Cesar Robles Arvizu

Expediente 395/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
395/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • Cesar Robles Arvizu

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación precedente de la cual se desprende, que la parte quejosa, no interpuso recurso de queja a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la determinación de veinte de abril de dos mil veintitrés, por la cual desechó la demanda de amparo, promovida por ********************, se declara que éste HA CAUSADO ESTADO. archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En mérito de lo anterior, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, mediante el cual remite el expediente original 395/2023-V del índice de este juzgado federal y manifiesta que en el juicio de amparo 464/2023, ya fue dictado auto de archivo, dado el diverso proveído de treinta de marzo de dos mil veintitrés, dictado por el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, en el cual se avocó al conocimiento de asunto. En atención a su contenido y a efecto de evitar mayores dilaciones procesales este juzgado acepta la competencia para conocer del juicio en el que se actúa y se avoca a su conocimiento, se declaran validad las actuaciones del Juzgados Noveno de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. Vista de nueva cuenta la demanda de amparo, se provee lo siguiente: De lo antes indicado se observa que la parte quejosa reclama los mismos actos tanto en el presente asunto, como en el diverso juicio de amparo 357/2023-IV, del índice de este juzgado; esto es, en ambos asuntos se reclama la NEGATIVA DE PROPORCIONAR UN LUGAR PARA VIVIR ASÍ COMO EL ACCESO AL MINÍMO VITAL. Por tanto, del análisis del asunto en comento con la demanda que ahora se revisa, se pone de manifiesto que a fin de que se actualice la causal de improcedencia. Bajo ese contexto, resulta claro que el acto precisado que pretende combatir en este juicio constitucional la parte quejosa materia de diverso juicio 357/2023-IV, del índice de este Juzgado, en el que se reclama a la misma responsable. Sin que pase desapercibido para este juzgador que mediante proveído dictado el doce de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por no presentada la demanda relativa al juicio 357/2023-IV, del índice de este juzgado federal, sin embargo, dicha resolución aún no se encuentra firme. En esa virtud, se actualiza la causal prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, situación que obliga a DESECHAR LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en el artículo 113 del ordenamiento en mención, promovido ****.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio 7303/2023, firmado por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por el cual remite los autos originales del juicio de amparo 384/2023-IX, del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, formado con motivo de la demanda promovida por****** toda vez, que por acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintitrés, de conformidad con el artículo 45 fracción II y 46, fracción II del Acuerdo General del Pleno el Conejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales reformado por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con en Naucalpan de Juárez, ordenó la remisión de dicho asunto a este juzgado federal, por conocimiento previo. De las constancias remitidas por el Juzgado Decimoquinto de Distrito del Estado de México, se aprecia el diverso oficio 8371/2023 signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por el cual, remitió los autos originales del juicio de amparo indirecto 464/2023, de su índice formado con motivo de la demanda promovida por ***** por su propio derecho, contra actos del Juez en Línea Especializado en Materia de Violencia Familiar y de protección de Niñas Niños y Adolescentes del Estado de México , toda vez que por auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto y ordenó la remisión de los autos. En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 395/2023-V. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo, deben digitalizar las constancias que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta en el expediente electrónico; además, quedan electrónica para incorporarlas al expediente impreso. En mérito de lo anterior y una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo, de conformidad con el numeral 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal no acepta la competencia planteada, por las consideraciones que enseguida se exponen: En primer término debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número l.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36. Tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar, que para que un juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, a saber. a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. Precisado lo anterior, es pertinente transcribir el numeral 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Así, tenemos que del numeral antes transcrito se advierten tres hipótesis para determinar la competencia por territorio de los jueces de distrito, a saber: 1) Por regla general, la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, con independencia de la residencia de la autoridad emisora. 2) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un Distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, es decir ante quien se presente la demanda de amparo. 3) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de Distrito competente para conocer de dicho acto será aquel ante quien se presente la demanda de amparo. De lo anterior tenemos que si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, de lo contrario, es decir, si el acto reclamado requiere de ejecución material, el juez competente será el del lugar en donde tenga verificativo la ejecución del acto. En el caso que nos ocupa, este juzgador considera que no debe aplicarse la primera hipótesis de competencia que sostiene el ya referido artículo 37, de la Ley de Amparo, relativo a que será competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, sino por el contrario debe atenderse al último de los supuestos que señala el numeral, a saber: "Artículo 37. . Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Se afirma lo anterior, toda vez que la parte quejosa aduce que en el auto de veinticinco de marzo de dos mil veintitrés, emitido por la Jueza del Juzgado Especializado en Materia de Violencia Familiar y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, en el expediente 138/2023, se negó a reincorporar al quejoso a su domicilio familiar y a reintegrarlo a su vivienda, sin embargo, tal acto por sí mismo, no origina un cambio en el mundo fáctico del quejoso, en virtud de que el hecho de que el quejoso no cuente con un lugar para vivir, es una consecuencia directa de las medidas de protección dictadas el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, consistente en la salida de su domicilio, lo cual no es el acto reclamado, mas no de la determinación de veinticinco de marzo de dos mil veintitrés. En ese sentido, la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México con residencia en Toluca, y por razón de turno su conocimiento correspondió al Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México con residencia en Toluca, se pone de manifiesto que este Juzgado carece de competencia legal, para conocer de la demanda que se estudia, pues en el caso deberá conocer de la misma el Juzgado en donde se presentó la demanda de amparo, por tratarse de actos que no tienen ejecución. Situación que además es acorde con la pretensión de lograr el mayor respeto del derecho de acceso a la justicia, pues el que la parte quejosa presentara su demanda ante ese órgano jurisdiccional, en efecto, genera la presunción de que es porque le resultó de más fácil acceso, materialmente hablando, lo que tomó en cuenta el legislador en ese precepto legal; con la intención de facilitar al gobernado el acceso al servicio de la administración de justicia. Cabe destacar que en relación a la hipótesis que este Juzgado Federal considera debe aplicar para conocer del asunto, ha sido criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tal texto debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte esa posibilidad. Estableció lo anterior, a efecto de evitar la existencia de conflictos competenciales y lograr una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve. Esas consideraciones quedaron establecidas en la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 500, Décima Época, registro 2006529, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Por lo tanto, se ordena devolver el presente juicio de amparo, al referido Homólogo Federal, solicitándole atentamente se sirva informar la determinación que adopte y enviar el acuse de recibo correspondiente. También se informa al Juzgado de mérito, que la acción de vinculación de expedientes entre el órgano de origen y el órgano de destino, se encuentra habilitada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para la consulta de las constancias que integran el expediente electrónico del presente juicio, para los efectos legales conducentes. De igual manera, se comunica que en cumplimiento al artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado con excepción del precepto citado en primer término, mediante diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre del año en cita; no se remite en forma impresa el presente proveído, ya que los acuerdos emitidos desde el siete de noviembre de dos mil veintidós, se encuentran únicamente en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, la vía electrónica, por así haberlo solicitado expresamente, toda vez que cuenta con el usuario "********************". Con relación a las personas que autoriza, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se les tiene únicamente para oír y recibir notificaciones, recoger documentos, hasta en tanto, acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. den de ideas, en términos de los artículos 257, fracción I, y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se sugiere a la parte quejosa que de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional.De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial en el que puede ser contactado el Secretario encargado del asunto Germán Jaén León, siendo el número 55 53870500, extensión 1384, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes.

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