César Octavio Molina Alcántara o César Molina Alcántara y Otros.
Expediente 191/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 191/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 10/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- César Octavio Molina Alcántara o César Molina Alcántara y Otros.
- César Octavio Molina Alcántara o César Molina Alcántara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA V A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diez de marzo de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lorena Carrera Martínez, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA V A VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 191/2016, promovido por César Octavio Molina Alcántara o César Molina Alcántara contra actos del Comisario Calificador en turno de la Policía Estatal, con residencia en esta ciudad, por violación a los artículos 14, 16 y 20 constitucionales, y Resultando PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y turnado en la misma fecha, a este Juzgado Fernando Molina, en nombre de César Octavio Molina Alcantara o César Molina Alcántara, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Comisario Calificador en turno de la Policía Estatal, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó el arresto inconmutable y la desposesión de su licencia de conducir. SEGUNDO. Tramitación del juicio. El veinticinco de enero de dos mil dieciséis, se admitió la demanda de que se trata, la cual quedó registrada con el número de expediente 191/2016 y se concedió la suspensión de oficio y de plano del acto privativo de libertad; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, se ordenó requerir al quejoso para que manifestara si ratificaba o no la demanda presentada a su nombre, y en diligencia de la misma fecha ratificaron tal demanda; luego, en auto de veinticinco de noviembre siguiente, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede. Considerando PRIMERO. Competencia Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; habida cuenta que el acto reclamado es de naturaleza administrativa y fue presentada dentro de la circunscripción territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Materia del juicio de amparo. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, para lo cual es necesario efectuar un análisis conjunto de la demanda. De la lectura integral de la demanda se deduce que el quejoso reclamó de la autoridad responsable: ACTOS RECLAMADOS 1 La orden de arresto contenida en la resolución de veinticinco de enero de dos mil dieciséis, dictada en el expediente administrativo PE/DSR/DTE/DJ/114/2016, y 2 La desposesión de su licencia de conducir. TERCERO. Certeza o inexistencia o certeza del acto reclamado. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda violatorio de derechos humanos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. 3.1. Acto inexistente. En este contexto, no son ciertos los actos que se atribuyen al Comisario Calificador del Segundo Turno adscrito a la Policía Estatal de la Secretaria de Seguridad Pública, con residencia en Santa María Coyotepec, Oaxaca, consistentes en la orden de arresto contenida en la resolución de veinticinco de enero de dos mil dieciséis, dictada en el expediente administrativo PE/DSR/DTE/DJ/114/2016, y la desposesión de su licencia de conducir, ya que al rendir su informe justificado (foja 16), negó su existencia, precisando que los actos reclamados fueron emitidos por la Dirección de Tránsito del Estado, en la resolución de mérito. Ahora, el quejoso no ofreció prueba en contrario para desvirtuar dicha negativa; por tanto, en términos de lo que previene el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio respecto de tal autoridad y por los referidos acto que se le atribuyen. 3.2. Acto existente. Por otra parte, es cierto el acto reclamado que se atribuye a la citado Comisario Calificador del Segundo Turno adscrito a la Policía Estatal de la Secretaria de Seguridad Pública, con residencia en Santa María Coyotepec, Oaxaca, consistente en la ejecución del arresto ordenado en la resolución dictada en el expediente administrativo PE/DSR/DTE/DJ/114/2016, aun cuando al rendir su informe justificado niegue su existencia; sin embargo, su negativa se desvirtúa y se tiene por cierto tal acto, ya que del contenido de su propio informe se advierte que reconoce haber dado cumplimiento al oficio signado por la Dirección de Tránsito del Estado, quien solicitó su colaboración para la ejecución de tal arresto reclamado. CUARTO. Análisis de la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable. Previo el estudio del fondo del asunto, procede analizar si contra el acto cuya existencia ha quedado determinada se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea que la hayan invocado las partes, o bien, oficiosamente sea advertida por el suscrito juzgador, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En contra del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento legal, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.) De los preceptos legales transcritos, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad, entendiéndose por tal, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas Así, es autoridad responsable aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que afecte unilateralmente la esfera jurídica del interesado. En el caso, de las constancias que obran en autos, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el quejoso reclamó del Comisario Calificador del Segundo Turno adscrito a la Policía Estatal de la Secretaria de Seguridad Pública, con residencia en Santa María Coyotepec, Oaxaca, la detención efectuada en su contra; que al rendir informe justificado tal autoridad señaló que mediante resolución de veinticinco de enero de dos mil dieciséis, dictada en el expediente administrativo PE/DSR/DTE/DJ/114/2016, la Dirección de Tránsito del Estado, impuso al quejoso arresto inconmutable de veinticuatro horas, por lo que solicitó su colaboración para la ejecución de tal arresto, por no contar tal dirección de tránsito con celdas preventivas en sus instalaciones, y su función consistió en la vigilancia para que se cumpliera con dicho arresto. En virtud de lo expuesto en dicho informe, mediante proveído de tres de febrero de dos mil dieciséis (foja 19), se requirió al quejoso para que manifestara si señalaban como autoridad responsable a la Dirección de Tránsito del Estado, quien le impuso el arresto administrativo reclamado; el quejoso no hizo manifestación al respecto, por consiguiente, en proveído de dieciocho de febrero del año en curso, se ordenó resolverse este juicio de amparo únicamente por los actos y autoridad expresamente señalados en el escrito inicial de demanda (foja 23). Ahora, la ejecución de la orden de arresto que se atribuye al Comisario Calificador del Segundo Turno adscrito a la Policía Estatal de la Secretaria de Seguridad Pública, con residencia en Santa María Coyotepec, Oaxaca, no se reclama por vicios propios, sino como consecuencia de aquél mandamiento, pues en sus conceptos de violación se aduce vulneración a su garantía de audiencia y que la detención reclamada no se encuentra fundada ni motivada. En consecuencia, al no reclamarse por vicios propios tal acto de ejecución sino como consecuencia de la resolución dictada por la Dirección de Tránsito del Estado; no es posible examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, por derivar de un acto que fue emitido de una autoridad que no fue llamada a esta controversia constitucional. De ahí que resulta inconcuso que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia invocada; por tanto, con fundamento en lo que previene el artículo 63, fracción V, de la anterior Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto del mencionado acto y autoridad a quien se atribuye. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo Notifíquese. Así lo resolvió y firma el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lorena Carrera Martínez con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA V A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciocho de febrero de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, toda vez que transcurrió el plazo que se concedió a la parte quejosa en proveído de tres de febrero del año en curso, sin que hubiese ampliado su demanda de amparo; por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento que se le hizo en el citado proveído, se continúa con la secuela de este asunto, y se ordena resolverse únicamente por los actos y autoridad expresamente señalados en su escrito inicial de demanda. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lorena Carrera Martínez, que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA AL TERCERO INTERESADO MESA VI A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, tres de febrero de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio signado por la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por el que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada de la resolución dictada el dos de febrero del año en curso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con los oficios de cuenta y anexo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convengan; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos. Notifíquese, personalmente. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe.
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