César Omar Álvarez García

Expediente 204/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
204/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
25/03/2019

Partes del expediente

  • César Omar Álvarez García
  • Carlos Márquez Espriella

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Se ordena el archivo del presente expediente, como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones se hagan en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este Juzgado.

  2. Principal

    Monterrey, Nuevo León, a dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos del juicio de amparo 204/2018-VIII para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, mediante diez de mayo del año en curso, se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa ++++++++++, contra la determinación dictada el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, medio de impugnación que quedó registrado con el número de toca penal 48/2018. .......

  3. Principal

    Monterrey, Nuevo León, a veintitrés de abril de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito presentado por ++++++, mediante el cual interpone recurso de queja y expresa agravios en contra del auto dictado por este tribunal el diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Hágase las anotaciones correspondientes y agréguese copia simple del escrito de mérito a estos autos. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 101 de la Ley de Amparo, comuníquese lo anterior a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público Titular Adscrita en Materia de Amparo a este Juzgado de Distrito, para que dentro del término de tres días señalen constancias que consideren deban enviarse al Tribunal de Alzada para la resolución del recurso de queja. Una vez transcurrido el plazo indicado, ríndase informe sobre la materia de la queja, al que deberá acompañarse el escrito original de expresión de agravios, así como de la resolución recurrida, su notificación a las partes y las constancias solicitadas, para la substanciación del recurso que se hace valer. ........

  4. Principal

    Monterrey, Nuevo León, a diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de garantías promovida por ++++++++, contra actos del Delegado de la Procuraduría General de la República, en el Estado de Nuevo León; por lo que fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 204/2018-VIII que le corresponde. En la inteligencia de que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "IV.-ACTO RECLAMADO.- La negativa de autorizar la aplicación del procedimiento abreviado, mismo que fuera comunicado a la defensa con esta fecha." Ahora, toda vez que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, por lo que se procede al análisis respectivo. Tal precepto legal estable lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo en mención señala que para desechar de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. ......Ahora, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. ....En ese sentido, en relación al acto reclamado por esta vía constitucional, la suscrita juzgadora advierte que se actualiza la causa de improcedencia manifiesta e indudable, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, y 103, fracción I, de la Carta Magna. En ese contexto, los artículos en que se sustenta la causa de improcedencia advertida por la suscrita, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos y omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:.II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y.". En ese orden de ideas, y partiendo de la base de que el acto reclamado consiste en la negativa de autorizar la aplicación del procedimiento abreviado, se tiene que el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece la tramitación de dicha forma de terminación anticipada señala: "Artículo 202. Oportunidad. El Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. A la audiencia se deberá citar a todas las partes. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Juez de control se pronuncie al respecto. Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le correspondiere al delito por el cual acusa. En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión. Si al momento de esta solicitud, ya existiere acusación formulada por escrito, el Ministerio Público podrá modificarla oralmente en la audiencia donde se resuelva sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción de las penas, para el efecto de permitir la tramitación del caso conforme a las reglas previstas en el presente Capítulo. El Ministerio Público al solicitar la pena en los términos previstos en el presente artículo, deberá observar el Acuerdo que al efecto emita el Procurador". (Énfasis añadido) Al efecto, el promovente esencialmente expresó bajo protesta de decir verdad que el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, solicitó a la fiscal investigadora las gestiones administrativas para la autorización de terminación anticipada del proceso 2/2018, en el que le fue dictado auto de vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Sin embargo, que el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, le fue informado por dicha fiscal que la aplicación del procedimiento abreviado no fue autorizado, bajo el argumento de que no se ajustó a lo previsto en el acuerdo A/017/15, emitido por el Procurador General de la República. Ahora, el Acuerdo a que se refiere el último párrafo del transcrito numeral, es el número A/017/15, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de febrero de dos mil quince, por el que se establecen los criterios generales y el procedimiento que deberán observar los agentes del Ministerio Público de la Federación, para solicitar la pena en el procedimiento abreviado. Dicho Acuerdo en lo que interesa dispone: "PRIMERO. El presente Acuerdo tiene como objeto establecer los criterios generales para la determinación de la pena que el Ministerio Público de la Federación solicitará al Juez de Control en la aplicación del procedimiento abreviado". "SÉPTIMO. La solicitud de imposición de la pena en la aplicación de un procedimiento abreviado deberá contar con la autorización del titular de la unidad administrativa a la que se encuentre adscrito el agente del Ministerio Público de la Federación encargado de dicho procedimiento, quien para tal efecto deberá presentar una propuesta de solicitud de imposición de la pena, siempre y cuando haya verificado que se cumplen los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales para la aplicación del procedimiento abreviado. La propuesta de solicitud de imposición de la pena en la aplicación del procedimiento abreviado deberá contener un informe ejecutivo en el que se establezca la procedencia del procedimiento y los motivos por los que se propone dicha pena y se remitirá por escrito a través de cualquier medio que garantice su autenticidad, al titular de la unidad administrativa correspondiente". "OCTAVO. El titular de la unidad administrativa en la que se encuentre adscrito el agente del Ministerio Público de la Federación que solicita la autorización, deberá analizar la propuesta y remitir su respuesta, autorizando, modificando o negando la solicitud, en un plazo no mayor a 72 horas, por escrito o a través de cualquier medio que garantice su autenticidad. El servidor público facultado para la autorización, antes de que fenezca el plazo para remitir su respuesta, podrá solicitar al agente del Ministerio Público de la Federación que adicione a la propuesta toda la información que requiera, a fin de determinar su viabilidad. "NOVENO. Cuando en la aplicación de un procedimiento abreviado el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo es sancionado con pena de prisión máxima de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el agente del Ministerio Público de la Federación podrá solicitar al Juez de Control la imposición de la pena con base en los márgenes de punibilidad y criterios establecidos en el presente Acuerdo, sin que para ello se requiera autorización del titular de la unidad administrativa a la que se encuentre adscrito". De los artículos primero, séptimo y octavo del Acuerdo A/017/15, se advierte que cuando el Agente del Ministerio Público de la Federación pretenda solicitar la terminación anticipada del proceso a través del procedimiento abreviado, necesariamente, salvo la excepción establecida en el artículo noveno del aludido Acuerdo, requerirá de la aprobación del titular de la unidad administrativa a la que se encuentre adscrito el agente del Ministerio Público de la Federación que solicita la autorización. Siendo que, el titular de la unidad administrativa que debe emitir su aprobación no es otro que el Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, pues es el superior jerárquico de los Agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la respectiva delegación estatal. Corolario de lo expuesto, el Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, en tratándose del acto que reclama el defensor público federal. Toda vez que aquél, si bien es cierto es a quien asiste la facultad de autorizar la solicitud que hace el fiscal que interviene en la causa, de conformidad con el último párrafo del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en torno a la reducción de las sanciones a través del procedimiento abreviado, que constituye una manera de beneficiar a los acusados que reconocen voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en los delitos que les son imputados. Lo cierto es, que una vez autorizada la solicitud respectiva por parte de la autoridad responsable a quien se atribuye el acto reclamado, quien habrá de llevar a cabo la gestión correspondiente ante el Juez de Control es, sin duda alguna, el fiscal que actúa como parte en el procedimiento, pero no el referido Delegado, pues éste se reitera, únicamente es el encargado de autorizar o no a dicho fiscal, la tramitación del procedimiento abreviado. Es decir, el fiscal es quien actúa como parte en el procedimiento, pues de la propia lectura del artículo en mención se establece que el agente del ministerio público: "podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado, después de que se dicte el auto de vinculación a proceso hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral", enlazado a lo previsto en la fracción V, del artículo 105, de dicha legislación que establece quienes son sujetos de procedimiento penal. Por lo que, de la interpretación que se efectúa del precepto mencionado, se obtiene que la representación social, una vez aprobada su petición de terminación anticipada del proceso por parte del Delegado señalado como responsable, a quien solicita la apertura del procedimiento abreviado es al Juez de Control, de ahí que no pueda considerarse ni al Delegado en cita, como tampoco a la institución ministerial en la estadía en que se habla como una autoridad, pues quien cuenta con tal carácter lo es el Juez de control. De ahí que si se contempla al procedimiento abreviado como una forma de beneficiar al imputado que reconoce voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias de tal manifestación su participación en el delito o delitos que se le imputa, no resulta viable la promoción de una demanda de protección constitucional, en la que en la hipótesis de que se trata, se considere al referido Delegado como autoridad responsable para el efecto de que se le constriña a reducir aún más los márgenes de punibilidad establecidos por el legislador en la norma. Además, no debe soslayarse que al Juez de Control le corresponde verificar que efectivamente se actualicen las condiciones presupuestales para la procedencia de la resolución anticipada de la controversia, entre ellas, la de analizar la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción invocados por el Ministerio Público en la acusación. De lo anterior que, en el supuesto de que no existan medios de convicción suficientes para corroborar la acusación, es decir, que no tenga sustento lógico en otros datos diversos a la aceptación del acusado de haber participado en la comisión del delito, el juzgador estará en posibilidad de rechazar la tramitación del procedimiento abreviado. Consecuentemente, la decisión sobre la procedencia del procedimiento referido no depende de la pretensión -ejercicio de valoración de los medios de convicción- que el Ministerio Público sustente en la acusación para afirmar la acreditación del delito y la demostración de culpabilidad del acusado, pues el Juez de Control no tiene por qué realizar un juicio de contraste para ponderar el valor probatorio de cada elemento y, a partir de este resultado, formarse convicción sobre la culpabilidad o inocencia del sentenciado, ya que ello está fuera de debate, porque así lo convinieron las partes. De ello, que al ser una obligación del Juez de Control el revisar la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción reseñados por el Ministerio Público, que estará en aptitud de rechazar o no, la tramitación del procedimiento abreviado. Como se ve, la representación social, a quien autoriza la autoridad aquí señalada como responsable peticione el procedimiento abreviado, que es quien actúa en la causa, en todo momento constituye una parte de éste al no contar con facultades de autoridad y decisión, en tanto que, la autoridad señalada como responsable Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República no tiene carácter de parte en la causa respectiva. En esas condiciones, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, y 103, fracción I, de la Carta Magna, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo de que se trata. Determinación que guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio de amparo a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite el desarrollo de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. .........Háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios de la adscripción, a practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aún en días y horas inhábiles en términos del artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que se desprende de la demanda. ......

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