César Rogelio Cortés Guedea
Expediente 7/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 20 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 7/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 01/02/2017
Partes del expediente
- César Rogelio Cortés Guedea
- Agente del Ministerio Público, Titular de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Patrimoniales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devolución de constancias. En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, las copias certificadas que remitió como anexo a su informe previo, consistente en un tomo.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a analizar sí efectivamente la autoridad responsable Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, cumplió con la ejecutoria dentro del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia dictada el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis (fojas 57 a 75), este Juzgado de Distrito por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a César Rogelio Cortés Guedea, la cual fue recurrida y en once de noviembre del año en curso, el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, modificó dicha resolución (fojas 190 a 210); en veintitrés de noviembre del año en curso, se requirió al Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: "Dejar insubsistente el acuerdo de tres de diciembre de dos mil quince, dictado en la averiguación previa 3037/15/311/AP, únicamente en lo relativo al desechamiento de las pruebas ofrecidas por el quejoso; y, en su lugar, con libertad de criterio, emitir otro en el que purgue los vicios formales destacados en el presente fallo constitucional, a cuyo efecto deberá examinar la admisibilidad de cada una de las pruebas propuestas por el peticionario, atendiendo a la naturaleza y a los fines perseguidos con su desahogo, y no a los datos de incriminación que estime probados con diversas diligencias practicadas previamente, máxime que son éstos los que pretenden ser desvirtuados mediante el ejercicio del derecho de defensa; y, Dejar insubsistente el proveído de cuatro de enero de dos mil dieciséis, pronunciado en los autos de la averiguación previa 3037/15/311/AP, y en cumplimiento al derecho fundamental previsto por el artículo 20, inciso A), fracciones VII, IX y X, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, en su lugar emita otro en donde ordene la expedición de las copias solicitadas por el defensor particular del amparista César Rogelio Cortés Guedea." En proveído de dos de diciembre del actual (foja 231), se tuvo por recibido el oficio signado por el Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad al cual anexó copia certificada de los proveídos de seis de enero y veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 224 a 229). Del contenido de las citadas constancias, se advierte que la autoridad responsable antes citada, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues, dejó insubsistente los acuerdos de tres de diciembre de dos mil quince y el de cuatro de enero de dos mil dieciséis, dictados en la averiguación previa 3037/15/311/AP, únicamente en lo relativo al desechamiento de las pruebas ofrecidas por el quejoso, y emitió otro purgando los vicios formales destacados en el fallo constitucional; asimismo, examinó la admisibilidad de cada una de las pruebas propuestas por el aquí quejoso; en el proveído de seis de enero de dos mil dieciséis, ordenó la expedición de las copias solicitadas por el defensor particular del aquí quejoso César Rogelio Cortés Guedea. Por lo antes expuesto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Por lo tanto, se ordena dar vista a las partes, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído. Notifíquese personalmente.
- Principal
con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de dos de enero de dos mil diecisiete, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA que dice...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a analizar sí efectivamente la autoridad responsable Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, cumplió con la ejecutoria dentro del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia dictada el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis (fojas 57 a 75), este Juzgado de Distrito por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a César Rogelio Cortés Guedea, la cual fue recurrida y en once de noviembre del año en curso, el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, modificó dicha resolución (fojas 190 a 210); en veintitrés de noviembre del año en curso, se requirió al Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: "Dejar insubsistente el acuerdo de tres de diciembre de dos mil quince, dictado en la averiguación previa 3037/15/311/AP, únicamente en lo relativo al desechamiento de las pruebas ofrecidas por el quejoso; y, en su lugar, con libertad de criterio, emitir otro en el que purgue los vicios formales destacados en el presente fallo constitucional, a cuyo efecto deberá examinar la admisibilidad de cada una de las pruebas propuestas por el peticionario, atendiendo a la naturaleza y a los fines perseguidos con su desahogo, y no a los datos de incriminación que estime probados con diversas diligencias practicadas previamente, máxime que son éstos los que pretenden ser desvirtuados mediante el ejercicio del derecho de defensa; y, Dejar insubsistente el proveído de cuatro de enero de dos mil dieciséis, pronunciado en los autos de la averiguación previa 3037/15/311/AP, y en cumplimiento al derecho fundamental previsto por el artículo 20, inciso A), fracciones VII, IX y X, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, en su lugar emita otro en donde ordene la expedición de las copias solicitadas por el defensor particular del amparista César Rogelio Cortés Guedea." En proveído de dos de diciembre del actual (foja 231), se tuvo por recibido el oficio signado por el Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad al cual anexó copia certificada de los proveídos de seis de enero y veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 224 a 229). Del contenido de las citadas constancias, se advierte que la autoridad responsable antes citada, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues, dejó insubsistente los acuerdos de tres de diciembre de dos mil quince y el de cuatro de enero de dos mil dieciséis, dictados en la averiguación previa 3037/15/311/AP, únicamente en lo relativo al desechamiento de las pruebas ofrecidas por el quejoso, y emitió otro purgando los vicios formales destacados en el fallo constitucional; asimismo, examinó la admisibilidad de cada una de las pruebas propuestas por el aquí quejoso; en el proveído de seis de enero de dos mil dieciséis, ordenó la expedición de las copias solicitadas por el defensor particular del aquí quejoso César Rogelio Cortés Guedea. Por lo antes expuesto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Por lo tanto, se ordena dar vista a las partes, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.
- Principal
con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del aviso de dos de enero de dos mil diecisiete, dejado en el domicilio procesal de la parte tercero interesado, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE TERCERO INTERESADO que dice...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a analizar sí efectivamente la autoridad responsable Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, cumplió con la ejecutoria dentro del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia dictada el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis (fojas 57 a 75), este Juzgado de Distrito por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a César Rogelio Cortés Guedea, la cual fue recurrida y en once de noviembre del año en curso, el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, modificó dicha resolución (fojas 190 a 210); en veintitrés de noviembre del año en curso, se requirió al Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: "Dejar insubsistente el acuerdo de tres de diciembre de dos mil quince, dictado en la averiguación previa 3037/15/311/AP, únicamente en lo relativo al desechamiento de las pruebas ofrecidas por el quejoso; y, en su lugar, con libertad de criterio, emitir otro en el que purgue los vicios formales destacados en el presente fallo constitucional, a cuyo efecto deberá examinar la admisibilidad de cada una de las pruebas propuestas por el peticionario, atendiendo a la naturaleza y a los fines perseguidos con su desahogo, y no a los datos de incriminación que estime probados con diversas diligencias practicadas previamente, máxime que son éstos los que pretenden ser desvirtuados mediante el ejercicio del derecho de defensa; y, Dejar insubsistente el proveído de cuatro de enero de dos mil dieciséis, pronunciado en los autos de la averiguación previa 3037/15/311/AP, y en cumplimiento al derecho fundamental previsto por el artículo 20, inciso A), fracciones VII, IX y X, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, en su lugar emita otro en donde ordene la expedición de las copias solicitadas por el defensor particular del amparista César Rogelio Cortés Guedea." En proveído de dos de diciembre del actual (foja 231), se tuvo por recibido el oficio signado por el Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad al cual anexó copia certificada de los proveídos de seis de enero y veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 224 a 229). Del contenido de las citadas constancias, se advierte que la autoridad responsable antes citada, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues, dejó insubsistente los acuerdos de tres de diciembre de dos mil quince y el de cuatro de enero de dos mil dieciséis, dictados en la averiguación previa 3037/15/311/AP, únicamente en lo relativo al desechamiento de las pruebas ofrecidas por el quejoso, y emitió otro purgando los vicios formales destacados en el fallo constitucional; asimismo, examinó la admisibilidad de cada una de las pruebas propuestas por el aquí quejoso; en el proveído de seis de enero de dos mil dieciséis, ordenó la expedición de las copias solicitadas por el defensor particular del aquí quejoso César Rogelio Cortés Guedea. Por lo antes expuesto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Por lo tanto, se ordena dar vista a las partes, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.
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