César Ricardo Cibrián Ríos

Expediente 2453/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2453/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
24/12/2019

Partes del expediente

  • César Ricardo Cibrián Ríos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Tepic, Nayarit, siendo las nueve horas con treinta y tres minutos del veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo número 2453/2019, promovido por César Ricardo Cibrián Ríos por conducto de su apoderado Raúl Arellano Guzmán; en audiencia pública presente el licenciado Octavio Parra García, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, por vacaciones de la Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido del Secretario Ecsar Edgardo Alarcón Dimas, que autoriza y da fe, la declaró abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a César Ricardo Cibrián Ríos por conducto de su apoderado Raúl Arellano Guzmán, contra el acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VENTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio signado por el delegado de la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual informa que su delegante, emitió un acuerdo de compensación a favor de la quejosa, a fin de realizar el pago por concepto de devolución de impuesto predial correspondiente al año dos mil doce, en los términos precisados en la sentencia concesoria del amparo, acuerdo en el que refiere que dicho Ayuntamiento reconoció un crédito fiscal, el cual se le pagará a la parte peticionaria del amparo a través de la figura de la compensación de impuestos, derechos y/o aprovechamientos; sin embargo, omitió acompañar copia certificada de dicha actuación, a efecto de determinar los lineamientos y alcances en que ésta se llevará a cabo y así poder determinar en su oportunidad si es que se encuentra o no cumplida la sentencia de amparo. De ahí que entonces, con sustento en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, para que dentro del término de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, remita copia certificada del acuerdo de compensación que emitió a favor de la moral quejosa, a fin de realizar el pago por concepto de devolución de impuesto predial correspondiente al año dos mil doce. Apercibida que de no hacerlo con causa justificada, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización, acorde con los preceptos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor. Con independencia de lo anterior, toda vez que el expediente de que se trata fue remitido al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con motivo del incidente de inejecución de sentencia planteado por este Juzgado, el cual fue radicado bajo el número 43/2019 de su estadística; por tanto, remítase copia certificada del libelo al citado Tribunal de Alzada, para los efectos legales que estime procedentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por la delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual, en atención a lo solicitado por este juzgado, insiste en que se aclare el monto que debe devolver a la amparista a fin de dar cumplimiento al fallo protector emitido en autos, toda vez que a su dicho adeuda el monto de $1,540.55 (mil quinientos cuarenta 55/100 moneda nacional) y no así el diverso de $5,425.30 (cinco mil cuatrocientos veinticinco 30/100 moneda nacional), que este órgano jurisdiccional le requiere, ello es así, toda vez que parte de la base de que el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, realizó un pago parcial por lo que debe tomarse en consideración dicha circunstancia para la actualización desde tal fecha. En consecuencia, de lo anterior, este Juzgado toma conocimiento y al efecto, debe indicarse que el treinta y un de julio de dos mil diecisiete la parte quejosa pagó ante la recaudación responsable el monto de $ 59,228.17 (cincuenta y nueve mil doscientos veintiocho mil pesos 17/100 moneda nacional) y el dieciocho de septiembre del año en curso, la citada autoridad responsable le devolvió el monto total de los derechos, impuestos y multa que erogó con motivo de la aplicación de la porción normativa; por tanto, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado, el periodo de actualización, debe de comprender de julio de dos mil diecisiete a septiembre de dos mil diecinueve; sin embargo, el factor de actualización debe obtenerse de la división del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para el mes de junio de dos mil diecisiete y agosto de dos mil diecinueve (al ser los meses anteriores del periodo involucrado). Luego, tomando en consideración lo anterior, si el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio de dos mil diecisiete fue 94.9636; y para el mes de agosto de este año 13,670. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el favor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0916. En consecuencia, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber $59,228.17 (cincuenta y nueve mil doscientos veintiocho pesos 17/100 moneda nacional), se obtiene la cantidad de $64,653.47 (sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y tres pesos 47/100 moneda nacional), cantidad que debía devolver la autoridad responsable a la parte quejosa; por ende, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $5,425.30 (cinco mil cuatrocientos veinticinco pesos 30/100, moneda nacional). Por tanto, deberá estarse a lo proveído en auto de diecinueve de noviembre del presente año, toda vez que de autos se advierte que la autoridad oficiante entregó a la parte quejosa la cantidad total de $59,228.17 (cincuenta y nueve mil doscientos veintiocho pesos 17/100 moneda nacional), por concepto del derecho reclamado; empero, se pone en evidencia que no se pagó el faltante señalado a la parte quejosa, equivalente a $5,425.30 (cinco mil cuatrocientos veinticinco pesos 30/100, moneda nacional), por lo que ésta es la cantidad que adeuda y no la que refiere. Ello se considera de esa forma, toda vez que la autoridad responsable parte de la falsa premisa de que la actualización fiscal de mérito es susceptible a liquidarse de manera parcial, en función a los abonos que hubiera realizado, por lo que, a su dicho, el nuevo periodo de actualización comprenderá de la fecha en que se realice dicho anticipo hasta que se liquide totalmente el adeudo; sin embargo, contrario a esto el artículo 35 del Código Fiscal del Estado establece que para efectos de actualización debe tomarse en cuenta el periodo involucrado, el cual inicia con el mes en que inició la obligación y termina cuando se liquida totalmente sin contemplar otra manera. En consecuencia, en términos del numeral 192 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad para que, dentro del plazo de CINCO DÍAS devuelva a la parte quejosa, la cantidad faltante de $5,425.30 (cinco mil cuatrocientos veinticinco pesos 30/100, moneda nacional), en cumplimiento de la ejecutoria de este juicio, supuesto en el que deberá allegar a esta instancia constitucional las constancias que así lo acrediten. Asimismo, con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, así como con el diverso artículo 33, fracción LI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, requiérase al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al Recaudador de Rentas responsable, dar cumplimiento con la citada ejecutoria. En ese orden ideas, de conformidad con el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, así como con el diverso artículo 33, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, requiérase al Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al Secretario de Administración y Finanzas responsable, dar cumplimiento con la citada ejecutoria. En la inteligencia de que, deberán emplear los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, pues no basta que en su calidad de superior jerárquico emita un oficio en el que comunique que requirió a la responsable para que dé cumplimiento al fallo. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.) emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el libro 4, Tomo II, página mil trescientos ochenta, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto expresa: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito." Apercibidas que de no hacerlo con causa justificada, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se les impondrá una medida de apremio consistente en multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. De igual manera, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada. Asimismo, hágase del conocimiento de las responsables que este Órgano de Control Constitucional, considera suficiente el término otorgado con antelación para la realizar los trámites administrativos que se requieran, pues es de interés público el pronto cumplimiento de las sentencias. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    En veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, la licenciada Luz Adriana Puga Magaña, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit CERTIFICA QUE: La notificación de la sentencia de veinticinco de octubre de este año (fojas 64 a 74) en el presente juicio de amparo, se realizó a la parte quejosa y representante del menor identificado con las iniciales J.E.F.U se realizó el cuatro de este mes y año y a la parte tercera interesada y autoridad responsable el siete de noviembre del año en curso (fojas 103 a 108), por lo que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para el impetrante y representante de la menor en comento del seis al veintiuno del mes y año que transcurre, para la responsable del ocho al veinticinco del mes y año en cita; y, para la parte tercera interesada del once al veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve; sin contar los días inhábiles que mediaron en esas fechas por corresponder a sábados y domingos, de conformidad con el precepto 19 de la Ley de Amparo; además, con apoyo en lo establecido en el inciso c de los puntos primero y segundo del Acuerdo General 10/2006, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso, publicado el siete de febrero de dos mil seis, en el Diario Oficial de la Federación, se consideran como días inhábiles y de descanso, los lunes en que por disposición del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, deje de laborarse, razón por la cual, el dieciocho de noviembre del año en curso no fue laborable y el veinte de noviembre del año actual, fue inhábil conforme al numeral 19 de la Ley de Amparo; por lo que en esas fechas, con fundamento en el numeral 26 de la Ley de Amparo, no corrieron los términos procesales correspondientes, en los asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional; sin que a la fecha se haya interpuesto recurso alguno contra la referida sentencia en tales lapsos. Sí existen documentos por devolver a las autoridades responsables. Doy fe. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Bucerías, Nayarit, para que, dentro del término de diez días, contado a partir del día siguiente al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, acate en sus términos el fallo protector de que se trata. Y una vez que lo haya realizado, informe de inmediato sobre su cumplimiento, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten; apercibida que de no hacerlo con causa justificada, se le impondrá a una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo. De igual manera, se hace del conocimiento de la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la ley citada. Por último, devuélvanse un tomo de constancias al juez responsable que remitió en apoyo a su informe con justificación; las cuales fueron solicitadas por este órgano jurisdiccional a fin resolver conforme a derecho el presente juicio, lo cual ya aconteció, por lo que resulta innecesaria su retención. Notifíquese.

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