Cesar Santana Padilla

Expediente 419/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
419/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Cesar Santana Padilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. ...Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el escrito firmado electrónicamente por la autorizada de la quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación a la vista de treinta de octubre de dos mil veintitrés. Atento a su contenido, se tienen por hechas las manifestaciones que hace valer la parte quejosa, las cuales serán tomadas en consideración al momento de pronunciarse sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por otro lado, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexos que remite la Jueza Segunda Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Yautepec, Morelos, a través del cual devuelve sin diligenciar la comunicación oficial enviada (despacho) con número de orden 122/2023, origen 44/2023, del índice de este juzgado, mismo que fue enviado a fin de notificar a la tercera interesada *****, el proveído de tres de abril del año en curso, lo anterior, por los motivos que expone. Sin que sea necesario proveer al respecto, toda vez que dicha tercera interesada ya fue notificada del citado proveído el veinticinco de abril del año en curso, lo que se corrobora con la constancia de notificación que obra en autos; en consecuencia, se ordena dar de baja la citada comunicación oficial, háganse las anotaciones en el libro electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Se notifica a la parte tercero interesada el acuerdo de treinta de octubre de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: ...Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el oficio firmado por la Jueza Primera Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, al efecto, remite copia certificada de la resolución interlocutoria de trece de octubre de dos mil veintitrés, de la cual se desprende que: Dejó insubsistente la interlocutoria de veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Declaró procedente el recurso de revocación interpuesto por la parte actora -aquí quejoso-, en contra del auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, determinando modificar el sentido de la resolución en comento. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio de cuenta, documental anexa y las constancias relativas al acatamiento de la ejecutoria de amparo, para que dentro del término de tres días, expresen lo que a su interés corresponda. En la inteligencia que, de no realizar manifestación alguna, este Juzgado de Distrito con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, en el momento procesal oportuno acordará lo que legalmente proceda. Notifíquese; y personalmente a las partes quejosa y tercera interesada.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de octubre de dos mil veintitrés. ...Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que en su único punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada por este Juzgado Federal, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. I. Requerimiento. Con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada de este auto, cumpla con la sentencia de amparo, la cual se concedió para los siguientes efectos. ".1. Deje insubsistente la resolución reclamada de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, que resolvió improcedente el recurso de revocación interpuesto por ******************** -aquí quejoso-, contra el auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés. 2. Emita una diversa, en la que conforme a lo establecido en la presente sentencia, prescinda de considerar improcedente dicho medio de defensa por virtud de que en contra del auto impugnado procede la reclamación. 3. Hecho lo cual, declare procedente el recurso de revocación interpuesto, y con libertad de atribuciones se pronuncie de manera frontal respecto de la totalidad de los agravios expuestos por el recurrente; y, determine lo que considere procedente." Debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Asimismo, se precisa que el plazo concedido a la autoridad responsable, se fija en términos del último párrafo del citado precepto legal. Se apercibe a la responsable que, en caso de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendentes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida y se le dará trámite al incidente de inejecución de sentencia. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro electrónico, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. Se acuerda escrito presentado por la parte quejosa. En otro aspecto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado electrónicamente por el autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual solicita se requiera a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento, por lo plasmado en líneas que anteceden. Notifíquese.

  4. Principal

    En términos el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se notifica vía electrónica a la parte quejosa la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en la que se determina: S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 419/2023. R E S U L T A N D O ...C O N S I D E R A N D O Competencia. ...Fijación del acto reclamado...lll. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, pues así se aceptó la Encargada de Despacho por ministerio de ley del citado juzgado, al rendir el informe justificado. Además, remitió copias certificadas del juicio de controversia familiar sobre guarda, custodia y alimentos ***** y su acumulado ******, así como de los cuadernillos que lo integran, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; aseveraciones y documentales que se estiman suficientes para acreditar la existencia del acto reclamado. Oportunidad de la demanda de amparo. La demanda se presentó oportunamente, pues el quejoso fue notificado de la resolución interlocutoria del recurso de revocación reclamada, el seis de marzo de dos mil veintitrés (foja 253 del anexo II); así, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del siete al veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, descontando el once, doce, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno (inhábil pero laborable), veinticinco y veintiséis del mes y año citados, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; por tanto, si la demanda de amparo se presentó el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, decimosegundo día del plazo, es concluyente su oportunidad. Procedencia del juicio de amparo. Las causas de improcedencia del juicio de amparo son una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes; en el caso, éstas no hicieron valer alguna de ellas y no se advierte de oficio su actualización, por tanto, se procede al estudio del fondo del asunto. VI. Antecedentes del acto reclamado. Previo al estudio del asunto, es pertinente hacer una relación de las actuaciones que integran el juicio de controversia familiar sobre guarda, custodia y alimentos ****** y su acumulado ******, promovido por ********, por propio derecho y en representación de la menor M.Z.S.F. -aquí quejosos-, en contra de ********-aquí tercera interesada-, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, en la forma siguiente: Mediante escrito presentado el diez de agosto de dos mil veinte, *********, por propio derecho y en representación de la menor M.Z.S.F. -aquí quejosos-, promovió juicio de controversia familiar en contra de ******** -aquí tercera interesada-, a quien reclamó la guarda y custodia de la menor aquí quejosa, así como el pago de una pensión alimenticia bastante y suficiente. Lo anterior, toda vez que el actor refirió que la progenitora demandada realizaba actos de violencia física y psicológica en contra de la menor quejosa, los cuales precisó en la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, que mediante auto de diez de septiembre de dos mil veinte, previo cumplimiento del requerimiento formulado al actor para que aclarara la demanda, la admitió a trámite con el número de expediente *****; asimismo, por cuanto a las medidas provisionales solicitadas, requirió al actor para que acreditara la urgencia y necesidad de éstas, y a ambas partes para que propusieran convenio respecto a las convivencias. Mediante escrito presentado el tres de marzo de dos mil veintiuno, la demandada Blanca Estela Flores Hernández dio contestación a la demanda, en la que entre otras cuestiones, solicitó la acumulación de juicios, pues hizo del conocimiento del juzgado que había presentado demanda en la vía de controversia familiar sobre alimentos, guarda, custodia y depósito de la menor M.Z.S.F., en contra de *********, radicada en ese mismo juzgado con el número de expediente ********, por lo que existía identidad de partes y acciones ejercitadas. Por auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno, la autoridad responsable tuvo por contestada la demanda, con la cual dio vista a la parte actora, así como también ordenó la inspección judicial de autos del expediente ********, del índice de ese Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, a efecto de resolver lo conducente respecto a la acumulación solicitada. Con la precisión de que en el juicio de controversia familiar sobre alimentos, guarda, custodia y depósito de menor ********, mediante auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, por cuanto a las medidas provisionales se decretaron las siguientes: La guarda y custodia provisional de la menor a favor de la progenitora ********* y como domicilio de depósito el ubicado en ******. Una pensión alimenticia provisional a favor de la menor y a cargo del progenitor, por la cantidad que resultara de treinta salarios mínimos, equivalente a $3,696.60 (tres mil seiscientos noventa y seis pesos 60/100 moneda nacional) mensuales, que debían ser depositados a favor de la progenitora actora mediante billete de depósito correspondiente. Se requirió a ambos progenitores para que presentaran propuesta de convenio de convivencias. Se apercibió al progenitor *********, para que se abstuviera de molestar de obra o de palabra a la actora y a la menor, bajo apercibimiento de multa. Ahora bien, en el expediente ********, mediante auto de diez de marzo de dos mil veintiuno, se determinó procedente acumular el expediente ******, a efecto de evitar sentencias contradictorias, toda vez que entre ambos expedientes existía identidad de personas y causas. El doce de octubre de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la presentación de la menor M.Z.S.F. -aquí quejosa-, en la que en esencia manifestó su deseo de vivir con su progenitor y convivir con su madre. Mediante resolución interlocutoria de quince de diciembre de dos mil veintiuno, la entonces Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, resolvió sobre las medidas provisionales solicitadas por el actor -aquí quejoso-, en la que se determinó que habían cambiado las circunstancias que imperaban al momento de decretarlas en el expediente 321/2020, mediante auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, por lo que se levantaban dichas medidas, quedando sin efecto legal alguno, por tanto, decretó las siguientes: La guarda y custodia provisional de la menor M.Z.S.F. a favor de su progenitor César Santana Padilla, y como depósito judicial el domicilio en el que habita dicho progenitor, ubicado en calle 15 de septiembre sin número, poblado del Coco, Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, por lo que se requirió a la progenitora para que compareciera al juzgado en la fecha y hora señaladas a fin de realizar la entrega de la menor a su padre, debiendo traer una maleta con las pertenencias de la infante así como la mochila con sus útiles escolares, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento, se le impondría una multa. Se requirió a la progenitora para que proporcionara los datos de la escuela en donde estudiaba la menor, a fin de que se girara oficio urgente a efecto de que continuara cursando sus estudios escolares de manera virtual, hasta en tanto el progenitor realizara el cambio de escuela; asimismo, se requirió al progenitor para que realizara los trámites correspondientes para dicho cambio de escuela en el municipio de Puente de Ixtla, Morelos, con apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento se le aplicaría una multa. Se fijó una pensión alimenticia a favor de la menor y a cargo de la progenitora a razón del 20% (veinte por ciento) del salario y porcentaje que percibiera en su fuente laboral, ya sea semanal, quincenal o mensual, así como de todas y cada una de las prestaciones que percibiera a excepción de los descuentos de ley, para ser entregada dicha cantidad a la acreedora alimentaria por conducto del progenitor, por lo que se puso a disposición el oficio dirigido a la fuente laboral de la progenitora. Se conminó a las partes para que se abstuvieran de causarse molestias en su persona, papeles, posesiones y demás miembros de su familia, tanto de obra como de palabra, apercibidas que de no hacerlo se harían acreedoras a una de las medidas de apremio que la ley de la materia dispone. Se decretó un régimen de convivencias supervisadas, de manera virtual cada semana, entre la menor y la progenitora, en las cuales debía estar presente virtualmente el trabajador social o psicólogo que designara el Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por lo que se requirió a las partes para que proporcionaran números telefónicos y correos electrónicos para poder enviar las cuentas de acceso para el enlace correspondiente; en la inteligencia que una vez que se fortalecieran los lazos afectivos de la menor con su madre, con apoyo del personal del departamento de referencia, podría modificarse el régimen de convivencias decretado, y se ordenó girar oficio al Departamento de Orientación Familiar de referencia. Se exhortó a las partes para que antepusieran a sus intereses y diferencias personales el bienestar de la menor, debiendo mostrar ante ella un trato amable y cordial, bajo apercibimiento que en caso de que cualquiera de las partes entorpeciera el régimen de convivencia decretado, el juzgado tomaría las medidas necesarias para salvaguardar el intereses superior de la menor. Se ordenó canalizar a las partes a grupos CONVIVEMH de Puente de Ixtla y Yautepec, Morelos, para lo cual se ordenó girar el oficio correspondiente a la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de Morelos, debiendo remitir un informe de los avances obtenidos por ambos progenitores, así como los talleres y sesiones a los que acudieron. Determinación de medidas provisionales respecto de la cual se especificó que se emitía sin perjuicio de que durante el procedimiento, atendiendo a las pruebas que se aportaran, podría modificarse nuevamente. Mediante auto de diez de enero de dos mil veintidós, se tuvo al abogado patrono del progenitor actor, informando que a partir del once de diciembre de dos mil veintiuno, la menor se encontraba en el domicilio paterno ubicado en calle 15 de septiembre sin número, poblado del Coco, Municipio de Puente de Ixtla, Morelos y bajo resguardo de su padre. Mediante auto de seis de abril de dos mil veintidós, atendiendo a que el semáforo epidemiológico por covid-19 se encontraba en color verde, se ordenó girar oficio al Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para que designara especialista en psicología y señalara día y hora que la agenda lo permitiera, para la supervisión de las convivencias presenciales en dicho departamento entre la menor y su progenitora, debiendo señalar dos horas una vez por semana, por un lapso de tres meses, informando el desarrollo de éstas, a fin de que el juzgado estuviera en condiciones de decretar dicho régimen de convivencias de manera externa, o bien seguir en forma supervisada, atendiendo al interés superior de la menor. A través del escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, la abogada patrono de la progenitora ********, solicitó se requiriera a la Directora del Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, para que remitiera informe de convivencias, a fin de que se pudiera decidir cómo se llevaría a cabo el régimen de convivencias entre la demandada y la menor involucrada en el juicio. De igual forma, mediante oficio presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, la Directora del Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, remitió informe de convivencias supervisadas en su modalidad presencial entre la menor M.Z.S.F. y su progenitora, suscrito por la psicóloga *********. A la petición de la abogada patrono de la demandada -aquí tercera interesada- y al informe de convivencias remitido, recayó el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, a través del cual se dio vista a las partes con el referido informe de convivencias, así como al ministerio público adscrito para que dentro de tres días contados a partir de la legal notificación, realizaran manifestaciones, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por perdido su derecho para tal efecto. Asimismo, el seis de octubre de dos mil veintidós, se emitió resolución interlocutoria en el recurso de revocación interpuesto por el progenitor aquí quejoso en contra del auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós -en el que en atención a la solicitud del progenitor de que se señalaran convivencias entre la menor y su progenitora en un lugar más cercano, se le dijo que debía estarse a lo acordado en autos, pues se habían decretado convivencias presenciales supervisadas entre la menor y la progenitora en el Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, tomando en consideración el semáforo epidemiológico derivado de la contingencia sanitaria por covid-19-, declarando procedente dicho recurso, por lo que se modificó el auto recurrido, para ahora requerir a ambas partes para que dentro del plazo de tres días, realizaran propuesta de convivencias que no afectaran las actividades curriculares de la menor, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento, se tendría por perdido su derecho y se proveería conforme a constancias existentes, para estar en condiciones de decretar un régimen de convivencias entre la menor y su progenitora. Mediante escritos presentados el veintiuno y veinticuatro, ambos de octubre de dos mil veintidós, los progenitores de la menor quejosa realizaron propuesta de convivencias. El progenitor solicitó que continuaran siendo supervisadas y posteriormente solicitó que se llevaran a cabo en el domicilio donde se encuentra depositada la menor. La progenitora propuso un convenio en donde la menor fuera entregada en un punto medio -*********, Cuernavaca, Morelos-, y mismo lugar para su entrega con el progenitor al término de la convivencia, para que se pudieran desarrollar de manera abierta. Por auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, el entonces Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, consideró que no existía por parte de los progenitores una propuesta acorde a las necesidades de la menor y atento al informe de convivencias presenciales supervisadas, decretó un régimen de convivencia entre la menor M.Z.S.F. y su progenitora **********, el día sábado y concluyendo el domingo de cada quince días, de las nueve a las diecisiete horas del mismo día, debiendo recoger a la menor en el domicilio en el que se encuentra depositada, requirió a la progenitora para que los días de convivencia no sacara a la infante fuera del Estado sin el consentimiento del padre, apercibida que de no hacerlo esa autoridad acordaría lo conducente, y requirió al progenitor César Santana Padilla, brindara las facilidades para llevar a cabo la convivencia y recogiera a la infante los domingos a las quince (sic) horas en el domicilio de la progenitora demandada, para el efecto de evitar el traslado de la menor en transporte colectivo. Inconforme con dicha determinación, *********** -aquí quejoso-, interpuso recurso de revocación, el cual previa admisión y vista a la parte contraria, el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, se emitió la resolución interlocutoria respectiva, en la que se declaró improcedente dicho medio ordinario de defensa, por lo que se dejó firme el auto recurrido de dieciséis de enero de dos mil veintitrés. La resolución interlocutoria antes señalada constituye el acto reclamado en este juicio. VII. Estudio de los conceptos de violación. Se precisa que en el primer concepto de violación se hacen valer por el quejoso dos argumentos diferentes; no obstante, el primero que se analizará resulta fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado. Así, en un primer argumento expuesto en el primer concepto de violación, señala el quejoso que la juzgadora de origen declaró improcedente el recurso de revocación por considerar por exclusión que existe medio específico de impugnación en contra del auto combatido a través de la revocación, que es la reclamación prevista en el artículo 234 de Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, el cual se interpretó de manera incorrecta, porque el auto recurrido no concedió ninguna medida precautoria, sino que modificó la otorgada en interlocutoria de quince de diciembre de dos mil veintiuno. Refiere el quejoso que por ello, la resolución interlocutoria reclamada vulnera el principio de fundamentación y motivación previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la autoridad responsable no aplicó correctamente el artículo 566 del citado código adjetivo familiar para el Estado de Morelos, ya que al no existir recurso contra el auto que modifica las convivencias, debe combatirse el mismo mediante el recurso de revocación que interpuso el aquí quejoso en el juicio de origen; de ahí que el estudio del medio de impugnación interpuesto no fue exhaustivo, pues no valoró nada respecto a la violencia sufrida por la menor por parte de la progenitora -aquí tercera interesada- y demás argumentos expuestos en el recurso. Es fundado dicho argumento y suficiente para conceder el amparo solicitado, suplido en su deficiencia de conformidad con el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, a favor de la menor quejosa. Los artículos 14 y 16 constitucionales establecen los principios de legalidad y seguridad jurídica, conforme a los cuales toda autoridad debe ajustar su actuación a las leyes que la rigen, y a su vez debe garantizar a toda persona certidumbre jurídica de que su actuar se encuentra limitado, de manera que la posible afectación a la esfera jurídica de la persona, no resulte caprichosa o arbitraria; de ahí que, se imponga a las autoridades la obligación de fundar y motivar los actos que emitan, es decir, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. Asimismo, toda resolución debe cumplir con el principio de congruencia, que consiste en desarrollar su estructura de manera lógica, debiendo existir correspondencia entre el estudio realizado y lo que se resuelve; de igual forma, tal estudio debe ser exhaustivo, lo cual impone a las autoridades la obligación de analizar en su integridad el problema y decidir sobre los puntos que verse éste, a efecto de que sus determinaciones adquieran certeza jurídica. En el caso, de la resolución interlocutoria reclamada se tiene que con indebida fundamentación, la autoridad responsable declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto y además llevó a cabo un estudio fragmentado del fondo de la cuestión planteada, pues en el considerando V, señaló que procedía al análisis de los agravios expuestos por el progenitor recurrente -aquí quejoso-, aduciendo realizar un estudio conjunto, pero sin abordar el estudio frontal de todos y cada uno de los agravios expuestos por el recurrente, con el sustento de que los mismos se calificaban como improcedentes y posteriormente los declaró infundados, sin haber emitido un pronunciamiento respecto de cada uno de los argumentos expuestos en los agravios. Para demostrar dicha conjetura, debe partirse de que conforme al principio de legalidad contenido en el artículo 16 constitucional, ninguna autoridad debe actuar con desapego a aquello para lo que lo facultan determinadas normas jurídicas, es decir, no se debe exceder en cuanto a las atribuciones que las leyes le han conferido, sino que debe sujetar su actuación al estricto acatamiento del marco legal que la rige. Al respecto, a fin de develar el marco jurídico aplicable en el presente caso, debe partirse de dos principios que la autoridad responsable estaba obligada a observar, que permean la interpretación y aplicación de las normas en el sistema jurídico mexicano, los cuales deben ser observados por todas las autoridades en su actuación. El primero se obtiene de los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correlacionados con los diversos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de acuerdo a los cuales los recursos establecidos por la normativa ordinaria deben de ser sencillos y efectivos, de tal suerte que posibiliten una justicia completa y expedita, es por ello que las normas constitucionales y convencionales en comento, reconocen implícitamente el principio pro actione, el cual implica una herramienta hermenéutica de optimización, que permite que ante una diversidad de interpretaciones, [1] siempre deba preferirse aquella que permita el acceso a la jurisdicción del Estado y que vele por la resolución sustancial de los conflictos, antes de aquellas que creen impedimentos técnicos, o erijan barreras para la sustanciación de los procesos. El segundo criterio lo contiene el párrafo tercero, del mencionado artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual, el legislador consagró un principio en el ámbito jurídico supremo, en el sentido de que [2] las autoridades deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Por ende, bajo esos dos principios, se tiene que en toda determinación que adopte un órgano que ejerza funciones jurisdiccionales, debe de privilegiar aquella que permita el acceso a la jurisdicción del Estado y a su vez concrete en mayor medida la solución del conflicto principal. Ahora bien, en el caso específico, los artículos 60 y 560 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, establecen la facultad de los jueces para desechar de plano recursos notoriamente maliciosos, intrascendentes o improcedentes, los cuales no pueden interponerse nuevamente aunque no haya vencido el término establecido por la ley, disposiciones que tratándose del recurso de revocación, deben ser interpretadas sistemáticamente con los artículos 566 y 567 de la normatividad adjetiva en comento, los cuales establecen los requisitos de procedencia para la promoción del mismo, tales como que se impugne un auto emitido por un juzgado, la oportunidad en su promoción y la expresión de los hechos y fundamentos legales procedentes. En el caso, de la resolución interlocutoria reclamada se advierte que si bien la autoridad responsable declaró improcedente el recurso de revocación, por considerar que en contra del auto recurrido a través de dicho medio ordinario de defensa procedía la reclamación prevista en el artículo 234 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, también aludió cuestiones de fondo, en cuanto a que sintetizó los agravios expuestos y refirió en el considerando V, que procedía a realizar el análisis de éstos, los cuales declaró en un primer momento improcedentes y con posterioridad expuso que resultaban infundados. Determinación que se estima incorrecta, pues para determinar la improcedencia del recurso únicamente se pueden analizar cuestiones de procedencia sin expresar un estudio de fondo, pues en tal caso, conlleva a que se emita un pronunciamiento sobre los agravios expuestos, lo que no constituye un estudio de procedencia sino del fondo de la cuestión planteada -del recurso mismo-. Lo cual se razona de esa forma, ya que la referida interpretación es la que resulta acorde con las disposiciones en comento -relativas a cuestiones de procedencia del aludido recurso-, además de ser la interpretación que mejor se adapta a los dos principios de interpretación previamente referidos, consistentes en el [1] principio pro actione y [2] el contenido en el párrafo tercero, del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultando aplicable por analogía la tesis (V Región)2o.12 C (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con registro 2015363, del contenido siguiente: "RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 1334 Y 1335 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. AL DESECHARSE CONFORME AL ARTÍCULO 57 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, NO DEBEN ESTUDIARSE LAS RAZONES DE FONDO. Conforme a los numerales citados, se ordena a los juzgadores resolver de plano recursos cuando son: maliciosos -interpuestos con fines de entorpecimiento procesal- o notoriamente improcedentes -por tratarse de un medio de defensa que en forma evidente incumple con los requisitos de admisibilidad-. Actualizada una de estas hipótesis, procede desecharlo sin analizar los argumentos recursivos, es decir, el fondo del medio de impugnación planteado." Así como el diverso criterio IV.2o.P.36, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, con registro 171619, que establece: "REVOCACIÓN. PARA LA ADMISIÓN O EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE ESTE RECURSO DEBE ATENDERSE SÓLO A ASPECTOS DE PROCEDENCIA Y NO A CUESTIONES DE FONDO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). El artículo 380 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nuevo León faculta al tribunal ante quien se interpone el recurso de revocación para admitirlo o desecharlo de plano, disyuntiva que sólo puede corresponder al análisis de aspectos de procedencia, como la oportunidad procesal o la legitimación e idoneidad del recurso y no a cuestiones de fondo, pues el análisis de los agravios formulados por el recurrente presupone no sólo la procedencia del medio de defensa, sino su admisión y debido trámite; estimar lo contrario, haría nugatorios los principios de equidad procesal, certeza jurídica y debida defensa que orientan el proceso penal." No obstante que como se explicó, incorrectamente se determinó improcedente el recurso de revocación, aduciendo cuestiones relativas al fondo de dicho medio ordinario de defensa, también es cierto que se determinó que en contra del auto recurrido de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, no resultaba procedente el recurso de revocación propuesto, sino la reclamación prevista en el numeral 234 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, que es el que, adujo la autoridad responsable, la ley establece claramente su procedencia cuando se impugnan las medidas provisionales, como las convivencias decretadas en este caso. Sin embargo, esa determinación es desacertada, pues precisamente el progenitor actor -aquí quejoso-, a través de dicho medio ordinario de defensa, se inconformó del auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, que entre otras cuestiones decretó un régimen de convivencias provisionales de manera abierta entre la menor quejosa M.Z.S.F. y su progenitora Blanca Estela Flores Hernández, mismo que se considera procedente por los motivos que se exponen a continuación. El artículo 238 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, señala que las medidas precautorias pueden dictarse, entre otros supuestos, para la determinación y aseguramiento de alimentos provisionales, así como respecto de la separación, depósito de cónyuges y de menores, ya previstos como actos prejudiciales o al admitirse la demanda de divorcio, nulidad de matrimonio o pérdida de la patria potestad, y cuando se tema el perjuicio de derechos materiales o procesales regulados por dicho Código. Asimismo, los artículos 230, 231, 233 y 234 del citado código adjetivo familiar, relativos al Título Cuarto "DE LAS PROVIDENCIAS CAUTELARES", señalan que éstas se decretarán a petición de parte legítima, cuando exista un peligro de daño por el retardo en la ejecución de la sentencia definitiva, y tendrán por objeto asegurar sus efectos; de igual forma que, para la apreciación de la existencia del peligro y todas las circunstancias que motiven la providencia cautelar, el Juez la hará sin substanciación alguna, ni audiencia del deudor y solo con vista de las alegaciones y de la justificación documental que presente el solicitante, decretando la medida con la urgencia necesaria para su eficacia y, que el auto que la conceda servirá de mandamiento en forma para que se lleve a efecto conforme a las reglas de la ejecución forzosa. De igual forma se señala en tales preceptos legales que, las providencias cautelares podrán decretarse, según las circunstancias, como actos anteriores a la demanda, durante el juicio y aún después de dictada la sentencia definitiva; y que, si el proveído cautelar se pidiese como acto prejudicial -anterior a la demanda-, la demanda deberá presentarse dentro del plazo que fije el Juez, que no excederá de diez días y, perderá su eficacia y se levantará, si no se presenta la demanda dentro de ese plazo; asimismo que, cuando se solicite después de iniciado el procedimiento, se substanciará en incidente ante el mismo juez que conozca del negocio. Por su parte, el artículo 234 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, ya citado, señala que el deudor podrá reclamar la providencia en cualquier tiempo hasta antes de la sentencia que se dicte en el juicio correspondiente, en cuyo caso se le notificará, de no haberse ejecutado con su persona o con su representante legítimo; reclamación que deberá fundarse en que la medida cautelar fue innecesaria o no se practicó de acuerdo con la Ley, lo cual se realizará sin suspensión del procedimiento, excepto para el caso de tratarse de alimentos. Por otro lado, el artículo 212 del código adjetivo familiar señalado, prevé que el juez determinará la situación de los hijos menores durante la separación de los padres, atendiendo a las circunstancias del caso, tomando en cuenta las obligaciones señaladas en el propio Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos y las propuestas, si las hubiere, de los cónyuges o concubinos, que podrán de común acuerdo designar la persona que tendrá a su cargo la custodia de los hijos menores; y que, en ausencia de convenio, si el juez no encuentra obstáculo que ponga en riesgo la integridad física o moral de los menores, dejará a la madre el cuidado de los hijos que no hayan cumplido siete años. No obstante ello, en todos los casos en que haya menores de edad, el Juez determinará el régimen de visitas, tomando en consideración preferentemente al Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado y a los Centros de Convivencia del Sistema para el Desarrollo de la Familia, si ello favorece a dicho régimen de visitas. Sin embargo, en el caso, de las constancias del juicio de controversia familiar que allegó en copia certificada la autoridad responsable, se advierte que las convivencias no fueron solicitadas como un acto prejudicial, sino con motivo de la demanda presentada por el actor *********, por propio derecho y en representación de la menor M.Z.S.F. -aquí quejosos-, en contra de **********-aquí tercera interesada-, en el juicio de controversia familiar sobre guarda, custodia y alimentos, que se admitió por la autoridad responsable con el número de expediente ******* al cual con posterioridad se acumuló el diverso juicio *******, y en el auto admisorio de la demanda se ordenó requerir a los progenitores de la menor involucrada, para que realizaran propuesta de convivencias provisionales. Asimismo, del juicio de origen se desprende que mediante auto de quince de diciembre de dos mil veintiuno, se decretaron medidas provisionales en el juicio de origen, entre ellas, un régimen de convivencias de manera virtual, supervisadas por el trabajador social o psicólogo designado por el Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, entre la menor quejosa y su progenitora, por virtud de que se decretó la guarda y custodia provisional de la menor a favor del padre de ésta. De igual forma, tal régimen de convivencias fue modificado mediante auto de seis de abril de dos mil veintidós, en el que por virtud de que el semáforo epidemiológico de la pandemia por covid-19 se encontraba en color verde, se decretaron convivencias provisionales supervisadas de manera presencial entre la menor y su progenitora, ante el Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por dos horas, una vez por semana, por un lapso de tres meses, para que una vez concluido ese periodo, se estuviera en condiciones de decretar un régimen externo, o bien continuar con el régimen presencial supervisado. Asimismo, como se destacó en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, previo a emitir el acuerdo de dieciséis de enero de dos mil veintitrés -impugnado a través del recurso de revocación cuya resolución interlocutoria se reclama en este juicio-, la autoridad responsable otorgó vista por tres días a los progenitores a efecto de que realizaran propuesta de convivencias que no afectara las actividades curriculares de la menor aquí quejosa, con el apercibimiento a las partes que de no cumplir con lo requerido, se tendría por perdido su derecho y se proveería conforme a las constancias existentes. El progenitor de la menor, al dar contestación a la vista señaló que las convivencias continuaran de manera supervisada y posteriormente solicitó que se llevaran a cabo en el domicilio de depósito de la menor -que corresponde al domicilio del progenitor custodio-. La progenitora por su parte, propuso convenio en el que la menor fuera entregada en un punto medio para que se pudieran desarrollar las convivencias de manera abierta -********, Cuernavaca, Morelos-. De lo anterior se obtiene que, las convivencias no fueron decretadas como un proveído cautelar, sino en diversos autos posteriores a la admisión de la demanda; y, si bien como lo señala la autoridad responsable en la resolución interlocutoria reclamada, contra el proveído cautelar, el artículo 234 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos ya citado, señala que el deudor podrá presentar reclamación en cualquier tiempo; lo cierto es que, en el caso particular, la medida provisional deriva de un auto, en contra del cual procede el recurso de revocación en términos de los artículos 120 y 566 del citado código adjetivo familiar para el Estado de Morelos, que guardan congruencia entre sí, al precisar que los autos y proveídos podrán ser revocados por el juez que los dicta, salvo cuando la ley disponga que procede otro recurso o que no son recurribles. Es así, porque el estudio de los medios de impugnación contenidos en las normas adjetivas debe realizarse de forma sistemática, considerando cada medio de impugnación como un elemento de un sistema jurídico, el cual opera en conjunto, de tal suerte que la aplicación que se le da a cada uno en particular, debe permitir que los diversos recursos e incidentes del sistema, sean acordes y efectivos; es decir, que cumplan con su funcionalidad, y a la vez, no resten efectividad a las demás formas de impugnación. Para asegurar dicha coherencia, cada medio de impugnación contiene una finalidad implícita dentro del sistema, que lo distingue de los diversos, por lo que cada recurso permite controvertir resoluciones determinadas; ese diseño permite asegurar su no contradicción con los distintos recursos existentes, y en ese sentido, evita una dualidad de impugnación sobre un mismo tópico. Bajo ese enfoque es que los medios de impugnación que dentro de las legislaciones procesales tienen como finalidad el analizar los acuerdos de trámite, tales como las revocaciones, quejas o reclamaciones, tienen únicamente como objeto el revisar la legalidad del acuerdo dictado, sin que se pueda analizar en el mismo la validez de actuaciones judiciales distintas, pues no es ésa la materia que compone la litis en dicho medio de impugnación; y si, como en el caso, atendiendo a las constancias del juicio de origen, se obtiene que las convivencias provisionales en forma abierta fueron dictadas dentro de un auto, incluso posterior a la admisión de la demanda, previa vista concedida a las partes para que realizaran propuesta de convenio, es que en contra de tal determinación -auto-, procedía el recurso de revocación, como así lo hizo valer el progenitor actor -aquí quejoso-, en el juicio de origen. Lo anterior, porque como se dijo, no se trató de un proveído cautelar -ni como acto prejudicial ni como medida urgente, sin vista a la contraparte-, en contra del cual el deudor pudiera hacer reclamación, sino que fue dictado en un auto contra el cual se inconformó la parte que en un inicio solicitó dicha medida; de ahí que, como se dijo, en contra de dicho auto, procede el recurso de revocación interpuesto, por tanto, es fundado el argumento que se analiza. Ahora bien, resulta también fundada la parte del concepto de violación que se analiza, toda vez que la resolución interlocutoria reclamada incumple con el principio de congruencia y exhaustividad que debe revestir toda resolución, pues asiste razón a la parte quejosa en lo relativo a que el estudio del medio de impugnación interpuesto no fue exhaustivo; ello, ya que si bien la autoridad responsable en el considerando V, precisó que procedía al análisis de los agravios expuestos, lo cierto es que el estudio que realizó no fue completo ni abordó de manera frontal los argumentos expuestos por el recurrente -aquí quejoso-. Lo anterior, porque de lo señalado en el citado considerando V, se desprende que únicamente se reseñaron las diversas resoluciones y autos en los que se decretaron convivencias provisionales entre la menor y su progenitora, para concluir que conforme al dictamen en materia de psicología realizado a la menor, presentado por la Directora del Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y realizado por la psicóloga adscrita a dicho departamento, se sugería que la menor podía tener convivencias con su madre, por lo que se sustentó en dicho dictamen la determinación tomada en el auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, concluyendo que la medida provisional de convivencias había sido decretada en resolución interlocutoria de quince de diciembre de dos mil veintiuno, la cual a la fecha se encontraba firme. Sin embargo, tales argumentos no contestan de manera frontal cada uno de los agravios expuestos en el recurso, en donde el recurrente -aquí quejoso-, se inconformó, entre otros aspectos, en lo siguiente: Que le agravia que se hubiere decretado un régimen de convivencias abierto entre la menor y la progenitora, porque no se consideró la violencia física y emocional que sufrió la menor cuando vivió con la progenitora ni las pruebas con las que refiere se acredita ésta. Que a su consideración, no se atendió a la situación de riesgo en el que aduce se coloca a la menor al establecer convivencias de modo abierto con la progenitora, pues no existe constancia o prueba que acredite que ésta hubiere recibido tratamiento o talleres para que se le brindaran las herramientas necesarias para desarrollar adecuadamente su rol parental. Que el auto impugnado no se encuentra debidamente fundado y motivado, así como que no se estableció fundamento para imponer al progenitor la carga de cumplir con las obligaciones a que está obligada la progenitora -en lo relativo a la entrega de la menor en el domicilio de depósito, posterior a las convivencias-. Los argumentos anteriores, incluso fueron sintetizados por la autoridad responsable en la resolución reclamada como parte de los agravios expuestos por el recurrente; sin embargo, como se dijo, no fueron contestados en forma frontal, pues se estableció un argumento genérico para sostener que los agravios resultaban improcedentes y posteriormente infundados, sin establecer razonamientos lógico-jurídicos congruentes, en atención a lo expresamente señalado por el aquí quejoso en los agravios expuestos en el recurso. En consecuencia, como se dijo, la resolución reclamada incumple con los principios de exhaustividad y congruencia, pues es necesario que se realice un estudio completo e integral de los argumentos planteados en el recurso para cumplir con tales principios, lo que no sucedió en el caso. Ahora bien, dado el sentido de la presente sentencia, resulta innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación, pues en estos el quejoso se duele esencialmente de la falta de valoración de los argumentos que expuso en el recurso, tales como que no se consideró la violencia sufrida por la menor durante el tiempo que vivió con la progenitora y las pruebas con las que refirió se acreditaba ésta, que no se atendió a la situación de riesgo y vulnerabilidad en que a su consideración se colocó a la menor quejosa con las convivencias abiertas decretadas, que de autos no de desprenden pruebas de que la progenitora hubiere recibido tratamiento psicológico o talleres que le brindaran herramientas para desarrollar su rol parental, así como la falta de fundamentación y motivación de imponerle la obligación de recoger a la menor en el domicilio de la progenitora al terminar las convivencias. Lo anterior, porque esas cuestiones, como se dijo, forman parte de los argumentos expuestos en los agravios del recurso interpuesto, respecto de los cuales la autoridad responsable omitió abordar su estudio, y que serán materia de contestación en cumplimiento a este fallo, el cual deberá ser con libertad de jurisdicción. Por otro lado, respecto a las manifestaciones realizadas por el quejoso y la tercera interesada en vía de alegatos, tales planteamientos no forman parte de la litis, por lo que es innecesario su análisis. Así, al resultar en fundado y suficiente uno de los argumentos expuestos en el primer concepto de violación, aunque para ello se tuvo que suplir en su deficiencia a favor de la menor quejosa, procede conceder el amparo para los efectos precisados en el siguiente considerando. VIII. Efectos de la concesión de amparo. Se concede el amparo para el efecto de que la autoridad responsable Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución reclamada de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, que resolvió improcedente el recurso de revocación interpuesto por César Santana Padilla -aquí quejoso-, contra el auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Emita una diversa, en la que conforme a lo establecido en la presente sentencia, prescinda de considerar improcedente dicho medio de defensa por virtud de que en contra del auto impugnado procede la reclamación. Hecho lo cual, declare procedente el recurso de revocación interpuesto, y con libertad de atribuciones se pronuncie de manera frontal respecto de la totalidad de los agravios expuestos por el recurrente; y, determine lo que considere procedente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se CONCEDE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a ******, por propio derecho y en representación de la menor M.Z.S.F., contra el acto reclamado a la autoridad responsable señalada, por las razones analizadas en el penúltimo considerando y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Erika de la Cruz Uribe, quien autoriza y da fe, el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

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