Cesar Pérez Saldaña y Otros.

Expediente 80/2021 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 18 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
80/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
16/06/2022

Partes del expediente

  • Gil Tlilayatzi Cahuantzi y Otros.
  • Consejo de Honor y Justicia del Cuerpo de Seguridad Pública Municipal de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala
  • Cesar Pérez Saldaña y Otros.
  • Gil Tlilayatzi Cahuantzi
  • Cesar Pérez Saldaña
  • Noé Jiménez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Juicio de Amparo Directo

    se recibe Oficio SSGA-XXI- 12232/2022 signado por el Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y anexo, mediante el cual se informa que al no proceder medio de impugnación alguno contra la resolución que desechó el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en el expediente en que se actúa, se ordenó enviar el asunto al archivo como concluido. Por otro lado, como lo solicita la Superioridad, acúsese recibo de la misiva de cuenta, por medio del Módulo de Intercomunicación para la Transmisión Electrónica de documentos entre los Tribunales del Poder Judicial de la Federación y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (MINTERSCJN). Finalmente, devuélvase al archivo el presente asunto, conforme a lo ordenado en proveído de cuatro de abril del año en curso.

  2. Juicio de Amparo Directo

    se recibe Constancias obtenidas del Módulo de Intercomunicación entre los Órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, de las que se advierte que por resolución de veintiséis de abril del año en curso, dictada por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 1936/2022, se determinó desechar por improcedente el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en el presente asunto; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes; acúsese recibo vía MINTERSCJN. Ahora, conforme a lo ordenado por la Superioridad, se instruye al Actuario de la adscripción que corresponda, notifique a la parte quejosa y recurrente, la resolución de mérito, por medio de lista que se fije en los estrados de este Tribunal Colegiado; y hecho lo anterior, remítanse las constancias respectivas vía MINTERSCJN. Por lo ordenado en párrafos que anteceden, se hace de su conocimiento el acuerdo dictado por la Superioridad: Ciudad de México, a veintiséis de abril de dos mil veintidós. Se tramita el presente asunto de acuerdo con los decretos de reforma constitucional y legal en la materia, publicados en el Diario Oficial de la Federación en once de marzo de dos mil veintiuno y siete de junio siguiente, respectivamente, los cuales entraron en vigor al día siguiente de dichas publicaciones, por haberse interpuesto el recurso después de su entrada en vigor y con base en el artículo quinto transitorio del último decreto mencionado. I. Formación del expediente. Em términos de la normativa aplicable y en cumplimiento a la circular número 11/2014-AGP SEPTIES de quince de febrero de dos mil diecinueve, con el folio electrónico de remisión de los documentos de cuenta, fórmese los expedientes impreso y electrónico correspondientes al toca de revisión relativo al juicio de amparo directo promovido por la parte quejosa, contra actos de la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del estado de Tlaxcala. Acúsese recibo por conducto del MINTERSCJN. En la inteligencia de que la versión digital impresa de este acuerdo hará las veces de dicho acuse. Con copia autorizada de este proveído, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, párrafo segundo, del Acuerdo General 9/2022, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fórmese cuaderno auxiliar. Al que deberán agregarse los documentos que no resulten indispensables para sustentar las determinaciones que se adopten en este asunto, en el entendimiento de que podrá consultarse por las partes, atendiendo a la normativa aplicable. II. Improcedencia del recurso. El quejoso, mediante escrito remitido vía electrónica, hace valer en tiempo y forma recurso de revisión en contra de la sentencia de diecisiete de marzo de dos mil veintidós (erróneamente indicó treinta de marzo de dos mil veintidós), dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en el juicio de amparo directo 80/2021, en el que no es exigible la transcripción de la parte de la sentencia reclamada en la que se contenga el problema de constitucionalidad de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 88 de la Ley de Amparo, por tratarse de un quejoso al que se le impuso una pena privativa de libertad por la comisión de un delito. Ahora Bien, de las Constancias de autos se advierte que desde la demanda de amparo no se planteó concepto de violación alguno sobre la inconstitucionalidad, incluyendo inconvencionalidad, de una norma de carácter general ni se planteó uno relacionado con la interpretación de algún precepto constitucional o tratado internacional, además de que tampoco se advierte que el Tribunal Colegiado haya decidido sobre tales cuestiones, por lo que debe concluirse que no se surten los supuesto que establecen los artículos 81, fracción II de la Ley de Amparo; 10, fracción IV y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente tras el decreto de reforma legal en la materia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, para que proceda el recurso que se interpone, siendo incluso que de los agravios se advierte que se trataron cuestiones de mera legalidad, relativas a la valoración de diversas pruebas, razón por la cual debe desecharse este recurso. Resulta aplicable a lo antes expuesto la tesis de jurisprudencia 1a./J. 1/2015 (10a.) aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, publicada en la página mil ciento noventa y cuatro, febrero de dos mil quince, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época de rubro: "AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE SI LOS AGRAVIOS SE LIMITAN A IMPUGNAR LAS CONSIDERACIONES EN LAS QUE EL ÓRGANO COLEGIADO DA RESPUESTA A CUESTIONES DE MERA LEGALIDAD", así como la tesis de jurisprudencia 2ª./J.56/2016, (10ª) aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en sesión privada de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, que lleva por rubro: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LOS AGRAVIOS DE MERA LEGALIDAD DEBEN DESESTIMARSE POR INEFICACES". Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a. CXIV/2016, publicada en la página mil ciento seis, libro veintinueve, correspondiente al mes de abril de dos mil dieciséis, tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro es: "AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. ENTRE LAS CUESTIONES DE LEGALIDAD QUE LO HACEN IMPROCEDENTE, SE ENCUENTRAN LAS REFERIDAS A LA INDEBIDA VALORACIÓN DE PRUEBAS, LA ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL Y LO RELATIVO A LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA". Asimismo, no constituye obstáculo a lo determinado, la circunstancia de que la parte quejosa invoque que se violaron los artículos 14 y 16, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos derechos humanos, toda vez que la sola mención de ello no actualiza la existencia de una cuestión de constitucionalidad que pudiera dar lugar a la procedencia del recurso. Tampoco es obstáculo a lo antes determinado, la circunstancia de que la parte quejosa invoque que se le violaron los artículos 14 y 16, contenidos en la Constitución en la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, así como diversos derechos humanos, toda vez que la sola mención de ello no actualiza la existencia de una cuestión de constitucionalidad que pudiera dar lugar a la procedencia del recurso. Tampoco es obstáculo a lo antes determinado, que en la demanda de amparo el quejoso haya manifestado que fue objeto de tortura en su primera declaración ministerial por parte de los elementos de la policía de investigación, ya que de la sentencia que se impugna el Tribunal Colegiado de Circuito de conocimiento, declaró infundado el concepto de violación respectivo, al considerar lo siguiente: ". Como puede apreciarse, el hoy quejoso en su declaración aceptó los hechos que se le atribuyen, y por ende, obviamente esa declaración no fue tomada en cuenta por la Sala Penal al emitir la sentencia reclamada. (.) De lo que resulta que aun y cuando el Juez no tomó en cuenta lo expuesto por el quejoso en cuanto su primer declaración, que fue víctima de tortura por los agentes aprehensores, y por ende no emitió un auto a través del cual, llevó a cabo la investigación respectiva para verificar la existencia de la tortura, desde el punto de vista de violación a derechos humanos; lo cierto, es que ese proceder del Juzgador no es violatorio de los derechos fundamentales del quejoso porque, aun cuando alegue esos hechos, lo cierto es que no se tomó en cuenta esa declaración; por tanto, no se surten los elementos constitutivos de la tortura, establecidos por la Primera Sala del Alto Tribunal en la tesis trascrita 1ª.LV/2015 (10ª.). Lo anterior es así, porque en los casos como el que se analiza donde aun cuando existe confesión de autoincriminación como consecuencia de los actos de tortura alegados, no resulta procedente ordenar la reposición del procedimiento de conformidad con la jurisprudencia citada, pues en esos supuestos la violación a derechos humanos derivada de la tortura carece de trascendencia en el proceso penal por no haber impacto en el mismo ya que por la misma razón se le restó valor probatorio a la declaración de autoincriminación realizada por CPS o IPS. Es decir, que ese proceder no implicó dejar de analizar una eventual ilicitud de pruebas, pues la única que pudo haberse obtenido por medio de esos actos, es la declaración preparatoria, pro esta no fue tomada en cuenta por la sala y por tanto no habría diligencia que invalidad porque, se itera, la acreditación indiciaria de los elementos del delito de homicidio calificado no se sustenta en la declaración preparatoria ni en confesión alguna del indiciario, tampoco existen otras pruebas recabadas ilegalmente, que se hayan obtenido a través de la tortura alegada; de ahí, lo infundado del argumento en análisis. Cobra aplicación a lo antes expuesto, la jurisprudencia 1ª./j: 101/2017 (10ª), registro 2015603, visible en la página 323 de la gaceta del Semanario Judicial de la federación, Libro 48, Noviembre de 2017, tomo I, Décima Época, Materia Penal, de rubro y texto,: "TORTURA. ES INNECESARIO REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO NO EXISTA CONFESIÓN DE LOS HECHOS IMPUTADOS O CUALQUIER ACTO QUE CONLLEVE AUTOINCRIMINACIÓN DEL INCULPADO."; por lo tanto, la temática no subsiste en la revisión, ni se advierte deficiencia de la queja que deba ser suplida en favor del recurrente. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que los asuntos de competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se podrán promover por vía electrónica mediante el uso de la FIREL o de la e.firma, con base en lo establecido en el Acuerdo General Plenario 9/2020. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que los asuntos de competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se podrán promover por vía electrónica mediante el uso de la FIREL o de la e.firma, con base en lo establecido en el Acuerdo General Plenario 9/2020. Consecuentemente, tomando en consideración que el recurso de revisión de que se trata es competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de la fracción IX del artículo 107 constitucional, vigente tras la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno; con fundamento en los artículos 10, fracción XV y 14 fracción II párrafo primero, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigentes tras el decreto de reforma legal en la materia, publicado en el Diario Oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintiuno, y 91 de la Ley de Amparo, se acuerda: ... l. Se tramita el presente asunto de acuerdo con los decretos de reforma constitucional y legal en la materia, publicados en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno y siete de junio siguiente, respectivamente, los cuales entraron en vigor al día siguiente de dichas publicaciones, por haberse interpuesto el recurso después de su entrada en vigor y con base en el artículo quinto transitorio del último decreto mencionado. II. Se desecha por improcedente el presente recurso de revisión, en virtud de que no se cumplen los requisitos que establecen los artículos 10, fracción IV y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigentes tras el decreto de reforma legal en la materia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno. III. Las personas que tengan reconocido el carácter de partes en el juicio de amparo del que deriva el presente asunto, por sí o por conducto de sus representantes- no los autorizados de éstas- podrán solicitar autorización de acceso al expediente electrónico, para sí o para un tercero, proporcionando la CURP de la o de las personas respecto de las cuales se solicita la autorización correspondiente, siempre que cuenten con firma electrónica (FIREL) en términos de la normativa aplicable. IV. Asimismo, las personas que tengan reconocido el carácter de partes en el juicio de amparo del que deriva el presente asunto, por sí o por conducto de sus representantes -no los autorizados de éstas,- podrán solicitar expresamente por vía impresa o electrónica la autorización para recibir notificaciones electrónicas proporcionando la CURP de la o de las personas respecto de las cuales se solicita la autorización correspondiente a su FIREL vigente y surtirá efectos únicamente en el presente expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que de éste deriven, en cuyo caso deberá solicitarse en cada uno de ellos. V. Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizadas a las personas señaladas en el escrito de agravios de la parte quejosa, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. VI. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo Décimo Sexto del Acuerdo General de Administración número II/2020, del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que respondió a la necesidad de proteger los derechos a la salud y a la vida tanto de las personas justiciables como de los servidores públicos del Alto Tribunal, y dar eficacia al derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mientras subsistan las correspondientes medidas de protección a la salud ahí señaladas, las notificaciones realizadas por lista o por rotulón electrónico, visibles en el Portal de Internet de este Alto Tribunal, tendrán los mismos efectos que las llevadas a cabo mediante la publicación de listas en los estrados y de los rotulones impresos. VII. Notifíquese por lista electrónica; y, haciéndolo a la parte quejosa por medio de lista que se fije en los estrados del Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, toda vez que así lo solicitó en su demanda de amparo; por lo que se requiere al referido órgano jurisdiccional a fin de que, una vez hecha la referida diligencia, con la brevedad posible la devuelva debidamente diligenciado. Cumplido lo anterior, archívese el toca como asunto concluido.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso CPS o IPS, mediante el cual la parte quejosa interpone recurso de revisión contra la sentencia de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dictada por este órgano colegiado. En tal condición, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción II, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias simples exhibidas entre las demás partes. Ahora bien, atento a la Circular 11/2014-AGP SEPTIES, signada por el Secretario General de Acuerdos de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al que se encuentren integradas las constancias de notificación, remítase vía electrónica al Máximo Tribunal del País, a través del MINTERSCJN, la demanda de amparo, la sentencia recurrida y el escrito de agravios correspondiente, así como las constancias que permitan analizar tanto la oportunidad del recurso como la legitimación procesal de la parte recurrente, para la substanciación del mismo. Asimismo, se hace del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en el juicio de amparo de que se trata, no subsiste una cuestión propiamente constitucional, pues en la sentencia recurrida dictada por los integrantes de este órgano colegiado, no se emitió pronunciamiento alguno respecto a la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte o que fijen un criterio de importancia trascendencia, en cumplimiento a los acuerdos generales del Pleno de la Superioridad.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Al advertirse de autos que no existe trámite pendiente por realizar, archívese este asunto. Finalmente, tomando en consideración que este asunto no es de relevancia documental, se hace la declaratoria de que es susceptible de depuración.

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