Cesar Octavio Ramírez Rodríguez

Expediente 1523/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1523/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
13/08/2019

Partes del expediente

  • Cesar Octavio Ramírez Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, mediante el cual informa su imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por las razones que en el mismo expone; agréguese a los autos para que obre como corresponda. Ahora, visto el estado que guardan los autos, se advierte que la Tesorería Municipal de Guadalajara, Jalisco, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no obstante los requerimientos realizados por este Juzgado de Distrito. Mediante sentencia de quince de abril de dos mil diecinueve (fojas 203 a 208) se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: I) Se emitiera una resolución en la que se desincorporara de la esfera jurídica del quejoso el artículo 40, fracción VI, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019, para que dicho precepto no le sea aplicado en el presente ni en lo futuro; II) Se aplicara la tarifa mínima prevista en el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019, por concepto de refrendo de la autorización para prestar el servicio de acomodadores de vehículos; esto es, sobre el monto de $2,497.75 (dos mil cuatrocientos noventa y siete pesos 00/100 moneda nacional) por cada recibo; y devolver el excedente pagado en los recibos oficiales 8121278, 8121279, 8121280, 8121281, 8121282, 8121283, 8121284, 8121285, 8121286, 8121287, 8121288; así como los diversos 8164959, 8164960, 8164961, 8164962, 8164963, 8164964, 8164965, 8164966, 8164967, 8164968 y 8164969, como resultado de aplicar la tarifa prevista en el inciso c) de dicha fracción y artículo. Asimismo, para que dicha suma le fuera devuelta debidamente actualizada. En proveído de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos y se solicitó el cumplimiento puntual a la autoridad competente para ello: Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco; así como a su superior jerárquico Pleno de dicho Ayuntamiento. Tal requerimiento se reiteró en distintas ocasiones entre las cuales le fueron concedidas sendas prorrogas a petición de la autoridad señalada en el párrafo que antecede (veintiocho de mayo, trece y veinte de junio, dos y diecinueve de julio, todos de dos mil diecinueve), la última de ellas el uno del mes y año en que se actúa, sin que al día de hoy la autoridad demostrara haber realizado gestiones para cumplimentar la sentencia, denotando una actitud evasiva y contumaz. Por tanto, se actualiza el notorio incumplimiento dispuesto en el segundo párrafo del artículo 193 de la ley de la materia, dado que la autoridad no justificó la causa del retraso en el cumplimiento de la ejecutoria conforme al tercer párrafo de dicho numeral, sino que, se negó expresamente a hacerlo. Efectivamente, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, a través del oficio acorado en proveído de uno de agosto del año en curso, sostuvo que la partida presupuestal asignada al pago de resoluciones judiciales de dicho municipio no contaba con flujo de recursos financieros, razón por la cual señaló que no está en aptitud de hacer frente al pago de la condena judicial decretada en autos. Por consiguiente, se indicó a la autoridad que las circunstancias alegadas no le excusan de acatar una ejecutoria de amparo, ni pueden tener el alcance de dejar incólume la violación de derechos ocasionada a la parte quejosa, y se le conminó a tramitar un ajuste en sus partidas presupuestales para destinar recursos específicamente para el pago al quejoso, concediéndole un plazo considerable para que demostrara las gestiones conducentes, en términos de lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Ello, tomando en consideración las tesis emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las que en esencia establecen que se debe tomar en consideración la autonomía financiera y libre disposición en el presupuesto por parte de las responsables, aunado a que la sentencia de amparo implica el cumplimiento de una obligación de pago a favor del quejoso, debe tomarse en cuenta que si alguna de las autoridades goza de atribuciones para disponer de sus recursos presupuestales, aun cuando esos recursos no estén específicamente destinados para tal fin, deberá realizar el pago correspondiente para dar cumplimiento a las sentencias de amparo, sin que su actuar implique violación al artículo 129 Constitucional. En ese orden, expresan que es cierto que las autoridades vinculadas al cumplimiento están en aptitud de solicitar al órgano legislativo la ampliación de su presupuesto, sin embargo, el cumplimiento de la sentencia de amparo no implica que deban necesariamente acudir a los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto autorizado; ya que, tomando en cuenta, por una parte, la preferencia de la obligación constitucional de pago, y por otra, el hecho de que ninguna disposición legal de rango inferior a la constitución puede establecer obstáculos al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, las responsables se encuentran obligadas al cumplimiento respectivo sin sujetarse necesariamente a los mecanismos que retarden el cumplimiento del fallo. Siendo aplicables la tesis aislada con registro 187078, de título: "SENTENCIAS DE AMPARO. LOS JEFES DELEGACIONALES DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁN FACULTADOS PARA EFECTUAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS PARA ASUMIR LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO"; así como la diversa con registro 187084, de rótulo: "SENTENCIAS DE AMPARO. EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, COMO CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE AQUÉLLAS, NO ESTÁ CONDICIONADO A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE GESTIONE Y OBTENGA LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE". Así las cosas, a la fecha en que se emite el presente acuerdo, no existe evidencia de que la responsable hubiere realizado adecuaciones en sus partidas presupuestales con el fin de obtener los recursos necesarios para hacer frente a la sentencia dictada por el tribunal superior, no obstante de habérsele requerido para ello. Por el contrario, las manifestaciones de la autoridad denotan su renuencia a cumplir con lo solicitado por este Juzgado de Distrito en el sentido de acatar puntualmente dicha resolución. Se dice lo anterior, ya que si bien el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, ha informado que se encuentra gestionando recursos de otras partidas presupuestales o que está a la espera de que aumente la recaudación de ingresos; lo cierto es que las circunstancias anotadas de ninguna manera le excusan de cumplir el requerimiento hecho por este Juzgado de Distrito, pues no puede dejarse incólume la violación de derechos ocasionada con su actuar. Máxime, al haberse establecido en este asunto los lineamientos precisos para obtener una cantidad líquida, cierta y determinada, para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, lo cual se traduce en una obligación lisa y llana, cuyo cumplimiento y eficacia no se encuentran condicionados a que la autoridad responsable gestione y obtenga la partida presupuestal destinada específicamente para su pago, ni a que los órganos encargados autoricen dichos recursos. Es así, porque existe una responsabilidad del Estado en la satisfacción de los deberes esenciales para restituir al gobernado en el goce de los derechos fundamentales transgredidos. Entendido esto como la obligación ineludible de un órgano del poder público de restituir el perjuicio patrimonial o económico causado a uno de sus gobernados con motivo del indebido ejercicio de la actividad que desempeña, responsabilidad que va más allá de los trámites efectuados para obtener una asignación presupuestaria específica a fin de obtener el pago del débito, pues el cumplimiento de las sentencias de amparo no está sujeto a la voluntad de las autoridades, sino al imperio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De no ser así, bastaría con que las responsables gestionaran debidamente ante las autoridades competentes el otorgamiento de la partida presupuestal correspondiente, para quedar exoneradas de la aplicación de las medidas establecidas en la fracción XVI del artículo 107 de la propia Constitución Federal, aunque aquella no se otorgara, lo cual permitiría tanto a la autoridad obligada al pago como a aquella que debe autorizar el presupuesto de una oficina gubernamental, encontrar un mecanismo para evadir el cumplimiento de una resolución que condene a pagar ciertas cantidades, al grado de que ésta quedara permanentemente incumplida, en detrimento del servicio de administración de justicia y de los derechos fundamentales de los gobernados. Sin duda, bajo tal perspectiva, es improcedente tener a la autoridad acatando puntualmente la sentencia de amparo, dado que sus efectos aún no están acabados, ni tampoco procede desvincularla del cumplimiento, porque en razón de sus funciones le compete realizar los actos tendentes a dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios y pagar a la parte quejosa las prestaciones determinadas en la sentencia dictada en autos. Entonces, las manifestaciones de la autoridad responsable y la renuencia a cumplir lo solicitado por este Juzgado Federal, denotan una actitud evasiva y contumaz para dar cumplimiento al fallo protector, lo que evidencia el notorio desacato dispuesto en el segundo párrafo del artículo 193 de la ley de la materia; sin que sea excusable el retraso del cumplimiento conforme al tercer párrafo de dicho numeral, sino que, la autoridad se niega expresamente a hacerlo. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, y se ordena remitir los autos del juicio en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, para la tramitación del INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA correspondiente. Además, se impone al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, así como al Pleno del citado Ayuntamiento, una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos cero centavos moneda nacional), de conformidad con los artículos 238 y 258 de la ley de la materia. Ahora, para continuar procurando el cumplimiento de la ejecutoria, como lo ordenan los artículos 192 y 193, quinto párrafo, de Ley de Amparo, requiérase a la autoridad vinculada al cumplimiento Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, para que dentro del término de tres días siguientes a su notificación, demuestre el cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, remitiendo constancia fehaciente de ello. Con el apercibimiento que de no acatar lo anterior, en el lapso indicado, sin causa justificada, se le impondrá una multa en términos de los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194, de la Ley de Amparo, se ordena notificar y se requiere al Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, superior jerárquico de la autoridad obligada al cumplimiento, para que le ordene cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita constancia fehaciente de que lo hizo. Apercíbase que de no hacerlo así, esto es, no demostrar que dio la orden, dentro del plazo indicado, sin causa justificada, se impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede. A efecto de practicar las actuaciones subsecuentes, fórmese cuaderno de antecedentes con copias certificadas de las constancias suficientes para su debida integración.

  2. Principal

    Con fundamento en los artículos 27, fracción III y 29 de la Ley de Amparo y en cumplimiento a lo ordenado en auto de 17 de julio de la presente anualidad, a primera hora del despacho se notificó por medio de lista a la parte QUEJOSA la resolución de 31/JULIO/2019, en el que se acordó lo siguiente: Vista la certificación que antecede y de acuerdo con el estado de autos, se advierte que el quejoso, no dio cabal cumplimiento al requerimiento contenido en auto de doce de julio de dos mil diecinueve (fojas 9 y 10); en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto indicado, y con fundamento en el artículo 15, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por NO PRESENTADA la demanda de garantías.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por el Jefe del Área de Amparos y Delegado de las autoridades responsables de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, con el que informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y solicita una prórroga para ello; en consecuencia, téngasele en vías de cumplimiento y se le tiene realizando las manifestaciones que de su oficio se desprenden. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, con copia de la sentencia de amparo, requiérase por última ocasión a la Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco, para que dentro del término de diez días, siguientes a la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo; esto es: "(.) a través de la dependencia correspondiente, le paguen al solicitante del amparo la indemnización y los demás pagos a que tiene derecho por el puesto que desempeñaba al momento en que se dio la terminación jurídica en comento (.)". En el entendido de que subsiste el apercibimiento realizado en proveído de veintidós de mayo del dos mil diecinueve (foja 112).

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