César Pérez García
Expediente 1924/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1924/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 05/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- César Pérez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cinco de enero de dos mil dieciséis. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que el quejoso ***, hubiese recurrido el auto de veintiséis de noviembre de dos mil quince, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción IV, capítulo cinco, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
CITATORIO. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE EN ESTE JUZGADO, SE PROCEDE A NOTIFICAR EL ACUERDO O RESOLUCIÓN DE VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE TERCERO INTERESADA, ACUERDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de los escritos de pruebas ofrecidos por las partes, dentro del juicio laboral **; por tanto, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de diecisiete de noviembre del año en curso, por lo que, se deja sin efecto el apercibimiento decretado en dicho proveído. Ahora bien, de acuerdo a las constancias que obran en autos, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "". Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de improcedencia en estudio, es requisito sine qua non que la Autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso. Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, el cual hizo consistir en la omisión de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del juicio laboral **, medios de convicción que se listan enseguida: ... Al rendir su informe justificado, la Presidente de la Junta responsable, manifestó que es cierto el acto que se le reclama; sin embargo, hizo del conocimiento que mediante proveído de doce de noviembre del año en curso, se pronunció respecto a las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del juicio laboral de origen, auto que en lo que interesa dice lo siguiente: "". Remitiendo para tal efecto copia certificada del citado auto, así como de las notificación realizadas a las partes, constancias a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la ley de la materia. Razón por la cual, si el peticionario de amparo reclama la omisión por parte de la responsable de pronunciarse respecto de las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del juicio laboral multicitado, y éstas ya fueron acordadas, como se desprende de las constancias que obran en autos; es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, la pretendida violación cesó en sus efectos al desaparecer la omisión de mérito, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos procesales como si se hubiere otorgado la protección constitucional. No obsta a la anterior determinación, el hecho de que la parte quejosa hubiese solicitado la protección constitucional en el sentido de que se conminara a la responsable a continuar con el procedimiento dentro de los términos que marca la ley, e incluso al dictado del laudo, en virtud de que en caso de concederse el amparo, sólo sería en cuanto a la etapa procesal en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que aconteció en la especie, pues la etapa de emplazar a la parte demanda ya se ocurrió (subsanó), razón por la cual cesó la conducta omisiva reclamada y con eso la denegación de justicia de que se duele la quejosa De ahí que si la etapa donde se conculcó el derecho fundamental fue la admisión y desechamiento de pruebas, es evidente que los alcances de la protección constitucional no podrían ir más allá. Bajo esa tesitura, no sería dable sostener que tratándose de violaciones al segundo párrafo del artículo 17 del Pacto Federal (denegación de justicia), los efectos de la concesión abarquen necesariamente hasta el dictado del laudo o concluir con prontitud todo el procedimiento laboral, pues de acuerdo al criterio previamente citado, el Juez de Distrito debe acotar los efectos protectores a la etapa en que se llevó a cabo el acto tildado de inconstitucional. A mayor abundamiento, el hecho de que la parte quejosa sostenga que la responsable ha sido omisa en administrar justicia pronta, imparcial y expedita en el juicio laboral de origen no significa que se esté vulnerando el precepto constitucional antes mencionado, dado que estimar lo anterior implicaría prejuzgar sobre la conducta futura que llevaría a cabo la autoridad laboral, es decir, un acto futuro de realización incierta. A tal determinación se arriba, ya que en caso de que tales conductas se llegaren a dar, podrían dar lugar a la promoción de un nuevo juicio de derechos fundamentales, lo cual guarda congruencia con el precitado criterio; de ahí que si la concesión del amparo no tendría un alcance mayor al de la etapa en que nos encontramos, a nada práctico llevaría la continuación de un juicio de protección constitucional. Por tanto, si el citado criterio fue superado por la jurisprudencia 2a. /J. 44/2007, que esencialmente contiene los mismos argumentos y directrices, es evidente que la intención de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, es que los temas relacionados con la violación a la garantía de pronta impartición de justicia, fueran a la luz del nuevo criterio adoptado. Máxime que el cambio de criterio se llevó a cabo al resolver el citado recurso de inconformidad **; medio de impugnación que está reservado a la etapa de ejecución de una sentencia de amparo, es decir, jurídicamente no era viable que, si la litis se centró en determinar si un juicio de amparo estaba cumplido o no, se pudiera abarcar el tema de sobreseimiento en tratándose de asuntos que se reclame la denegación de justicia por parte de autoridades laborales. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. En ese sentido, en relación a la parte tercero interesada no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento en virtud de que tal y como se aprecia en líneas precedentes, el presente juicio ha quedado sin efecto alguno, por lo que no es necesario llamar a dicha parte procesal a la presente contienda constitucional. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta y ocho minutos del veintidós de diciembre de dos mil quince. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa". N.P.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de los escritos de pruebas ofrecidos por las partes, dentro del juicio laboral **; por tanto, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de diecisiete de noviembre del año en curso, por lo que, se deja sin efecto el apercibimiento decretado en dicho proveído. Ahora bien, de acuerdo a las constancias que obran en autos, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "". Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de improcedencia en estudio, es requisito sine qua non que la Autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso. Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, el cual hizo consistir en la omisión de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del juicio laboral **, medios de convicción que se listan enseguida: ... Al rendir su informe justificado, la Presidente de la Junta responsable, manifestó que es cierto el acto que se le reclama; sin embargo, hizo del conocimiento que mediante proveído de doce de noviembre del año en curso, se pronunció respecto a las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del juicio laboral de origen, auto que en lo que interesa dice lo siguiente: "". Remitiendo para tal efecto copia certificada del citado auto, así como de las notificación realizadas a las partes, constancias a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la ley de la materia. Razón por la cual, si el peticionario de amparo reclama la omisión por parte de la responsable de pronunciarse respecto de las pruebas ofrecidas por las partes, dentro del juicio laboral multicitado, y éstas ya fueron acordadas, como se desprende de las constancias que obran en autos; es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, la pretendida violación cesó en sus efectos al desaparecer la omisión de mérito, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos procesales como si se hubiere otorgado la protección constitucional. No obsta a la anterior determinación, el hecho de que la parte quejosa hubiese solicitado la protección constitucional en el sentido de que se conminara a la responsable a continuar con el procedimiento dentro de los términos que marca la ley, e incluso al dictado del laudo, en virtud de que en caso de concederse el amparo, sólo sería en cuanto a la etapa procesal en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, lo que aconteció en la especie, pues la etapa de emplazar a la parte demanda ya se ocurrió (subsanó), razón por la cual cesó la conducta omisiva reclamada y con eso la denegación de justicia de que se duele la quejosa De ahí que si la etapa donde se conculcó el derecho fundamental fue la admisión y desechamiento de pruebas, es evidente que los alcances de la protección constitucional no podrían ir más allá. Bajo esa tesitura, no sería dable sostener que tratándose de violaciones al segundo párrafo del artículo 17 del Pacto Federal (denegación de justicia), los efectos de la concesión abarquen necesariamente hasta el dictado del laudo o concluir con prontitud todo el procedimiento laboral, pues de acuerdo al criterio previamente citado, el Juez de Distrito debe acotar los efectos protectores a la etapa en que se llevó a cabo el acto tildado de inconstitucional. A mayor abundamiento, el hecho de que la parte quejosa sostenga que la responsable ha sido omisa en administrar justicia pronta, imparcial y expedita en el juicio laboral de origen no significa que se esté vulnerando el precepto constitucional antes mencionado, dado que estimar lo anterior implicaría prejuzgar sobre la conducta futura que llevaría a cabo la autoridad laboral, es decir, un acto futuro de realización incierta. A tal determinación se arriba, ya que en caso de que tales conductas se llegaren a dar, podrían dar lugar a la promoción de un nuevo juicio de derechos fundamentales, lo cual guarda congruencia con el precitado criterio; de ahí que si la concesión del amparo no tendría un alcance mayor al de la etapa en que nos encontramos, a nada práctico llevaría la continuación de un juicio de protección constitucional. Por tanto, si el citado criterio fue superado por la jurisprudencia 2a. /J. 44/2007, que esencialmente contiene los mismos argumentos y directrices, es evidente que la intención de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, es que los temas relacionados con la violación a la garantía de pronta impartición de justicia, fueran a la luz del nuevo criterio adoptado. Máxime que el cambio de criterio se llevó a cabo al resolver el citado recurso de inconformidad **; medio de impugnación que está reservado a la etapa de ejecución de una sentencia de amparo, es decir, jurídicamente no era viable que, si la litis se centró en determinar si un juicio de amparo estaba cumplido o no, se pudiera abarcar el tema de sobreseimiento en tratándose de asuntos que se reclame la denegación de justicia por parte de autoridades laborales. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. En ese sentido, en relación a la parte tercero interesada no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento en virtud de que tal y como se aprecia en líneas precedentes, el presente juicio ha quedado sin efecto alguno, por lo que no es necesario llamar a dicha parte procesal a la presente contienda constitucional. Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta y ocho minutos del veintidós de diciembre de dos mil quince. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de diez días a que se refiere el numeral 86, de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia dictada en estos autos, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la resolución dictada por este Juzgado de Distrito el veinte de octubre del año en curso, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, glósese a los autos los cuadernos derivados del incidente de suspensión y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, se advierte que en su primer punto resolutivo se negó dicha medida cautelar, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Por otra parte, en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, se advierte que en su segundo punto resolutivo se concedió la medida cautelar definitiva; por tanto, consérvense todas las resoluciones relativas al otorgamiento de dicha interlocutoria así como la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Lo anterior, con fundamento en el segundo párrafo de la fracción III, del artículo vigésimo primero del citado acuerdo. Finalmente, en virtud de tratarse de un asunto totalmente concluido, se ordena devolver a la autoridad responsable Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, las documentales que acompañó a su informe justificado para los efectos legales procedentes; sin que sea necesario el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.
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