César Ortiz Clavel
Expediente 431/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 431/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/10/2021
Partes del expediente
- César Ortiz Clavel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad de México, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos; de los que se advierte que la autoridad responsable a la fecha en que se actúa no ha remitido constancia alguna; con la cual acredite de manera fehaciente que la quejosa efectivamente cobro el cheque del cual derivo el aviso de pago siguiente: ... En consecuencia; con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remítase copia del aviso de pago para pronta referencia y requiérase a la Dirección de Administración de Finanzas de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para que dentro de los tres días posteriores a que se notifique el presente proveído, informe a este órgano jurisdiccional, si la parte quejosa cobro el título de crédito del cual deriva el aviso de pago que le notifico la citada autoridad, y remita copia certificada de la constancia que así lo acrediten. Lo anterior, bajo apercibimiento que de existir omisión en cuanto al particular sin causa justificada, se impondrá multa de cincuenta veces la unidad de medida y actualización vigente, en términos de lo previsto por los numerales 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; conforme al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Ciudad de México, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Agréguense los oficios suscritos por la Directora General de Recursos Humanos y por la Directora de Operación y Control de Pago, por medio de los cuales en atención a los requerimientos efectuados en autos, anexan la Planilla de Liquidación a favor de la parte quejosa por un monto neto de ********, por concepto de aguinaldo correspondiente al periodo dos mil dieciocho. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, córrase traslado a la parte quejosa, con las constancias que anexan a los oficios de cuenta, para que en el término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo se acordará lo conducente respecto al cumplimiento, de la ejecutoria de amparo. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a la parte quejosa con copia de los oficios de cuenta.
- Principal
Ciudad de México, treinta de septiembre de dos mil veintiuno Vista la cuenta que antecede, y el acuerdo dictado en esta misma fecha en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 130, 138, 139, 157 y 158 de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 3150/2019, promovido por *********** Cabe hacer la precisión respecto a que la presente suspensión provisional, versara únicamente en relación con el escrito de demanda y que posteriormente una vez que transcurra el termino de ley se dictara la suspensión definitiva, la cual proveerá respecto del escrito inicial de demanda SOLICITUD DE INFORMES PREVIOS Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, con copia simple de la demanda, requiérase a las autoridades responsables su informe previo, el que deberá rendir por duplicado y dentro del plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas siguientes a la en que quede notificada del presente acuerdo En dicho informe, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, deberán concretarse a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen y podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión De igual manera, tendrán obligación de proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al órgano establecer, en su caso, el monto de las garantías correspondientes Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que acompañen a su informe previo cualquier documento que estimen necesario para que este juzgador se pronuncie sobre la suspensión definitiva; lo anterior, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo En caso de que las autoridades responsables sean omisas en rendir su informe previo, se presumirán ciertos los actos reclamados para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva; lo anterior, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo Asimismo, con excepción de las autoridades legislativas, en caso de ser omisas se les impondrá una multa de cien a mil días fijada conforme al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo previsto en el artículo 260, fracción I, del ordenamiento citado Finalmente, se hace de su conocimiento que, en términos del artículo 262, fracción I de la Ley de Amparo, en caso de expresar hechos falsos o negar la verdad al rendir su informe, podrá imponérseles una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, así como destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos FIJACIÓN DE AUDIENCIA INCIDENTAL Se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental En este sentido, es importante destacar que los actos reclamados, según se advierte de la lectura integral de la demanda de amparo consisten en lo siguiente: Precisado lo anterior, debe señalarse que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 138 de la Ley de Amparo, imponen la obligación de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social a efecto de pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados Ahora bien, debe precisarse, que el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar a partir de que conceda la medida cautelar; sin embargo, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P/J 4/2019, publicada en la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 63, Febrero de 2019, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA" Precisado lo anterior, cabe señalar que este Juzgador se pronunciará únicamente sobre los efectos y consecuencias de la aplicación del DECRETO por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil nueve Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 111/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, página 98, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS" Con ese propósito, para determinar si procede o no la suspensión solicitada por el quejoso, lo indicado es verificar si se satisfacen los requisitos previstos en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, para conceder el beneficio de la suspensión solicitada Los preceptos citados establecen: "ARTÍCULO 128 Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I Que la solicite el quejoso; II Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado" "ARTÍCULO 131 Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda" De los artículos transcritos, se deprenden los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la suspensión, que son los siguientes: 1) Que la solicite el agraviado 2) Que con la concesión de la medida cautelar no se infringen disposiciones de orden público ni se vulnera el interés social 3) Que el quejoso aduzca un interés legítimo, y acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue" De lo señalado en el artículo 131 de la ley de la materia, se desprende que es necesario que si el quejoso aduce un interés legítimo, deberá acreditar un daño inminente e irreparable a su pretensión en caso que se niegue; ahora, si bien es cierto que el artículo en comento hace referencia a un interés legítimo, para éste debe acreditar tales daños, debiendo hacerlo cuando aduzca ser titular de un interés jurídico, como lo manifiesta el peticionario de amparo Esto es así, ya que aun cuando el artículo 128 de la Ley de Amparo no prevé de manera expresa el requisito mencionado en el artículo 131 de la mencionada ley, resultaría imposible interpretar cada precepto considerándolo fuera del contexto normativo del que forma parte, ya que de ser así, cualquier intento de interpretación resultaría infructuoso para determinar el sentido y alcance de las normas, aunado al hecho de que un principio de hermenéutica obliga a interpretar los preceptos jurídicos en función a los demás que integran el ordenamiento al que pertenecen Por lo que, de la interpretación de los artículos en comento, se colige, que se concederá dicha medida cautelar, cuando se acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; lo que impone al quejoso la obligación de acreditar en el juicio de amparo que es titular del derecho que dice le es afectado En ese contexto, en virtud que en este momento únicamente se cuenta con las manifestaciones que, bajo protesta de decir verdad, vierte el quejoso en la demanda de amparo, se tiene como cierto el acto reclamado, lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a/J 5/93, consultable en la página doce de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm 68, Agosto de 1993, cuyo rubro dice: "SUSPENSION PROVISIONAL PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO" Aunado a que la naturaleza del acto reclamado si permite su paralización, ya que el artículo 148 de la Ley de Amparo, expresamente dispone que cuando se reclamen normas generales en su carácter autoaplicativo, se otorgará la suspensión para impedir que se surtan los efectos y consecuencias de aquéllas en la esfera jurídica del quejoso Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia I18oA J/1 (10a) (registro 2009368), cuyo rubro es el siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CUANDO SE RECLAMEN DISPOSICIONES AUTOAPLICATIVAS, PARA RESOLVER SOBRE SU CONCESIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 148 DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBE ANALIZARSE SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 128 DEL PROPIO ORDENAMIENTO" En ese contexto, este Juzgado Federal estima que también se colma la hipótesis prevista en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, que señala: "Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público" Lo anterior es así en virtud que el orden público tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, es decir, son aquellas disposiciones contenidas en los ordenamientos legales, cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio Por su parte, el interés social se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquella algún mal, perturbación o quebranto, es decir debe considerarse como tal, el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja de provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público Al respecto, el orden público y el interés social han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera ejemplificativa y, en ese matiz, ha sostenido que se afectan esas instituciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría De tal forma, la suspensión es improcedente cuando el acto reclamado afecta el interés público o social, para lo cual no basta con que se funde formalmente en una ley de interés público o que en forma expresa o implícita pretenda perseguir una finalidad de interés social, sino que es necesario que se acredite que la concesión de la suspensión causaría reales perjuicios al interés social o implicaría una contravención ineludible a disposiciones de orden público por las características propias del acto; así, ante un acto de la naturaleza del reclamado, para determinar la procedencia de la suspensión, se debe sopesar el perjuicio que podría sufrir la parte quejosa con su ejecución y la afectación a sus derechos en disputa frente al bienestar de la colectividad En relación al decreto impugnado, se considera que no se reúne el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues de otorgarse la medida cautelar se contravendrían disposiciones de orden público e interés social Se afirma lo anterior, ya que el decreto reclamado, establece lo siguiente: DECRETO "LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, DECRETA: SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 75, 115, 116, 122, 123 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo Único Se reforman el párrafo cuarto del inciso c) de la fracción IV del artículo 115; el primer párrafo del inciso b) de la fracción V de la BASE PRIMERA del artículo 122; el primer párrafo de la fracción IV del apartado B del artículo 123; el artículo 127, y se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 75; los párrafos cuarto y quinto a la fracción II del artículo 116, recorriéndose en su orden los actuales cuarto y quinto; un párrafo segundo, recorriéndose en su orden los actuales segundo a quinto, al inciso b) de la fracción V de la BASE PRIMERA al artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 75 En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso General Los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos, prevé el artículo 74 fracción IV de esta Constitución y demás disposiciones legales aplicables Artículo 115 I a III IV a) b) c) Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución V a X Artículo 116 I II Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación de los presupuestos de egresos de los Estados, establezcan las disposiciones constitucionales y legales aplicables III a VII Artículo 122 A B C BASE PRIMERA I a IV V a) b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la ley de ingresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución Los órganos del Distrito Federal, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en su Estatuto de Gobierno, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos del Distrito Federal, establezcan las disposiciones del Estatuto de Gobierno y legales aplicables c) a o) BASE SEGUNDA A BASE QUINTA D a H Artículo 123 A B I a III IV Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y en la ley V a XIV Artículo 127 Los servidores públicos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases: I Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales II Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente III Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente IV No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo Estos conceptos no formarán parte de la remuneración Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado V Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie VI El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo De lo anterior, se advierte que el legislador mediante el Decreto reclamado reformó y adicionó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente los artículos 75 y 127, respecto del cual no procede conceder la suspensión provisional que solicita y por otra parte, la parte quejosa en su demanda de amparo, señaló como acto reclamado el diverso DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, el cual reglamenta las remuneraciones de los servidores públicos y cuyos efectos y consecuencias sí son susceptibles de suspensión y fueron analizados en la resolución interlocutoria dictada en autos Lo anterior es así, ya que si bien es cierto el Decreto reclamado se encuentra relacionado con las disposiciones contempladas en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, lo cierto es que el DECRETO por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil nueve, no puede ser susceptible de suspensión al tratarse de disposiciones constitucionales, las cuales no son susceptibles de suspenderse en el juicio de amparo, norma reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales En ese sentido, debe tenerse presente que la constitución es la norma suprema, punto de referencia en todo ordenamiento jurídico del Estado, y de otorgarse la medida cautelar solicitada se vulneraría el principio de supremacía constitucional, siendo éste de orden público El principio de Supremacía Constitucional, previsto en el artículo 133 de nuestra Carta Magna, es un principio de Derecho que ubica a esta por encima de todas las demás normas jurídicas internas y externas; es decir que ningún acto de autoridad, ley o tratado contravenga a la constitución La constitución, al ser fuente de todos los ordenamientos jurídicos, tiene supremacía respecto a estos, por lo que las eventuales controversias que surjan en la interpretación de la constitucionalidad de una norma general, será resuelta por el Poder judicial en ejercicio del control de constitucionalidad Por tanto, no puede concederse la suspensión respecto de normas de carácter constitucional, sino en su caso de la aplicación o interpretación de dichos ordenamientos En esas condiciones, la suspensión provisional solicitada resulta improcedente, por lo que se niega la medida cautelar solicitada, pues como ya se expresó, en la especie no reúnen los requisitos previstos en el citado artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo Sirve de apoyo, en lo conducente, por analogía la tesis con número de registro 2006858, de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE AMPARO DE 6 DE JUNIO DE 2011 Y LA LEY DE AMPARO, VIGENTE DESDE EL 3 DE ABRIL DE 2013, GENERARON UN NUEVO SISTEMA EQUILIBRADO QUE SE ORIENTA AL DICTADO DE RESOLUCIONES EFICACES PARA LA PRESERVACIÓN DEL DERECHO VULNERADO Y LA MATERIA DEL AMPARO Y, A LA VEZ, PREVÉ MAYORES ELEMENTOS NORMATIVOS Y DE CONTROL PARA EVITAR Y CORREGIR EL ABUSO DE LA INSTITUCIÓN Y EL DICTADO DE DETERMINACIONES QUE LASTIMEN LA SENSIBILIDAD SOCIAL La Ley de Amparo, vigente desde el 3 de abril de 2013, además de los procesos legislativos que le son propios, tiene como antecedentes la reforma constitucional en materia de amparo de 6 junio de 2011 y sus procesos legislativos, en que el Constituyente Permanente patentizó la voluntad de transformar al juicio de amparo como instrumento de protección y restauración de los derechos humanos y de orientar las instituciones propias de dicho procedimiento, a ser congruentes con esa intención Asimismo, en lo que atañe a la suspensión del acto reclamado, un análisis puntual de los procesos legislativos que anteceden a dicha reforma constitucional, evidencia que el Constituyente adoptó como objetivos el constituir un sistema equilibrado que haciendo eficaz a la medida, prevea mayores elementos de control para evitar y corregir el abuso de ese instrumento y el dictado de suspensiones que molesten la sensibilidad social Luego, para concretar el primer objetivo, el Constituyente determinó ampliar la discrecionalidad de los Jueces, otorgándoles facultades para que, al decidir, se alleguen de mayores elementos y les sea posible dictar resoluciones mejor informadas; y estableció que éstas deben derivar de un ejercicio de ponderación, cuando la naturaleza del acto lo permita, entre la apariencia del buen derecho y el interés social, por cuanto que el primer elemento, basado en un asomo superficial y provisional al fondo del asunto, permite verificar que asiste al quejoso el derecho que estima vulnerado y descartar, para efectos de la suspensión, lo infundado o frívolo de la pretensión; además de que aporta elementos sobre el peligro en la demora y el mayor o menor riesgo de que las violaciones se tornen difícilmente reparables si se niega la medida y sobre el riesgo de pérdida de la materia del amparo, siendo posible, en función de esto último, una mejor definición de los alcances que tendría que imprimirse a la medida para evitar ambas consecuencias; en tanto que, el segundo, representa en el otro extremo el propósito de que se resuelva siempre teniendo en cuenta que la suspensión del acto no puede lastimar la sensibilidad social y que en las decisiones al respecto, siempre se considere que existen intereses jurídicamente relevantes de índole colectivo, cuya preservación, como fin último, se confía al Juez en uso de su discrecionalidad, en función de las particularidades del caso concreto y las consecuencias que la ejecución del acto o su paralización tendrá para el interés público Por otro lado, el Constituyente dispuso que correspondería al legislador, al expedir la ley reglamentaria, definir los supuestos en que la suspensión sería procedente y los distintos mecanismos de control y exclusión de la arbitrariedad en esa toma de decisiones, y en seguimiento de esto último, el legislador consideró necesaria no sólo la adecuación de la Ley de Amparo de 1936 al nuevo marco constitucional, sino su abrogación y la expedición de una nueva, en la que estableció, como resultado de una valoración efectuada en sede legislativa, los supuestos en que la suspensión procede de oficio y de plano, en su artículo 126; los casos en que la medida es de plano improcedente, en el diverso 129; y los supuestos en que, sea que la cuerda incidental se abra en forma oficiosa o a petición de parte, conforme a sus artículos 127 y 128, corresponderá al Juez decidir en ejercicio de la discrecionalidad que se le confió, a través de una ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, estableciéndose en el citado artículo 128, así como en los diversos numerales 131, párrafo segundo, 138 y 147, párrafo primero, de la propia ley, un conjunto de elementos normativos formales y sustantivos que orientan en lo general el referido ejercicio discrecional y que estriban en que: a) el quejoso solicite la suspensión, en lo cual va inmerso que se acredite el interés suspensional; b) efectuado el análisis ponderado entre la apariencia del buen derecho y el interés social, no se siga perjuicio a este último ni se contravengan disposiciones de orden público; c) la suspensión no tenga por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda; d) se fijen los requisitos y efectos de la medida y la situación en que habrán de quedar las cosas; e) se tomen las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio; f) de ser jurídica y materialmente posible, se restaure al quejoso en el goce del derecho vulnerado en tanto se dicta sentencia en el juicio de amparo; y, g) no se defrauden derechos de menores o incapaces Así, en el contexto de los objetivos que el Constituyente planteó sobre la suspensión del acto reclamado, los requisitos enunciados, además de ser orientadores generales de la discrecionalidad conferida al juzgador, constituyen la expresión de los elementos que facilitan el control de la discrecionalidad referida y permiten en la práctica evitar y corregir el abuso de la suspensión, en la decisión adoptada por el Juez o a través de los recursos procedentes en su contra, concretándose integralmente el sistema equilibrado que se fijó como propósito en la mencionada reforma constitucional del 6 de junio, el cual permite hacer de la medida suspensional un instrumento más eficaz para la salvaguarda de los derechos humanos y la materia del amparo, y evitar y corregir el abuso en su otorgamiento y así como el dictado de resoluciones que lastimen la sensibilidad social y los intereses colectivos jurídicamente relevantes cuya preservación se confía a la discrecionalidad del Juez Ahora bien por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; particularmente los artículos 1 al 17 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y adiciona un capítulo V Bis al título Décimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación "Del pago y recibido indebido de remuneraciones de los Servidores Públicos", con los artículos 217 Bis y 217 Ter, así como sus artículos Primero y Segundos Transitorios, en el caso, no se advierte que con el otorgamiento de la suspensión pudieran ocasionarse perjuicios al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, pues lo único que produciría la concesión de la medida cautelar es mantener las cosas en el estado en que actualmente se encuentran, lo que se concreta en que el quejoso continúe recibiendo sus remuneraciones en la forma en que lo ha venido haciendo mientras resuelve el presente juicio En efecto, si bien las normas reclamadas tienen como trasfondo implementar una política de austeridad, lo cierto es que la paralización de sus efectos y consecuencias mientras dura el procedimiento no impide la realización de otras acciones tendientes para alcanzar ese objetivo, por lo que es evidente que no se frustra ese propósito En cambio, la afectación que puede sufrir el quejoso de no obtener el beneficio de la medida suspensional impediría que continúe percibiendo sus remuneraciones en la forma en que lo ha venido haciendo, lo que claramente impacta en sus condiciones y proyecto de vida, aunado a que de concretarse los efectos de la norma impugnada en la esfera jurídica del quejoso, provocaría daños y perjuicios de difícil reparación, pues el deber pecuniario derivado de una eventual protección constitucional rebasaría la capacidad económica del Estado para hacer frente a sus obligaciones Ya que de conformidad con el artículo 107, fracción X, constitucional y 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo debe resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, siempre con el objetivo fundamental de preservar la materia litigiosa y de evitar que se causen a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil o imposible reparación Para ello, debe tomarse en consideración que la suspensión del acto reclamado, como medida cautelar, se rige por los principios de la apariencia de buen derecho y el peligro en la demora La apariencia de la existencia del derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la ejecución de la sanción impuesta; el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la prohibición y/o limitación de los derechos de los quejosos Aplicando esos principios, atendiendo a la demanda de amparo y a una apreciación de carácter provisional de la constitucionalidad del acto reclamado, que no determina el sentido de la sentencia de fondo, se estima que existen elementos para conceder la medida cautelar que solicitan los quejosos, pues las normas reclamadas tienen consecuencias jurídicas de difícil reparación en la esfera jurídica del quejoso, al afectar su remuneración en las condiciones en que venían percibiéndolas y los conmina a realizar un reporte si aquellas superan los límites previstos en la norma, con la consecuencia de incurrir en un delito en caso de no hacerlo Además, el postulado fundamental del principio de irretroactividad de las leyes contenido en el artículo 14 constitucional implica que las disposiciones contenidas en leyes nuevas no pueden desconocer, afectar o extinguir derechos adquiridos conforme a un marco jurídico anterior, siendo inconstitucionales las normas que alteran o modifican tales derechos, supuestos o consecuencias jurídicas que nacieron bajo la vigencia de leyes anteriores En el caso, las normas reclamadas sujetan las remuneraciones de los servidores públicos -como es la parte quejosa- a un sistema de prohibiciones y obligaciones que impide que las reciban en la forma en que venían haciéndolo, por lo que es clara su incidencia directa en derechos y situaciones jurídicas adquiridos de manera previa a su entrada en vigor En ese sentido, la afectación de sus remuneraciones en las condiciones en que venían percibiéndolas y la consecuente afectación al principio constitucional de irretroactividad establecido en el artículo 14 constitucional, constituyen elementos que apuntan a una credibilidad objetiva y seria que descarta una pretensión manifiestamente infundada Asimismo, existe peligro en la demora, pues de no concederse la suspensión podrían frustrarse los derechos del quejoso, lo que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo, ante la imposibilidad del Estado de reparar económicamente a todos los servidores públicos que obtengan una resolución favorable Aunado a que la quejosa, para acreditar el interés suspensional, exhibió como pruebas de su parte, entre otros, impresión de los recibos de nómina con CFDI, sello digital y código QR, expedidos a su favor por el Consejo de la Judicatura Federal, con los que acreditan que prestan sus servicios como servidores públicos de dicha Institución Documentos que se valoran al tenor de los artículos 127, 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y 3, que de manera adminiculada, se consideran suficientes para acreditar el interés suspensional que asiste a la accionante de la medida suspensiva que ahora nos ocupa Es así, pues mediante éstas se justifica que los interesados son servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal, lo que incide en la sujeción a las normas que impugnan Por otra parte, al ponderar la afectación que la parte quejosa pretende evitar y el bien tutelado de la sociedad, se obtiene que de negarse la medida cautelar se ocasionaría un daño mayor que con el otorgamiento de ésta En el caso, la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede tener consecuencias jurídicas de difícil reparación en la esfera de la parte quejosa tanto a nivel personal, como en su carácter de funcionaria pública Expuesto lo anterior, debe decirse que, atento a los razonamientos que anteceden y a que la litis en este asunto trata de la determinación de las remuneraciones de los quejosos como trabajadores del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 128, 129 y 138, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional a Roberto Jaime Nieto Arreygue, Xochitl Yolanda Burguete López, Erika Priscila León Barbosa, Blanca Alicia Lugo Pérez, Gabriela Medécigo Rodríguez, Roberto Jaime Nieto Arreygue, Laura Lizbeth Ramírez Olvera y Paola Berenice Aguilar Hurtado, para el efecto de que: Permanezcan las cosas en el estado que actualmente guardan y no se le aplique la norma general que combaten, ni alguna diversa que tenga concordancia y suponga la operatividad de la reclamada; esto es, que el parámetro de cálculo para las remuneraciones relativas a los puestos que ocupan como trabajadores del Consejo de la Judicatura Federal, no sea el salario del Presidente de la República; que las autoridades responsables se abstengan de eliminar, menoscabar, reducir o alterar en perjuicio del accionante, las remuneraciones que actualmente percibe, conforme al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal vigente, en los términos y plazos establecidos antes de la entrada en vigor del decreto reclamado Asimismo, que no se le finque responsabilidad penal o administrativa por el pago que reciba sobre esos conceptos, lo que implica que tampoco podrá ser detenido con motivo de hechos derivados de la percepción de sus remuneraciones, ni iniciarse en su contra alguna carpeta de investigación por tal razón Lo anterior, hasta que se resuelva en cuanto a la suspensión definitiva de este asunto En la inteligencia de que dicha medida surte sus efectos de inmediato y se otorga sin garantía, dada la naturaleza de los actos reclamados y al no advertirse la existencia de terceros interesados La suspensión provisional otorgada en los términos expuestos surte sus efectos desde luego y hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal
- Principal
EN VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL AUTO DE TRECE DEL MES Y AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE:"Ciudad de México, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Vistas las certificaciones de cuenta y en atención a lo ordenado en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, por lo cual los mismos se reanudaron a partir del tres de agosto en curso, por lo tanto se provee: CAUSA EJECUTORIA LA SENTENCIA DE AMPARO Vista la certificación que antecede y debido a que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la parte quejosa, a quien pudiera causarle perjuicio, haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. ARCHIVO DEL ASUNTO COMO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y en atención a que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." DESTINO DEL JUICIO DE AMPARO Por otra parte, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del mencionado Acuerdo General, pues se trata de un expediente en el que por una parte se sobreseyó y por la otra se negó el amparo; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere dicho artículo. CUADERNOS INCIDENTALES Ahora bien, respecto a los cuadernos relativos al incidente de suspensión respectivo manténgase por cuerda separada, y en términos de lo establecido en el Acuerdo señalado en el párrafo que antecede y en el punto 7.5 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; por lo que hace al duplicado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del capítulo octavo del acuerdo aludido, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, ya que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo en cita, se determina que es susceptible de depuración, debido a que se concedió la medida cautelar (provisional y definitiva), debiéndose conservar las determinaciones correspondientes. DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN EL JUICIO Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Atento lo ordenado en el primer y segundo párrafo del artículo 35 del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente de que se trate. Dada la información que se contiene en la certificación de cuenta, el suscrito se reserva la aplicación de la normatividad correspondiente. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que no obran las constancias de notificación a las autoridades responsables; que contiene la transcripción de la sentencia de diecinueve de octubre de dos mil veinte, por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales procédase a notificársele la resolución de mérito, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a la parte quejosa.". NOTIFÍQUESE.
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