Cesar Rafael Velanzuela

Expediente 849/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
849/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
05/11/2021

Partes del expediente

  • Cesar Rafael Velanzuela

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Exhorto diligenciado. Agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales, el oficio y anexo remitidos vía interconexión por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California; atento a lo anterior, téngase a la autoridad oficiante devolviendo debidamente diligenciado el exhorto con número de orden 262/2021 (número de origen 193/2021), del índice de este Juzgado. Innecesario acuse de recibo. Resulta innecesario enviar el acuse de recibo correspondiente, dado que la comunicación oficial de que se trata, se recibió a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y el propio sistema expide el comprobante de su remisión. Infórmese. Lo anterior hágase del conocimiento, -por conducto del actuario judicial adscrito-, de la persona encarada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), ello para los efectos legales consiguientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Acepta competencia. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado por la Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, Baja California, mediante el cual acusa de recibo el oficio 16875/2021, por medio del cual este Juzgado de Distrito se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo presentada por 1)******aceptó la competencia planteada, radicando el asunto bajo el número de expediente 593/2021, de su índice. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso j), del citado acuerdo. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo, al no existir diligencia pendiente en este juicio. Notifíquese. Así, lo acordó y firma Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante autorización comunicada por oficio CCJ/ST/2818/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a trece de agosto de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Tijuana y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 849/2021. Incompetencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, estima que en el caso concreto carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo en razón de territorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 y 48 ambos de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para corroborar dicho aserto, debe tenerse presente que la competencia objetiva de un órgano jurisdiccional es un presupuesto procesal de orden público que, por imperativo constitucional contenido en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, debe de analizarse de oficio a fin de no transgredir las reglas fundamentales que norman el juicio de amparo. ***** Por otra parte, la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar lo juzgado en las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho, desde luego, en el ámbito de su respectiva competencia. La función de conocer y juzgar los litigios, así como de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Es importante mencionar que al respecto, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón del territorio se distribuye entre diversos Circuitos, de conformidad con el Acuerdo General 03/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a los que se les asigna una especialización o materia mixta, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, mixtos, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad o en su caso en todas las materias. Esta distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Por su parte, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que alude a la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia por territorio es el criterio que determina la circunscripción territorial en la que ha de tener su sede el órgano jurisdiccional que deberá dirimir la controversia; es decir, el lugar físico donde se encuentran los sujetos u objeto de la controversia o donde se produjo el hecho que motiva el juicio; por tanto, es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes dentro de una determinada zona geográfica. En el caso concreto se dice que este Juzgado carece de competencia legal, dado que se actualiza lo previsto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. El primero de los numerales en cita es del tenor literal siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo a las bases siguientes: (...) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia " (Énfasis añadido). Dicho precepto constitucional es claro al establecer que el juicio de amparo se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Por su parte, el precepto 37 de la Ley de Amparo indica: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del numeral que antecede, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que se puntualizan en el orden siguiente: 1) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se considera para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución material por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2) La segunda previsión normativa que se contiene en el citado dispositivo, más que una regla diversa constituye un matiz de la hipótesis precedente, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito a que se hizo alusión en el inciso que antecede, se establece que en caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. 3) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Establecido lo anterior, se tiene que la ejecución es el criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación; es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. En principio, de las dos primeras reglas competenciales, se aprecia que requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, a diferencia de la tercera, que no la requiere. Resulta ilustrativa al respecto, la tesis XXVII.3o.13 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que puede ser consultada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Libro 6, Mayo de 2014, página 1941, registro 2006496, que a la letra dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UN ACTO EJECUTADO O EJECUTABLE EN DOS O MÁS DISTRITOS JUDICIALES. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE CUALQUIERA DE ESAS DEMARCACIONES, A PREVENCIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece: "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda.". Sin embargo, ese enunciado normativo no debe entenderse literal y aisladamente en el sentido de que podrá conocer del asunto cualquier Juez de Distrito del país. Antes bien, es necesario interpretarlo en armonía con el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que la demanda de amparo indirecto deberá presentarse "ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse". De esta disposición se infiere que, tratándose de actos susceptibles de ser ejecutados, siempre deberá atenderse al lugar de ejecución como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto. Así, mediante la interpretación de la norma secundaria conforme al precepto constitucional, se concluye que cuando el acto reclamado haya sido ejecutado o pueda ser ejecutable en dos o más distritos judiciales, será competente para conocer del amparo biinstancial el Juez de cualquiera de esas demarcaciones, a prevención."(Lo subrayado es propio) En el caso concreto, 1) César Rafael Valenzuela y/o Maximiliano Espinoza Valenzuela, solicitó en la vía indirecta el amparo y protección de la Justicia Federal por los actos siguientes: "IV. ACTOS QUE SE RECLAMAN Se reclama de la(s) autoridad(es) responsable(es), el silencio administrativo y falta de respuesta a la petición escrita ingresada por oficialía de partes la: LEGAL DETENCION DEL IMPUTADO, ASÍ COMO TAMBIÉN SOLICITO SE SOBRESEA DICHA CARPETA DE INVESTIGACIÓN Y ME DEJE EN ABSOLUTA LIBERTAD DICHA CAUSA PENAL FED/BC/TIJ/0002203/2020 CÉSAR RAFAEL VALENZUELA Y/O MAXIMILIANO ESPINOZA VALENZUELA, EL C. KELVIN GÓMEZ AMILLANO, AGENTE VERIFICADOR ADSCRITO A LA ADUANA DE TIJUANA, EN FUNCIÓN DE AGENTE VERIFICADOR, DE FACULTAD EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR Y FISCAL EN LA SECCIÓN ADUANERA CRUCE FRONTERIZO "EL CHAPARRAL". Por ver aplicado un término Inconstitucional, cuando al señor CÉSAR RAFAEL VALENZUELA Y/O MAXIMILIANO ESPINOZA VALENZUELA. Ya le avía tocado luz verde, en todo caso la falta que se cometía en ese preciso momento era administrativa fuera del alcance jurisdiccional del C. KELVIN GÓMEZ AMILLANO por usar términos del bando del policía y buen gobierno ya que le competía a la unidad de vialidad y transporte del estado de Tijuana, Baja California sancionar dicho precepto, Así como también violentó los estatutos de la ley que lo rige, el código fiscal de la federación. Como también violentó los mecanismos aleatorios de la selección de inspección. C. LIC. JUAN VICENTE MARTINEZ LOMELÍ, agente del ministerio público de la federación titular de la agencia cuarta investigadora en apoyo a la titular de la agencia tercera investigadora Tijuana, Estado de Baja California, en relación a la petición planteada a la fiscalía regional de Tijuana sobre los datos del señor CÉSAR RAFAEL VALENZUELA Y/O MAXIMILIANO ESPINOZA VALENZUELA se le informa si cuenta con algún mandamiento judicial y de ser así se le haga de llegar a la brevedad posible a esta mesa ocho de averiguaciones previas en baja california de la agencia del ministerio público de la federación general de la república, y es así que el día 27 de agosto del 2020 a las 02.35 p.m. se le informa que después de una búsqueda minuciosa en el sistema de cómputo implementado en esta fiscalía regional, SE LOCALIZO antecedente relacionado como imputado de la persona de nombre antes mencionada dentro de las averiguaciones previas 61/11/209/AP, 3173/13/206/AP, 4469/12/20ª/AP. Haciendo de su conocimiento que los registros localizados corresponden a la ciudad de Tijuana baja california. Pues si bien es cierto que dichas averiguaciones previas de las que se manifiesta la fiscalía regional de Tijuana las tiene en su base de datos, pero cuál es mi sorpresa que esas averiguaciones previas de las que se refiere el fiscal C. LIC. JUAN VICENTE MARTINEZ LOMELI, ya fueron cosa juzgada y mintió ante la sala del tribunal para informarle a su señoría y hacerle creer que en relación a dichas averiguaciones previas el señor CESAR RAFAEL VALENZUELA Y/O MAXIMILIANO ESPINOZA VALENZUELA se encontraba bajo proceso de investigación por esa representante legal, cuando de la averiguación previa 61/11/209/AP, se consignó el día 09/06/2012. A nombre de MARCO ANTONIO MARTIN GOMEZ, y el fiscal dijo en audiencia del tribunal que por esa averiguación previa estaba siendo investigado por la representación social a la que pertenece, así como también en la averiguación previa, 4469/12/20ª, manifestó lo mismo que la anterior en sala del tribunal y esa averiguación previa la que mencionó fue archivada por perdón siendo el ofendido el municipio de Tijuana Baja California, P.R. CÉSAR RAFAEL BALENZUELA, por la unidad orgánica de lesiones al titular, y por ultimo quiero aclarar su señoría. Que la averiguación previa 3137/13/206/AP. Se encuentra archivada por perdón siendo esto el día 12/05 2013. Es por ello su señoría que solicito se le sobresea el juicio de esta carpeta de investigación en la cual he sido violentado en mis derechos como ciudadano mexicano. C. LIC. ***, DEL ÁREA RESPONSABLE AGENCIA CUARTA INVESTIGADORA DE LA UNIDAD DE INTEGRACIÓN Y LITIGACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, FALSIFICACIÓN Y ALTERACIÓN DE MONEDAS, en relación a la fiscal por ver dejado pasar por alto las testimoniales de los testigos que atestiguaron en mi favor que no me dedico a actividades ilícitas. C. BENITO EDGARDO HERNÁNDEZ LUNA, JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN FUNCIONES DE ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL CON RECIDENCIA EN TIJUANA B.C. por ver decretado la legal detención de mi causa penal 748/2020. Cuando existen demasiados elementos a mi favor para que no decretara de legal la detención, esto es en relación a lo de mi dinero americano como mexicano dejó pasar por alto los contratos que en dicha causa penal a la que me vengo refiriendo en este escrito de proemio me refiero." En el caso, al verificar la naturaleza del acto reclamado en esta vía, los cuales consisten en diversas actuaciones realizadas por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal, y otras autoridades, todas con residencia en Tijuana, Baja California, referentes al inicio y trámite de la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/0002203/2020, tramitada por la Agencia Cuarta Investigadora en apoyo a la Titular de la Agencia Tercera Investigadora en Tijuana, Baja California y a la causa penal 748/2020; es decir, actos con posible ejecución fuera de la jurisdicción territorial de quien ahora resuelve. En tales condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California, carece de competencia legal para conocer del presente sumario constitucional, por razón de territorio, y por ende, la declina al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno, pues es dentro de la jurisdicción del citado Juzgado Federal, donde tendrá lugar la ejecución de los actos reclamados; por ello, con fundamento en los artículos 37 y 48, ambos de la Ley de Amparo, y Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos del presente juicio de amparo a ese órgano de control constitucional para que, si lo considera pertinente, se avoque al conocimiento del asunto. ***** Consecuentemente, se procede a remitir los autos originales del presente expediente al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno, previo cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado federal; solicítese el acuse de recibo correspondiente; asimismo, informe si acepta o no la competencia para conocer del presente juicio de amparo. Domicilio. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones el ubicado en *****; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, en turno, con residencia en Tijuana, Baja California; a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, comisione a quien corresponda para que notifique personalmente a la parte quejosa el presente proveído, y lo requiera para que, dentro del término de tres días, posterior al en que le surta efectos la notificación de trato, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, en el entendido que de no hacerlo así, las posteriores notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se lleva en este juzgado de conformidad con los artículos 26 y 27 de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°. Se autoriza al Juez exhortado para que habilite días y horas inhábiles, así como para que emita los acuerdos correspondientes a fin de lograr su diligenciación, para el caso de ser necesario; se solicita acuse de recibo correspondiente. Autorizados. Téngase como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, a *****, virtud de encontrarse registrada su respectiva cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Correo electrónico personal y número telefónico. Asimismo, en términos del artículo 2, fracción XIX, del "Acuerdo General 13/2020, que regula las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19", téngase a la parte quejosa proporcionando la cuenta de correo electrónico personal (I) antonioarce@live.com.mx, así como el número telefónico 667 217 36 66. En el claro entendido de que, acorde al citado precepto, tales números telefónico y cuenta de correo personal, son única y exclusivamente con el fin de facilitar el contacto con personal de este órgano jurisdiccional, no así para recibir notificaciones electrónicas por dichos medios de comunicación privada, toda vez que ello debe solicitarse expresamente y realizarse únicamente desde el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, mediante su firma electrónica certificada (FIREL o FIEL) y nombre de usuario registrado en dicho portal. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119, de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas documentales que la parte quejosa adjunta a su demanda de amparo, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Exhortación a todas las partes a continuar juicio en línea. Con fundamento en el artículo 22 y 28, segundo párrafo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, dado que el presente juicio fue promovido inicialmente de manera física, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente; ello, con la finalidad de mejorar la comunicación con las partes. Se instruye a los actuarios judiciales adscritos. Por otro lado, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, a efecto de que una vez que lleven a cabo las notificaciones respectivas integren de inmediato y debidamente el expediente electrónico del presente juicio de amparo. Asimismo, en tanto el presente juicio no se tramite en su totalidad bajo el esquema de juicio en línea, se les instruye a los actuarios para que las notificaciones personales que en su caso sean ordenadas, las realicen con estricta observancia a lo dispuesto por la normatividad aplicable en relación a la protección de la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. En virtud de lo antes citado, por cuestiones de seguridad e higiene, con la intención de salvaguardar tanto la integridad física y salud del personal de este juzgado como de las partes que intervienen en el presente juicio, además de cortar probables cadenas de contagio del virus SARS-CoV2 que ocasiona la enfermedad denominada COVID 19, se solicita de los actuarios adscritos a este juzgado que para la práctica de notificaciones personales, en el acta de notificación respectiva, asienten que leyeron y entregaron copia de los acuerdos relativos, además deberán abstenerse de recabar las firmas relativas, lo que también deberán anotar en el acta, con la finalidad de respetar los protocolos sanitarios de sana distancia, en términos de los artículos 2 y 23 fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales Ante la Contingencia por el Virus Covid-19. Notifíquese.

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