Cesar Octavio Arteaga Martínez

Expediente 220/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
220/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
07/09/2021

Partes del expediente

  • Cesar Octavio Arteaga Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de la materia, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó el amparo al quejoso; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, ..., se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el ordinal Vigésimo del acuerdo en cita. Por otro lado, tomando en consideración que la Sala responsable remitió diversos legajos de constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, acorde a la certificación inicial, de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el expediente integrado en la versión impresa coincide con la electrónica. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 220/2021; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente.

  3. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 220/2021, promovido por ... contra actos de la Primera Sala y Juez Vigésimo Sexto, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El doce de abril de dos mil veintiuno, la quejosa demandó el amparo contra actos considerados contrarios a sus derechos protegidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, consistentes en: ".SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA DIEZ DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. " Segundo. Admisión. Previa declinación de competencia por conocimiento previo del Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el veintitrés de abril posterior se admitió la demanda; se dio intervención a la fiscal federal adscrita; se requirió informe justificado; y se ordenó emplazar a la parte tercera interesada. Tercero. Trámite. La representante social adscrita no formuló pedimento; se tuvieron por rendidos los informes de ley, la parte tercera interesada fue emplazada; y la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37, de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, tramitado ante un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme a la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: Resolución de diez de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el toca 94/2020, por la Primera Sala Familiar de la Ciudad de México, que modificó el auto de doce de noviembre de dos mil diecinueve, emitido en el procedimiento de divorcio incausado 677/2016, del Juez Vigésimo Sexto de lo Familiar de esta Ciudad. Modificación que consistió en requerir al quejoso, para que en el término de cinco días garantizara la pensión alimenticia convenida en cualquiera de las formas establecidas en el numeral 317 del Código Civil de esta Ciudad, por un año, correspondiente al 28% (veintiocho por ciento) del total de sus ingresos (ordinarios y extraordinarios), bajo apercibimiento que de no hacerlo se dictarían las medidas conducentes. Asimismo, le solicitó que manifestara y acreditara con documentación fehaciente, el monto de sus ingresos ordinarios y extraordinarios, especificando los descuentos de ley que le aplican, ello a fin de conocer a cuánto asciende el porcentaje mencionado, bajo apercibimiento de multa por $7,960.00 (siete mil novecientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional). Tercero. Existencia. Al rendir su informe justificado las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados, como se corrobora con las constancias remitidas, de valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron el acto reclamado. 1. El nueve de mayo de dos mil dieciséis, se admitió la acción donde la tercera interesada demandó del quejoso la disolución del vínculo matrimonial. 2. El veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, fue aprobado el convenio avenido entre las partes para regular los derechos inherentes a la familia, donde pactaron un porcentaje del sueldo del quejoso para ministrar alimentos a la menor hija de los colitigantes. 3. Previo requerimiento, el trece de febrero de dos mil diecinueve, el quejoso informó al juzgador familiar que a partir del día doce del propio mes y año, sería asignado para prestar sus servicios a una empresa radicada en la República de Colombia. Con motivo de tal promoción, el juzgador familiar dictó la siguiente determinación: "Ciudad de México, a dieciocho de febrero del año dos mil diecinueve. (...) requiérase a la C. ... para que proporcione y acredite con documentación fehaciente una cuenta bancaria en la cual le pueda ser depositada la cantidad resultante de la pensión alimenticia y, hecho que sea lo anterior, con fundamento en los artículos 105 y 108 del Código de Procedimientos Civiles, líbrese atenta carta rogatoria, con los insertos necesarios, a la SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva girar atento oficio al Consulado de México en Colombia para que a través de éste, gire oficio al C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA ... a efecto de que proceda a realizar el descuento ordenado en convenio celebrado el veintidós de noviembre del año dos mil dieciséis." 4. En respuesta al trámite de la carta rogatoria, el cinco de julio de dos mil diecinueve la Secretaría de Relaciones Exteriores la devolvió, y al efecto explicó que éstas sólo tienen como único fin la realización de actos procesales de trámite. 5. Previa denuncia de incumplimiento de las obligaciones alimentarias del quejoso y solicitud de requerir el cumplimiento del convenio avenido, el juzgador dictó el siguiente acuerdo: "Ciudad de México, a uno de octubre del año dos mil diecinueve. (.) en atención a las constancias de autos, y con fundamento en los artículos 105 y 108 del Código de Procedimientos Civiles, líbrese atenta carta rogatoria, con los insertos necesarios, a través de la SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se solicite a la Autoridad Jurisdiccional correspondiente en Colombia, para que por su conducto se gire oficio al REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA ..., a efecto de que proceda a realizar el descuento ordenado en convenio celebrado el veintidós de noviembre del año dos mil dieciséis, por lo tanto, se instruye a la persona de turno para que dentro del término de TRES DÍAS elabore el instructivo correspondiente y lo ponga a disposición de la parte interesada para su debida diligenciación." 6. En promoción presentada el nueve de octubre de dos mil diecinueve, la tercera interesada solicitó al juzgador familiar requerir al deudor alimentario el cumplimiento del convenio de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis; pretensión a la que recayó el siguiente acuerdo: "CIUDAD DE MÉXICO, A DIEZ DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. (...) mediante notificación personal se requiere a ... a efecto de que dentro del término de DIEZ DÍAS hábiles realice los trámites conducentes y necesarios en su centro de trabajo, a fin de dar cumplimiento al convenio celebrado el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis en relación al pago de la pensión alimenticia en favor del menor hijo de las partes debiendo comunicar bajo protesta de decir verdad acreditándolo con documento legal, apercibido que de no hacerlo se le impondrá una medida de apremio consistente en una multa por $7,600.00." 7. En promoción presentada el treinta de octubre de dos mil diecinueve, el quejoso por conducto de su mandatario informó la imposibilidad de cumplir el requerimiento formulado, por radicar en la República de Colombia; por lo que previo desahogo de la vista otorgada a la colitigante que reiteró la petición de requerir realizar los trámites en el centro de trabajo para cumplir el pago de la pensión, se dictó la siguiente determinación: "Ciudad de México, a doce de noviembre del año dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito presentado por Paulino David Rosales Santiago, mandatario judicial de ... visto su contenido, y analizada que han sido las constancias de actuaciones, de donde se desprende que en fecha dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, se ordenó girar carta rogatoria con la finalidad de que el consulado de México en la República de Colombia, ordenará ejecutar el descuento de pensión alimenticia definitivo, vía oficio, que se encuentra decretado a cargo de ... lo que tuvo como resultado que el día cinco de julio de dos mil diecinueve la Secretaría de Relaciones Exteriores informará que, tanto los exhortos como las cartas rogatorias en materia internacional, tienen como único fin la realización de actos procesales de trámite (notificaciones, citaciones o emplazamientos, así como la obtención de medios de prueba en el extranjero), no así aquellos que implican actos de ejecución, como en el presente caso, al pretender que se haga efectiva una orden de descuento a la fuente laboral de ... quien vive y radica en la República de Colombia, y derivado de lo antes mencionado, y teniendo en cuenta lo regulado por el numeral 604 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que en su primer párrafo señala que cuando los exhortos internacionales impliquen ejecución coactiva, es necesaria la homologación de sentencia, por esa razón lo procedente es dejar sin efectos la resolución que ordena elaborar de nueva cuenta la citada carta rogatoria, así como la resolución relativa a que ... realice en su fuente de trabajo los trámites conducentes para cumplir con el convenio celebrado por las partes, toda vez que, el procedimiento correcto como ya se mencionó, es la homologación de la resolución dictada en fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, ante la autoridad judicial competente en la República de Colombia a efecto de llevar a cabo la ejecución correspondiente bajo el principio de cooperación procesal internacional, en tal virtud, se dejan a salvo los derechos de ... a efecto de que los haga valer en la vía y forma respectiva ante la autoridad judicial competente en la República de Colombia." (...)" Inconforme, la tercera interesada interpuso recurso de apelación que fue fallado el cuatro de febrero de dos mil veinte en el toca 94/2020, por la sala responsable como se indica a continuación: "R E S U E L V E PRIMERO. Se confirma el auto de doce de noviembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Interino Vigésimo Sexto de lo Familiar de la Ciudad de México, en el juicio de divorcio incausado..." 8. Contra esa determinación, ... en representación de la menor de edad de identidad protegida de iniciales ... promovió juicio de amparo indirecto, el cual se tramitó con el número 243/2020, del cual tocó conocer al suscrito, donde se concedió el amparo y protección de la justicia federal para los efectos siguientes: "1) Deje sin efectos la sentencia de cuatro de febrero de dos mil veinte, dictada en el toca 94/2020. 2) En su lugar, dicte otra en la que al estudiar la litis de la apelación, con plenitud de jurisdicción, emita una resolución donde resuelva de manera clara y precisa los puntos materia de la controversia, que se omitió revisar, en los términos precisados en esta ejecutoria." En cumplimiento a esa sentencia la Sala responsable dictó la resolución de diez de marzo de dos mil veintiuno, donde determinó modificar el auto recurrido, para quedar en los términos siguientes: "Agréguese a sus autos el escrito presentado por ..., mandatario judicial de ... visto su contenido, y analizadas que han sido las constancias de actuaciones, de donde se desprende que en fecha dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, se ordenó girar carta rogatoria con la finalidad de que el consulado de México en la República de Colombia, ordenara ejecutar el descuento de pensión alimenticia definitivo, vía oficio, que se encuentra decretado a cargo de ... lo que tuvo como resultado que el día cinco de julio de dos mil diecinueve la Secretaría de Relaciones Exteriores informara que, tanto los exhortos como las cartas rogatorias en materia internacional, tienen como único fin la realización de actos procesales de trámite (notificaciones, citaciones o emplazamientos, así como la obtención de medios de prueba en el extranjero), no así aquéllos que implican actos de ejecución, como en el presente caso, al pretender que se haga efectiva una orden de descuento a la fuente laboral de ... quien vive y radica en la República de Colombia, y derivado de lo antes mencionado, y teniendo en cuenta lo regulado por el numeral 604 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que en su primer párrafo señala que cuando los exhortos internacionales impliquen ejecución coactiva, es necesaria la homologación de sentencia, por esa razón lo procedente es dejar sin efectos la resolución que ordena elaborar de nueva cuenta la citada carta rogatoria, así como la resolución relativa a que ... realice en su fuente de trabajo los tramites (sic) conducentes para cumplir con el convenio celebrado por las partes, toda vez que, el procedimiento correcto como ya se menciono (sic), es la homologación de la resolución dictada en la fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, ante la autoridad judicial competente en la República de Colombia a efecto de llevar a cabo la ejecución correspondiente bajo el principio de la cooperación procesal internacional, en tal virtud, se dejan a salvo los derechos de ... a efecto de que los haga valer en la vía y forma respectiva y ante la autoridad judicial competente en la Republica (sic) de Colombia. Por otra parte, tomando en consideración, que los alimentos son de orden público y su cumplimiento no puede dejarse al libre arbitrio del obligado, máxime, que es un deber de los padres y un derecho de los menores el preservar la satisfacción de sus necesidades a fin de que tengan los medios indispensables para subsistir; por lo que siendo el propósito de la ley asegurar que el acreedor alimentista tenga los recursos para solventar sus necesidades, que se otorguen de forma continua y acorde con los requerimientos de quien debe recibirlos de manera sucesiva y en proporción tal que refleje seguridad para su desarrollo armónico; especialmente si entre ellos se encuentra una menor de edad -como es el caso-; y siento el aseguramiento de la pensión alimenticia, el medio adecuado para lograr la finalidad perseguida, ya que no puede dejarse al arbitrio del deudor la potestad discrecional de realizar el pago en la fecha que estime oportuna, y menos aún, dejar a su libre voluntad la cantidad que deba suministrar por ese concepto, pues, es menester poner a la acreedora en condiciones en las que pueda obtener la satisfacción de sus necesidades inaplazables y de asegurar su cumplimiento; en consecuencia, se estima que deberá requerirse al señor ... mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL, para que en el término de CINCO DÍAS, garantice la pensión alimenticia, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 317 del Código Civil, esto es, por un año, lo que corresponda al 28% (veintiocho por ciento) del total de sus ingresos; apercibido que de no hacerlo así, el juzgador en uso de las facultades que le confieren los preceptos 278, 279, 940 y 941 de la legislación procesal de la materia, dictará todas las medidas que considere convenientes a fin de contar con los elementos necesarios que permitan el aseguramiento de la pensión alimenticia fijada a favor de la menor (...), garantía que deberá recaer sobre los bienes o productos del deudor alimentario. Apoya lo expuesto, la tesis aislada I.12º.C.33 C (10a.), del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Décima Época, de registro 2016870, de rubro siguiente: "PENSIÓN ALIMENTICIA. CUANDO EL DEUDOR OBLIGADO INCUMPLE CON SU PAGO, EL JUEZ DEBE EMPLEAR LOS MEDIOS DE ASEGURAMIENTO PREVISTOS EN LA LEY Y NO IMPONER MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). Asimismo, requiérase al ... para que dentro de término de CINCO DÍAZ, manifieste y acredite con documentación fehaciente el monto de sus ingresos ordinarios y extraordinarios que actualmente percibe, debiendo especificar los descuentos de ley que se le practican a su salario; apercibido que en caso de no hacerlo, se impondrá una multa por la cantidad de $7,960.00 (siete mil novecientos sesenta pesos 00/100 m.n.), por desacato a un mandato judicial, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 73 de la legislación procesal de la materia; aspecto que se estima necesario conocer a efecto de determinar a cuánto asciende el 28% (veintiocho por ciento) de las percepciones que el accionante se obligó a proporcionar a su descendiente. Notifíquese personalmente a la parte actora." Dicha resolución y su ejecución integran la materia de los actos reclamados. Quinto. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa alega que la resolución reclamada no es clara, precisa ni congruente, ya que en ningún momento su contraparte solicitó lo que se le concede en esa determinación, por lo que se viola la garantía de legalidad y seguridad jurídica, pues se advierte es dictada en favor de la tercera interesada. Lo anterior es infundado, porque, contrario a lo indicado por el accionante de amparo, la tercera interesada sí impulsó la imposición de un medio de aseguramiento del pago por alimentos, lo que motivó que en el acto reclamado se ordenara garantizar ese concepto en cualquiera de las formas establecidas en el numeral 317 del Código Civil de esta Ciudad. Esa así, puesto que con motivo de la falta de cumplimiento al acuerdo de voluntades, consta en autos que ... impulsó la imposición de un medio de aseguramiento del pago por alimentos, del cual el juzgador instructor determinó una medida de apremio consistente en un requerimiento al deudor con apercibimiento de multa. La secuela procesal informa también que en escrito de nueve de octubre de dos mil diecinueve, ... reiteró la petición de revisar la conducta procesal del deudor e imponer un medio de aseguramiento de los previstos en la ley, para tutelar el derecho a los alimentos, sin que el juzgador se pronunciara; de modo que tal omisión se vio reflejada en los agravios que dieron contenido al recurso que precedió el acto reclamado, en los siguientes términos: "(...) Como primer punto, es de señalar que la elaboración de la referida carta rogatoria carece de sentido, toda vez que como consta en autos, la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante oficio número ASJ-25040, hizo del conocimiento de ese H. Juzgado su imposibilidad para diligenciarla, por lo que elaborarla una vez mas sólo tendría como resultado la misma respuesta y un considerable desgaste de recursos y de tiempo, afectando como se ha venido reiterando en diversas ocasiones, a la menor de nombre (...), quien tiene el derecho consagrado a percibir alimentos. Aunado a lo anterior y no menos importante, es de señalar que su Señoría en auto de fecha 10 de octubre de 2019 determinó que el C. ... realizara los trámites conducentes y necesarios en su centro de trabajo para dar cumplimiento al pago de pensión alimenticia, por lo que el proveído indicado en el segundo párrafo de ese escrito, estaría dejando en estado de indefensión a la menor hija de las partes, puesto que Usía estaría revocando su propia determinación, contraviniendo así lo indicado en el artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que a la letra dice: (...) Al respecto, es importante destacar que si bien es cierto el C. ... se encuentra radicado en Colombia, también lo es que el mero hecho de vivir en ese país no constituye impedimento per se para realizar las gestiones necesarias ante el área de recursos humanos o la que corresponda de su centro de trabajo para dar cumplimiento al convenio celebrado ante la presencia judicial, es decir, éste sólo vierte la manifestación de encontrarse absolutamente imposibilitado, sin acreditar fehacientemente su dicho con algún documento que respalde su afirmación o que siquiera compruebe el intento de haber cumplido con el requerimiento ordenado por su Señoría. No debemos perder de vista que el convenio referido en el párrafo que antecede fue elevado al rango de sentencia ejecutoriada y por ello el C. ... se encuentra cometiendo un desacato a una orden judicial en perjuicio de su menor hija." En ese sentido, ... planteó revisar la conducta procesal del deudor alimentario, ante el incumplimiento de lo pactado por las partes. Lo anterior puesto que en el recurso de apelación señaló que el deudor ha incumplido con el pago de la pensión alimenticia, argumentó los daños que en su concepto genera esa conducta, para lo cual partió de una fuente de obligaciones sancionada judicialmente, para fundar en derecho su petición cautelar. Con base a tales premisas, se afirma que ... demandó del juzgador el empleo de los medios de aseguramiento previstos en la ley, precisamente con la finalidad de garantizar la eficacia de la determinación judicial conforme a la cual se fijó la pensión mencionada (convenio de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis), y de cubrir la necesidad perentoria de subsistencia de la menor acreedora, lo que derivó en la solicitud del aseguramiento de ese concepto. Aunado a lo anterior, es constitucional el hecho de que en el acto reclamado se ordene se aseguren los alimentos que se pactaron, a través de una garantía de las establecidas en el artículo 317 del Código Civil para la Ciudad de México, pues sobre ello la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que la garantía para el pago de la pensión alimenticia constituye una obligación del deudor y que el legislador determinó que la protección de este derecho fundamental debía llevarse a cabo mediante figuras jurídicas que, como la hipoteca y la prenda, generaran un privilegio para los acreedores alimentistas frente a otro tipo de créditos y personas. Asimismo, por ello se concretó a prescribir determinadas formas de garantía, es decir, a establecer (como imperativo) el aseguramiento mediante la prenda, la hipoteca, la fianza o el depósito, lo cual se traduce en un mandato en el sentido de que ninguna autoridad puede impedir esas formas sin referirse a otras en específico. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 8/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ALIMENTOS. SU GARANTÍA RESULTA INSUFICIENTE MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE PAGARÉS (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO Y DEL DISTRITO FEDERAL). Los artículos 4.143 y 317 de los Códigos Civiles del Estado de México y del Distrito Federal, respectivamente, establecen que el aseguramiento del pago de la pensión alimenticia podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza, depósito o cualquier otra forma de garantía suficiente, a juicio del juez. Ahora bien, en ninguno de estos artículos se contempla expresamente la figura del pagaré como medio para garantizar su pago. Por tanto, el pagaré no puede considerarse un medio de garantía suficiente para el pago de alimentos, porque: 1) garantizar el pago de la pensión alimenticia constituye una obligación a la que el legislador ha querido otorgar un estatus preferente por su naturaleza misma, por ello determinó que la protección de este derecho fundamental debía llevarse a cabo mediante figuras jurídicas que generaren un privilegio para los acreedores alimentistas frente a otro tipo de créditos y personas mediante su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, lo que supone naturalmente un acceso directo a la satisfacción del derecho fundamental en juego, pues ante otro tipo de intereses o valores el legislador quiso que la satisfacción de los alimentos tuviera preeminencia; 2) considerar que la garantía para el pago de la pensión alimenticia puede hacerse mediante un pagaré constituye una falsa analogía, pues aun cuando se puede aceptar que dicho documento puede fungir como una garantía, lo cierto es que el legislador no pensó en cualquier tipo de garantía, sino en una que guardara identidad de razón (una semejanza justificada) con las figuras jurídicas de la hipoteca, prenda, fianza o depósito, ya que el pagaré no tiene una propiedad exigible por las normas analizadas a fin de que pueda considerarse un medio idóneo para garantizar el pago de los alimentos, a saber, que la garantía sea suficiente en el mismo grado que lo son la hipoteca, la prenda, la fianza o el depósito; y, 3) el hecho de no mencionar al pagaré como figura idónea para la garantía de los alimentos no supone sin más que esté permitida por no estar prohibida, sino que las normas deben entenderse en su integridad, considerando que no prescriben algún tipo de permiso (fuerte ni débil) sino mandatos a la autoridad limitados por las citadas figuras jurídicas de garantía, ya que cuando las normas hacen referencia a un permiso en sentido débil (una mera ausencia de prohibición) sólo se está admitiendo que el legislador no consideró otorgar a otras figuras como el pagaré un estatus normativo, por la sencilla razón de que no contempló todas las posibilidades normativas de garantía de los alimentos. Por ello, se concretó a prescribir determinadas formas de garantía, es decir, a establecer (como imperativo) el aseguramiento mediante la prenda, la hipoteca, la fianza o el depósito, lo cual se traduce en un mandato en el sentido de que ninguna autoridad puede impedir esas formas de garantía sin referirse a otras en específico. Así, el operador jurídico tiene la obligación de validar toda garantía suficiente, teniendo como parámetro las figuras de la prenda, la hipoteca, la fianza o el depósito, de manera que está limitado o, si se quiere, tiene prohibido fijar cualquier otra forma de aseguramiento que no se asemeje (válidamente) a las indicadas." Además de que, de los artículos 282, fracción II, y 317 del Código Civil para la Ciudad de México, se colige que una vez entablada una demanda de divorcio, el juez puede señalar una cantidad por concepto de pensión alimenticia con la cual pueda cubrirse la necesidad de subsistencia de aquellas personas que tienen derecho a ello; por lo que también tiene la facultad de asegurar esa cantidad y para tal efecto cuenta con los siguientes medios: hipoteca, prenda, fianza, depósito de cantidad bastante para cubrirlos o cualquier otra forma de garantía que sea suficiente a criterio del juzgador, para lograr la subsistencia de los acreedores alimentistas. Sin que pase desapercibido para el suscrito la jurisprudencia PC.VII.C. J/7 C (10a.), de los Plenos de Circuito, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. TAMBIÉN PROCEDE A FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO.", puesto que como se indica en ese criterio la suplencia no debe ser absoluta, aunado a que, el suscrito no advierte que sea necesario hacer un pronunciamiento para favorecer al quejoso, en razón de que, como se vio, el requerimiento realizado por la autoridad es apegado a la Constitución. En las narradas condiciones, al no demostrarse la inconstitucionalidad del acto reclamado atribuido a la autoridad responsable resulta procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Negativa extensiva al a quo, pues no se reclaman sus actos por vicios propios, conforme la jurisprudencia de registro 210140, de la octava época, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios." Finalmente, por lo que ve a los alegatos formulados, debe decirse que no es dable que sean tomados en cuenta, dado que no forman parte de la litis constitucional, toda vez que la controversia se conforma con lo expresado en la demanda, en su aclaración o ampliación en su caso, con los actos reclamados y los informes justificados, de conformidad con el artículo 74 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS. El juez de Distrito está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al ... contra actos de la Primera Sala y Juez Vigésimo Sexto, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, por los motivos precisados en el último considerando. NOTIFÍQUESE LEGALMENTE COMO CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy treinta de julio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    (AVISO) EN VIRTUD DE QUE EL QUEJOSO NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO QUE SE FIJÓ EN LA PUERTA DE SU DOMICILIO EL DOCE DE AGOSTO DE 2021, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA ENGROSADA EL TREINTA DE JULIO DE 2021, QUE EN SÍNTESIS DICE: "V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 220/2021, promovido por ... contra actos de la Primera Sala y Juez Vigésimo Sexto, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El doce de abril de dos mil veintiuno, la quejosa demandó el amparo contra actos considerados contrarios a sus derechos protegidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, consistentes en: ".SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA DIEZ DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. " Segundo. Admisión. Previa declinación de competencia por conocimiento previo del Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el veintitrés de abril posterior se admitió la demanda; se dio intervención a la fiscal federal adscrita; se requirió informe justificado; y se ordenó emplazar a la parte tercera interesada. Tercero. Trámite. La representante social adscrita no formuló pedimento; se tuvieron por rendidos los informes de ley, la parte tercera interesada fue emplazada; y la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37, de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, tramitado ante un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme a la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: Resolución de diez de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el toca 94/2020, por la Primera Sala Familiar de la Ciudad de México, que modificó el auto de doce de noviembre de dos mil diecinueve, emitido en el procedimiento de divorcio incausado 677/2016, del Juez Vigésimo Sexto de lo Familiar de esta Ciudad. Modificación que consistió en requerir al quejoso, para que en el término de cinco días garantizara la pensión alimenticia convenida en cualquiera de las formas establecidas en el numeral 317 del Código Civil de esta Ciudad, por un año, correspondiente al 28% (veintiocho por ciento) del total de sus ingresos (ordinarios y extraordinarios), bajo apercibimiento que de no hacerlo se dictarían las medidas conducentes. Asimismo, le solicitó que manifestara y acreditara con documentación fehaciente, el monto de sus ingresos ordinarios y extraordinarios, especificando los descuentos de ley que le aplican, ello a fin de conocer a cuánto asciende el porcentaje mencionado, bajo apercibimiento de multa por $7,960.00 (siete mil novecientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional). Tercero. Existencia. Al rendir su informe justificado las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados, como se corrobora con las constancias remitidas, de valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron el acto reclamado. 1. El nueve de mayo de dos mil dieciséis, se admitió la acción donde la tercera interesada demandó del quejoso la disolución del vínculo matrimonial. 2. El veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, fue aprobado el convenio avenido entre las partes para regular los derechos inherentes a la familia, donde pactaron un porcentaje del sueldo del quejoso para ministrar alimentos a la menor hija de los colitigantes. 3. Previo requerimiento, el trece de febrero de dos mil diecinueve, el quejoso informó al juzgador familiar que a partir del día doce del propio mes y año, sería asignado para prestar sus servicios a una empresa radicada en la República de Colombia. Con motivo de tal promoción, el juzgador familiar dictó la siguiente determinación: "Ciudad de México, a dieciocho de febrero del año dos mil diecinueve. (...) requiérase a la C. ... para que proporcione y acredite con documentación fehaciente una cuenta bancaria en la cual le pueda ser depositada la cantidad resultante de la pensión alimenticia y, hecho que sea lo anterior, con fundamento en los artículos 105 y 108 del Código de Procedimientos Civiles, líbrese atenta carta rogatoria, con los insertos necesarios, a la SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva girar atento oficio al Consulado de México en Colombia para que a través de éste, gire oficio al C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA ... a efecto de que proceda a realizar el descuento ordenado en convenio celebrado el veintidós de noviembre del año dos mil dieciséis." 4. En respuesta al trámite de la carta rogatoria, el cinco de julio de dos mil diecinueve la Secretaría de Relaciones Exteriores la devolvió, y al efecto explicó que éstas sólo tienen como único fin la realización de actos procesales de trámite. 5. Previa denuncia de incumplimiento de las obligaciones alimentarias del quejoso y solicitud de requerir el cumplimiento del convenio avenido, el juzgador dictó el siguiente acuerdo: "Ciudad de México, a uno de octubre del año dos mil diecinueve. (.) en atención a las constancias de autos, y con fundamento en los artículos 105 y 108 del Código de Procedimientos Civiles, líbrese atenta carta rogatoria, con los insertos necesarios, a través de la SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se solicite a la Autoridad Jurisdiccional correspondiente en Colombia, para que por su conducto se gire oficio al REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA ..., a efecto de que proceda a realizar el descuento ordenado en convenio celebrado el veintidós de noviembre del año dos mil dieciséis, por lo tanto, se instruye a la persona de turno para que dentro del término de TRES DÍAS elabore el instructivo correspondiente y lo ponga a disposición de la parte interesada para su debida diligenciación." 6. En promoción presentada el nueve de octubre de dos mil diecinueve, la tercera interesada solicitó al juzgador familiar requerir al deudor alimentario el cumplimiento del convenio de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis; pretensión a la que recayó el siguiente acuerdo: "CIUDAD DE MÉXICO, A DIEZ DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. (...) mediante notificación personal se requiere a ... a efecto de que dentro del término de DIEZ DÍAS hábiles realice los trámites conducentes y necesarios en su centro de trabajo, a fin de dar cumplimiento al convenio celebrado el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis en relación al pago de la pensión alimenticia en favor del menor hijo de las partes debiendo comunicar bajo protesta de decir verdad acreditándolo con documento legal, apercibido que de no hacerlo se le impondrá una medida de apremio consistente en una multa por $7,600.00." 7. En promoción presentada el treinta de octubre de dos mil diecinueve, el quejoso por conducto de su mandatario informó la imposibilidad de cumplir el requerimiento formulado, por radicar en la República de Colombia; por lo que previo desahogo de la vista otorgada a la colitigante que reiteró la petición de requerir realizar los trámites en el centro de trabajo para cumplir el pago de la pensión, se dictó la siguiente determinación: "Ciudad de México, a doce de noviembre del año dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito presentado por Paulino David Rosales Santiago, mandatario judicial de ... visto su contenido, y analizada que han sido las constancias de actuaciones, de donde se desprende que en fecha dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, se ordenó girar carta rogatoria con la finalidad de que el consulado de México en la República de Colombia, ordenará ejecutar el descuento de pensión alimenticia definitivo, vía oficio, que se encuentra decretado a cargo de ... lo que tuvo como resultado que el día cinco de julio de dos mil diecinueve la Secretaría de Relaciones Exteriores informará que, tanto los exhortos como las cartas rogatorias en materia internacional, tienen como único fin la realización de actos procesales de trámite (notificaciones, citaciones o emplazamientos, así como la obtención de medios de prueba en el extranjero), no así aquellos que implican actos de ejecución, como en el presente caso, al pretender que se haga efectiva una orden de descuento a la fuente laboral de ... quien vive y radica en la República de Colombia, y derivado de lo antes mencionado, y teniendo en cuenta lo regulado por el numeral 604 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que en su primer párrafo señala que cuando los exhortos internacionales impliquen ejecución coactiva, es necesaria la homologación de sentencia, por esa razón lo procedente es dejar sin efectos la resolución que ordena elaborar de nueva cuenta la citada carta rogatoria, así como la resolución relativa a que ... realice en su fuente de trabajo los trámites conducentes para cumplir con el convenio celebrado por las partes, toda vez que, el procedimiento correcto como ya se mencionó, es la homologación de la resolución dictada en fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, ante la autoridad judicial competente en la República de Colombia a efecto de llevar a cabo la ejecución correspondiente bajo el principio de cooperación procesal internacional, en tal virtud, se dejan a salvo los derechos de ... a efecto de que los haga valer en la vía y forma respectiva ante la autoridad judicial competente en la República de Colombia." (...)" Inconforme, la tercera interesada interpuso recurso de apelación que fue fallado el cuatro de febrero de dos mil veinte en el toca 94/2020, por la sala responsable como se indica a continuación: "R E S U E L V E PRIMERO. Se confirma el auto de doce de noviembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Interino Vigésimo Sexto de lo Familiar de la Ciudad de México, en el juicio de divorcio incausado..." 8. Contra esa determinación, ... en representación de la menor de edad de identidad protegida de iniciales ... promovió juicio de amparo indirecto, el cual se tramitó con el número 243/2020, del cual tocó conocer al suscrito, donde se concedió el amparo y protección de la justicia federal para los efectos siguientes: "1) Deje sin efectos la sentencia de cuatro de febrero de dos mil veinte, dictada en el toca 94/2020. 2) En su lugar, dicte otra en la que al estudiar la litis de la apelación, con plenitud de jurisdicción, emita una resolución donde resuelva de manera clara y precisa los puntos materia de la controversia, que se omitió revisar, en los términos precisados en esta ejecutoria." En cumplimiento a esa sentencia la Sala responsable dictó la resolución de diez de marzo de dos mil veintiuno, donde determinó modificar el auto recurrido, para quedar en los términos siguientes: "Agréguese a sus autos el escrito presentado por ..., mandatario judicial de ... visto su contenido, y analizadas que han sido las constancias de actuaciones, de donde se desprende que en fecha dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, se ordenó girar carta rogatoria con la finalidad de que el consulado de México en la República de Colombia, ordenara ejecutar el descuento de pensión alimenticia definitivo, vía oficio, que se encuentra decretado a cargo de ... lo que tuvo como resultado que el día cinco de julio de dos mil diecinueve la Secretaría de Relaciones Exteriores informara que, tanto los exhortos como las cartas rogatorias en materia internacional, tienen como único fin la realización de actos procesales de trámite (notificaciones, citaciones o emplazamientos, así como la obtención de medios de prueba en el extranjero), no así aquéllos que implican actos de ejecución, como en el presente caso, al pretender que se haga efectiva una orden de descuento a la fuente laboral de ... quien vive y radica en la República de Colombia, y derivado de lo antes mencionado, y teniendo en cuenta lo regulado por el numeral 604 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que en su primer párrafo señala que cuando los exhortos internacionales impliquen ejecución coactiva, es necesaria la homologación de sentencia, por esa razón lo procedente es dejar sin efectos la resolución que ordena elaborar de nueva cuenta la citada carta rogatoria, así como la resolución relativa a que ... realice en su fuente de trabajo los tramites (sic) conducentes para cumplir con el convenio celebrado por las partes, toda vez que, el procedimiento correcto como ya se menciono (sic), es la homologación de la resolución dictada en la fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, ante la autoridad judicial competente en la República de Colombia a efecto de llevar a cabo la ejecución correspondiente bajo el principio de la cooperación procesal internacional, en tal virtud, se dejan a salvo los derechos de ... a efecto de que los haga valer en la vía y forma respectiva y ante la autoridad judicial competente en la Republica (sic) de Colombia. Por otra parte, tomando en consideración, que los alimentos son de orden público y su cumplimiento no puede dejarse al libre arbitrio del obligado, máxime, que es un deber de los padres y un derecho de los menores el preservar la satisfacción de sus necesidades a fin de que tengan los medios indispensables para subsistir; por lo que siendo el propósito de la ley asegurar que el acreedor alimentista tenga los recursos para solventar sus necesidades, que se otorguen de forma continua y acorde con los requerimientos de quien debe recibirlos de manera sucesiva y en proporción tal que refleje seguridad para su desarrollo armónico; especialmente si entre ellos se encuentra una menor de edad -como es el caso-; y siento el aseguramiento de la pensión alimenticia, el medio adecuado para lograr la finalidad perseguida, ya que no puede dejarse al arbitrio del deudor la potestad discrecional de realizar el pago en la fecha que estime oportuna, y menos aún, dejar a su libre voluntad la cantidad que deba suministrar por ese concepto, pues, es menester poner a la acreedora en condiciones en las que pueda obtener la satisfacción de sus necesidades inaplazables y de asegurar su cumplimiento; en consecuencia, se estima que deberá requerirse al señor ... mediante NOTIFICACIÓN PERSONAL, para que en el término de CINCO DÍAS, garantice la pensión alimenticia, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 317 del Código Civil, esto es, por un año, lo que corresponda al 28% (veintiocho por ciento) del total de sus ingresos; apercibido que de no hacerlo así, el juzgador en uso de las facultades que le confieren los preceptos 278, 279, 940 y 941 de la legislación procesal de la materia, dictará todas las medidas que considere convenientes a fin de contar con los elementos necesarios que permitan el aseguramiento de la pensión alimenticia fijada a favor de la menor (...), garantía que deberá recaer sobre los bienes o productos del deudor alimentario. Apoya lo expuesto, la tesis aislada I.12º.C.33 C (10a.), del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Décima Época, de registro 2016870, de rubro siguiente: "PENSIÓN ALIMENTICIA. CUANDO EL DEUDOR OBLIGADO INCUMPLE CON SU PAGO, EL JUEZ DEBE EMPLEAR LOS MEDIOS DE ASEGURAMIENTO PREVISTOS EN LA LEY Y NO IMPONER MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). Asimismo, requiérase al ... para que dentro de término de CINCO DÍAZ, manifieste y acredite con documentación fehaciente el monto de sus ingresos ordinarios y extraordinarios que actualmente percibe, debiendo especificar los descuentos de ley que se le practican a su salario; apercibido que en caso de no hacerlo, se impondrá una multa por la cantidad de $7,960.00 (siete mil novecientos sesenta pesos 00/100 m.n.), por desacato a un mandato judicial, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 73 de la legislación procesal de la materia; aspecto que se estima necesario conocer a efecto de determinar a cuánto asciende el 28% (veintiocho por ciento) de las percepciones que el accionante se obligó a proporcionar a su descendiente. Notifíquese personalmente a la parte actora." Dicha resolución y su ejecución integran la materia de los actos reclamados. Quinto. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa alega que la resolución reclamada no es clara, precisa ni congruente, ya que en ningún momento su contraparte solicitó lo que se le concede en esa determinación, por lo que se viola la garantía de legalidad y seguridad jurídica, pues se advierte es dictada en favor de la tercera interesada. Lo anterior es infundado, porque, contrario a lo indicado por el accionante de amparo, la tercera interesada sí impulsó la imposición de un medio de aseguramiento del pago por alimentos, lo que motivó que en el acto reclamado se ordenara garantizar ese concepto en cualquiera de las formas establecidas en el numeral 317 del Código Civil de esta Ciudad. Esa así, puesto que con motivo de la falta de cumplimiento al acuerdo de voluntades, consta en autos que ... impulsó la imposición de un medio de aseguramiento del pago por alimentos, del cual el juzgador instructor determinó una medida de apremio consistente en un requerimiento al deudor con apercibimiento de multa. La secuela procesal informa también que en escrito de nueve de octubre de dos mil diecinueve, ... reiteró la petición de revisar la conducta procesal del deudor e imponer un medio de aseguramiento de los previstos en la ley, para tutelar el derecho a los alimentos, sin que el juzgador se pronunciara; de modo que tal omisión se vio reflejada en los agravios que dieron contenido al recurso que precedió el acto reclamado, en los siguientes términos: "(...) Como primer punto, es de señalar que la elaboración de la referida carta rogatoria carece de sentido, toda vez que como consta en autos, la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante oficio número ASJ-25040, hizo del conocimiento de ese H. Juzgado su imposibilidad para diligenciarla, por lo que elaborarla una vez mas sólo tendría como resultado la misma respuesta y un considerable desgaste de recursos y de tiempo, afectando como se ha venido reiterando en diversas ocasiones, a la menor de nombre (...), quien tiene el derecho consagrado a percibir alimentos. Aunado a lo anterior y no menos importante, es de señalar que su Señoría en auto de fecha 10 de octubre de 2019 determinó que el C. ... realizara los trámites conducentes y necesarios en su centro de trabajo para dar cumplimiento al pago de pensión alimenticia, por lo que el proveído indicado en el segundo párrafo de ese escrito, estaría dejando en estado de indefensión a la menor hija de las partes, puesto que Usía estaría revocando su propia determinación, contraviniendo así lo indicado en el artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que a la letra dice: (...) Al respecto, es importante destacar que si bien es cierto el C. ... se encuentra radicado en Colombia, también lo es que el mero hecho de vivir en ese país no constituye impedimento per se para realizar las gestiones necesarias ante el área de recursos humanos o la que corresponda de su centro de trabajo para dar cumplimiento al convenio celebrado ante la presencia judicial, es decir, éste sólo vierte la manifestación de encontrarse absolutamente imposibilitado, sin acreditar fehacientemente su dicho con algún documento que respalde su afirmación o que siquiera compruebe el intento de haber cumplido con el requerimiento ordenado por su Señoría. No debemos perder de vista que el convenio referido en el párrafo que antecede fue elevado al rango de sentencia ejecutoriada y por ello el C. ... se encuentra cometiendo un desacato a una orden judicial en perjuicio de su menor hija." En ese sentido, ... planteó revisar la conducta procesal del deudor alimentario, ante el incumplimiento de lo pactado por las partes. Lo anterior puesto que en el recurso de apelación señaló que el deudor ha incumplido con el pago de la pensión alimenticia, argumentó los daños que en su concepto genera esa conducta, para lo cual partió de una fuente de obligaciones sancionada judicialmente, para fundar en derecho su petición cautelar. Con base a tales premisas, se afirma que ... demandó del juzgador el empleo de los medios de aseguramiento previstos en la ley, precisamente con la finalidad de garantizar la eficacia de la determinación judicial conforme a la cual se fijó la pensión mencionada (convenio de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis), y de cubrir la necesidad perentoria de subsistencia de la menor acreedora, lo que derivó en la solicitud del aseguramiento de ese concepto. Aunado a lo anterior, es constitucional el hecho de que en el acto reclamado se ordene se aseguren los alimentos que se pactaron, a través de una garantía de las establecidas en el artículo 317 del Código Civil para la Ciudad de México, pues sobre ello la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que la garantía para el pago de la pensión alimenticia constituye una obligación del deudor y que el legislador determinó que la protección de este derecho fundamental debía llevarse a cabo mediante figuras jurídicas que, como la hipoteca y la prenda, generaran un privilegio para los acreedores alimentistas frente a otro tipo de créditos y personas. Asimismo, por ello se concretó a prescribir determinadas formas de garantía, es decir, a establecer (como imperativo) el aseguramiento mediante la prenda, la hipoteca, la fianza o el depósito, lo cual se traduce en un mandato en el sentido de que ninguna autoridad puede impedir esas formas sin referirse a otras en específico. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 8/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ALIMENTOS. SU GARANTÍA RESULTA INSUFICIENTE MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE PAGARÉS (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO Y DEL DISTRITO FEDERAL). Los artículos 4.143 y 317 de los Códigos Civiles del Estado de México y del Distrito Federal, respectivamente, establecen que el aseguramiento del pago de la pensión alimenticia podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza, depósito o cualquier otra forma de garantía suficiente, a juicio del juez. Ahora bien, en ninguno de estos artículos se contempla expresamente la figura del pagaré como medio para garantizar su pago. Por tanto, el pagaré no puede considerarse un medio de garantía suficiente para el pago de alimentos, porque: 1) garantizar el pago de la pensión alimenticia constituye una obligación a la que el legislador ha querido otorgar un estatus preferente por su naturaleza misma, por ello determinó que la protección de este derecho fundamental debía llevarse a cabo mediante figuras jurídicas que generaren un privilegio para los acreedores alimentistas frente a otro tipo de créditos y personas mediante su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, lo que supone naturalmente un acceso directo a la satisfacción del derecho fundamental en juego, pues ante otro tipo de intereses o valores el legislador quiso que la satisfacción de los alimentos tuviera preeminencia; 2) considerar que la garantía para el pago de la pensión alimenticia puede hacerse mediante un pagaré constituye una falsa analogía, pues aun cuando se puede aceptar que dicho documento puede fungir como una garantía, lo cierto es que el legislador no pensó en cualquier tipo de garantía, sino en una que guardara identidad de razón (una semejanza justificada) con las figuras jurídicas de la hipoteca, prenda, fianza o depósito, ya que el pagaré no tiene una propiedad exigible por las normas analizadas a fin de que pueda considerarse un medio idóneo para garantizar el pago de los alimentos, a saber, que la garantía sea suficiente en el mismo grado que lo son la hipoteca, la prenda, la fianza o el depósito; y, 3) el hecho de no mencionar al pagaré como figura idónea para la garantía de los alimentos no supone sin más que esté permitida por no estar prohibida, sino que las normas deben entenderse en su integridad, considerando que no prescriben algún tipo de permiso (fuerte ni débil) sino mandatos a la autoridad limitados por las citadas figuras jurídicas de garantía, ya que cuando las normas hacen referencia a un permiso en sentido débil (una mera ausencia de prohibición) sólo se está admitiendo que el legislador no consideró otorgar a otras figuras como el pagaré un estatus normativo, por la sencilla razón de que no contempló todas las posibilidades normativas de garantía de los alimentos. Por ello, se concretó a prescribir determinadas formas de garantía, es decir, a establecer (como imperativo) el aseguramiento mediante la prenda, la hipoteca, la fianza o el depósito, lo cual se traduce en un mandato en el sentido de que ninguna autoridad puede impedir esas formas de garantía sin referirse a otras en específico. Así, el operador jurídico tiene la obligación de validar toda garantía suficiente, teniendo como parámetro las figuras de la prenda, la hipoteca, la fianza o el depósito, de manera que está limitado o, si se quiere, tiene prohibido fijar cualquier otra forma de aseguramiento que no se asemeje (válidamente) a las indicadas." Además de que, de los artículos 282, fracción II, y 317 del Código Civil para la Ciudad de México, se colige que una vez entablada una demanda de divorcio, el juez puede señalar una cantidad por concepto de pensión alimenticia con la cual pueda cubrirse la necesidad de subsistencia de aquellas personas que tienen derecho a ello; por lo que también tiene la facultad de asegurar esa cantidad y para tal efecto cuenta con los siguientes medios: hipoteca, prenda, fianza, depósito de cantidad bastante para cubrirlos o cualquier otra forma de garantía que sea suficiente a criterio del juzgador, para lograr la subsistencia de los acreedores alimentistas. Sin que pase desapercibido para el suscrito la jurisprudencia PC.VII.C. J/7 C (10a.), de los Plenos de Circuito, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. TAMBIÉN PROCEDE A FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO.", puesto que como se indica en ese criterio la suplencia no debe ser absoluta, aunado a que, el suscrito no advierte que sea necesario hacer un pronunciamiento para favorecer al quejoso, en razón de que, como se vio, el requerimiento realizado por la autoridad es apegado a la Constitución. En las narradas condiciones, al no demostrarse la inconstitucionalidad del acto reclamado atribuido a la autoridad responsable resulta procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Negativa extensiva al a quo, pues no se reclaman sus actos por vicios propios, conforme la jurisprudencia de registro 210140, de la octava época, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios." Finalmente, por lo que ve a los alegatos formulados, debe decirse que no es dable que sean tomados en cuenta, dado que no forman parte de la litis constitucional, toda vez que la controversia se conforma con lo expresado en la demanda, en su aclaración o ampliación en su caso, con los actos reclamados y los informes justificados, de conformidad con el artículo 74 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS. El juez de Distrito está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al ... contra actos de la Primera Sala y Juez Vigésimo Sexto, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, por los motivos precisados en el último considerando. NOTIFÍQUESE LEGALMENTE COMO CORRESPONDA. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy treinta de julio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

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