César Pineda Zárate
Expediente 1593/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1593/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- César Pineda Zárate
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Tribunal declara queja fundada. Agréguese el oficio signado por la Secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite la ejecutoria dictada dentro del recurso de queja administrativa 333/2023, en la que declaró fundado el recurso de queja interpuesto por el quejoso César Pineda Zárate contra el auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo; y devuelve el expediente original del presente juicio. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y glósense únicamente las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes; acúsese recibo. Cumplimiento. En virtud de lo resuelto por la superioridad y a efecto dar cumplimiento a lo ordenado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, 6, 10, 12, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo de que se trata. Audiencia constitucional. Se señalan las diez horas del cinco de enero de dos mil veinticuatro para su celebración. Incidente de suspensión. Sin que sea necesaria la tramitación del incidente de suspensión toda vez que no fue solicitado. Intervención al agente del Ministerio Público de la Federación. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que le compete a la Representación Social de la adscripción, cuya notificación deberá realizarse por lista, en términos del numeral 26, fracción III, del ordenamiento legal invocado, poniendo a su disposición copia de la demanda de amparo y del presente auto. Solicitud de informe justificado. Se ordena emplazar a las autoridades responsables, quienes de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberán rendir su informe justificado en el plazo de quince días, en el entendido de que tendrán que precisar de forma clara la existencia o inexistencia de los actos reclamados, indicando si es cierto o no, o bien, limitarse a manifestar de manera genérica "son ciertos" o "no son ciertos", apercibidas que de no hacerlo así, se tendrá por cierto y se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización), con apoyo en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Requerimiento de constancias. De conformidad en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que remitan en el plazo de quince días la constancia en copia debidamente certificada del expediente del cual emana el acto reclamado o que sirvieron de apoyo para emitirlo, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente juicio de derechos, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del término señalado o de no informar las causas legales o materiales que se los impida se les impondrá la medida de apremio señala en el párrafo que antecede. Información clasificada. Ahora bien, en caso de remitir constancias que justifiquen el acto reclamado y éstas consistan en documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado, especificando en el empaquetado que se trata de "información reservada" o "confidencial", ello como parte de las obligaciones que deben vigilarse en términos de los artículos 101, 104 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Requerimiento de causas de improcedencia y constancias que la acrediten. Por otra parte, con fundamento en el numeral 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que, en caso de que ocurra una causa notoria de improcedencia o sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este juzgado, acompañando las constancias que lo acrediten, apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá una multa de treinta días de salario mínimo general vigente (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Amparo. Notificación a las autoridades responsables. Por otro lado, se precisa que para el caso de que al intentar notificar a las autoridades señaladas por la parte quejosa como responsables, el fedatario judicial de la adscripción sea informado que la denominación efectuada en la demanda no es la correcta, se faculta a dicho actuario para que proceda a realizar lo establecido en el artículo 272 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, esto es, para que en dicho acto coloque una línea delgada sobre la denominación incorrecta, la cual deberá salvar (firmar), y asiente la denominación correcta; ello, con la finalidad de que dichas autoridades queden notificadas del presente acuerdo y estén en aptitud de rendir su informe. En el entendido de que, si las autoridades responsables se oponen a recibir el oficio correspondiente por estar testado, el actuario deberá proceder a practicar la notificación de conformidad con lo ordenado en el numeral 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, debiendo levantar la razón correspondiente. Apercibimiento formulado de forma personal a la parte quejosa en caso de que las autoridades que señala como responsables resulten inexistentes o su denominación sea imprecisa. Este Juzgado de Distrito, atendiendo a la jurisprudencia con número de registro 2021029, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no pasa inadvertido que la parte quejosa tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, ya que esto constituye un requisito de su demanda. No obstante, en virtud de que la declaración de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal practicada a la parte impetrante, se ordena se haga en la presente determinación, en los términos siguientes: Se hace del conocimiento de la parte quejosa que la notificación personal que se le ordena practicar en esta determinación constituye la notificación personal a que alude el criterio jurisprudencial precitado, con lo que se garantiza que la misma se encontrará debidamente enterada de que, en el evento de que alguna de las autoridades que señaló como responsables resulte inexistente o su denominación resulte imprecisa, se le dará vista con dicha determinación a través de la notificación que le sea practicada por lista, con el apercibimiento de que si dentro del término que le sea concedido (tres días) omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad o autoridades que designó como responsables, o no pruebe que sí existen bajo la denominación que indicó en su demanda, se les tendrá como inexistentes y se suspenderá de inmediato toda comunicación con dichas autoridades. Lo que se provee en los términos apuntados, en aras de salvaguardar la celeridad en el trámite de este asunto y evitar actuaciones que dilaten su debida integración. En la inteligencia de que la notificación personal ordenada en el presente acuerdo se encomienda desde el auto inicial a fin de que la parte quejosa se encuentre en aptitud de subsanar o corregir los posibles errores en que incurra al denominar a las autoridades que señale como responsables; máxime que es obligación procesal de la parte quejosa consultar con regularidad los proveídos que se emitan a fin de que en caso se acontecer, subsane alguna de las imprecisiones anotadas, lo que puede realizar en forma directa a través de las listas y/o tableros que se publican en este Juzgado de Distrito, o vía electrónica a través del portal: https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación; asimismo, infórmeseles que cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente, este órgano jurisdiccional procederá a generar la versión pública de las resoluciones requeridas, y en su caso, de las demás constancias solicitadas, suprimiendo el nombre de las partes, así como cualquier otra información de carácter personal que contengan; y que aún y cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Tercero interesado. Finalmente, se proveerá el emplazamiento de las personas a las que le recaiga el carácter de terceros interesados, hasta en tanto, de las constancias que se agreguen al informe justificado se advierta con certeza a quiénes les asiste tal carácter..M-I
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Pachuca de Soto, Hidalgo, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Acuse de queja. Agréguese a los autos el oficio de cuenta a través del cual la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con sede en esta ciudad, acusa recibo del diverso mediante el que se remitieron las constancias necesarias para la substanciación del recurso de queja interpuesto por el quejoso César Pineda Zárate; asimismo, informa que se admitió a trámite el citado medio de impugnación y fue radicado bajo el número 333/2023, de su índice.M-I
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Pachuca de Soto, Hidalgo; diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Archivo. Visto el estado procesal de autos, y la certificación que antecede, al no existir diligencia pendiente, se ordena el archivo de este cuaderno incidental como asunto concluido. Ahora bien, por lo que hace al expediente original del incidente de suspensión, en razón de que se concedió la medida cautelar solicitada, de conformidad con los artículos 12, primer párrafo, 17, fracción III, inciso b), y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se valora como conservable; por lo tanto, deberá ser destruido, una vez cumplido el plazo de tres años. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 19, fracción II, inciso a), del referido Acuerdo, se valora como destruible una vez cumplido el plazo de seis meses, por lo que una vez que trascurra ese plazo procédase a su destrucción..M-4
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Pachuca de Soto, Hidalgo, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve César Pineda Zárate contra un acto que reclama de la Unidad de Responsabilidades del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo; atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 1593/2023-1-A. Análisis de la demanda de Amparo. De la lectura íntegra de la demanda y anexos que se adjuntan a la misma, se advierte que el acto reclamado se hace consistir esencialmente en: La determinación dictada el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés dentro del expediente administrativo 27/2023, notificada el veintiuno de agosto siguiente, mediante la cual se resolvió que no se hallaron elementos suficientes para tener por demostrada la existencia de una conducta administrativa atribuible a la Jueza Cuarta Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. Desechamiento. Previo a pronunciarse sobre su admisión, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito emerge la obligación del juzgado de distrito, de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que no debe soslayarse que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el artículo 62 de la ley en cita, impone la obligación al juzgado de amparo de analizar oficiosamente las causales de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable; es decir, que aun cuando se tramite el juicio subsista la causa de improcedencia a pesar de las pruebas que se ofrezcan para desvirtuarla. En apoyo de lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, registro 193379, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Una vez precisado lo anterior, conviene mencionar que, la causal de improcedencia que en la especie se actualiza es la prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" Del precepto transcrito se advierte la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos u omisiones de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, con la condición de que causen un agravio irreparable a través de algún medio de defensa legal. Interpretada en sentido contrario esta primera parte del referido precepto, se puede inferir válidamente que el juicio de amparo será improcedente cuando el acto administrativo cause un agravio reparable mediante algún medio de defensa legal; lo cual lleva implícito el principio de definitividad que lo rige, consistente en agotar los recursos ordinarios de defensa previo a la promoción de la instancia constitucional. Esto es, el amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades administrativas revisables de oficio, atento a las normas rectoras, o proceda contra ellos algún recurso, incidente o juicio por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a tales ordenamientos se suspendan sus efectos a través de la interposición del medio de defensa legal hecho valer por el agraviado, con iguales alcances a los previstos en la norma reglamentaria y sin exigir más requisitos que los que en ella consigna para conceder la medida cautelar definitiva ni plazo mayor al establecido para el otorgamiento de la provisional, con independencia de si la actuación u omisión sea susceptible de ser interrumpida de acuerdo con dicha ley. En esa tesitura, el quejoso reclama en este juicio de amparo, la determinación de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente administrativo 27/2023, en la que se resolvió que no existen elementos que hagan presumir la existencia de responsabilidad administrativa atribuible a la Jueza Cuarta Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. De las manifestaciones que realiza el quejoso en su escrito de demanda, se presume que la resolución que reclama se fundó en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En ese sentido, contra la resolución reclamada, previo a la interposición del juicio de amparo, el aquí quejoso debió agotar el recurso de apelación ante la autoridad que la emitió, en términos de lo previsto en la citada Ley General de Responsabilidades Administrativas, conforme a los artículos 215 a 219 de la citada legislación. Los artículos de mérito son del tenor siguiente: Ley General de Responsabilidades Administrativas. "Artículo 215. Las resoluciones emitidas por los Tribunales, podrán ser impugnadas por los responsables o por los terceros, mediante el recurso de apelación, ante la instancia y conforme a los medios que determinen las leyes orgánicas de los Tribunales. El recurso de apelación se promoverá mediante escrito ante el Tribunal que emitió la resolución, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación de la resolución que se recurre. En el escrito deberán formularse los agravios que consideren las partes se les hayan causado, exhibiéndose una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes". "Artículo 216. Procederá el recurso de apelación contra las resoluciones siguientes: I. La que determine imponer sanciones por la comisión de Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, y II. La que determine que no existe responsabilidad administrativa por parte de los presuntos infractores, ya sean Servidores Públicos o particulares". "Artículo 217. La instancia que conozca de la apelación deberá resolver en el plazo de tres días hábiles si admite el recurso, o lo desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Si hubiera irregularidades en el escrito del recurso por no haber satisfecho los requisitos establecidos en el artículo 215 de esta Ley, se señalará al promovente en un plazo que no excederá de tres días hábiles, para que subsane las omisiones o corrija los defectos precisados en la providencia relativa. El Tribunal, dará vista a las partes para que en el término de tres días hábiles, manifiesten lo que a su derecho convenga; vencido este término se procederá a resolver con los elementos que obren en autos". "Artículo 218. El Tribunal procederá al estudio de los conceptos de apelación, atendiendo a su prelación lógica. En todos los casos, se privilegiará el estudio de los conceptos de apelación de fondo por encima de los de procedimiento y forma, a menos que invertir el orden dé la certeza de la inocencia del servidor público o del particular, o de ambos; o que en el caso de que el recurrente sea la Autoridad Investigadora, las violaciones de forma hayan impedido conocer con certeza la responsabilidad de los involucrados. En los asuntos en los que se desprendan violaciones de fondo de las cuales pudiera derivarse el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa, la inocencia del recurrente, o la determinación de culpabilidad respecto de alguna conducta, se le dará preferencia al estudio de aquéllas aún de oficio". "Artículo 219. En el caso de ser revocada la sentencia o de que su modificación así lo disponga, cuando el recurrente sea el servidor público o el particular, se ordenará al Ente público en el que se preste o haya prestado sus servicios, lo restituya de inmediato en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones impugnadas, en los términos de la sentencia respectiva, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes. Se exceptúan del párrafo anterior, los Agentes del Ministerio Público, peritos oficiales y miembros de las instituciones policiales; casos en los que la Fiscalía General de la República, las fiscalías y las procuradurías de justicia de las entidades federativas y las instituciones policiales de la Federación, de las entidades federativas o municipales, sólo estarán obligadas a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio, en los términos previstos en el apartado B, fracción XIII, del artículo 123 de la Constitución". Así, de la intelección de los artículos invocados, se concluye que las resoluciones en las que se determine que no existe responsabilidad administrativa por parte de los Servidores Públicos o particulares, emitidas por los tribunales concernientes a actos en materia administrativa, podrán ser impugnadas por los propios responsables o por los terceros, mediante el recurso de apelación, ante la autoridad que emitió la resolución, dentro del término de quince días, el cual, luego de la vista de tres días para las alegaciones de las partes, será resuelto con los elementos que obren en autos, privilegiando los conceptos de violación de fondo. En tales condiciones, previo a promover juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar la instancia correspondiente, esto es, el recurso de apelación ante la autoridad que dictó la resolución reclamada, al no apreciar que se actualiza alguna causa de excepción al principio de definitividad. Además, conforme al numeral 221, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la quejosa también tiene a su alcance el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo. Ello, en atención a que los artículos 80, 81, 82 y 83, inciso C, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, así como 1 y 81 de la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo, establecen: Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. "Artículo 80. De conformidad con los Artículos 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99, apartado B, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 1 y 2 inciso a) fracción II, de esta Ley, la justicia fiscal, administrativa y de responsabilidades administrativas, se impartirá por el Tribunal de Justicia Administrativa con jurisdicción en toda la Entidad y con residencia en la Ciudad de Pachuca de Soto." "Artículo 81. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, es un órgano de control de legalidad, con plena autonomía para dictar sus resoluciones e imperio para hacerlas cumplir." "Artículo 82. Corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa dirimir las controversias que se susciten en materia fiscal y administrativa entre los particulares y la Administración Pública Estatal, Municipal y Organismos Descentralizados con funciones de autoridad. Además, conocerá de las acciones de responsabilidad y aplicará las sanciones por faltas administrativas calificadas como graves cometidas por servidores públicos y particulares vinculados con éstas, promovidas por los órganos internos de control estatal y municipal, o la Auditoría Superior del Estado. En ningún caso el Tribunal podrá sustituir a la autoridad administrativa." "Artículo 83. Las salas del Tribunal de Justicia Administrativa serán competentes para conocer, substanciar y resolver los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos, conductas y hechos siguientes: (...) C) Responsabilidades Administrativas: (...) V. De las resoluciones definitivas que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos por faltas administrativas no graves en términos de la legislación en materia de responsabilidades para el Estado de Hidalgo, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento." Ley Estatal del Procedimiento Administrativo. "Artículo 1. La presente Ley, es de orden e interés público y se aplicará a los actos, omisiones, procedimientos y resoluciones de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal. El presente Ordenamiento también se aplicará a los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Paraestatal, respecto a sus actos de autoridad y a los contratos que los particulares puedan celebrar con dichos Organismos." "Artículo 81. El afectado por las resoluciones administrativas, podrá optar entre interponer el recurso de revisión o promover juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal Administrativo del Poder Judicial del Estado. Para acudir ante Tribunal Fiscal Administrativo, cuando se haya interpuesto un recurso, será requisito su previo desistimiento. Resuelto el recurso de revisión, el afectado podrá acudir en juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal Administrativo." De acuerdo con el contenido de los anteriores preceptos, se advierte que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo es el facultado para dirimir las controversias que se susciten en materia de responsabilidad administrativas entre la administración pública estatal, municipal y los organismos descentralizados y los particulares. Además, la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo es aplicable a los actos, omisiones, procedimientos y resoluciones de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, siendo que el afectado por las resoluciones administrativas que dicten dichas autoridades, podrá interponer el recurso de revisión o promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal Administrativo. Cabe precisar, que no resulta desapercibido para quien esto resuelve, que el numeral 221 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su redacción se utilice el vocablo "podrán", cuando alude a la impugnación de las resoluciones reclamadas; sin embargo, no implica que sea potestativo para el quejoso agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, conforme a lo previsto en la jurisprudencia siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO "PODRÁ" EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Si la ley que regula el acto reclamado permite recurrirlo a través de un determinado medio de impugnación utilizando en su redacción el vocablo "podrá", ello no implica que sea potestativo para los gobernados agotarlo antes de acudir al juicio de amparo, pues dicho término no se refiere a la opción de escoger entre un medio de defensa u otro, sino la posibilidad de elegir entre recurrir o no la resolución respectiva, supuesto este último que traería consigo el consentimiento tácito." [Registro digital: 170455, Materias(s): Común, Novena Época, instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: Tomo XXVII, Enero de 2008, 1a./J. 148/2007, Página: 355] Lo anterior, aunado a que del libelo de demanda, no se advierte que la quejosa reclame normas generales; no se trata de persona extraña al procedimiento del que emana la resolución reclamada; el acto reclamado no es de imposible reparación, en tanto de resultar favorable a la parte quejosa el medio de impugnación interpuesto contra el mismo se le resarciría en el derecho que se haya trasgredido en su perjuicio; además, de notratarse de actos que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal, peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Además, tampoco se trata de una resolución que caiga en los supuestos de excepción establecidos en el propio artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, previamente a la promoción del presente amparo, la quejosa debió interponer el recurso de apelación, en virtud de que se considera que con dicho recurso la determinación de referencia podía ser modificada o revocada, y al no haberlo hecho, procede desechar la demanda por no observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. No pasa inadvertido para la suscrita que la quejosa señala que el acto reclamado viola los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, también es cierto que en el caso, el acto reclamado se funda en normas secundarias, lo que implica que para el análisis de la cuestión planteada se requiere realizar un estudio sobre legalidad y no de constitucionalidad de manera exclusiva; de ahí que el peticionario de amparo debió agotar, previamente a la promoción de la presente demanda de amparo, el medio ordinario de defensa previsto en la legislación antes mencionada, ya que, de otro modo, bastaría involucrar en la demanda de amparo la violación de un precepto constitucional para eludir el agotamiento de los recursos ordinarios, desvirtuándose así el requisito de definitividad que debe tener el acto reclamado en el juicio constitucional. En consecuencia, al quedar acreditada de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo presentada por César Pineda Zárate. Por último, se estima oportuno destacar que se adopta esta determinación, no obstante que el acto controvertido pudiera considerarse de imposible reparación, toda vez que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1, señala expresamente que el amparo procederá contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; circunstancia que, incluso, ha sido corroborada por el Alto Tribunal de la nación. Por contenido substancial, se cita la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8 de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia: Común, Tesis: P./J. 11/2018 (10a.), Registro: 2017117, que indica: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." 1 "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.) ." Acceso al expediente electrónico. Como lo solicita la parte quejosa y conforme a la certificación de cuenta, se autoriza el acceso al expediente electrónico y las notificaciones que conforme al artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo deban hacerse en forma personal, se le realicen vía electrónica al usuario "cratom" a través del referido Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 37, 40, 41 bis, 61, 62 y 84 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por lo que se ordena a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que registre dicha solicitud. En la inteligencia de que el usuario "cratom" deberá ingresar al sistema electrónico para obtener la constancia de la consulta realizada en un plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir de que este juzgado de Distrito la hubiese enviado; hecho que sea, digitalícese la constancia generada para el expediente electrónico y agréguese una copia al expediente impreso como constancia de notificación. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por hecha la notificación respectiva de conformidad con los artículos 30, fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo.
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