César Pineda Espinoza

Expediente 138/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 17 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
138/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • César Pineda Espinoza
  • Piedad Ernestina Cruz Pineda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de Secretario General de Acuerdos por Ministerio de Ley de la Segunda Sala Civil, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el cual acusa recibo de la misiva con la que le fueron devueltas las documentales que anexó en apoyo a su informe justificado, de lo que este juzgado toma nota para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Francisco Javier de los Santos Estrada, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veinte de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Secretario de Estudio y Cuenta, en funciones de Secretario General de Acuerdos por Ministerio de Ley de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en atención a su contenido, se acuerda: Mediante oficio que al efecto se gire, comuníquese a la citada autoridad que el once de octubre de dos mil veintidós, mediante misiva 22664, se remitió en vía de alcance los tomos que envió en apoyo a su informe justificado, solicitando de la manera más atenta, que al momento de su recepción, se sirva acusar recibo. Notifíquese.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a trece de septiembre de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en este expediente. Por consiguiente, toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. 09/02/23 13:04:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf JUDITH VENTURA AVILA 2 ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Atento a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, conforme a lo establecido en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que a través de la sentencia constitucional dictada en este asunto, se negó el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DEPURABLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 181 , fracción l, inciso b) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio de amparo en el que se ha negado la protección constitucional 1 Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales.[.] 09/02/23 13:04:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf JUDITH VENTURA AVILA 3 ??????????????? al quejoso, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DESTINO INCIDENTES Se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el numeral 21 inciso c)2 del citado Acuerdo General, pues se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva respecto de los actos reclamados, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. En términos de lo dispuesto en la fracción II del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental que deriva de este asunto, previa 2 . c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; 09/02/23 13:04:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf JUDITH VENTURA AVILA 4 formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 253 , del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Devuélvase a la autoridad responsable Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, con sede en 3 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. Los expedientes digitalizados o electrónicos de los juicios de amparo generados con la FIREL serán administrados por la Dirección General de Archivo y Documentación a través del SISE, una vez que hayan sido transferidos y destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este Acuerdo. Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 09/02/23 13:04:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf JUDITH VENTURA AVILA 5 ??????????????? Tuxtla Gutiérrez, los anexos que remitió en apoyo a su informe justificado, por no tener razón su permanencia en este juzgado. Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Judith Ventura Ávila, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    V I S TOS, para resolver los autos del juicio de amparo 138/2022. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante oficio 2196/2022 de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, recibido el ocho de febrero del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta Ciudad, el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, remitió los autos del juicio de amparo 97/2022 de su índice, al haberse declarado incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por César Pineda Espinoza, quien demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y autoridades que se precisarán en un apartado posterior. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de once de febrero de dos mil veintidós, se aceptó la competencia planteada y se admitió a trámite la demanda de amparo de previa reseña, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, sin que se solicitara el informe justificado a la autoridad responsable al ya obrar en los autos del juicio de amparo 97/2022 del índice del homologo federal, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional correspondiente, la que tuvo verificativo en términos del acta que precede y concluye con la emisión de la presente sentencia [fojas 40 a 45]. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 138/2022 -2- CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción II, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en el que el Pleno del Consejo determinó el cambio de denominación de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, y por el que a partir del catorce de marzo de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional se denomina Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula; ya que los actos reclamados son de carácter positivo y la demanda fue presentada ante este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 138/2022 -3- Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"1 y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS".2 En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda y demás constancias que obran en autos, se obtiene que el acto reclamado a la Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona Uno, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, consiste en: ?La resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil número 353-B- 2C01/2018, en la que se REVOCÓ la sentencia interlocutoria de veintisiete de enero de dos mil veinte, dictada por el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial Tonalá, en el expediente 439/2013, relativo al INCIDENTE DE EXCLUSIÓN DE BIENES, promovido por Piedad Ernestina Cruz Pineda. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona Uno, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al rendir informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado [foja 6] por lo que así se le tiene para todos los efectos legales conducentes. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 1 Tesis P. IV/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255. 2 Jurisprudencia 2ª./J. 55/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, agosto de 1998, página 227. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 138/2022 -4- 917812, que a la letra refiere lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las constancias que remitió como apoyo a su informe, medios de prueba que tienen valor probatorio pleno, por tratarse de documentales públicas, en términos de lo dispuesto por los ordinales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última, por tratarse de documentos expedidos por servidor público en ejercicio de sus funciones. Al efecto, se cita la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. No se hicieron valer causas de improcedencia por las partes, ni se advierte de oficio la existencia de alguna, según lo establece el artículo 62 de la Ley de la Materia, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su demanda de amparo, los cuales no se transcriben pues no existe disposición legal que así lo exija. QUINTO. Estudio de fondo. Así, en esencia la parte JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 138/2022 -5- quejosa alega que la autoridad responsable viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante la falta de fundamentación y motivación de la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, por la omisión de analizar los siguientes puntos: En primer lugar, dejó de valorar que en la resolución de diez de febrero de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial Tonalá, en el expediente 439/2013, declaró improcedente el incidente de oposición al proyecto de partición planteado por Piedad Ernestina Cruz Pineda, bajo el argumento toral que el contrato privado de compra venta de veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y siete no adquiere eficacia jurídica ya que el hecho de que haya sido ratificado ante Notario Público e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, no satisface el requisito esencial contenido en el numeral 2294 del Código Civil del Estado de Chiapas, esto es, que conste en escritura pública, por lo que no es suficiente para justificar la propiedad del inmueble que pretende excluir; lo anterior, a pesar que la actora presentó los mismos documentos en las dos ocasiones. Así, continua diciendo, que la autoridad responsable dejó de establecer porque no debía darse valor al referido numeral, o bien, como es que se subsanó el mismo; sin que exista fundamento legal para que cambiara de criterio, cuando existen artículos con un imperativo categórico, que señala que deberá ser en escritura pública y no el contrato de compraventa de veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y siete, el cual fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio varios años con posterioridad, aun cuando fuera admiculado con la escritura que acreditaba la propiedad a nombre de Ernestina Moran Rustrian, que si JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 138/2022 -6- satisface los requisitos de la ley, porque con él, no significa que adquiera eficacia jurídica. Como segundo concepto de violación hace valer que en relación al análisis de la sala relativo a que la señora Ernestina Moran Rustrian, era la propietaria del inmueble y que pudo celebrar el contrato de compraventa el veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y siete, por lo que, tiene soporte la venta realizada, haciendo valer los artículos 1767, 1768 y 1770 del Código Civil para el Estado de Chiapas, de ello, atiende a que el artículo 1770 refiere que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley, siendo aplicable el artículo 2294 del mismo ordenamiento. Seguidamente, como tercer concepto de violación, hace valer que existe una incorrecta interpretación del artículo 1809 del Código Civil para el Estado de Chiapas, el cual señala que cuando la ley exija determinada forma para un contrato, mientras que este no revista esa forma no será válido, salvo disposición en contrario. Si la voluntad de las partes consta de manera fehaciente cualquiera de ellas puede exigir que se dé el contrato de forma legal, así de igual forma, se deja de cumplir con lo establecido en el artículo 2294 del multicitado ordenamiento. De igual forma, refiere como cuarto concepto de violación, que la sala responsable paso por alto que en su contestación de los agravios la apelante, hizo valer que la tercera interesada no había comparecido a la audiencia de pruebas y alegatos, tal como señala el artículo 798 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, que establece, que si la persona que realiza una oposición no comparece a la audiencia respectiva se le tiene por desistida de su oposición, por lo tanto, ante dicha presencia se debe de JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 138/2022 -7- resolver que es completamente improcedente su planteamiento y se deberá seguir con la secuela del procedimiento. Ahora, de las constancias que remitió la Sala responsable en apoyo a su informe con justificación, se advierte lo siguiente: _ Con escrito de once de noviembre de dos mil diecinueve Piedad Ernestina Cruz Pineda, promovió incidente de exclusión de bienes de la masa hereditaria, ante el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, específicamente con el propósito de que excluya de dicha masa el inmueble consistente en la finca urbana ubicada en la Séptima Calle Norte Oriente número 15 esquina con callejón Galeana de la Ciudad de Arriaga, Chiapas, con una superficie de 800 metros cuadrados [foja 11 a 25 del anexo 3]. _ En sentencia interlocutoria de veintisiete de enero de dos mil veinte, el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, declaró improcedente el incidente planteado por la actora [fojas 54 a 57 del anexo tres], bajo la siguiente consideración: "Al efecto, de la revisión de los autos tenemos que en fecha diez de febrero de dos mil diecisiete, este tribunal dictó sentencia interlocutoria en donde declaró improcedente el incidente de oposición al proyecto de partición planteado por el actor, bajo el argumento toral de que el contrato privado de compraventa de veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y siete, no adquiere eficacia jurídica ya que el hecho de que haya sido ratificado ante Notario Público y registrado ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial, ello no satisface el requisito esencial contenido en el numeral 2294 del Código Civil vigente en el Estado, esto es, que conste en escritura pública, que por ello no es suficiente para justificar la propiedad del inmueble que pretende excluir. (.) JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 138/2022 -8- Así las cosas, ante la existencia de una resolución en donde se determinó que el documento base de la acción consistente en el contrato privado de compraventa de 23 de marzo de 1997 mil novecientos noventa y siete, es insuficiente para justificar la propiedad del inmueble afecto al presente incidente, este tribunal advierte que sobre el particular ya existe una sentencia que constituye cosa juzgada y por ende, lo que ya fie definido en un juicio previo no puede modificarse con una resolución, con la finalidad de evitar decisiones contradictorias sobre una misma cuestión, sobre la base de que debe privilegiarse la certeza jurídica frente al derecho de oposición de las partes." _ Inconforme con la sentencia interlocutoria descrita Piedad Ernestina Cruz Pineda, actora incidentita, interpuso recurso de apelación ante el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, mismo que fue admitido en efecto devolutivo, el diez de febrero de dos mil veinte [fojas 58 a 68 del anexo 3]. _ En auto de diecisiete de febrero de dos mil veinte, se tuvo por recibido el escrito de doce de febrero de ese año, signado por César Pineda Espinoza, por medio del cual, contestó los agravios hechos valer por la apelante [foja 69 a 72 anexo 3]. _ Resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en los autos del toca civil número 353-B- 2C01/2018 del índice de la Sala responsable, con la que revocó la sentencia interlocutoria de veintisiete de enero de dos mil veinte, dictada por el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, en el expediente 439/2013, relativo al incidente de exclusión de bienes, promovido por Piedad Ernestina Cruz Pineda [fojas 44 a 60 anexo 1) En ese sentido, el estudio se realizará conforme al principio de estricto derecho, en virtud de que no se actualiza alguna de las hipótesis que actualizan la figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 79 de la Ley de Amparo. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 138/2022 -9- En un inicio, conviene precisar el contenido del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, que establece: "Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Dicho numeral contempla el derecho fundamental de legalidad, que se traduce en que las autoridades deben emitir sus actos conforme a la ley. Es ilustrativa del particular la tesis3 que se lee: "GARANTÍA DE LEGALIDAD. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de legalidad". Por su parte, el artículo 16 de la Constitucional Federal, en lo conducente dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". 3 Visible en la página 263, tomo XI del Semanario Judicial de la Federación, enero de 1993, Octava Época, con número de registro IUS 217539. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 138/2022 -10- En el precepto constitucional transcrito se dispone que toda resolución de autoridad judicial competente debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, de ahí que, para cubrir cabalmente tal aspecto, la autoridad judicial aquí responsable, estaba obligada a exponer las causas generales y razones particulares que en su concepto le permitían establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal. Máxime que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional, tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra en el análisis exhaustivo y congruente de los puntos que integran la litis, teniendo como apoyo el o los preceptos jurídicos aplicables al caso en concreto, que permiten a los juzgadores expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como, en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Además, es necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas (hasta los criterios jurisprudenciales) aplicables al caso de que se trate, pues las resoluciones jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en un conflicto o litis que se les plantea. Ello atento a que en las resoluciones jurisdiccionales la garantía de legalidad tiene como objeto que el juzgador no las dicte en forma arbitraria, sino ajustadas al ordenamiento legal, a fin de que el gobernado pueda advertir si se respetaron de manera cabal las normas que dicho juzgador estimó para resolver el debate. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 138/2022 -11- Son aplicables a lo hasta aquí dicho, los siguientes criterios4: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." y; "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones 4 Jurisprudencia con registro 238212, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Volumen 97-102, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación y, la tesis P. CXVI/2000, del Pleno del citado Máximo Tribunal aludido, visible en la página 143, del Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 138/2022 -12- en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." En conclusión, para que una autoridad cumpla con los imperativos legales que se contemplan en el aludido precepto constitucional, y así todo acto de autoridad esté fundado y motivado, es necesario que en sus determinaciones, cite los preceptos legales que le sirvan de apoyo y además, exprese los razonamientos lógicos y jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto encuadra en los supuestos de la norma invocada, lo cual tiene como propósito que el gobernado conozca la determinación escrita donde la autoridad que emite el acto de molestia, precise la ley en que se apoya y las razones que llevaron a considerar actualizado en su proceder el supuesto normativo, para que esté en aptitud de atacarlo si considera que esos fundamentos fueron incorrectos o que la motivación no fue acorde con la realidad de los acontecimientos. Bajo ese marco legal, devienen de infundados los conceptos de violación relatados en los párrafos que anteceden, que fueron relacionados como primero, segundo y tercer concepto de violación, ya que la Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 01, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fundó y motivó adecuadamente el acto reclamado. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 138/2022 -13- En efecto, la potestad responsable con fundamento en el artículo 815 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Chiapas, determinó que el Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, incumplió con su obligación de dictar una resolución incidental que no es clara, precisa y congruente, al incorrectamente aplicar la figura jurídica de cosa juzgada; lo que se considera acertado. Así, los supuestos que deben concurrir para que pueda afirmarse estarse ante la presencia de cosa juzgada son: a) Identidad de las personas que intervinieron en los dos juicios, b) Identidad en las cosas que se demandan en los juicios, y, c) Identidad de las causas en que se fundan las dos demandas, así como que d) en la primera sentencia o determinación se haya procedido al análisis del fondo de las pretensiones propuestas. Ese último requisito cobra relevancia, pues debe considerarse que para que la excepción de cosa juzgada surta efectos, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia que ha causado ejecutoria y aquel asunto en el que dicha excepción sea invocada, concurra identidad en las cosas, en las causas, en las personas de los litigantes, en la calidad con la que intervinieron y, por supuesto, que en el primer juicio se hubiere analizado en su totalidad el fondo de las prestaciones reclamadas, Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia I.6o.T. J/40 (10a.) emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época Materia Común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, de rubro: 5 Artículo 81.- Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubiesen sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 138/2022 -14- "COSA JUZGADA. REQUISITOS PARA QUE SE CONFIGURE." En relatadas condiciones, para poderse acreditar la excepción de cosa juzgada en principio debe existir una resolución que haya causado ejecutoria y, en base a ella, poder realizar un análisis con el asunto en que se invoque, para determinar si se cumple con los supuestos para su acreditación; por ende, la interlocutoria de diez de febrero de dos mil diecisiete, tal como lo refirió la sala responsable y, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, no puede ser considerada para tal efecto, ya que la misma no adquirió firmeza legal. Lo anterior, pues como correctamente motivó la Sala responsable, la resolución de diez de febrero de dos mil diecisiete, que resolvió el incidente de oposición al proyecto de partición promovido por Piedad Ernestina Cruz Pineda, quedó sin efectos, dado que en resolución de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, dictado en el toca civil 353-B- 2C01/2018 de su índice (fojas 399 a 410 del anexo 2) revocó la sentencia de adjudicación de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, declarando improcedente el proyecto de partición propuesto por el albacea, ya que no correspondía a la sucesión de los extintos Ramón Pineda Martínez y Ernestina Morán Rustrían, sino al diverso difunto Humberto Pineda Moran, el cual no forma parte de la sucesión que se ventila en el expediente 439/2013. Así, dentro de los autos del juicio sucesorio intestamentario 439/2013 del índice del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, que corresponde a Ramón Pineda Martínez y Ernestina Morán Rustrían, no se formularon en ese entonces, las etapas de inventario, avalúos, administración y partición que prevén los artículos JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 138/2022 -15- 758, 759 y 760 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas. Por tanto, si la resolución de diez de febrero de dos mil diecisiete, fue dictada en la cuarta etapa que prevé el último de los numerales citados, pero en la aperturada por el diverso Humberto Pineda Moran, quien no guarda relación con la sucesión tramitada en el expediente 439/2013, es una actuación que no adquirió firmeza legal y, como consecuencia, la Sala responsable no tenía la obligación de valorar multicitada resolución interlocutoria. Ahora bien, para revocar la sentencia interlocutoria de veintisiete de enero de dos mil veinte, dictada por el Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, dictada en el expediente 439/2019 de ese índice, relativa al incidente de exclusión de bienes promovido por Piedad Ernestina Cruz Pineda, la autoridad responsable lo fundamentó, de conformidad con los artículos 1767, 1768, 1770, 1809, 1987, 2220 y 2223 del Código Civil para el Estado de Chiapas, que establecen: "ART. 1767.- LOS CONVENIOS QUE PRODUCEN O TRANSFIEREN LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS, TOMAN EL NOMBRE DE CONTRATOS. ART. 1768.- PARA LA EXISTENCIA DEL CONTRATO, SE REQUIERE: I.- CONSENTIMIENTO; II.- OBJETO QUE PUEDA SER MATERIA DE CONTRATO. ART. 1770.- LOS CONTRATOS SE PERFECCIONAN POR EL MERO CONSENTIMIENTO; EXCEPTO AQUELLOS QUE DEBEN REVESTIR UNA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. DESDE QUE SE PERFECCIONAN OBLIGAN A LOS CONTRATANTES, NO SOLO AL CUMPLIMIENTO DE LO EXPRESAMENTE PACTADO, SINO TAMBIEN A LAS CONSECUENCIAS, QUE, SEGUN SU NATURALEZA, SON CONFORME A LA BUENA FE, AL USO O A LA LEY. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 138/2022 -16- ART. 1809.- CUANDO LA LEY EXIJA DETERMINADA FORMA PARA UN CONTRATO, MIENTRAS QUE ESTE NO REVISTA ESA FORMA NO SERA VALIDO, SALVO DISPOSICION EN CONTRARIO; PERO SI LA VOLUNTAD DE LAS PARTES CONSTA DE MANERA FEHACIENTE, CUALQUIERA DE ELLAS PUEDE EXIGIR QUE SE DE AL CONTRATO LA FORMA LEGAL. ART. 1987.- EN LAS ENAJENACIONES DE COSAS CIERTAS Y DETERMINADAS, LA TRASLACION DE LA PROPIEDAD SE VERIFICA ENTRE LOS CONTRATANTES, POR MERO EFECTO DEL CONTRATO, SIN DEPENDENCIA DE LA TRADICION, YA SEA NATURAL, YA SEA SIMBOLICA; DEBIENDO TENERSE EN CUENTA LAS DISPOSICIONES RELATIVAS AL REGISTRO PUBLICO. ART. 2220.- PARA QUE LA PROMESA DE CONTRATAR SEA VALIDA, DEBE CONSTAR POR ESCRITO, CONTENER LOS ELEMENTOS CARACTERISTICOS DEL CONTRATO DEFINITIVO Y LIMITARSE A CIERTO TIEMPO. ART. 2223.- POR REGLA GENERAL, LA VENTA ES PERFECTA Y OBLIGATORIA PARA LAS PARTES CUANDO SE HAN CONVENIDO SOBRE LA COSA Y SU PRECIO, AUNQUE LA PRIMERA NO HAYA SIDO ENTREGADA, NI EL SEGUNDO SATISFECHO." Así, con dichos preceptos la Sala responsable estableció los requisitos que debía cumplir el contrato privado de compraventa celebrado entre Piedad Ernestina Cruz Pineda y Ernestina Morán Rustraín, relativo a la traslación de dominio del inmueble finca urbana ubicada en la 7ª calle Norte Oriente número 15 esquina con callejón Galeana de la ciudad de Arriaga, Chiapas, con una superficie de 800 metros cuadrados, para que el mismo surtiera efectos legales. En esas condiciones, la autoridad responsable motivó su determinación de la siguiente manera: "(.) Por lo que, partiendo de los citados preceptos legales, se advierte la traslación de dominio del inmueble finca urbana ubicada en la 7ª calle Norte Oriente número 15 esquina con callejón Galeana de la ciudad de Arriaga, Chiapas, con una superficie de 800 metros cuadrados, a Piedad Ernestina Cruz Pineda, además de JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 138/2022 -17- que el contrato privado de compraventa cumple los requisitos de fecha cierta, objeto materia del contrato y la forma en que se pactó el pago. Aunado a lo anterior, es de precisarse que el documento base de la acción en comento tiene el carácter de fecha cierta, dado que las firmas que obran en el contrato, fueron ratificadas ante el licenciado Francisco Ordoñez Cáceres, Notario Público número 14 del Estado de Chiapas, ratificación que tiene eficacia jurídica en términos del numeral 113 de la Ley del Notariado del Estado ed Chiapas, con fecha de publicación de 22 veintidós de marzo de 2000 dos mil, la cual estaba vigente al momento de la celebración del contrato privado de compraventa en mención, misma que se inscribió en el índice de instrumentos privados con fecha 5 cinco de noviembre de 2001 dos mil uno, correspondiente a la Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, con residencia en la ciudad de Tonalá, Chiapas; aunado a lo anterior, también consta el deceso de la vendedora ERNESTINA MORÁN RUSTÍAN, quien falleció el 24 veinticuatro de mayo de 2001 dos mil uno, como se advierte del atestado de defunción que obra en el sumario a foja 7, misma que tiene eficacia jurídica en términos de los artículos 334, fracción IV y 398 de la Ley Adjetiva Civil del Estado de Chiapas, de ahí que el contrato privado en comento tengan el carácter de fecha cierta, lo que indica que la de cujus estaba legitimada para trasladar el bien inmueble en conflicto a la hoy recurrente, suceso que da certidumbre del acto jurídico entre las partes. Robustece lo anterior, la jurisprudencia número I.4º.C J/20, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, mayo de 2005, página 1279, con registro digital 178462, de epígrafe y contenido siguiente: ".DOCUMENTOS PRIVADOS DE FECHA CIERTA. Es verdad que conforme a lo dispuesto por el artículo 2034, fracción III del Código Civil y las tesis de jurisprudencia emitidas respectivamente, por la otrora Tercera Sala y la actual Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS" e "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INEFICIENCIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA PARA ACREDITARLO", los hechos que hacen cierta la fecha en un documento privado, son: la inscripción en el Registro Público de la Propiedad; la entrega del documento a un funcionario público en razón de su oficio, y la muerte de cualquiera de los que lo firmen. Sin embargo, la circunstancia de que el documento privado en si no tenga alguna de esas características, no veda a quien lo exhibe de su derecho para acreditar, por cualquier otro medio, su certeza; pero esos hechos que se invoquen y demuestren deben ser tales, que de ello surja como consecuencia necesaria la existencia del documento JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 138/2022 -18- al tiempo en que se verificaron, es decir, deben ser capaces de eliminar la posibilidad de que sea de una fecha diversa.(Sic)"6 Esto es, la motivación se hizo descansar en la circunstancia de que con las pruebas consistentes en: a) contrato privado de compraventa de veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y siete, celebrado por Piedad Ernestina Cruz Pineda y Ernestina Morán Rustraín, el cual fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el Estado, el cinco de noviembre de dos mil uno, y certificado por Notario Público veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y siete; b) Copia certificada de la escritura 2,514, volumen 27, de veinticinco de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, pasa ante la fe pública del licenciado Francisco Ordóñez Cáceres, Notario Público número 14 del Estado de Chiapas; c) Boleta de pago predial con folio 1664, de veintiocho de enero de dos mil dieciséis; e d) informe rendido por el Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tonalá, Chiapas; tuvo por acreditado que existió una traslación de dominio del inmueble finca urbana ubicada en la 7ª calle Norte Oriente número 15 esquina con callejón Galeana de la ciudad de Arriaga, Chiapas, con una superficie de 800 metros cuadrados, además, que el contrato privado de compraventa cumple los requisitos de fecha cierta, objeto materia del contrato y la forma en que se pactó el pago. En relación al contrato privado de compraventa, estableció que tiene el carácter de fecha cierta, pues la de cujus estaba legitimada para trasladar el bien inmueble en conflicto, lo que daba certidumbre al acto jurídico entre las partes, debido a que: 6 Los errores ortográficos y de sintaxis que se transcriben, son tal como aparecen en la publicación de Tesis Jurisprudencia que realiza el Semanario Judicial de la Federación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 138/2022 -19- 1. Las firmas que obran en el contrato fueron ratificadas ante el licenciado Francisco Ordoñez Cáceres, Notario Público número 14 del Estado de Chiapas, con eficacia jurídica en términos del numeral 113 de la Ley del Notariado del Estado de Chiapas, con fecha de publicación de veintidós de marzo de dos mil. 2. Se inscribió en el índice de instrumentos privados el cinco de noviembre de dos mil uno, correspondiente a la Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, con residencia en Tonalá, Chiapas; 3. Consta el deceso de la vendedora ERNESTINA MORÁN RUSTÍAN, quien falleció el veinticuatro de mayo de dos mil uno. Por lo tanto, el proceder de la autoridad se encuentra ajustado a derecho, pues su determinación está fundada y motivada; aun cuando el artículo 22947 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, establece como formalidad de la compraventa sobre bienes inmuebles, que se haga constar en escritura pública. Lo cierto es, que la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la escritura pública ante notario exigida por la ley para la compraventa de inmuebles, no implica una solemnidad cuya falta tenga como consecuencia la nulidad absoluta del contrato, ni impide que el mismo produzca efectos. 7 ART. 2294.- TODA OPERACION DE COMPRAVENTA SOBRE BIENES INMUEBLES, SE HARA CONSTAR EN ESCRITURA PUBLICA, SALVO AQUELLAS OPERACIONES EN LAS QUE SEAN PARTE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL O CUALQUIER ORGANISMO PUBLICO TENDIENTE A LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, LAS QUE PODRAN CONSTAR EL INSTRUMENTO PRIVADO QUE FIRMARAN EL VENDEDOR Y EL COMPRADOR ANTE DOS TESTIGOS. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 138/2022 -20- Apoya a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia emita por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apéndice 2000, Tomo IV, Materia Civil, registro digital 913092, de rubro y texto: "COMPRAVENTA DE INMUEBLES. FALTA DE ESCRITURA PÚBLICA ANTE NOTARIO.- La escritura pública ante notario exigida por la ley para la compraventa de inmuebles, no implica una solemnidad cuya falta tenga como consecuencia la nulidad absoluta del contrato, ni impide que el mismo produzca efectos. El cumplimiento voluntario se tiene como ratificación, y extingue la acción de nulidad, por lo que cada uno de los contratantes puede exigir del otro, el otorgamiento de la escritura respectiva." Es de esa manera, que tratándose de contratos o actos traslativos de dominio, requieren para surtir plenos efectos probatorios que sean de fecha cierta, como lo ha sustentado en reiteradas ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas ejecutorias que integran jurisprudencia, lo que se determina cuando se dan las siguientes hipótesis: I. A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; II. Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, y finalmente; III. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Por tanto, el hecho de que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes, o bien, que se presente un documento privado ante la presencia de un notario público y que éste certifique las firmas que en el instrumento se plasmaron, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo. Lo expuesto, cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 138/2022 -21- Justicia de la Nación, Sexta Época, Volumen LXVI, Cuarta Parte, página 63, registro digital 818042, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." Asimismo, son parte de las consideraciones que dieron origen a la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio 2005, página 77, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades." En relatadas condiciones, la Sala responsable adecuadamente analizó los tres elementos descritos con anterioridad, que otorgan fecha cierta al contrato privado de compraventa de veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y siete y, por ende, plenos efectos probatorios para determinar, como lo hizo, que procedía excluir del inventario de avaluó de trece de diciembre de dos mil dieciocho, el bien inmueble consistente en la finca urbana ubicada en la 7ª JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 138/2022 -22- calle Norte Oriente número 15 esquina con callejón Galeana de la ciudad de Arriaga, Chiapas, con una superficie de 800 metros cuadrados, ya que no corresponde a la masa hereditaria de la sucesión intestamentaria a bienes de los extintos Ramón Pineda Martínez y Ernestina Morán Rustraín, siendo que éste pertenece a Piedad Ernestina Cruz Pineda. Por otra parte, deviene de infundado el cuarto concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, relativo a que la potestad responsable paso por alto que en su escrito de contestación de agravios de la apelante, hizo valer que la tercera interesada no había comparecido a la audiencia de pruebas y alegatos, pues tal como señala el artículo 798 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, si la persona que realiza una oposición no comparece a la audiencia respectiva se le tiene por desistida de su oposición. En efecto, el artículo 798 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, establece: "Artículo 798.- Si los que dedujeron oposición no asistieron a la audiencia, se les tendrá por desistidos. Si dejaren de presentarse los peritos, perderán el derecho de cobrar honorarios por los trabajos practicados. En la tramitación de este incidente, cada parte es responsable de la asistencia de los peritos que propusiere, de manera que la audiencia no se suspenderá por la ausencia de todos o de alguno de los propuestos." No obstante, si bien la parte quejosa hizo valer ese argumento en su escrito de doce de febrero de dos mil veinte, que contesta los agravios hechos valer por la apelante, la circunstancia de que la sentencia de segunda instancia omitió referirse al mismo, no implica la violación de garantía constitucional alguna en perjuicio de la parte apelada, porque la materia de la sentencia que se pronuncia en grado de apelación se constriñe al análisis del fallo recurrido frente a JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 138/2022 -23- los motivos de inconformidad expresados por el apelante como fundamento del recurso relativo. La función de la contraparte del apelante al contestar los agravios, consiste en desvirtuar éstos, o sea que tiende a sostener la legalidad del fallo de primera instancia que fue dictado en su favor, pero el tribunal de apelación no está obligado legalmente a analizar ese escrito de contestación a los agravios, ya que en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas no existe disposición legal alguna que le imponga tal obligación. Es verdad que en ocasiones el tribunal ad quem toma en cuenta lo alegado por la contraparte del recurrente en su escrito de contestación a los agravios cuando tal alegación la considera jurídica, pero tal facultad es optativa para el tribunal, pues, se repite, no hay precepto legal que lo obligue necesariamente a tomar en cuenta dicho escrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 241389, de rubro: "APELACION, AGRAVIOS EN LA. TRIBUNAL DE ALZADA NO ESTA OBLIGADO A ANALIZAR EL ESCRITO DE CONTESTACION." Además, lo establecido en el artículo 798 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, en el enunciado que refiere "si los que dedujeron oposición no asistieron a la audiencia, se les tendrá por desistidos", resulta conculcatorio del derecho fundamental a la jurisdicción, contemplado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por exceder los límites impuestos por el principio de proporcionalidad, en sus tres subprincipios, como se demuestra enseguida. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 138/2022 -24- La presencia de los opositores a la audiencia incidental no es idónea ni necesaria para la resolución sustancial de la incidencia, porque no aporta alguna utilidad importante para que el juzgador quede en aptitud de resolver el fondo del conflicto, en atención a que: a) los elementos para fijar la materia de la controversia se deben exponer en los escritos de oposición y en la contestación; b) en estos mismos se presentan las pruebas que no requieran perfeccionamiento ante el Juez, y se ofrecen las que lo necesiten, para su desahogo en la audiencia, y c) los posibles alegatos son opcionales para las partes; Así, la ausencia de éstas en la audiencia sólo puede repercutir en desventajas para ellas al dictarse la resolución, pero no en imposibilidad del dictado de la misma. En esas condiciones, la consecuencia o sanción prevista resulta desproporcionada, porque ante el incumplimiento se impone la mayor sanción procesal posible para los opositores, como es la determinación de tenerlos por desistidos, y con eso se inutiliza el material recabado y se imposibilita, sin ninguna justificación, la satisfacción del fin primordial perseguido de resolver el litigio en el fondo. Cobra aplicación por analogía de razón, la Jurisprudencia PC.I.C. J/93 C, sustentada por los Penos de Circuito, Décima Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta registro digital 2020679, de rubro: "INVENTARIO Y AVALÚO EN EL JUICIO SUCESORIO. LA SANCIÓN DE TENER POR DESISTIDOS A LOS OPOSITORES, POR INASISTENCIA A LA AUDIENCIA INCIDENTAL, VULNERA EL DERECHO A LA JURISDICCIÓN (ARTÍCULO 826 DEL CÓDIGO DE JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 JUICIO DE AMPARO 138/2022 -25- PROCEDIMIENTOS CIVILES APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO)." Por todo lo anterior, resulta claro que el Juez responsable sí respetó el derecho fundamental de legalidad del quejoso, debido a que el acto reclamado está debidamente fundado y motivado, en virtud de las razones ya vertidas. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a César Pineda Espinosa, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por las consideraciones plasmadas en el quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada, así como por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, quien a su vez es asistida de Judith Ventura Ávila, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe hasta el día de hoy, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy Fe.

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