Cesar Rios Gonzalez

Expediente 425/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
425/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
09/04/2021

Partes del expediente

  • Cesar Rios Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de veintinueve de enero del año en curso, que tuvo por no presentada la demanda promovida por Maximiano Castillo Balleza, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el Artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso a), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó tener por no presentada la demanda de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los noventa días siguientes, deberá ser destruido, de acuerdo a lo que ordena el artículo 8.1.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    se R E S U E L V E: ÚNICO. Se Sobresee en el juicio de amparo número 304/2020, promovido por ***en contra de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por las razones precisadas en el último considerando de esta determinación. Notifíquese una vez que reanuden labores en este órgano jurisdiccional Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN AL PROMOVENTE QUE DICE: Número de expediente: 425/2020 Acuerdo: Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 2, fracciones I y II, y 20 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el apartado II, incisos 1 y 2 de la circular SECNO 1/2021 de ocho de enero de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se reactivan los plazos y términos que en el presente asunto estuvieron suspendidos en el periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, con motivo de dicha contingencia, en el entendido de que éstos se reactivaron a partir de que se reanudaron las labores presenciales en este órgano jurisdiccional. En ese sentido, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días concedido a la parte promovente, mediante auto catorce de diciembre de dos mil veinte, para que diera cabal cumplimiento a la prevención efectuada mediante dicho proveído, sin que lo hiciera; por lo que, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento que contiene el acuerdo en cita y se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese y personalmente al promovente.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, catorce de diciembre de dos mil veinte. Demanda de Amparo. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Maximiano **** contra actos que reclama del Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad y otra autoridad, que considera violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 425/2020. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Prevención. Ahora bien, previo a proveer lo conducente, resulta importante destacar lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda." Precepto del que se sigue, que en los casos en que se advierta alguna irregularidad en el escrito de demanda, o bien se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, no se hubiere acompañado el documento que acredite la personalidad, no se exprese como precisión el acto reclamado o se omita exhibir las copias de la demanda necesarias para correr traslado a las partes, surge la obligación del órgano jurisdiccional de que requerir al promovente, que aclare su demanda, señalando con precisión las deficiencias, irregularidades u omisiones que se observen. En ese sentido, una vez analizado el escrito de demanda, se advierte que en el caso se actualiza el supuesto previsto por el artículo 114, fracción III del ordenamiento legal antes invocado, en tanto que se advierte, que si bien el promovente, a efecto de acreditar la personalidad que ostenta, exhibe copia autógrafa del acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, emitido en el juicio laboral 02662/2013/1-1, por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, en el que se asentó que tiene el carácter de apoderado jurídico del actor, también lo es, que de su contenido no se observa que el actor en dicho juicio sea la persona a nombre de quien promueve la instancia constitucional, es decir, César Ríos González. En tales condiciones, se requiere al promovente Maximiano Castillo Balleza, para que en el término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite con documento idóneo la personalidad con que se ostenta, esto es, como apoderado legal de César Ríos González, en el juicio laboral de origen; ello en atención a que el documento que se acompaña a la demanda que da origen al presente juicio resulta insuficiente para demostrar tal carácter. Ello es necesario, pues de la interpretación armónica de los artículos 6 y 11 de la Ley de Amparo, es dable sostener que el juicio de amparo únicamente debe promoverse por la parte a quien perjudica el acto que se reclama, lo cual puede realizar por sí, por su representante legal, por su apoderado, por su defensor si se trata de un acto que derive de un procedimiento penal o de cualquier persona en los casos en que la ley de la materia lo permita expresamente; sin embargo, cuando el ocursante de la demanda de amparo se ostenta como apoderado legal de la persona que resiente en forma directa la afectación de sus derechos fundamentales por la actuación de la autoridad responsable, tal circunstancia constriñe al suscriptor de la demanda a demostrar en forma inequívoca el carácter de mandatario que presume, pues el hecho de que exteriorice aquella calidad, no vincula al órgano de control constitucional a tener por cierta y, en su caso, aceptar en forma tácita esa manifestación. En efecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación, ha sostenido que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al ocursante, en términos del artículo 114 de la legislación de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no presentada. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia número P./J. 43/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, julio de 1996, página 48, número de registro 200084, cuyo rubro y texto señalan: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER." Para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Así las cosas, es necesario que el signante de la demanda de amparo que se provee, acredite de manera fehaciente que la autoridad responsable le reconoció el carácter de apoderado legal del directo quejoso César Ríos González, actor en el juicio el juicio de origen que refiere, a efecto de que este órgano de control constitucional esté en condiciones de proveer lo que corresponda respecto a la demanda de amparo, para lo cual será necesario que acompañe documento idóneo con el que demuestre dicha circunstancia. Orienta lo anterior, la jurisprudencia PC.IV.L. J/11 L (10a.) del Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, localizable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 34, Septiembre de 2016 Tomo III, página 1862, registro 2012545, que establece: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA DE TRABAJO. PARA TENER POR ACREDITADA LA DE QUIEN PROMUEVE LA DEMANDA COMO APODERADO DEL QUEJOSO, BASTA QUE JUSTIFIQUE QUE LA AUTORIDAD LABORAL LE RECONOCIÓ EL CARÁCTER CON QUE SE OSTENTÓ, SIN NECESIDAD DE ACREDITAR SER ABOGADO O LICENCIADO EN DERECHO. De la interpretación sistemática de los artículos 6o., 10 y 11 de la Ley de Amparo, se colige que toda cuestión relativa a la personalidad en el juicio constitucional debe acreditarse conforme a la legislación indicada; de ahí que únicamente ante supuestos no contemplados en aquélla podrá acudirse a los distintos ordenamientos legales, según sea la naturaleza del acto reclamado y, sólo en aquellos casos en que ni siquiera la ley de la materia respectiva los prevea, se estará a lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, de dichos numerales se advierte que la personalidad del promovente del juicio de amparo puede acreditarse con el reconocimiento que de ella se haya hecho en el juicio del cual deriva el acto reclamado. Por otra parte, del artículo 692, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, deriva que las partes pueden comparecer al juicio laboral en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado, y que tratándose de personas morales, el compareciente (que actúa como apoderado) debe acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello. Además, en su fracción II, se establece que, por regla general, los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no sus apoderados, deberán acreditar ser abogados o licenciados en derecho con cédula profesional o personas que cuenten con carta de pasante vigente expedida por la autoridad competente para ejercer dicha profesión. Figuras de representación y asesoría jurídica que no deben ser confundidas, ya que la representación contractual o legal (prevista en la fracción III), a través de un mandato, se basa en la confianza que el mandante deposita en el mandatario, al contar éste con una serie de características que permiten confiarle la celebración de actos jurídicos en nombre del representado, razón por la cual no debe recaer necesariamente en profesionales del derecho; mientras que el asesor legal comparece al juicio, a fin de orientar y asesorar a los contendientes, así como a realizar los actos jurídico-procesales necesarios para la defensa del interés de las partes, lo que justifica la necesidad de que sea un profesional de la materia y, por ende, el requisito impuesto en el precepto legal citado. De ello se deduce que para tener por acreditada la personalidad de quien promueve una demanda de amparo en materia de trabajo como apoderado del quejoso, afirmando que su personalidad fue reconocida por la autoridad laboral, basta con que justifique que ésta le reconoció el carácter con el que se ostentó, sin que le sea exigible demostrar adicionalmente, que cuenta con cédula profesional o carta de pasante vigente." Ahora bien, en virtud de que lo requerido resulta indispensable para proveer respecto de la demanda planteada, se apercibe al solicitante del amparo que de no cumplir con lo indicado dentro del término legal concedido para tal efecto, con fundamento en el artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la misma. Autorizados. Asimismo, se tienen como autorizados de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Fernando Mejía Hernández y Carlos Alejandro Bustos Ruiz, por tratarse de un asunto laboral. Domicilio. En otro contexto, téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Jardín Hidalgo número ciento trece, casi esquina con Pedro Antonio Santos, zona Centro, de esta ciudad. Reproducción electrónica. Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número I.13o.T.15 K (10a.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 9, agosto de 2014, Tomo III, página 1560, con número de registro 2007298, que a la letra dice: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL).La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Expedición de copias. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, expídanse a costa de las partes, las copias de las constancias que integren el presente juicio y de las remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Protección de datos personales. Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación actuarial. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Autorización con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Finalmente, con el fin de privilegiar el trabajo a distancia, tal y como lo establecen los numerales 8 fracciones I y IV; así como el 20, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales, por el Fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, el presente proveído se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese y personalmente al promovente. ...

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