acto de imposible reparación aquél que tiene como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de actos son formales y desaparecen si el afectado obtiene sentencia favorable. Es inconcuso que, en el caso nos encontramos ante un acto de naturaleza intraprocesal, que no implica una ejecución de imposible reparación, que afecte de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa consagrados en la Constitución Federal o en algún tratado internacional del que México sea parte, puesto que se trata de una transgresión a las leyes del procedimiento, que tiene efectos meramente procesales. Ello es así, dado que la violación que llegare a cometerse, puede quedar subsanada con posterioridad, si en el caso, la resolución que se dicte en el expediente civil resultara favorable a sus intereses. Ahora, si el quejoso combate el acuerdo dictado por el juez responsable el nueve de agosto de dos mil diecinueve, en autos del juicio ordinario civil 1628/2013/II, en el que desechó el recurso de apelación interpuesto contra la interlocutoria de doce de junio último, cuya litis principal tiene su origen en el ofrecimiento de la pericial caligráfica y grafoscópica ofertada como superviniente, de ahí, que con independencia de lo resuelto tanto en la revocación como al desechar la apelación hecha valer, es evidente que se trata de un tópico meramente intraprocesal que no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo de César Santos Báez. Luego, el acto reclamado, esto es, el desechamiento del recurso de apelación en modo alguno implica que el fallo que se dicte en definitiva en el juicio civil, deba ser contrario a sus intereses. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.) , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Se cita por sus consideraciones, la tesis aislada 2a. XLVIII/2015 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO." En consecuencia, se concluye que del análisis del acto reclamado antes especificado, se actualizan las causas de improcedencia previstas en la fracción XVIII y XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu; por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio de la parte promovente, para oír y recibir notificaciones, el precisado en el proemio de su demanda y por autorizados con las restricciones que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Karla Marleni Rodríguez Mendoza, Rodolfo Meregildo Ruiz y Lesli María Luisa Pérez Hernández, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que no tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionistas del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se corrobora con las constancias de los registros correspondientes que se anexan para tal efecto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales de las mismas. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Alberto Arbea Pérez, que autoriza y da fe. ...
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