César Rodríguez González
Expediente 1258/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1258/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 24/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- César Rodríguez González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por lo tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese este expediente como asunto concluido. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de depuración, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional, de conformidad en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, hágase lo conducente. Por otro lado, como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1258/2022, y; RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el nueve de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el día hábil siguiente, César Rodríguez González, por conducto de su apoderado legal licenciado Joel Vicente Flores Sarno, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós, se ordenó el registro de la demanda de amparo en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado bajo el número 1258/2022, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención que corresponde al Fiscal de la Federación adscrito, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, y se tuvo verificativo la audiencia constitucional correspondiente al presente juicio al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclama un acto de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa del acto reclamado. Así, luego de analizar en su integridad la demanda de amparo en relación con el resto de las constancias que integran el expediente, el acto que se recama a la la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, se fija en el siguiente: El acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintidós, en el cual se proveyó la procedencia de la expedición de certificación de personalidad como apoderado legal de la parte actora y copia certificada de todo lo actuado en el expediente laboral 35/E01/2022, previo pago al Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia Laboral del Estado de Tamaulipas. TERCERO. Oportunidad en la presentación de la Demanda. La demanda de amparo fue presentada dentro del término previsto en el artículo 17 de la Ley, pues el quejoso fue notificado del acto reclamado el cuatro de julio de dos mil veintidós, por lo que si la demanda se presentó el nueve de julio siguiente, es claro que se hizo en el término de quince días. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por conducto de su Presidente, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado descrito en el considerando segundo de este fallo; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa atendiendo a las constancias que adjuntó en su informe; de ahí, se tiene por cierto. QUINTO. Causas de Improcedencia. Una vez que se fijó claramente el acto reclamado y se acreditó su existencia, corresponde analizar las causas de improcedencia del juicio, ya sea que las hagan valer las partes o, incluso, que se adviertan de oficio, pues son de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la ley de la materia. Del análisis del expediente no se advierte que se haya hecho valer alguna causa de improcedencia ni este juzgador advierte la actualización de alguna, por lo que debe estudiarse el fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación que hace valer la quejosa se tienen por reproducidos en este apartado, con apoyo en la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830 (Registro No. 164618), de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Estudio de fondo. El concepto de violación hecho valer por el quejoso es inatendible, por las razones que se expresarán. La parte quejosa, en su concepto de violación, aduce que el acto reclamado, vulnera los derechos fundamentales de legalidad, seguridad y certeza jurídica contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo establecido en los artículos 685, 761, 765, 841, 842 y 843 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen el principio de gratuidad, pues, la responsable impone un gravamen respecto de certificar documentos y expedir constancias en el proceso laboral, con base al decreto de once de diciembre de dos mil trece, relativo a la creación del Fondo Auxiliar. Como ya se adelantó, es inatendible en atención a lo siguiente: El artículo 2 del Acuerdo Gubernamental mediante el cual se crea y se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia Laboral del Estado de Tamaulipas, que establece: "Artículo 2. El capital del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia Laboral del Estado de Tamaulipas se integra por los recursos ajenos y propios, para los efectos del presente Acuerdo, se entenderán como: I. Recursos Ajenos: aquellos que no formen parte del patrimonio del Fondo Auxiliar, mismos que podrán ser exigidos por terceras personas cuando la autoridad así lo designe, sin embargo su administración e intereses generados si formaran parte del patrimonio del Fondo; y II. Recursos Propios por Servicios Jurídicos: aquellos que formen parte del patrimonio del Fondo y que se generen por el cobro de derechos en conformidad con la Ley de Hacienda del Estado. Los Recursos Propios se integraran de los recursos generados de lo siguiente: a) Copias Simples; b) Copias Certificadas; c) Autentificaciones de personalidad jurídica; d) Búsqueda de Expedientes. III. Recursos Propios derivados de intereses generados por las inversiones de los Recursos Ajenos, y IV. Los Recursos Propios derivados de Donaciones y Otros." Así, para analizar lo previsto en el artículo 2 del Acuerdo Gubernamental mediante el cual se crea y se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia Laboral del Estado de Tamaulipas, referente a los recursos que se generen por el cobro de derechos de conformidad con la Ley de Hacienda del Estado, el quejoso, debió impugnar la inconstitucionalidad de la ley a fin de que asistirle la razón obtener la inaplicación en su beneficio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia con registro digital: 230777, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Materias(s): Común, Tesis: VI. 1o. J/4, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, página 653. De rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACION, REQUISITOS DE LOS, CUANDO NO PROCEDE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. El artículo 166, fracción VI, de la Ley de Amparo, establece que la demanda de garantías en la vía directa contendrá los preceptos constitucionales cuya violación se reclame y el concepto o conceptos de la misma; siendo así, no basta con que el quejoso señale como violados los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, sin expresar por qué se infringen dichos preceptos, pues el planteamiento debe consistir en la expresión y razonamiento jurídico concreto contra los fundamentos de la sentencia reclamada, para poner de manifiesto ante la potestad federal que los mismos son contrarios a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, ya sea porque siendo aplicable determinado precepto no se aplicó o porque se aplicó sin ser aplicable, o porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la ley, o porque la sentencia no se apoyó en principios generales de derecho cuando no haya ley aplicable al caso; por tanto, si no se reúnen tales requisitos, el argumento respectivo resulta inatendible, cuando no haya lugar a suplir la queja deficiente." Por otro lado, de acuerdo a la ejecutoria que dio origen la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 178069, Novena Época, Materias(s): Constitucional, Civil, Tesis: 1a./J. 60/2005, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Julio de 2005, página 27, de rubro: "APELACIÓN. EL ARTÍCULO 693 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, AL ESTABLECER COMO REQUISITO PARA LA ADMISIÓN DE DICHO RECURSO LA OBLIGACIÓN DEL APELANTE DE CUBRIR EL COSTO DE LAS COPIAS NECESARIAS PARA INTEGRAR EL TESTIMONIO RESPECTIVO, VIOLA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." Al resolver la contradicción de tesis 160/2004-PS., registro digital: 18893, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Julio de 2005, página 28, precisó que la gratuidad de la justicia implica que: " [.] Ahora bien, antes de entrar al análisis del precepto legal sobre el que los Tribunales Colegiados contendientes realizaron sus consideraciones y para estar en aptitud de determinar cuál es el criterio que debe prevalecer, es conveniente definir el sentido de lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a la "prohibición de costas judiciales". El texto del segundo párrafo del artículo mencionado establece: "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." En primer término debe precisarse que de la transcripción parcial de dicho numeral, se desprende que el mismo señala tres garantías que pueden definirse de la forma siguiente: 1) Que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia", lo cual debe entenderse como la "garantía de acceso a la justicia", conforme a la cual, todo gobernado está en posibilidad de acudir ante los órganos jurisdiccionales a solicitar que se le imparta justicia cuando así lo requiera; 2) Que "el servicio de administración de justicia será gratuito", de lo que se infiere el "principio de gratuidad en la justicia", del que se sigue que los tribunales establecidos para la impartición de justicia no exigirán ningún pago al gobernado por la realización de las actividades que tiene encomendadas; y, 3) Que "quedan prohibidas las costas judiciales", debiéndose entender como la prohibición impuesta a los órganos jurisdiccionales de solicitar a los gobernados el cobro de determinada cantidad de dinero por la función judicial que deben realizar. Dicho lo anterior, se impone señalar que la prohibición consignada en el artículo 17 de la Constitución Federal, se refiere a los pagos que podrían exigirse a quienes acudan a solicitar justicia a los órganos jurisdiccionales, para cubrir los gastos originados por su funcionamiento. Con base en lo anterior, resulta que conforme a la disposición constitucional en cita, la impartición de justicia debe ser gratuita, y consecuentemente, en el supuesto de que dicha disposición constitucional se vea limitada por la imposición de un pago a quien pretenda acudir ante un órgano jurisdiccional a reclamar su derecho, ello devendría en la denegación de acceso a la justicia, lo cual también va en contra de lo que el mencionado precepto señala. Entonces, queda claro que lo que prescribe el precepto en estudio es que, al ser gratuita la impartición de justicia, ésta no debe implicar un gasto para el gobernado, sino que debe ser el Estado el encargado de retribuir por esa actividad, de tal manera que los órganos jurisdiccionales no están facultados para exigir que los particulares exhiban algún tipo de pago por la actividad que realizan. Lo anterior es precisamente lo que el artículo 17 constitucional ha establecido como "prohibición a las costas judiciales", las cuales se traducen en que el gobernado tenga que realizar cualquier tipo de pago a quienes intervienen en la administración de justicia por parte del Estado, pues dicho servicio debe ser gratuito. Además, no sólo puede considerarse como "costa judicial", el pago que en su momento pudiera hacerse a los funcionarios encargados de administrar justicia, sino que también están comprendidas dentro de este rubro, las erogaciones impuestas a los gobernados a fin de que el órgano jurisdiccional realice los actos inherentes a su función; es decir, que por "costa judicial" también se entiende el hecho de que los tribunales de justicia condicionen su actuación a un determinado pago por parte del gobernado. De lo antes dicho se llega a la conclusión de que la prohibición consignada por el artículo 17 de la Ley Fundamental, debe ser entendida en un doble sentido, pues como ya se estableció, el referido precepto constitucional prohíbe, por un lado, que los gobernados no sean obligados a retribuir a los funcionarios encargados de administrar justicia; y, por otro, que los órganos jurisdiccionales no pueden requerir a los gobernados la exhibición de ningún tipo de pago por la realización de los actos que son propios de la función judicial. En consecuencia, la mencionada prohibición constitucional se extiende a los supuestos en los que el órgano jurisdiccional supedite el derecho de acceso a la justicia, a la realización por parte del gobernado de cualquier acto inherente a la función judicial que le implique una erogación, pues el servicio de administración de justicia debe ser gratuito. Por otro lado, debe quedar establecido que el precepto en análisis, al prohibir las "costas judiciales", se refiere exclusivamente a los gastos necesarios para la administración de justicia y, no así a las costas a las que, en determinados casos, se condena a la parte perdidosa para resarcir los gastos que ocasionó a la parte absuelta, es decir, al pago de aquellos gastos que deben realizar las partes con motivo del litigio, pues tales costas son de diversa naturaleza, ya que las legislaciones procesales civiles las prevén para determinados supuestos o, para el caso de que en el juicio una de las partes haya procedido con temeridad o mala fe. En corroboración a lo anterior, es conveniente señalar que no obstante que en su sentido gramatical la palabra "costas", genéricamente se refiere a los gastos originados en un juicio y con motivo de él, dichas costas constituyen erogaciones que pueden ser de dos tipos: a) Las que derivan del funcionamiento mismo del aparato judicial, como pueden ser los salarios de los funcionarios y personal de apoyo, el material y el equipo empleado para la realización de las actividades propias del órgano jurisdiccional, las instalaciones. b) Las que realizan las partes que intervienen en los litigios y con motivo de éstos, en los que se encuentra comprendido el pago que debe realizar la parte perdidosa a la parte absuelta, las publicaciones de edictos, las convocatorias de remates, las inscripciones en el Registro Público de la Propiedad, los nombramientos de peritos, entre otros. Al respecto, debe señalarse que los gastos precisados en primer término son los que están considerados como "costas judiciales", y que, como tales, están prohibidos por el artículo 17 de la Constitución Federal; mientras que, los segundos, tratan de cualquier erogación ocasionada a las partes con motivo del litigio, los cuales no se encuentran comprendidos dentro de la prohibición constitucional de referencia. [.] Puede agregarse a lo anterior, el hecho de que al ser el Estado quien sufraga los gastos originados por el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, para que éstos puedan impartir justicia de manera gratuita, queda entendido que es el propio Estado quien provee el presupuesto necesario para cubrir el material y equipo necesarios, a fin de que los tribunales realicen las actividades propias de la impartición de justicia. En consecuencia, es el órgano jurisdiccional respectivo el que debe asumir la obligación de proporcionar las copias necesarias para la integración del testimonio de apelación, pues como ya se dijo, ésta es una actividad propia de la administración de justicia y es el Estado quien cubre los gastos originados por ella. Por otro lado, es importante señalar que, como ya se mencionó en el apartado anterior, con motivo de la tramitación de un juicio o la interposición de algún recurso, se generan diversos gastos que pueden ser de dos clases: 1) Los que derivan de los actos que son propios de la función jurisdiccional; y, 2) Los que las partes o los recurrentes deben erogar con motivo del litigio. De esta manera, toda vez que, en el presente caso, se estima que el pago de las copias necesarias para integrar el testimonio de apelación constituye un acto realizado en virtud de las funciones propias del órgano jurisdiccional, por ser precisamente el tribunal correspondiente el que debe encargarse de la integración y tramitación de los recursos, ello conduce a determinar que el pago de dichas copias no debe ser entendido como un gasto originado con motivo del litigio, pues este tipo de gastos atienden a una naturaleza distinta en la que los órganos de justicia no tienen intervención directa, es decir, que tales actos no implican una actuación propia e inherente a la actividad jurisdiccional. [.] De esta manera, queda claro que la integración y tramitación de los recursos de apelación son actos propios e inherentes a la función jurisdiccional y, por tanto, los órganos encargados de impartir justicia no pueden condicionar a los recurrentes la admisión de tales recursos, al pago de las copias necesarias para formar el testimonio respectivo. En conclusión, esta Primera Sala considera que el artículo 693 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al establecer como requisito de procedibilidad del recurso de apelación que las copias necesarias para integrar el testimonio respectivo serán a costa del apelante, y que deberá justificarse con el recibo correspondiente el previo pago total de las mismas a condición de que su recurso sea admitido, ello se traduce en la imposición de una costa judicial que limita el acceso a la justicia en términos de lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Federal, y no un gasto con motivo del litigio, dado que este tipo de gastos deriva de diversos actos que no son propios e inherentes a la función jurisdiccional de los órganos encargados de administrar justicia. [.]" De lo anterior, se advierte que el artículo 17 Constitucional, prevé, entre otras garantías, que la impartición de justicia debe ser gratuita, de lo que se infiere el "principio de gratuidad en la justicia", del que se sigue que los tribunales establecidos para la impartición de justicia no exigirán ningún pago al gobernado por la realización de las actividades que tiene encomendadas. Consecuentemente, en el supuesto de que dicha disposición constitucional se vea limitada por la imposición de un pago a quien pretenda acudir ante un órgano jurisdiccional a reclamar su derecho, ello devendría en la denegación de acceso a la justicia, lo cual va en contra de lo que el mencionado precepto constitucional señala. Esto es, al ser gratuita la impartición de justicia, ésta no debe implicar un gasto para el gobernado, sino que debe ser el Estado el encargado de retribuir por esa actividad, de tal manera que los órganos jurisdiccionales no están facultados para exigir que los particulares exhiban algún tipo de pago por la actividad que realizan. Asimismo, que no obstante que en su sentido gramatical la palabra "costas", genéricamente se refiere a los gastos originados en un juicio y con motivo de él, dichas costas constituyen erogaciones que pueden ser de dos tipos: a) Las que derivan del funcionamiento mismo del aparato judicial, como pueden ser los salarios de los funcionarios y personal de apoyo, el material y el equipo empleado para la realización de las actividades propias del órgano jurisdiccional, las instalaciones. b) Las que realizan las partes que intervienen en los litigios y con motivo de éstos, en los que se encuentra comprendido el pago que debe realizar la parte perdidosa a la parte absuelta, las publicaciones de edictos, las convocatorias de remates, las inscripciones en el Registro Público de la Propiedad, los nombramientos de peritos, entre otros. Que al respecto, los gastos precisados en primer término son los que están considerados como "costas judiciales", y que, como tales, están prohibidos por el artículo 17 de la Constitución Federal; mientras que, los segundos, tratan de cualquier erogación ocasionada a las partes con motivo del litigio, los cuales no se encuentran comprendidos dentro de la prohibición constitucional de referencia. Incluso, el hecho de que al ser el Estado quien sufraga los gastos originados por el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, para que éstos puedan impartir justicia de manera gratuita, queda entendido que es el propio Estado quien provee el presupuesto necesario para cubrir el material y equipo necesarios, a fin de que los tribunales realicen las actividades propias de la impartición de justicia. En consecuencia precisó que, con motivo de la tramitación de un juicio o la interposición de algún recurso, se generan diversos gastos que pueden ser de dos clases: 1) Los que derivan de los actos que son propios de la función jurisdiccional; y, 2) Los que las partes o los recurrentes deben erogar con motivo del litigio. Por lo anterior, de las dos hipótesis que se precisan la primera proscribe el cobro de costas judiciales, cuando guardan relación a trámites que implican el servicio de administración de justicia como lo es para el trámite de un juicio, recurso, incidente o diligencia. Respecto a la segunda hipótesis, tratan de cualquier erogación ocasionada a las partes con motivo del litigio, los cuales no se encuentran comprendidos dentro de la prohibición constitucional de referencia, como lo es las publicaciones de edictos, las convocatorias de remates, las inscripciones en el Registro Público de la Propiedad, los nombramientos de peritos, entre otros. Sirve de apoyo la tesis con registro digital: 2025216, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: XXII.3o.A.C.1 A (11a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DERECHOS POR LA CERTIFICACIÓN DE COPIAS. SU PAGO NO ES OBLIGATORIO CUANDO ESA ACTUACIÓN ESTÁ DESTINADA A LA CONSECUCIÓN DE LOS FINES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EN EL MARCO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra el artículo 166 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, con motivo de su acto de aplicación, al estimar que el pago de derechos por la certificación de copias de actuaciones judiciales viola el derecho de acceso a la justicia gratuita. El Juez de Distrito negó la protección constitucional, por lo que aquélla interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que de la interpretación conforme del artículo 166 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, en términos del artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución General y a efecto de salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la justicia, en su vertiente de gratuidad, deriva que no se impone la obligación de pago de derechos por la certificación de copias en todos los casos, sino que queda al prudente arbitrio de la autoridad del conocimiento la valoración de las circunstancias particulares de cada caso, con la finalidad de determinar si esa actuación está destinada a la consecución de los fines de la administración de justicia, en el marco de un procedimiento jurisdiccional, o si tiene una finalidad ajena a ello, pues el primer supuesto no debe generar carga económica a cargo del solicitante. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 166 de la ley invocada prevé el pago de derechos por los servicios que presta el Poder Judicial del Estado de Querétaro, entre otros, por la certificación de copias en primera y segunda instancias. Ahora, imponer el pago de derechos por esa certificación siempre y en todos los casos, sin distinguir si aquéllas serán destinadas para la realización de la administración de justicia -o para fines ajenos- podría dar lugar a la violación del derecho fundamental de acceso a la justicia, en su vertiente de gratuidad, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es así, porque si la función que desempeña el secretario para certificar copias contribuye a una finalidad inherente a la administración de justicia, como dar fe del contenido de actuaciones judiciales necesarias para el trámite de un juicio, recurso, incidente o diligencia, formando cuadernos o integrando exhortos debe operar el principio de gratuidad tratándose del acto específico de la certificación, pues constituye una actuación encaminada al cumplimiento del objeto fundamental de la tutela judicial efectiva. Así, la interpretación conforme del precepto legal citado permitirá a la autoridad discernir cuándo debe imponer la carga de pago al solicitante por la certificación y cuándo exentarlo." Así como, la tesis con registro digital: 205769, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: P. XXXII/91, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, Julio de 1991, página 8, de rubro y texto que señalan: "DERECHOS POR LA EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS. EL ARTICULO 58, FRACCION I, DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL NO VIOLA LA GARANTIA DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA. El precepto mencionado no viola la garantía de impartición gratuita de justicia protegida por el artículo 17 de la Constitución Federal, pues no establece el cobro de derechos por la función de derecho público consistente en la administración e impartición de justicia, sino por un servicio distinto relativo a la expedición de copias certificadas." En el caso particular el quejoso reclama el acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintidós, en el cual se proveyó la procedencia de la expedición de certificación de personalidad como apoderado legal de la parte actora y copia certificada de todo lo actuado en el expediente laboral 35/E01/2022, previo pago al Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia Laboral del Estado de Tamaulipas. El acuerdo dictado por la responsable derivó de la solicitud que el ahora quejoso presentó en su escrito de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en el cual señalo: ". Por medio del presente escrito ocurro a solicitar se me expida certificación en donde conste que tengo reconocida mi personalidad como apoderado legal de la parte actora y copia de todo lo actuado." En relación a ello, la autoridad laboral responsable, proveyó al respecto: ". Por cuanto hace al escrito 18 de mayo del 2022, signado por el apoderado legal de la parte actora LIC. JOEL VICENTE FLORES SARNO, donde solicita se expida certificación donde tiene reconocida su personalidad como apoderado legal del actor en juicio así como la expedición de copia de todo lo actuado, por lo que dígasele al promovente que se le autoriza su solicitud mediante previo pago que se haga al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia Laboral del Estado de Tamaulipas y hecho lo anterior se le expedirá copia certificada de todo lo actuado dictado en autos, lo anterior de conformidad con el artículo 723 de la Ley Federal del Trabajo y artículo 7 fracción I del Acuerdo Gubernamental que crea dicho fondo, publicado con el No. 149 en el Periódico Oficial del Estado el once de diciembre del año dos mil trece, relacionado con los artículos 58 y 59 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas." Luego, como el artículo 7 fracción I del Acuerdo Gubernamental que crea dicho fondo, publicado con el No. 149 en el Periódico Oficial del Estado el once de diciembre del año dos mil trece, relacionado con los artículos 58 y 59 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, que citó la autoridad responsable, para apoyar su determinación, prima facie no es inconstitucional. Se afirma lo anterior, pues las leyes gozan de presunción de constitucionalidad y al no haber impugnado la ley, y no advertir este órgano jurisdiccional un motivo para ejercer control concentrado, esta debe permanecer incólume ante la falta de ataque eficaz. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 177264, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 1a./J. 121/2005, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 143, de rubro y texto: "LEYES. LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR NO BASTA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE SU CONSTITUCIONALIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, según se trate, basta con expresar la causa de pedir; sin embargo, ello no significa que los quejosos o recurrentes puedan limitarse a realizar afirmaciones sin sustento, pues a ellos corresponde exponer las razones por las cuales estiman inconstitucionales los actos reclamados. Por tanto, en virtud de que toda ley goza de la presunción de constitucionalidad que es preciso desvirtuar, en razón de la legitimidad de los órganos que la emiten, corresponde a quienes la impugnan, la carga de la prueba, pues sólo así es posible analizar si la ley reclamada contraviene o no la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, sirve de apoyo, la tesis 1a. CCLXXXIX/2015 (10a.), con registro digital: 2010143. Instancia: Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, página 1647, Tipo: Aislada de rubro y texto: "CONTROL CONCENTRADO Y DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SUS DIFERENCIAS. De los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad respecto de normas generales por vía de acción está depositado exclusivamente en los órganos del Poder Judicial de la Federación, quienes deciden en forma terminal y definitiva, por medio del análisis exhaustivo de los argumentos que los quejosos propongan en su demanda o en los casos en que proceda la suplencia de la queja, si una disposición es contraria o no a la Constitución Federal y a los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el control difuso que realizan las demás autoridades del país, en el ámbito de su competencia, se ejerce de manera oficiosa, si y sólo si, encuentran sustento para ello, respaldándose en el imperio del cual están investidas para juzgar conforme a la Constitución. Por tanto, el control ordinario que ejercen estas autoridades en su labor cotidiana, es decir, en su competencia específica, se constriñe a establecer la legalidad del asunto sometido a su consideración con base en los hechos, argumentaciones jurídicas, pruebas y alegatos propuestos por las partes, dando cumplimiento a los derechos fundamentales de audiencia, legalidad, debido proceso y acceso a la justicia. Es aquí donde el juzgador ordinario, al aplicar la norma, puede contrastar, de oficio, entre su contenido y los derechos humanos que reconoce el orden jurídico nacional (esto es, realizar el control difuso) en ejercicio de una competencia genérica, sin que la reflexión que realiza el juez común, forme parte de la disputa entre actor y demandado. En ese sentido, la diferencia toral entre los medios de control concentrado y difuso estriba, esencialmente, en que en el primero es decisión del quejoso que el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley forme parte de la litis, al plantearlo expresamente en su demanda de amparo; mientras que en el segundo, ese tema no integra la litis, que se limita a la materia de legalidad (competencia específica); no obstante, por razón de su función, por decisión propia y prescindiendo de todo argumento de las partes, el juzgador puede desaplicar la norma que a su criterio no sea acorde con la Constitución o con los tratados internacionales en materia de derechos humanos." En las relatadas condiciones, al resultar inatendible el concepto de violación, lo que procede es NEGAR el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a César Rodríguez González, contra la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y el acto reclamado señalado en el segundo considerando, y por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente.
- Principal
agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por la Secretaria de Bienestar Social, mediante el cual informa que recibió el oficio DGRH/DNNP/1218/2022 de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, signado por la Directora General de Recursos Humanos de la Secretaria de Administración, por el cual anexa recibo de pago folio A221900181582 por la cantidad de $52,057.20, así mismo, informa que por cambio de Administración, los trámites se encuentran detenidos, ya que se está en la etapa de transacción En virtud de lo anterior, se tiene a la autoridad responsable, realizando las gestiones encaminadas dar cumplimiento al fallo protector, y se le reitera su obligación de tomar las providencias necesarias con la celeridad requerida por la ley a fin de cumplir con los lineamientos de la sentencia proteccionista, máxime que nos encontramos en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Notifíquese.
- Principal
Audiencia Constitucional
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 17,203 expedientes
- Cesar Montalvo Vazquez1405/2021
- César Montalvo Vázquez1285/2020
- Cesar Montalvo Vazquez1257/2018
- César Montalvo Vázquez1792/2021
- César Munguía Hernández364/2016
- César Ramírez Hernández263/2015
- César Rodríguez González1574/2022
- César Rodríguez Inurrigarro2063/2021
- César Rodríguez Inurrigarro1022/2016
- Cesar Salomon Nuñez de la Rosa1175/2017
- César Santiago Zúñiga Zapata366/2022
- César Santiago Zúñiga Zapata950/2023