Cesar Ramon Manuel Gonzalez Bermudez

Expediente 570/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
570/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
01/12/2020

Partes del expediente

  • Cesar Ramon Manuel Gonzalez Bermudez

Actuaciones

  1. Principal

    SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJAN EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE); EL PROVEÍDO DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, PRONUNCADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 30 FRACCIÓN II Y 31, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EN SU PARTE RELATIVA ESTABLECE: Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso recurso de queja previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, contra el acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veinte, que desechó la demanda promovida por ***; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Consecuentemente, al no requerir ejecución material el proveído recurrido se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido. Realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en libro de control respectivo. En términos de lo dispuesto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que en acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se desechó la demanda de amparo promovida; el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, en un plazo de tres años, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, inciso b), del Acuerdo citado en el párrafo que antecede. En términos del segundo párrafo del artículo 21, del mencionado Acuerdo General, prevéngase al solicitante del amparo, para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos su legal notificación, comparezca a recoger los documentos que en su caso hubiera adjuntado a este juicio de amparo, con el apercibimiento que, de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, dichas constancias serán destruidas.

  2. Principal

    Con la demanda de amparo de cuenta, *** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, bajo el número 570/2020-III.2. Hágase su registro tanto en el libro de control de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Primeramente, es necesario establecer que del análisis integral de la demanda constitucional, armonizando todos sus datos, se advierte que ***por su propio derecho, señala como acto reclamado lo siguiente: La omisión del agente del Ministerio Público Investigador I en la Región C, con residencia en Acámbaro, Guanajuato, en contestar y dar trámite a la denuncia presentada. Causal de improcedencia prevista. A fin de demostrar lo anterior, es menester atender al contenido de los artículos 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. La fracción transcrita, pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser revocadas o modificadas, que deben ser satisfechos antes de la promoción del juicio de amparo, deviniendo éste improcedente y precisamente dicha hipótesis se actualiza en el presente asunto, por las siguientes consideraciones: Para que se actualice la causal de improcedencia, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado provenga de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Al respecto, se debe tener presente el contenido de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, 109, fracción XXI,211 fracción I y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. En ese sentido, la víctima puede impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en los artículos 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto, previamente a promover la acción de amparo, debe agotar ese medio de impugnación. En efecto, los artículos 109, fracción XXI y 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima pueda impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. En ese orden, las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. Por lo que las determinaciones emitidas por el órgano investigador no se limitan a las taxativamente previstas en el referido numeral 258, esto es, abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. De ahí que el medio de defensa previsto en los citados artículos 109, fracción XXI y 258 sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. De lo antes expuesto, se pude advertir que en la fase de investigación el encargado de la misma, debe investigar y practicar todas aquellas diligencias y actos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos denunciados, respetando en todo momento los derechos de las partes y el debido proceso; sin que la investigación que realice pueda suspenderse o interrumpirse, salvo los casos previstos legalmente. Análisis del caso concreto. Del análisis integral de la demanda de amparo, se obtien que esta fue promovida por **por propio derecho, y reclama la omisión por parte del agente del Ministerio Público Investigador I de la Región "C" con residencia en Acámbaro, Guanajuato, de la negativa de dar inicio a la carpeta de investigación, con motivo de la denuncia presentada el primero de octubre de dos mil veinte. En ese sentido, se desprende que las peticiones de la parte quejosa, se encuentran íntimamente ligadas con la investigación e integración de la carpeta, puesto que esencialmente reclama las omisiones de las que ha sido objeto la misma, razón por la que previo a promover el juicio de amparo por la omisión reclamada, debe agotar el recurso antes analizado, al tratarse de omisiones cometidas durante la integración de la carpeta de investigación. Sin que pase inadvertido que la parte quejosa refiera que no se encuentra obligada a agotar el principio de definitividad, en razón de que la fiscalía no ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente, sin en embargo, la investigación comienza a partir de la presentación de la denuncia, de conformidad con el artículo 211, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como se aprecia, la etapa de investigación inicial comienza con la presentación de la denuncia, por lo que si de acuerdo a la jurisprudencia del Máximo Tribunal, en contra de las omisiones cometidas en la etapa de investigación la parte quejosa debe agotar el principio de definitividad, es evidente que en el caso nos encontramos en el supuesto previsto, porque se considera ya iniciada la etapa de investigación con la sola presentación de la denuncia. Decisión Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 113 de la Ley de Amparo, LO PROCEDENTE ES DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO promovida por *** por propio derecho, por la autoridad y acto precisado en líneas que anteceden. Se autoriza acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza a la parte quejosa, el acceso vía internet al expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa y con fundamento en el diverso 26, fracción IV, para recibir notificaciones, quien tiene como nombre de usuario **; consecuentemente, comisiónese a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de que realice la autorización del usuario.

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