César Rodrigo Meza Coronado

Expediente 1871/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1871/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
06/12/2021

Partes del expediente

  • Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco
  • César Rodrigo Meza Coronado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, a seis de diciembre de dos mil veintiuno. I. Autoridad responsable cumple requerimiento. Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por medio del cual remite copia certificada del auto dictado el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno en el juicio laboral 1101/2021 de su índice, por lo cual se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dieciocho de noviembre pasado. II. Pruebas Se tiene a la responsable ofreciendo como pruebas de su parte la documental que anexa a su oficio, la cual, con fundamento en los numerales 119 y 123 de la ley de la materia, se admite y se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza. III. Se sobresee fuera de audiencia. Recibidas las constancias en el párrafo anterior, toda vez que del informe justificado y, del oficio de cuenta, así como de las constancias certificadas que se adjuntaron a ambos, se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar las violaciones de garantías que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, el acto reclamado consiste en la omisión dictar auto de avocamiento dentro del expediente laboral 1101/2021-D1. Luego, de las constancias que acompañó la autoridad responsable al oficio de cuenta, se advierte que han cesado los efectos de tal acto reprochado en esta sede de control constitucional. En efecto, de la lectura de la documental se observa lo siguiente: a) Que el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable dictó un proveído en el que, tuvo por recibido el escrito firmado por Juan Alberto Higareda Reyna en representación de Cesar Rodrigo Meza Coronado, se le reconoció el carácter de servidor público, se admitió a trámite la demanda laboral burocrática, se ordenó el emplazamiento a los entes públicos demandado y señaló día y hora para el verificativo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Ante tales circunstancias, es diáfano que cesaron los efectos del acto reclamado en virtud de que como se estableció, la omisión de que se duele la parte quejosa en su demanda de amparo, fue cubierta con el dictado del proveído del Tribunal responsable, el veintiuno de octubre pasado, en el que proveyó el escrito de demanda presentado el diecinueve de agosto pasado por el apoderado especial del trabajador, aquí quejoso. Tiene aplicación la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Bajo ese contexto, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia. IV. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Lorena Guadalupe Frías Oviedo, que autoriza y da fe. RAAG/LGFO/josuév

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Se ordena practicar notificación. Visto el estado de autos, se advierte que el diez de noviembre de dos mil veintiuno se dictó sentencia definitiva, sin embargo, no obran las constancias de notificación a la responsable ni Agente del Ministerio Público de la Federación, por ende, se ordena al Actuario de la Adscripción notifique dicha determinación o integre el expediente electrónico a fin de continuar con el trámite correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Lorena Guadalupe Frías Oviedo, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Designación de domicilio procesal y delegados. Téngase por recibido el comunicado signado por el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco; atento a su contenido, se le tiene designando como sus delegados en términos del numeral 9 de la ley la materia a las personas que refiere en su oficio de cuenta. Autorización de uso de medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y como lo peticiona la autoridad oficiante, se le autoriza a las personas que propone el uso de medios electrónicos tales como cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares con dispositivos fotográficos o similares con el fin de reproducir las actuaciones que obran en el presente expediente, previo razón de uso que dejen en autos. En el entendido, que deberá contar con los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión este reservada por disposición legal. Asimismo, dígasele a la solicitante que el uso que le dé a las copias obtenidas como cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Resulta aplicable en el presente caso la siguiente tesis que establece: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran" Notifíquese.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Interposición de recurso. Ténganse por recibido el escrito signado por los delegados de la autoridad responsable denominada Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, atento a su contenido con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Distribución del escrito de agravios a las partes. Distribúyanse las copias de los agravios respectivos a las partes y dentro de los tres días sucesivos, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, póngase a disposición del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, el escrito de cuenta. En el entendido de que a efecto de que la Superioridad conozca lo actuado en él, hágase disponible el expediente en que se actúa para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), razón por la cual no se ordena la remisión física de constancia alguna. Lo anterior, una vez que se tenga conocimiento del Tribunal Colegiado al que corresponda el conocimiento del recurso de que se trata. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Zulema Sánchez Ibarra, que autoriza y da fe.

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