César Portales Torres

Expediente 201/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
201/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
15/04/2016

Partes del expediente

  • César Portales Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte promovente, no impugnó el auto en el que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En el caso, toda vez que se tuvo por desechada la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Queda debidamente notificada la parte quejosa por medio de lista del auto de veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, al no haber comparecido a notificarse de manera personal.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por César Portales Torres, por su propio derecho, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, con residencia en Monterrey, Nuevo León y otra autoridad. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 202/2016, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la parte promovente en esta instancia se hace consistir básicamente en el auto de dos de marzo del presente año, dictado dentro del juicio 593/2009, del índice del Tribunal Unitario Agrario, con residencia en Monterrey, Nuevo León, promovido por el Ejido Santa Eulalia, municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, a través de su Comisariado Ejidal, en el que se determinó la ejecución de la sentencia definitiva dictada en dicho juicio, ordenando el desalojo de un bien inmueble objeto de la Litis, cuya posesión ostenta tener el impetrante. En ese sentido, procede desechar de plano la demanda de garantías que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción IV (interpretado a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, antes trascrito, este señala claramente que si se trata de actos de ejecución de sentencia, solamente puede promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; lo cual significa, en sentido contrario, que no está permitido legalmente promover juicio de amparo en contra de resoluciones que, dictadas en la fase de ejecución de sentencia, no constituyan la última que se dicte en ese procedimiento, ya que las violaciones que pudieran cometerse durante el propio procedimiento que dejaren sin defensa al agraviado, pueden reclamarse en la misma demanda de amparo que se interponga contra la última resolución aludida, ya que la finalidad que se persigue es la de limitar la procedencia del amparo en la forma indicada, para evitar abusos en su promoción. Ahora, en relación con lo que debe entenderse por 'la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución', quedó definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el acuerdo o resolución que tuviere por cumplida en su totalidad la sentencia o en la que se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la misma; lo anterior, al resolver la contradicción de tesis número 27/99, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 32/2001, visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, de la Novena Época, Materia común, número de registro 190035, cuyo rubro y texto a la letra indican: Para evidenciar la actualización de la causal de improcedencia en estudio, basta la lectura íntegra del escrito de demanda, de la cual se advierten tres puntos que cobran especial relevancia, respecto de los actos reclamados en estudio: ? El quejoso César Portales Torres, formó parte en el juicio agrario 593/2009, del índice del Tribunal Unitario Agrario, con residencia en Monterrey, Nuevo León, promovido por el Ejido Santa Eulalia, municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, a través de su Comisariado Ejidal, pues contestó la demanda, opuso excepciones y ofreció pruebas. ? El citado juicio 593/2009, se encuentra concluido por sentencia ejecutoria. ? La orden de desalojo emitida el dos de marzo del presente año, la cual tilda de inconstitucionalidad la parte quejosa, tuvo vigencia durante la etapa de ejecución de la sentencia condenatoria dictada en el juicio 593/2009, promovido por el Ejido Santa Eulalia, municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, a través de su Comisariado Ejidal. De lo hasta aquí relacionado, se puede afirmar fehacientemente que los actos reclamados que se analizan, no se ubican en los supuestos de procedencia a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, puesto que las citadas actuaciones no son la última resolución con la que concluye el procedimiento de ejecución, que ha de entenderse como aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, tratándose de los procedimientos de remate, cuando en forma definitiva de ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, sino, que dichas actuaciones son tendentes a la ejecución y cumplimiento de la sentencia. Entonces, si las actuaciones reclamadas de la autoridades responsables, consistentes en la orden de desalojo dictada el dos de marzo de dos mil dieciséis, dentro de los autos del juicio de origen, emitida por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, con residencia en Monterrey, Nuevo León, constituyen un medio preliminar para la ejecución de la sentencia, y obviamente no constituye la última resolución dictada dentro de dicha etapa, por lo que si en el caso, una vez que se dicte la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia combate ésta, pueden reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso César Portales Torres. En ese sentido, al ser el acto reclamado un medio preliminar dictado dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva, es claro que en el caso se actualiza de manera fehaciente la causal de improcedencia invocada. Sirve de apoyo a lo anterior, por el contenido de su texto, aplicado en forma analógica, la tesis de jurisprudencia I.3o.C. J/21, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 511, del Tomo XI, junio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil, Registro número 191663, la cual literalmente establece: Por lo que en el caso, el quejoso podrá reclamar en la misma demanda que en su momento -si así lo hace y desea- interponga contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, los vicios que a su juicio cometa las responsables en la tramitación y ejecución de ese procedimiento; toda vez que, como ya se dijo, las actuaciones reclamadas del Magistrado responsable, no constituyen la última resolución emitida en ese procedimiento, y contra actuaciones intermedias, no procede el juicio de amparo. Sin que en el caso se advierta la actualización de alguna excepción al criterio plasmado, que pudiera traer la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actuaciones emitidas dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, ello en virtud de que el acuerdo reclamado no afectan de manera directa derechos sustantivos del promovente ajenos a la cosa juzgada, ni ésta es persona extraña al juico del que emana el acto reclamado, y que culminó con sentencia definitiva firme. Consecuentemente, en el presente asunto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción IV (interpretado a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la citada legislación, procede desechar de plano la demanda de amparo. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que especificó en el proemio de su demanda de amparo, autorizando para ello a Idalia Portales Juárez y en amplios términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Bernardo Aguirre Aldret. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo. Por último, hágase de conocimiento del quejoso, que las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, constituyen información pública; sin embargo, independientemente de que exprese o no su oposición a dicha publicación, se ordena suprimir en este asunto los datos personales de éste, así como la información reservada. Lo anterior, en términos del artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 5, 6, 7 y 8, del reglamento del reglamento de la Suprema Corle de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley; y en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a le información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.

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