Cesar Orta Briones
Expediente 1031/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1031/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Cesar Orta Briones
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1031/2021-I. Puebla, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin embargo, el quejoso, no se inconformó contra el auto de trece de octubre de dos mil veintiuno, dictado en este juicio, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. La notificación al quejoso del referido auto, se realizó el quince de octubre de dos mil veintiuno, por lo cual la notificación surtió efectos al día siguiente, de manera que el plazo para impugnarlo transcurrió del diecinueve al veinticinco del presente mes y año. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Luego, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Valoración documental. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Incidente de suspensión. En virtud de que en el presente juicio no se aperturó incidente de suspensión con relación a los actos reclamados, se descarta realizar mayor pronunciamiento al respecto. Resguardo del expediente. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Anotaciones en los libros de gobierno. Se instruye a la Analista Jurídica SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente - conforme se encomendó en el apartado precedente-coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento con el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1031/2021. Puebla, Puebla, trece de octubre de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que promueve , por derecho propio, contra actos de los magistrados que integran la Segunda Sala en Materia Penal , se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el presente caso, se examinó de manera íntegra la demanda de amparo para detectar el acto reclamado: la omisión de darle cabal cumplimiento a la ejecutoria del Amparo Directo D- 45/2020 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, del Sexto Circuito, juicio de garantías dentro del cual se ordenó el desahogo de los careos procesales dentro del proceso número 428/2013. De lo anterior se advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en particular la prevista en la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas.". Del anterior precepto, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas dentro de un juicio de amparo o en ejecución de las mismas. Dicha causal se refiere a aquéllas determinaciones en las cuales la autoridad responsable indefectiblemente debe emitir una resolución en determinado sentido, pues el juzgador de amparo la constriñe a realizar determinada acción. Es decir, donde se fijan lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. De ahí que, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, pues se podría caer en la promoción de juicios de amparo interminables. En el presente caso, el quejoso pretende combatir una omisión por parte de la autoridad que señala como responsable; alegando una afectación a su derecho constitucional a una pronta impartición de justicia, ya que expresa que la autoridad no ha dado cumplimiento a lo ordenado por un Tribunal Colegiado, dentro de una sentencia de amparo directo. Sin embargo; como se dijo, el juicio de amparo resulta improcedente contra resoluciones dictadas en un juicio de amparo o en ejecución de las mismas, ya que no se podría entrar al estudio de un acto que ya fue materia de estudio por otro órgano federal y mucho menos respecto de uno que ya fue resuelto y que se encuentra pendiente de cumplimentar. Es así, pues dentro de un juicio de amparo, el órgano jurisdiccional cuenta con medios específicos previstos en la ley que lo facultan para exigir a determinada autoridad, el cumplimiento de una decisión que ya tuvo un estudio de legalidad constitucional, por lo que de admitirse un juicio de amparo para obligar a una autoridad responsable a dar cumplimiento a una sentencia de amparo, sería entorpecer el procedimiento legal que debe llevar el juicio de amparo inicial hasta su cumplimiento. Maxime que como se mencionó, corresponde únicamente al órgano federal que dictó la sentencia, encargarse de hacer cumplir su resolución, haciendo uso de todos los medios a su alcance y previstos legalmente para hacer cumplir sus determinaciones. En el caso, si el quejoso indica que la omisiones que intenta combatir es este juicio, deviene de una decisión que ya fue resuelta por un tribunal colegiado en amparo directo, entonces es precisamente a ese órgano de alzada al que le corresponde velar porque su decisión sea cumplida en forma cabal, y si en el caso, el quejoso considera que la ejecutoria no está siendo acatada por las autoridades responsables involucradas, lo correcto es hacer uso de los recursos previstos en la Ley de Amparo, mas no con la promoción de un diverso juicio de amparo. Además de que sería imposible legalmente para esta operadora jurídica, estudiar la inactividad de la autoridad responsable sin involucrarse en un procedimiento llevado por un órgano jurisdiccional jerárquicamente superior, como lo es un tribunal colegiado, pues será únicamente a éste a quien le corresponda determinar si la autoridad vinculada, ha cumplido o no, en forma debida, la sentencia dictada. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración. De modo que si el quejoso ve transgredido algún derecho, por considerar que la sentencia de amparo dictada por el órgano colegiado, no está siendo cumplida, tiene expeditos sus derechos para hacer valer el recurso que estime conveniente, como lo sería el de inconformidad o el de repetición del acto reclamado, pues de ningún modo podría hacerlo a través de un juicio de amparo indirecto. Por lo tanto, se estima actualizada en forma indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo presentada por César Orta Briones. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A adscrita, para que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizado del quejoso. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el indicado en el escrito de demanda (ubicado en la Ciudad de Puebla). No pasa por alto para esta autoridad que el quejoso señala como medios para recibir notificaciones dos correos electrónicos; empero, dichas vías electrónicas no se encuentran establecidas como herramientas para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV de la Ley de amparo en relación con el diverso 3° de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo Alejandro Jesús Avalos Romero, porque el quejoso le otorgó esas facultades y se encontró registro de la cédula profesional del nombrado en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, sin encontrarse en igualdad de condiciones la diversa persona nombrada, por lo que a ésta solo se le autoriza para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Medios de comunicación extraprocesal con las partes. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toma conocimiento de los correos electrónico proporcionados por el quejoso en la demanda, a fin de establecer comunicación no procesal. Notifíquese en forma personal al quejoso.
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