César Morales Durán
Expediente 841/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 841/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- César Morales Durán
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como de la certificación secretarial que antecede, se advierte que trascurrió el término legal para interponer recurso de queja contra el acuerdo de siete de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en la carátula del expediente, la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y archívese este expediente como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contado a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y el Secretario para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, siete de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa **************, mediante el cual da cumplimiento a la prevención efectuada por auto de uno de septiembre de dos mil veintidós, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que sí compareció dentro del expediente laboral de donde deriva el acto reclamado, sin embargo, refiere que no ha sido notificado de resolución o sentencia alguna emitida por la Presidenta de la Junta señalada como responsable; por tanto, se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral a la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso; Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". Acorde con la disposición legal transcrita, antes de acudir al juicio de amparo contra actos jurisdiccionales, se deben agotar previamente los medios ordinarios de defensa, ya que dada su naturaleza extraordinaria, el juicio de amparo procede excepcionalmente contra actos revisados a través de los medios de impugnación establecidos por las normas ordinarias para combatirlos, salvo los casos de excepción expresamente previstos. En ese orden de ideas, para que se actualice tal causal de improcedencia, se desprenden las siguientes hipótesis: 1. Que se trate de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. 2. Que respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. 3. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, en los siguientes casos: ? Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; ? Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ? Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. ? Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensas que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. Empero, no debe pasarse por alto que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedara en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Respecto a la excepción tratándose de persona extraña al procedimiento debe decirse que persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o procedimiento como parte en sentido material, pero que resiente un perjuicio sin haber tenido oportunidad de ser oída en su defensa, quedando incluida en este concepto la parte que no fue emplazada o se emplazó indebidamente. Sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que si de autos se advierte que el promovente del juicio de amparo tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra antes del dictado de la sentencia respectiva, es evidente que por ese solo hecho pierde el carácter de persona extraña al procedimiento por equiparación, pues tal conocimiento le permite imponerse de los autos para saber cuáles son las prestaciones que se le reclaman, circunstancia que le permite hacer valer, a través de los medios impugnativos ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio proceso y, en caso de no obtener resolución interlocutoria favorable, esperar a realizar el planteamiento de las violaciones procesales al momento de combatir la sentencia definitiva. Por otra parte, atendiendo a la naturaleza del acto que se reclama, es preciso destacar lo establecido en los artículos 752, 762 fracción I, y 763 de la Ley Federal del Trabajo, que disponen: "Artículo 752.- Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este Capítulo. Artículo 762.- Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; (.). Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Lo establecido en los párrafos anteriores no aplica en lo que se refiere al juicio individual ordinario previsto en el capítulo XVII del presente Título. Al promoverse un incidente, se señalarán los motivos de este y acompañarse las pruebas en que lo funde; de no cumplir con dichos requisitos, el tribunal lo desechará de plano. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes." Estos numerales instituyen la procedencia del incidente de nulidad de actuaciones, entre otros, contra las notificaciones que no se practiquen conforme a la ley laboral, mediante el cual se puede lograr la nulidad de ese tipo de actuaciones. HECHOS En el caso concreto, del análisis integral a la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: De la autoridad responsable ordenadora Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad: - 1.- La falta de notificación de la resolución emitida por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, dentro del expediente laboral **************, a través de la cual se le requirió de pago por la cantidad de $**************). De la autoridad responsable ejecutora Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad: 2.-La diligencia de requerimiento de pago efectuada el diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Al respecto, en el apartado de antecedentes del acto reclamado, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, la Actuaria adscrita a la Junta responsable se apersonó en su domicilio con el propósito de requerirlo de pago por la cantidad antes mencionada, en virtud de la resolución emitida por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, diligencia que fue atendida por ************** (esposa). Asimismo, de lo narrado en el escrito aclaratorio bajo protesta de decir verdad expresó que sí compareció dentro del expediente laboral de donde deriva el acto reclamado, sin embargo, refiere que no ha sido notificado de resolución o sentencia alguna emitida por la Presidenta de la Junta señalada como responsable. De lo anterior, se desprende que la parte quejosa es parte formal en el expediente laboral en el cual tiene intervención. CONCLUSIÓN De la anterior reseña se puede fácilmente obtener que ************** reclama la falta de notificación respecto del laudo dictado en el juicio laboral **************, así como la diligencia de requerimiento de pago efectuada el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, ordenada en el citado expediente; empero contra esa falta de notificación y diligencia de requerimiento de pago procede el incidente de nulidad de actuaciones que prevé el dispositivo 762 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que al ser la parte demandada en ese procedimiento está obligado a agotar ese medio de defensa, a través del cual puede lograr su anulación, de manera que si no agotó esa incidencia previo al ejercicio de la acción onstitucional, es por demás claro que igualmente inobservó el principio de definitividad que, al igual que otros, rigen la vía constitucional, de ahí que se hace patente y manifiesta la causal de improcedencia contenida en el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que conduce a desechar de plano la demanda que se provee en términos del ordinal 113 de la propia codificación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 185983 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Laboral Tesis: I.5o.T.222 L Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Septiembre de 2002, página 1389 Tipo: Aislada LAUDO, OMISIÓN DE SU NOTIFICACIÓN. PREVIAMENTE AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL, DEBE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE LAS ACTUACIONES POSTERIORES A ÉL Y NO POR MEDIO DE LA NULIDAD DE SU NOTIFICACIÓN." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y el Secretario para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
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Xalapa de Enríquez, Veracruz, uno de septiembre de dos mil veintidós Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por **********, por derecho propio, contra actos de la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo en el libro de gobierno, con el número de juicio 841/2022 que le corresponde. NO HA LUGAR SUSPENSIÓN DE PLANO No ha lugar a conceder la suspensión de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, como lo solicita la parte quejosa, en virtud que el acto reclamado que por esta vía pretende combatir es el requerimiento de pago que le fue efectuado derivado de un expediente laboral, el cual no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, no obstante, en caso de cumplir con la prevención que más adelante se precisará, se proveerá lo relativo a los cuadernos incidentales. PREVENCIÓN PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del contenido de la demanda de amparo se advierten irregularidades que deben ser subsanadas, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVA Los artículos 108, fracción V, 110, 112 y 114, fracciones II y V, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.) Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. (.). Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. (.) Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: (.) II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley. (.) V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. (.)." De los artículos y fracciones transcritas se advierte la facultad del Juez de Distrito de prevenir a la parte quejosa para que realice las aclaraciones pertinentes, cuando dentro del escrito de demanda encuentre alguna irregularidad o se hubiere omitido alguno de los requisitos que señala el artículo 108 de la Ley de Amparo, o no se exhiban las copias a que se refiere el artículo 110 de la misma Ley. HECHOS Del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, señala como actos reclamados: De la autoridad responsable ordenadora Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad: - 1.- La falta de notificación de la resolución emitida por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, dentro del expediente laboral **********, a través de la cual se le requirió de pago por la cantidad de $********** (********** 00/100 m.n.). De la autoridad responsable ejecutora Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad: 2.-La diligencia de requerimiento de pago efectuada el **********. Al respecto, en el apartado de antecedentes del acto reclamado, la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad que el **********, la Actuaria adscrita a la Junta responsable se apersonó en su domicilio con el propósito de requerirlo de pago por la cantidad antes mencionada, en virtud de la resolución emitida por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, diligencia que fue atendida por ********** (esposa). Lo anterior -refiere- le sorprendió pues no ha sido notificado de resolución alguna emitida por esa Junta. En otro aspecto, del análisis a la boleta de turno remitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, se advierte que la demanda que se provee fue presentada únicamente con tres copias. Al respecto, se destaca que tienen el carácter de partes en el juicio de amparo, además del quejoso, las autoridades señaladas como responsables, la parte tercero interesada, y la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado. Adicionalmente, para dar trámite al incidente de suspensión se requieren dos (2) copias del mencionado ocurso constitucional. CONCLUSIÓN Atento a lo anterior, se concluye que la demanda de amparo es irregular, pues de los antecedentes del acto reclamado no se advierte si la parte quejosa se integró o dio contestación a la litis ventilada en el juicio laboral que dio origen al acto reclamado, así como en la exhibición de las copias necesarias para correr traslado a las partes. En consecuencia, para permitir el efectivo acceso a la jurisdicción y procurar el debido proceso, con fundamento en los artículos 108, fracción V, 110, 112 y 114, fracciones II y V, de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días y bajo protesta de decir verdad, computado legalmente, por escrito y con las copias necesarias cumpla con lo siguiente: I. Manifieste si se apersonó o dio contestación a la demanda que dio origen al expediente laboral **********, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Lo anterior, en atención a que constituye un dato indispensable para verificar los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. II. Exhiba tres copias más de su demanda que resultan necesarias para correr traslado a las partes, ya que únicamente exhibió tres, cuando debieron haber sido seis, en virtud que dos son para correr traslado a las autoridades responsables, una para emplazar a la parte tercero interesada, una más para notificar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado y dos más, para tramitar el incidente de suspensión solicitado. El anterior requerimiento se realiza en razón que del contenido íntegro del ocurso de demanda no se desprende que sea la parte trabajadora y ante el requerimiento de pago que reclama en esta vía se deduce que se trata de la parte patronal. APERCIBIMIENTO Apercíbase a la parte promovente que de no dar cumplimiento a lo requerido se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del artículo 114, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo. Hágase saber a la parte promovente el delito en que puede incurrir quien declara con falsedad ante la autoridad judicial en un juicio de amparo, previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual manera, se hace saber a la parte quejosa que el cumplimiento al requerimiento efectuado únicamente podrá realizarlo quien promueve este asunto, por constituir un acto de carácter personalísimo. Es aplicable, por su contenido, la tesis siguiente: "Registro No. 174745 Localización: Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIV, Julio de 2006 Página: 348 Tesis: 2a./J. 88/2006 Jurisprudencia Materia(s): Común DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes". AUTORIZADOS Se autorizan con las facultades amplias a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a ********** y **********, debido a que el primero tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República, y la segunda si bien no se encuentra registrada en dicho sistema, lo cierto es que cuenta con cédula profesional registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública para ejercer la profesión en derecho. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en los artículo 3 de la Ley de Amparo y 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los cuales establecen los mecanismos para acceder de manera eficiente a la información disponible para el logro de los fines referidos a través de la tecnología, específicamente el uso de una firma electrónica y la integración del expediente electrónico, se autoriza a ********** y **********, con claves de usuario ********** y ********** el ingreso a dicho sistema electrónico, para efectos de consulta del juicio de amparo, presentación de promociones, así como para oír y recibir notificaciones vía electrónica; con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas; lo anterior, sin perjuicio que el expediente físico estará a su disposición en este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles, para su consulta. En ese aspecto, toda vez que resulta necesario habilitarlos, se instruye a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. En ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se comisiona a los actuarios de la adscripción que por turno corresponda, para que, en lo subsecuente, dentro del plazo legal, impriman, digitalicen y agreguen tanto al expediente impreso, como al electrónico las constancias de notificación que se generen con motivo de las notificaciones que se practiquen a la parte quejosa durante la tramitación del presente juicio. Por cuanto hace al domicilio que precisa para oír y recibir notificaciones, dígase que no ha lugar a acordar de conformidad, al haber solicitado que se practiquen las mismas vía electrónica, tal y como se expuso en líneas precedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis: Época: Décima Época Registro: 2017924 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.1o.P.34 K (10a.) Página: 2364 NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO. El artículo 26 de la Ley de Amparo prevé cuatro vías para notificar los autos o resoluciones emitidos en el juicio de control constitucional, a saber: a) en forma personal; b) por oficio; c) por lista; y, d) la electrónica; siendo que cada una de éstas se encuentra expedita para emplearse en situaciones jurídicas concretas, incluso, para partes procesales en particular. De ese modo, las notificaciones relativas a los incisos a), b) y c) son las vías "tradicionales" en las que éstas se practican en un juicio de amparo, pues se comprende que si el órgano jurisdiccional pretende notificar personalmente una determinación a alguna de las partes, ya sea por previsión de la ley o porque lo estima necesario, dependiendo de la parte procesal de que se trate, empleará alguna de las vías de notificación a) y b), es decir, en forma personal o por medio de oficio; pero si considera que es innecesario que la comunicación respectiva se haga así, el auto o resolución deberá notificarse como lo señala el inciso c), o sea, por medio de lista, pues no puede haber proveído alguno que carezca de publicidad. Por su parte, la notificación citada en el inciso d), es decir, la referente a la vía electrónica, constituye un medio "especial" por el cual, las partes que así lo soliciten, se hacen sabedoras de los acuerdos o resoluciones que se dicten en el controvertido constitucional, siendo que, salvo en situaciones específicas, la notificación electrónica sustituye a las indicadas como vías "tradicionales" (o sea, a la notificación personal, por oficio y por lista), debiendo practicar el órgano de amparo toda clase de comunicación con la parte que así lo designe, por ese medio. Esto es así, pues del artículo 30 de la ley de la materia, en el que se reglamenta cómo deben llevarse a cabo las notificaciones electrónicas, se advierte la carga procesal u obligación de la parte que elija dicho modo de notificación, de estar diariamente, o sea, de modo permanente, al pendiente del expediente digital, a fin de que oportunamente esté enterada de los pronunciamientos que se decreten en él, de donde se colige que cuando una de las partes elige que las actuaciones emanadas del juicio se le notifiquen electrónicamente, lo conducente es que se le practiquen todas sus notificaciones por esa vía, incluso, las de carácter no personal, salvo casos en los que el órgano de amparo, atento a la naturaleza del acto, estime que deban efectuarse por el actuario mediante otro método. Lo anterior, ya que ni la Ley de Amparo ni el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, prevén alguna disposición que indique que la notificación electrónica deba emplearse única y exclusivamente respecto de proveídos o determinaciones que deben hacerse del conocimiento personal de la parte procesal de que se trate, mientras que el resto (o sea, las de carácter no personal) deban efectuarse por otra vía, como por ejemplo, por medio de lista; ni tampoco en los ordenamientos jurídicos referidos existe dispositivo que señale que la notificación electrónica deba duplicarse o estar a la par de cualquiera de las vías "tradicionales", pues en congruencia con la exposición de motivos que dio origen a la Ley de Amparo vigente, la notificación electrónica es una vía adoptada libre y voluntariamente por las partes, para que puedan tener conocimiento y consultar de forma pronta, rápida, ágil e inmediata, todas y cada una de las determinaciones que en aquél lleguen a emitirse, sin soslayar que es una vía que representa la utilización de menos recursos humanos, materiales y hasta logísticos del órgano jurisdiccional para llevar a cabo la diligencia de notificación. Por tanto, en el sumario es ilegal que la misma parte procesal (como lo es la quejosa) tenga dos o más vías para que se le practiquen sus notificaciones, ya que ello genera incertidumbre en el adecuado trámite y sustanciación del juicio de control constitucional, por ejemplo, para el cómputo de los plazos y términos que se fijen en el expediente, pues al haber dos o más vías de notificación sin precisar cuál de ellas es la efectiva para esos fines, podría derivar en que tuvieran que hacerse dos o más cómputos de términos o plazos para una misma parte procesal, en la medida en que las notificaciones "tradicionales" y "especial" surten efectos de manera distinta, de conformidad con el artículo 31 de la ley citada, situación que, además de que se estima impropia desde un enfoque adjetivo, también podría utilizarse intencionalmente para obtener ventajas procedimentales inadecuadas, verbigracia, para la presentación de escritos, desahogo de vistas, ofrecimiento de pruebas o interposición de recursos, entre otros supuestos". DATOS DE CONTACTO Asimismo, se toman como datos de contacto el correo electrónico y número telefónico que proporciona la parte quejosa para entablar comunicaciones no procesales acorde con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 y su reforma por cuanto a su vigencia contenida en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe judicial del Secretario (a) quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda [actuario (a) o secretario (a)], quien procederá a levantar el acta respectiva. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma también de manera electrónica por el Juez y el Secretario para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese
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