CESAR RODRIGUEZ PEREZ y Otros.

Expediente 902/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
902/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
02/03/2023

Partes del expediente

  • CESAR RODRIGUEZ PEREZ y Otros.
  • Secretario de Gobernación

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, a dos de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; hágase la anotación en el libro de gobierno; en consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA en el juicio amparo; sin embargo, se concedió suspensión de plano. Así, si bien acorde a lo dispuesto en el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es susceptible de ser destruido; cabe destacar que en el capítulo 7, punto 7.4 del citado Manual, se establece que el presente expediente debe conservarse, por lo que el mismo es DEPURABLE, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. Conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 18 del Acuerdo de marras, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su depuración dentro de los noventa días siguientes. Finalmente, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio por medio del cual el SUB REPRESENTANTE FEDERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (en su correcta denominación), desahoga el requerimiento efectuado en proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Ahora, considerando que de la documental remitida, se advierte lo siguiente: - El dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, los directo quejosos arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el vuelo AM 15 operado por la empresa "AEROMEXICO", procedente de Sao Paulo, Brasil. - Les fue negado el trámite de internación lo cual se materializó en un rechazo aéreo. - Los quejosos fueron regresados a su país de origen, en un vuelo operado por la empresa "AEROMEXICO", a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Mientras que de las constancias glosadas en autos, se colige que: - A las doce horas con treinta y tres minutos y dieciséis segundos del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se recibió la demanda de amparo electrónica a través de la plataforma del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por lo que se decretó la suspensión de plano y se ordenó su ratificación por parte de los directo quejosos. - A las tres horas con treinta minutos del propio diecinueve de noviembre último, al acudir la actuaria adscrita a este Juzgado, al aeropuerto en cita para dicho fin, le informaron que los quejosos ya habían sido regresados a Brasil. De lo expuesto, se concluye que a la hora en que la actuaria judicial se presentó en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los directamente agraviados ya no se encontraban en el país, porque les fue negado el trámite de internación lo cual se materializó en un rechazo aéreo. Consecuentemente, ante la imposibilidad de lograr su comparecencia para lograr su ratificación pues los quejosos ni siquiera ingresaron a territorio nacional, no nos encontramos en el supuesto del artículo 15, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15 de la ley de la materia, se tiene por no presentada de demanda de amparo, por tanto, se dejan sin efectos las providencias dictadas en el presente expediente. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar al promovente el contenido del presente auto, por medio de la lista que se fije en los estrados de este juzgado, así como los subsecuentes, aun cuando sean de carácter personal, dada la imposibilidad que se tuvo para localizar a los directo quejosos en el lugar en el que indicó se encontraban privados de su libertad; lo anterior será así, hasta en tanto la parte quejosa señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Oficios Agréguese únicamente para que obren como correspondan los oficios registrados con los folios 17584, 17493 y 17416; lo anterior, en virtud de que como se advierte de párrafos precedentes, se tuvo por no presentada la presente demanda de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, a diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta de la autoridad que lo suscribe, mediante el cual informa que de las acciones realizadas para la localización de los quejosos Lisbet Oliva Acosta, Yoander Fernandez Corrales, Yasiel Montalván Fernández, Farfan Valdes Yuniosmar, Pedro Enrique Pino Ruíz, José Luis Placeres Guzmán, Osman y Gutiérrez Salguero, Lorena Ballester Felipe, no se encontró registro alguno; lo anterior, se toma de conocimiento, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo de cuenta, promovida por **********, en favor de Julio **********, ********** y **********, contra actos del Secretario de Gobernación y otra autoridad, regístrese con el número de juicio 902/2021-V y fórmese expediente electrónico e impreso. Fijación de la Litis: De la lectura integral de la demanda se advierte que los actos reclamados son los siguientes: 1. La orden de deportación y/o expulsión. 2. Privación de la libertad. 3. Incomunicación. 4. Retorno asistido. Actos reclamados que se fijan de acuerdo a lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la parte promovente, en su demanda de amparo, sin perjuicio de que puedan ser modificados al momento de resolver el juicio en que se actúa. Suspensión de plano respecto a los actos 1 y 3. De conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO a **********, ********** y **********, en los términos siguientes: Respecto a los actos consistentes en la deportación y/o expulsión e incomunicación, así como cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, se concede la suspensión de plano para el efecto de que los directos quejosos no sean deportados o expulsados país o devueltos a su lugar de origen o procedencia y para que la incomunicación CESE de inmediato. En estrecha relación con lo anterior, la actuaria adscrita deberá cerciorarse si se encuentran incomunicados y verificar que cesen de inmediato tales actos; incluso, se le faculta para que en el momento constate que los quejosos pueda entablar comunicación con su abogado o con algún familiar. No obstante lo anterior, en relación con lo peticionado por el promovente, la suspensión decretada no tiene el alcance jurídico para otorgar su libertad deambulatoria, como más adelante se verá. Con fundamento en el artículo 160 de la Ley de Amparo, toda vez que la suspensión tiene por objeto de que no se ejecute la deportación para efectos de operatividad de la medida cautelar decretada a favor de J**********, ********** y ***********, los quejosos quedan a disposición de este órgano de control constitucional por lo que hace a su libertad personal, en el lugar en que actualmente se encuentra en custodia, y a disposición de la autoridad responsable respecto a la continuación del procedimiento migratorio. Lo referido en el párrafo precedente tiene apoyo por analogía en la jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, las autoridades responsables deberán adoptar las medidas que estimen necesarias a fin de que salvaguarden en todo momento el orden público y seguridad del sitio donde se encuentran los quejosos, sólo en el caso de que se estuviera en presencia de situaciones de hecho y de derecho ajenas a aquellas que fueron proporcionadas por el promovente en su escrito de demanda. Es decir, si las autoridades responsables contaran con información distinta a la proporcionada por el promovente, que revelara algún grado de peligrosidad de los quejosos; en ese sentido deberán adoptar las medidas necesarias a fin de que se proteja tanto la integridad del agraviado, como el orden público y seguridad del sitio en el que deba ser internado. Lo anterior, no implica que las autoridades responsables, de considerarlo pertinente, determinen si los justiciables reúne los requisitos establecidos en la norma migratoria, de su legal estadía en el país, por lo que el procedimiento respectivo debe continuar. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para su debida observancia. Por tanto, se apercibe a las referidas responsables para que dentro del plazo veinticuatro horas, contado a partir de su legal notificación, informen a este juzgado federal el cumplimiento que hayan dado o estén dando a la suspensión otorgada; en la inteligencia de que la violación a esta suspensión entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme al numeral 262 de la propia ley, por lo que de consumarse el mismo, de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Defensa adecuada. Asimismo, comuníquese a las autoridades responsables que deberán permitir que los quejosos estén acompañados de defensor que así designe para el efecto de ser quien les asista en las diligencias necesarias. En ese sentido, es de señalar que este órgano de control constitucional considera importante precisar algunos aspectos al derecho de una defensa adecuada, mismos que pueden ser violados de diversa manera por órganos del Estado, para tal efecto la fracción VI del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: (.) VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; (.).". En ese orden, acorde al principio de Supremacía Constitucional, el derecho a una defensa adecuada entraña una prohibición para el Estado consistente en no entorpecer el ejercicio del derecho de defensa del gobernado, brindarle la oportunidad de nombrar un defensor, no impedirle que se entrevisten de manera previa y en privado con él, sin que el derecho de defensa se transforme en un mero requisito formal, por el contrario debe ser eficaz y efectiva la intervención del defensor. Lo anterior deberán considerarlo las autoridades responsables, en relación directa con los efectos respecto de los que se provee en el presente asunto. La suspensión de plano decretada, se reitera, no tiene como efecto la libertad de los quejosos, sino únicamente evitar que sean deportados, expulsado del país o devuelto a su lugar de origen o procedencia, quedando a disposición de este juzgado por lo que hace a su libertad personal y a disposición de la autoridad migratoria para la continuación del procedimiento correspondiente. Ratificación de la demanda Por otra parte, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado para que de manera inmediata se constituya en las zonas de filtros del Instituto Nacional de Migración en la terminal II del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, o en el lugar en que las autoridades responsables le refieran se encuentran, siempre y cuando sea dentro de la jurisdicción de este juzgado federal, a fin de llevar a cabo la búsqueda y localización de **********, ********** y *********. Hecho lo anterior, deberá cerciorarse que los quejosos hablen el idioma español, a fin de llevar a cabo la diligencia, de no ser así, dado que tener un traductor o intérprete que le asista en las diligencias realizadas ante la autoridad es un derecho fundamental de todo extranjero, que se encuentre ante las autoridades migratorias; en el supuesto que no hable o comprenda el idioma español, con fundamento en los artículos 14 y 109 fracción VI, de la Ley de Migración, requerirá a la autoridad ante la que se encuentre en custodia para que designe perito traductor o intérprete que hable cualquiera de los idiomas que domine los justiciables. Luego, por medio de dicho traductor o intérprete le deberá requerir para que al momento de la notificación o por escrito, en el plazo de tres días, manifiesten si ratifica o no la demanda promovida a su favor; apercibidos que de no hacerlo, ésta se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas, en términos del numeral 15 de la ley de la materia. Asimismo, señale si es su deseo autorizar al promovente de la demanda en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. En el entendido de que, de no haber traductor que entienda algún idioma que maneje los peticionarios, el actuario respectivo podrá hacer uso de las herramientas tecnológicas con las que cuente a fin de cerciorarse si es deseo de los quejosos ratificar o no la demanda presentada a su favor. Asimismo, se faculta al actuario judicial para que se entreviste con la autoridad responsable que tenga a su disposición a los quejosos a efecto de que le informen con exactitud cuál es el procedimiento que se le sigue, conforme a su legislación aplicable; asimismo, en su caso, le den acceso a sus registros y a la estancia en el que normalmente tienen a las personas migrantes a efecto de que lo vocee y lo busque por su nombre. De igual forma, se apercibe a las autoridades para que otorguen las facilidades necesarias al funcionario mencionado para que realice la diligencia encomendada, dado que en caso de que obstaculicen su función, de igual forma incurrirán en el delito de abuso de autoridad. Con fundamento en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, se debe hacer saber a los quejosos su derecho a comunicarse con la oficina o representación consular de su país (notificación consular). En ese orden de ideas, requiérase a los directos quejosos para que en el momento de la notificación o en el plazo de tres días manifiesten si es su deseo, solicitar asistencia del Consulado de su país. Reserva respecto a los actos 2 y 4 Una vez que se ratifique la demanda, provéase lo conducente en relación con los restantes actos reclamados. Improcedencia de la libertad solicitada En diverso sentido, como se adelantó, atento a la manifestación del promovente en el sentido de que se ordene su libertad, dígase que este juzgado está impedido para realizar pronunciamiento alguno, pues corresponde a la autoridad migratoria emitir la determinación relativa. Se afirma lo anterior con base en las consideraciones siguientes: Del escrito de demanda se advierte que los quejosos están a disposición de la autoridad migratoria correspondiente, en términos del artículo 222 del Reglamento de la Ley de Migración. Ahora, los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, prevén una especie de modalidad de "libertad provisional", así como las correspondientes medidas de aseguramiento. Es así, pues contemplan la figura de la "custodia provisional", que constituye una forma de libertad, ya que permite que una persona asegurada deje de estar recluida en una estación migratoria o centro de detención y, en su lugar, sea entregada a una persona o institución, entendidas como la representación diplomática de su país o una institución con solvencia reconocida, a fin de que esté en posibilidad de enfrentar el proceso migratorio en libertad, con las medidas de aseguramiento pertinentes. No obstante, de acuerdo con los artículos 214, 215 y 216, del mencionado Reglamento, el otorgamiento o no de la "custodia provisional", es facultad exclusiva de la autoridad migratoria. Atento a las consideraciones anteriores, como se adelantó, este juzgado está imposibilitado para pronunciarse respecto a la libertad en los términos en que la solicitó la parte quejosa. Sin que se soslayen las tesis I.1o.P.99 P y I.9º.P.3 K (10a); sin embargo, dichos criterios no tienen aplicación al caso concreto, como enseguida se verá. De estos criterios destacan dos aspectos, a saber: Por un lado, se equipara la libertad provisional contemplada en el artículo 136 de la Ley de Amparo abrogada, a la figura de la "custodia provisional", regulada en la Ley de Migración y su Reglamento, brindando a los extranjeros sometidos a procedimiento administrativo migratorio, la posibilidad de solicitar dicha libertad ante el Juez de Distrito que conozca del amparo y, a su vez, otorgando a este último la facultad de realizar el pronunciamiento respectivo acorde a la ley secundaria. Por otro lado, se establece que en términos del artículo Décimo Transitorio de la ley de la materia vigente, el artículo 136 de la ley abrogada, debía seguir operando en lo relativo a la libertad provisional dentro del procedimiento administrativo migratorio, pues dicho transitorio, en su segundo párrafo, establece que en los casos en donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, la suspensión en materia penal seguirá rigiéndose conforme a la Ley de Amparo abrogada. Esto es, en los lugares en donde aún no entrara en vigor el nuevo sistema penal acusatorio, para efectos de la suspensión, continuaba operando la ley abrogada, que facultaba al juez de amparo pronunciarse respecto a la libertad provisional (custodia provisional) de los extranjeros sujetos a procedimiento administrativo migratorio. En sentido contrario, en los lugares en los que ya hubiere entrado en vigor dicho sistema, la suspensión en materia penal se rige por la nueva Ley de Amparo, que ya no faculta al juez de amparo para pronunciarse sobre la libertad provisional. En ese sentido, el dieciocho de junio de dos mil dieciséis, entró en vigor el nuevo sistema de penal acusatorio a nivel nacional, por lo que la suspensión en materia penal, a partir de esa fecha, se rige por la ley de la materia actual o vigente, por lo que los mencionados artículos 136 y Décimo Transitorio, se tornaron inoperables para tales efectos. En consecuencia, como se adelantó, los criterios de mérito, ya no son aplicables en el presente asunto y, por ende, este juzgado no está facultado para pronunciarse respecto a la libertad solicitada por la parte quejosa, pues será ante la autoridad migratoria que deberán realizar dicha solicitud, quien es la única facultada para tal efecto. Autorización vía correo electrónico Se autoriza a las responsables para que remitan su informe respectivo a la dirección de correo electrónico 11jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx con archivo anexo en .PDF o .JPG y que el documento esté escaneado con la firma del funcionario, debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad incluyendo número telefónico. Lo anterior en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Domicilio de la parte quejosa Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Expediente y notificaciones vía electrónica Referente a la autorización que solicita para poder consultar el expediente electrónico, dígase que se autoriza su utilización. Ahora bien, toda vez que proporciona los nombres de usuario generados por el sistema de consulta de expediente electrónico, y solicita se envíen por el mismo medio las notificaciones respectivas, instrúyase al oficial judicial "A", para que capture dichas autorizaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, infórmese a la parte quejosa que queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Por otra parte, al actualizarse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, SE HABILITA AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO para que realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente cuaderno, entregue, dirija y firme los oficios que del mismo deriven, para obviar trámites innecesarios que sólo retrasarían el procedimiento del juicio de amparo que se provee. Notifíquese personalmente.

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