Cesar Roberto Naranjo

Expediente 446/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
446/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
06/07/2022

Partes del expediente

  • Cesar Roberto Naranjo

Actuaciones

  1. Principal

    MESA "6" Ciudad de México, seis de julio de dos mil veintidós. .....agréguese a los autos de este cuaderno de antecedentes el oficio signado por la secretaria del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual remite testimonio de la resolución dictada en sesión ordinaria virtual de veintinueve de junio de los actuales, se resolvió el Conflicto Competencial 25/2022 en el que determinó: ".PRIMERO.- Se declara legalmente competente para conocer del presente asunto al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. SEGUNDO.- Hágase del conocimiento de esta resolución al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, como lo solicita la superioridad acúsese de recibo correspondiente. Archivo ..... se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), fracción I del numeral 20 del referido cuerpo normativo, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Se comunica al promovente que de conformidad con el artículo 9 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se procederá a la destrucción del mismo de acuerdo a lo establecido en el artículo 20, fracción I, inciso a), pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que no existen documentos originales exhibidos por el promovente, a que se refiere el segundo párrafo del artículo 20 referido (de los mencionados en el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo de referencia). Por último, se considera que este expediente no es de relevancia documental para ser resguardado, y no se ubica dentro de los requisitos contenidos en el artículo 15 del Acuerdo antes mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA"6" Ciudad de México, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa en su numeral 2°, agréguese a los autos del cuaderno de antecedentes el oficio que signa la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de esta ciudad, mediante el cual comunica que, debido a que este juzgado no aceptó la competencia declinada, remitió lo autos del juicio de amparo ------ de su índice al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, con el objeto de que conozca del conflicto competencial que planteó. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA "6" En la Ciudad de México, trece de mayo de dos mil veintidós. Radicación Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa en su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio 22201/2022 a través del cual, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, remite el juicio de amparo 64/2022 promovido por --------------------------------------------------------en representación de ----------------------------, contra actos del Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Oficina de la Representación en la Ciudad de México y otras autoridades. Aspectos Generales ? Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo ----/2022-6. ? Genérese el expediente electrónico e impreso. Consideración previa Conviene destacar que la remisión de las constancias descritas obedece a que el Juzgado en cita declinó competencia (por razón de materia) bajo el siguiente argumento: ".De manera que, de las constancias que obran en autos, se advierten datos suficientes para constatar que la deportación es la sanción o consecuencia última de todo el procedimiento migratorio el cual inicia con la presentación de extranjeros, que es la medida mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de una persona migrante en una estación migratoria, mientras el Instituto dicta una resolución en el procedimiento, el cual puede culminar en la regularización, el retorno asistido o la deportación, todo lo cual pone de manifiesto que se trata de un procedimiento administrativo. Sin embargo, para fijar la competencia por materia, prevalece la naturaleza del acto y no el carácter de las autoridades responsables o la relación jurídica entre las partes; por lo que, la orden de detención en contra del quejoso podría culminar en su deportación, realizada por el Instituto Nacional de Migración, quien cuenta con la potestad de ejercer su atribución de control y verificación migratorias; lo cual denota la naturaleza penal del asunto. Ello toda vez que de estimar que determinadas etapas de dicho procedimiento sean administrativas y una vez resuelto sea el Juzgado de Amparo en Materia Penal quien conozca de la deportación, a fin de brindar seguridad jurídica a la parte quejosa, no es posible dividir el estudio de los actos que correspondan a la materia penal, toda vez que, atento a la naturaleza de la Litis constitucional planteada, debe analizarse en su integridad la demanda." Luego, una vez analizados los argumentos expuestos por el homólogo federal declinante, debe señalarse que no se comulga con dicha postura en atención a lo siguiente. Como cuestión inicial, cabe señalar que ---------------------------------, accionó la justicia constitucional a nombre de ----------------------------- por estimar que los siguientes actos no se emitieron al margen de lo dispuesto en la Norma Suprema: (.) .- ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades señaladas con los números del 1al 5 se reclaman: -El aseguramiento, alojamiento y/o detención de los y las quejosas por más de 36 horas en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México. De las autoridades señaladas con los números del 3 al 5 se reclaman: -La incomunicación de la que es objeto el quejoso. - La negativa de permitir nombrar representante legal. -Negativa de acceso de su representante legal a la estación migratoria para entrevistarse de manera personal y directa. De acuerdo con lo previsto en el artículo 107 fracción VII de la Ley Migración. (.) Los cuales atribuyó -en específico- a las autoridades responsables que enseguida se transcriben: (.) -AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Titular de la Oficina de Representación en la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración. 2. Director General de Regulación y Archivo Migratorio del Instituto Nacional de Migración. 3. Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de México, del Instituto Nacional de Migración. 4. Subdirector de Operación de Seguridad y Custodia en la Estación Migratoria en la Ciudad de México. 5. Subdirectora de Servicios Operativos y Atención al Migrante, en la Estación Migratoria en la Ciudad de México (.) Así entonces, el promovente reclama medularmente el aseguramiento, alojamiento y/o detención por más de treinta y seis horas, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, conocida como 'Las Agujas'", incomunicación, la negativa de acceso de su representante legal a la estación migratoria y la negativa de nombrar a un representante legal. En ese contexto, conviene señalar que en el acuerdo de dieciocho de enero actual, la autoridad jurisdiccional declinante -entre otras cuestiones de control estadístico interno-: recibió la demanda, la registró como 64/2022 determinó conceder la suspensión de plano y de oficio al directo quejoso CESAR ROBERTO NARANJO, en esencia para el efecto de que quedara en inmediata libertad, quedando a disposición de las autoridades responsables donde se encontraba. Asimismo, se tiene que el Juzgado de Distrito declinante agregó la diligencia de dieciocho de enero de dos mil veintidós, por la cual, el quejoso ratificó la demanda promovida en su nombre. (foja 63) De igual forma, tuvo por recibidos el oficio del Director de la Estación Migratoria de la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración, Órgano Técnico Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, a través del cual, rindió su informe de cumplimiento a la suspensión de plano. (foja 32-41) En el que, la responsable informó que el quejoso fue puestos a disposición de esa autoridad mediante oficio --------------------------, a efecto de que se aloje temporalmente en esa Estación Migratoria, hasta la conclusión del procedimiento administrativo migratorio y se resuelva su situación migratoria en el país; por ello, el declinante consideró fincar competencia a esta sede judicial con el argumento toral consistente en que los actos relativos al "aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso por más de 36 horas en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, conocida como 'Las Agujas'" se ajusta a la hipótesis de competencia establecida en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, este órgano regulador de la constitución, de forma respetuosa, no comparte los planteamientos que derivaron en la incompetencia que nos constriñe. Para justificar tal aserción, de forma inicial se destaca que los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, regulan la competencia de los jueces de Distrito especializados en la materia penal y administrativa, mismos que establecen: "Artículo 56.... De la interpretación de la primera de las disposiciones transcritas, se aprecia como regla general, la competencia de los jueces de Distrito en Materia Penal, para conocer de los actos de autoridad que impliquen una afectación a la libertad personal del gobernado, así como, de aquellos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, excepción hecha de las correcciones Disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal. Asimismo, contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. Por su parte, la exégesis del segundo de los numerales transcritos revela que corresponde al juez de Distrito en Materia Administrativa conocer de las demandas de amparo, que se promuevan, entre otras, contra actos de autoridades administrativas o con naturaleza propia de esa materia. Establecido lo anterior y con base en los antecedentes narrados, este Juzgado de Distrito considera que los actos reclamados se encuentran relacionados con un procedimiento migratorio de naturaleza meramente administrativa, ya que en el capítulo correspondiente de la demanda de amparo, el quejoso señaló como actos el "aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso por más de treinta y seis horas, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México". De los informes justificados rendidos por las autoridades responsables a saber el Director de la Estación Migratoria de la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración, del Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia en la Estación Migratoria de la Oficina de Representación en esta ciudad del Instituto Nacional de Migración así como del Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante de la Estación Migratoria refieren que el quejoso --------------------------- de nacionalidad ecuatoriana fue puesto a disposición de las autoridades migratorias mediante oficio número --------------------------------------- de cinco de enero de dos mil veintidós, suscrito personal comisionado de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración. Ello a efecto de que fuera alojado provisionalmente para que se iniciara su procedimiento administrativo y se resolviera su situación migratoria en el país; sin que por el momento se cuente con alguna constancia que al menos haga presumir que su estancia en las instalaciones de la autoridad migratoria, se encuentre directamente relacionada con algún acto de naturaleza penal. Cabe precisar que los actos de naturaleza administrativa, derivan directamente de la aplicación y ejecución de los artículos 991 y 1112 de la Ley de Migración, por parte de la autoridad migratoria, como lo es el Instituto Nacional de Migración, -en su creación órgano técnico desconcentrado de la 1 "Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional.--- La presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno." 2 ""Artículo 111. El Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación.--- El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de 60 días hábiles.--- Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero." Secretaría de Gobernación3-, actualmente órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación4, encargado de la aplicación de las leyes migratorias en auxilio de la citada Secretaría como dependencia de la Administración Pública Federal. Por ende, se concluye que las facultades ejercidas por las autoridades responsables son de carácter administrativo, no sólo por tratarse de autoridades del Instituto Nacional de Migración, sino porque su actuación tiene lugar en la situación migratoria de los agraviados que, dadas las circunstancias del caso, se ubicó en el marco del ejercicio de la legal estancia en el país, y no en el contexto de una carpeta de investigación o en el seguimiento de asuntos ante los tribunales jurisdiccionales correspondientes. Mientras que los actos que pudieran actualizar la competencia de este juzgado de amparo en materia penal, se encuentran contemplados en el artículo 15 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, a saber, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Bajo ese panorama, tratándose de actos de autoridad distintos del ministerial o judicial penal debe conocer un juez de 3 Según el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de 1993. 4 Como se desprende del artículo 2, inciso C, fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 5 Conforme lo disponen los artículos 3 fracción I y 4 de la Ley de Migración. Distrito en Materia Administrativa en términos del artículo 52, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Cabe apuntar que en los casos en que se reclame la prolongación del aseguramiento o alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, que se traduce en la privación de la libertad, es inconcuso que corresponde al ámbito competencial de las autoridades migratorias de naturaleza administrativa, diversas al ministerio público, ya que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la aplicación de las leyes de la materia en tratándose de irregularidades en el ingreso y estancia en el territorio nacional. Razón por la cual el "alojamiento" o aseguramiento administrativo, que señala el promovente en la demanda, debe considerarse como acto meramente administrativo emitido por autoridades de la misma naturaleza que de ninguna manera implican competencia para un juez de Distrito en Materia Penal. Lo anterior es así, porque conforme a la propia naturaleza de dicho acto, la competencia se ve respaldada en el artículo 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece que los juzgados en materia administrativa conocerán .3xrc-entre otros- de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial (con sus excepciones, como el caso de los procedimientos de extradición). Máxime que, la acción que regula el procedimiento migratorio implica atribuciones del Estado diversas a las de "ius puniendi", encaminadas principalmente a regular la estancia - legal-en el país de las personas extranjeras. En esa medida, cabe destacar que la finalidad de la competencia por materia consiste en que, en el juzgado o tribunal especializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho, lo cual permite a los juzgadores un mayor discernimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento, a efecto de cumplir la garantía de justicia pronta, completa e imparcial tutelada en el artículo 17 de la Constitución Federal. En relación con la tesis que cita el juez declinante, no es exactamente aplicable al caso, dado que en ella no se abordó en su totalidad los aspectos que aquí se aluden para sostener que la competencia del presente caso recae en el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa. Si bien, tal criterio en esencia refiere, que el procedimiento migratorio es de naturaleza administrativa, el cual inicia con la presentación de extranjeros a través del alojamiento temporal de una persona migrante en una Estación Migratoria, mientras el Instituto dicta la resolución correspondiente que puede ser en el sentido de regularizar, ordenar el retorno asistido o la deportación; además, de que establece que tal actuación afecta la libertad personal del migrante e implica un posible abandono del territorio nacional, por lo que tienen relación con la materia penal. Cierto es, el estudio de la contienda competencial se limitó a establecer que de acuerdo con la línea doctrinal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe atenderse a la naturaleza del acto y, en su caso, de la autoridad, por lo que la privación de la libertad es uno de actos de la competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, en términos del artículo 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo en modo alguno se cuestionó -y por ende, está relacionada con el ius puniendi, punto que permitirá hacer la distinción entre las materias. Para ello debe partirse de la interpretación del artículo 21 constitucional, en el cual se delimita las facultades de las autoridades de carácter penal y a las autoridades administrativas, en lo que interesa separa los delitos de las infracciones administrativas, los primeros se sancionaran con pena de prisión, los segundos con arresto. En términos generales, la atribución privativa para aplicar penas por hechos delictuosos es propia de la autoridad penal, ya que la autoridad administrativa no puede imponer castigos por delitos, sino sólo por faltas administrativas. ???????? En la especie, la restricción al libre tránsito y permanencia en el territorio nacional a más de constituir delitos, como se prevé en el Título Octavo de la Ley de Migración, también constituye una sanción administrativa contemplada en el Título Séptimo de esa ley. Apartado legal que correlacionado con el diverso Sexto, se observa que el alojamiento, retorno y deportación son medidas a través de las cuales el Instituto de Migración cumple con el objetivo de atender el fenómeno migratorio. De esa manera, de un análisis sistemático de la Ley de Migración, se evidencia que la privación de libertad de los migrantes es ordenada por una autoridad administrativa a efecto de cumplir con la ejecución, control y supervisión de los actos encaminados a cumplir con el debido proceso del procedimiento administrativo migratorio, no así por una sanción de naturaleza penal. De considerar lo contrario, es afirmar que la sola privación de la libertad es un acto de naturaleza penal, cuando esa restricción también es constitutiva de una sanción administrativa, como es el arresto o, como en el caso, medidas dictadas dentro del procedimiento migratorio. Máxime que de acuerdo con los informes rendidos por las responsables se observa que la multicitada privación de la libertad deriva del procedimiento migratorio y no de un asunto relacionado con la investigación de delitos. Por las consideraciones relatadas, este Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal NO ACEPTA la competencia Consecuentemente, previo cuaderno de antecedentes que se forme, devuélvase el presente asunto al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y solicítesele para que, de no tener inconveniente legal alguno, una vez que existan en su poder los presentes autos, acuse el recibo de estilo correspondiente, en el que informe si insiste o no en declinar la competencia planteada. Domicilio del quejoso y autorizados Se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ------------------------------------------------------------------.????????????Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala. Se tiene como domicilio físico alternativo para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala; y, con fundamento en la fracción XIX del artículo 2° del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como medio alterno de comunicación el teléfono que señala, así como el correo electrónico. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Se exhorta al trámite electrónico Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico 4jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx, así como el teléfono (55)-53-22- 17-00, extensión 4303. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Lo anterior de conformidad con el numeral 67, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese....

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