César Peralta González
Expediente 86/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 86/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 25/06/2019
Partes del expediente
- César Peralta González
Actuaciones
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I....Se declara que dicho auto ha causado estado, se ordena su archivo...
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Matamoros, Tamaulipas, treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado actual que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se observa que el pasado nueve del mes y año en curso, se recibió el oficio 613/2019, enviado por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, al que adjuntó copias certificadas para complementar su informe justificado. Ahora bien, el acto reclamado por la parte quejosa en el presente juicio, consiste en la omisión de la citada autoridad responsable de dictar acuerdo admisorio de demanda y falta de notificación del mismo, además de proveer respecto al incidente de acumulación de procesos dentro del juicio laboral ********************, al diverso ********************. En ese sentido, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio de amparo se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito estima que referente al acto reclamado por el quejoso ********************, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de ley de la materia, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I, del artículo 77, de la Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y (.)" La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, Junio de 1999, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el acto reclamado por el quejoso ********************, se hace consistir en la omisión de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, de emitir acuerdo admisorio de demanda y falta de notificación del mismo, además de proveer respecto al incidente de acumulación de procesos dentro del juicio laboral ********************, al diverso ********************. Consecuentemente, según se observa de la documental remitida por la autoridad responsable, el veintidós de abril del año en curso, se pronunció respecto a la solicitud de la parte quejosa en relación a la acumulación del expediente administrativo laboral ********************, al diverso ********************; asimismo, el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, admitió a trámite la demanda laboral presentada por el quejoso ********************. Constancias a las que, por ser expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se les atribuye el valor de prueba plena, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2°, de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, es claro que en la especie quedaron destruidos los efectos del acto aquí reclamado, como si se hubiera otorgado el amparo solicitado, de ahí que se deba sobreseer en el presente juicio, al haber sobrevenido la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la materia, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria, y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, en virtud de lo antes expuesto, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional que se encuentra programada para las diez horas con veinte minutos del once de junio de dos mil diecinueve. Notifíquese.
- Principal
I. De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al tercero interesado persona moral Instituto de Cultura y Ciencias del Atlántico, A.C., por conducto de su representante legal; el proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, emitido dentro de esta contienda constitucional, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a notificarse del citado auto
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se observa que en proveído de nueve del mes y año en curso, se ordenó poner a la vista de las partes las documentales requeridas al Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, en auto de tres de los corrientes; en tal virtud, se aprecia que no fueron puestos a la vista de las partes con la anticipación que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; por tanto, se difiere la audiencia constitucional que se encuentra programada para esta fecha, y se fijan de nueva cuenta para su desahogo las diez horas con veinte minutos del once de junio de dos mil diecinueve. Notifíquese conforme a derecho.Así lo acuerda y firma el Juez Francisco Javier Cavazos Argüelles, Titular del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario ante quien actúa y da fe. Juan Pablo.
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