Cesar Sampieri Amonte

Expediente 909/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
909/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
03/11/2020

Partes del expediente

  • Cesar Sampieri Amonte

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a tres de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo para recurrir el proveído de catorce de octubre de dos mil veinte, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), y 98, párrafo primero de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO POR EL QUE SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con lo previsto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diez de diciembre de dos mil doce y en el artículo 21, inciso b),del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción en razón de que se trata de un expediente en el que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido. Sin que haya lugar a conservar en su integridad el presente expediente, en virtud de que éste Juzgado Federal considera que no tiene ninguna relevancia documental, ni se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del citado acuerdo. Remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que haya transcurrido el término de tres años, a que se refiere el artículo 18 del acuerdo aludido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el escrito signado por el promovente, mediante el cual desahoga la prevención de veintinueve de septiembre del año en curso; con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, tomando conocimiento de su contenido. En atención a su contenido, se tiene por desahogada la prevención en los términos que el promovente precisa y para los efectos legales conducentes. Ahora bien, del examen integral del escrito inicial de demanda y su escrito aclaratorio que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso, la parte promovente del amparo, señaló como acto reclamado el siguiente: La omisión de dar cumplimiento con al Acuerdo de fecha 29 de abril del 2020 dictado dentro del Recurso de Revisión RR/081/18 En ese tenor, se advierte que respecto del acto que reclama el promovente cobra actualización la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Constitución Federal, por las siguientes consideraciones. Los artículos citados señalan: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, adema´s, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algu´n medio de defensa legal. Sera´ necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé´ la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en si´ mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" De las normas constitucionales y legales citadas, se advierte que el proceso de amparo es un medio de control constitucional extraordinario que se ejerce sobre los actos o leyes emanados del Poder Público, de tal suerte previo a la promoción de la acción constitucional por parte del gobernado, éste debe acudir a los medios o vías que en la jurisdicción ordinaria tenga a su alcance para controvertir los actos de las autoridades del orden común. Ahora bien, debe decirse que la parte quejosa en su demanda de amparo, precisó que las autoridades señaladas como responsables, ha sido omisas en dar cumplimiento a la resolución de veintinueve de abril de dos mil veinte, dictada en el Recurso de Revisión RR/081/18, por la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la cual deviene de la sentencia de catorce de febrero de dos mil diecinueve, dictada por la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, dentro del Juicio de Nulidad TJ/III-119109/2018, pues de la misma, fue emitida a fin de dar cumplimiento a la sentencia de nulidad citada, ya que de su contenido se advierte tal circunstancia. Lo anterior, hace patente que, de lo que realmente se duele el quejoso, es del indebido cumplimiento que se dio a la sentencia de nulidad, lo que se traduce en un posible defecto en el cumplimiento de dicho fallo. De lo anterior se puede inferir que el promovente del amparo no agotó el principio de definitividad previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Constitución Federal, puesto que ante lo que considera indebido cumplimiento a la sentencia de catorce de febrero de dos mil diecinueve, dictada por la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, debió ser impugnado a través del recurso de queja por defecto en el cumplimiento, previsto en el artículo 106 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que establece: "Artículo 106. En caso de incumplimiento de sentencia firme, el actor podrá, por una sola vez, acudir en queja, ante la Sala, la que dará vista a la autoridad responsable para que manifieste lo que a su derecho convenga. Se interpondrá por escrito dirigido al Magistrado Instructor que corresponda; en dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia, repetición de la resolución anulada, o bien, se expresará la omisión en el cumplimiento de la resolución de que se trate. El Magistrado pedirá un informe a la autoridad a quien se impute el incumplimiento de sentencia, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días. Vencido dicho plazo, con informe o sin él, la Sala Ordinaria resolverá si la autoridad demandada ha cumplido con los términos de la sentencia, de lo contrario, la requerirá para que cumpla en un término de otros cinco días, amonestándola y previniéndola de que en caso de renuencia se le impondrá al servidor público respectivo una multa de 50 a 180 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, apercibiéndola además respecto a una sanción de mayor severidad si el incumplimiento persiste. De este requerimiento se dará vista también a su superior jerárquico, con el objeto de que conmine al renuente a realizar el cumplimiento. Si la sentencia no quedó cumplida en el plazo fijado, la Sala emitirá la resolución respectiva, e impondrá el arresto del servidor público renuente hasta por treinta y seis horas, y a su superior jerárquico una multa de 50 a 180 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, requiriéndoles por una última vez el cumplimiento íntegro de la sentencia respectiva en un término no mayor a cinco días. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, la Sala Ordinaria podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo el apercibimiento efectuado. Si en el término fijado no se acredita haber dado cumplimiento cabal a la sentencia, la Sala Ordinaria podrá determinar una nueva sanción al servidor público renuente y a su superior jerárquico, en su caso." De la lectura del precepto transcrito, se advierte que la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, establece el recurso de queja, a instancia de parte cuyo objetivo es asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones dictadas por el Tribunal de su substanciación. En este punto, es importante destacar que, para obtener el debido cumplimiento de una determinación, se pueden presentar diversas hipótesis, como son: a) El exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. b) Repetición de la resolución anulada, o bien, c) Omisión en el cumplimiento de la resolución de que se trate. En ese sentido, el recurso de queja al que alude el artículo 106 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, debe interpretarse en el sentido de que puede interponerse cuando exista defecto en el cumplimiento de la resolución de que se trate, defecto en el que puede incurrir la autoridad demandada para cumplir con la sentencia. Esto es, el recurso de queja mencionado, es el medio de impugnación que el gobernado aquí agraviado, tiene a su alcance para que la Sala Ordinaria resuelva si la autoridad demandada ha cumplido en sus términos la sentencia, o no; y toda vez que, de lo que realmente se duele, es precisamente la omisión de las autoridades de cumplir cabalmente con la sentencia dictada el catorce de febrero de dos mil diecinueve, por la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México dentro del Juicio de Nulidad TJ/III-119109/2018, es decir, de su indebido cumplimiento, pues la resolución de veintinueve de abril de dos mil veinte, dictada en el Recurso de Revisión RR/081/18, no puede considerarse como un acto autónomo, puesto que su emisión se realizó en cumplimiento de la sentencia de nulidad citada, como se expuso con antelación, de tal suerte que al no haber agotado el mencionado recurso, el amparo es improcedente. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 1/2012 (10a.), estableció que las dependencias públicas y sus auxiliares, demandadas ante un tribunal de lo contencioso administrativo, son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo indirecto en el que se controvierte la omisión en el cumplimiento de la sentencia de nulidad dictada por aquél y, por ende, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos numerales 1o, fracción I y 11, todos de la Ley de Amparo abrogada. Lo anterior, porque esa abstención se traduce en una transgresión al derecho de acceso a la justicia, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al constituir un obstáculo al derecho fundamental de pedir justicia o de obtener la ejecución de una sentencia anulatoria. En estas condiciones, como no existe medio de defensa que proceda para impugnar la resolución del recurso de queja previsto en la ley que rige al Tribunal de lo Contencioso Administrativo -hoy de Justicia Administrativa- de la Ciudad de México, que agotó el actor ante el incumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad, ni procedimiento posterior alguno que pueda tramitar para lograr que se acate el fallo dictado en su favor, contra dicho incumplimiento procede el juicio de amparo indirecto. Razón por la cual, el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, ya que el promovente de amparo, previo a instar el juicio de amparo, respecto del acto precisado, debió indefectiblemente interponer el recurso de queja por defecto en el cumplimiento que contempla el artículo 106 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Sin que en el caso se esté en el supuesto de excepción que prevé la fracción XX, puesto que el acto reclamado no importa el peligro de la privación a la vida, deportación o destierro o de aquellos que prohíbe el artículo 22 de la Constitución Federal, como tampoco concurren las circunstancias de que la quejosa acuda con el carácter de tercero extraño al juicio. No resulta inadvertido que el quejoso manifieste que ya agotó el recurso de queja previsto en el citado artículo 106 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, sin embargo, de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad narró en su escrito aclaratorio, se advierte que ese recurso de queja que agotó, fue el del supuesto de incumplimiento, no así, la referida queja por defecto, la cual, tiene una materia de estudio distinta, ya que la primera, se limita a verificar que la autoridad demandada haya emitido algún acto de cumplimiento, es decir una omisión total; mientras que la segunda, tiene como objeto que la sala de origen analice la legalidad del cumplimiento dado por la demandada; esto es, que se haya dado cumplimiento en todos sus términos y, respecto de todos sus efectos. En las relatadas condiciones, lo procedente es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la demanda de amparo promovida por Cesar Sampieri Amonte, por propio derecho, en contra del acto reclamado consistente en la omisión de dar cumplimiento a la resolución de veintinueve de abril de dos mil veinte, dictada en el Recurso de Revisión RR/081/18, por la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con los razonamientos esgrimidos resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que se desecha la presente demanda de garantías, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el quejoso acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a cinco de octubre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por Ismael Flores Aguilar, representante legal de la Comisión Federal de Electricidad, por medio del cual, realiza diversas manifestaciones en atención a los recursos de revisión interpuestos por la parte quejosa y las autoridades dependientes de la Alcaldía de Xochimilco; con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de mérito únicamente para que obre como corresponda y en atención a su contenido, una vez que obren las constancias de notificación de los proveídos de veintiuno y veintiocho de agosto del año que transcurre, y se integre correctamente el presente asunto, se remitirá el oficio de mérito de manera electrónica a través del sistema de interconexión al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para que provea lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de septiembre de dos mil veinte. Se agrega la copia certificada de la promoción registrada con el número 10954, por medio de la cual el Director General de la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solicita copias certificadas de todo lo actuado en el presente incidente de suspensión; con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remítanse a la autoridad oficiante las copias solicitadas. Finalmente, en atención a su solicitud, hágase de su conocimiento que se da contestación al oficio 47102 de diecisiete de los corrientes, relativo al expediente CNDH/1/2017/6986/Q. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alberto Torres Rivera, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/2243/2020, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

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