Cesar Monzon Esquivel

Expediente 619/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
619/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
29/06/2016

Partes del expediente

  • Cesar Monzon Esquivel

Actuaciones

  1. Principal

    VIII) Toluca, Estado de México; veintinueve de junio de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, a través del cual acusa recibo de las constancias enviadas mediante oficio 29723/2016, de veintiuno de junio pasado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se agrega el oficio de cuenta para que surta los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    VIII) Toluca, Estado de México; veintiuno de junio de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se desprende que el quejoso César Monzón Esquivel, dentro del plazo de diez días inserto en el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales correspondientes. En el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. Por otra parte, devuélvase a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, las copias certificadas del expediente J.5/596/2013. Se le solicita el acuse de recibo correspondiente. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo de tres días, será acreedor a una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declararan reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, conforme los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Ahora, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido; las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Por ende, En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el cuaderno principal es destruible, pués se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo, inciso III). En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, a consideración de este órgano jurisdiccional, el presente carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. En el entendido de que una vez que se cuente con los acuses de recibo de notificación del presente proveído, este asunto de enviará materialmente al archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Víctor Manuel Rendón Sosa, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VIII) Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 619/2016-VIII, promovido por César Monzón Esquivel, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje de Toluca. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de demanda. Mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, César Monzón Esquivel, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se menciona a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE "1. H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO CINCO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO." ACTO RECLAMADO "lo hago consistir en la evidente negativa y omisión permanente en que incurre la H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO CINCO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, para dictar el LAUDO que resuelva el juicio laboral número J.5/596/2013, no obstante que desde el 12 de febrero de 2016, no existen pruebas por desahogar y se ordenó turnar los autos al C: Dictaminador, sin que a la fecha haya dictado el LAUDO correspondiente..." SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Recibida la demanda de amparo en este Juzgado de Distrito, se registró con el número 619/2016-VIII, por auto de cuatro de mayo dos mil dieciséis se admitió a trámite el escrito inicial; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 6 a 8). Cumplido lo anterior, se celebró la audiencia constitucional respectiva en términos del acta precedente, la cual concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el punto cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que la demanda se promovió en contra de una omisión atribuida a una autoridad laboral ubicada dentro de la jurisdicción territorial de este juzgado de Distrito. Por las razones que informa es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 8/2004, publicada en la página 226 del Semanario Judicial de al Federación y su Gaceta, Tomo XIX, febrero de 2004, Materia Laboral, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del registro 182160, que establece: "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo." SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se obtiene que el quejoso reclama la omisión de dictar el laudo dentro del expediente J.5/596/2013, promovido por César Mozón Esquivel en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social y Municipios (ISSEMYM). TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje de Toluca, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado (foja 12). A lo anterior es aplicable, la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 246389, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con el legajo de copias certificadas que la autoridad responsable remitió, consistente en copia certificada del expediente J.5/596/2013; constancias a las cuales se les concede pleno valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 128, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. Estudio del fondo del asunto. Dado que las partes no invocaron causas de improcedencia del juicio de amparo y este juzgado federal no advierte alguna, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se estudiará tanto el acto reclamado, como los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea necesario transcribirlos, porque aun así se examinarán las cuestiones de derecho conducentes a apreciar la legalidad del acto reclamado, además en la Ley de Amparo no existe precepto alguno que establezca la obligación de citarlos textualmente. A lo anterior sirve de apoyo, la tesis publicada en la página 406, del Semanario Judicial de la Federación, abril de 1992, Tomo IX, Materia Común, Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del registro 219558, cuyo contenido es: "ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por demostrada su existencia legal, pero no la tocante a transcribir su contenido traducido en los fundamentos y motivos que los sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, que obligue al juzgador federal a llevar a cabo tal transcripción, y además, tal omisión en nada agravia al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías." Así como la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en la Página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 2010, Tomo XXXI, Materia Común, Novena Época, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, con el registro 164618, cuyos rubro y texto establecen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante lo anterior, en síntesis, el solicitante del amparo como único concepto de violación refiere que se vulneran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás artículo relativos y aplicables a la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, no ha emitido el laudo correspondiente en el expediente J.5/596/2013. Es infundado el concepto de violación planteado por los motivos que a continuación se expondrán. Primeramente, es importante destacar lo establecido en el artículo 17 constitucional, segundo párrafo, que es del tenor siguiente: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales (.)." Del precepto transcrito se desprende el derecho de acceso a la impartición de justicia, el cual implica que todo justiciable tiene derecho a que las controversias que sean sometidas a la potestad judicial serán tramitados por tribunal que están obligados a impartir la justicia en los plazos y términos que fijen las leyes aplicables al caso, de manera pronta, completa e imparcial. En ese tenor, los encargados de impartir justicia tienen la obligación de hacerlo de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, pues no basta que el justiciable acuda ante el órgano jurisdiccional a instar la solución de una controversia, sino que dicho acceso a la justicia debe ser eficaz, lo cual se traduce en obtención de una resolución dictada conforme a la ley aplicable al hecho y decida si al peticionario le asiste o no la razón. Ahora, es pertinente precisar a que se refieren los principios que integran el derecho humano de acceso a la justicia, los cuales se traducen en lo siguiente: a) Justicia pronta, se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias planteadas ante ellas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; b) Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; c) Justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d) Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no recaudarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. En síntesis, se satisface el derecho contenido en el artículo 17 Constitucional cuando la solución de una controversia es emitida dentro de los plazos y términos que establecen las leyes aplicables, en la cual se resuelve si asiste o no la razón sobre los derechos solicitados, resolución que será apegada a derecho y sin que los órganos encargados de la impartición cobren a los justiciables por la prestación de ese servicio público. Por las razones que informa, es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, publicada en la página 209 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, octubre de 2007, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Una vez establecido lo anterior, el quejoso aduce que la responsable no ha emitido el laudo en el juicio laboral lo cual le acarrea un daño de imposible reparación. En lo que se refiere a la pronta administración de justicia, el legislador ordinario debe garantizarla al establecer en las leyes secundarias, plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse las autoridades y partes obligadas a su observancia, ya sea en las promociones formuladas o en el dictado de cualquier determinación. Los plazos deben ser generales, esto es, comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en idéntica categoría de parte; también razonables, esto es, prudentes para el adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las partes; y objetivos, tener un límite en la ley correspondiente a efecto de impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales. Por las razones que informa, se cita el criterio publicado en la página 438 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXII, julio de 2005, que corresponde a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto siguiente: "JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA. El mandato contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia, lo hagan de manera pronta, completa e imparcial. Por lo que respecta a los actos legislativos, la justicia pronta se garantiza cuando el legislador establece en las leyes plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las partes en los procesos jurisdiccionales, entendiéndose por: a) generales, que sean comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en la misma categoría de parte; b) razonables, que sean plazos prudentes para el adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las partes, y c) objetivos, que se delimiten en la ley correspondiente a efecto de impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales." Así, la Constitución protege el derecho de justicia pronta al aducir, en cuanto a plazos y términos, a la ley respectiva; sin embargo, el legislador no puede establecerlos de manera arbitraria, sino que han de ser razonables, en función del necesario equilibrio que debe haber entre la deseable celeridad del procedimiento y el tiempo suficiente para que las partes y el juzgador realicen las actividades que les correspondan. Establecido lo anterior, en el asunto en particular, aconteció lo siguiente: 1) Mediante escrito presentado el tres de octubre de dos mil trece ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, México, César Mozón Esquivel demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social y Municipios (ISSEMYM), diversas prestaciones de carácter laboral (fojas 1 a la 5 de las copias certificadas del expediente J.5/596/2013). 2) El asunto le correspondió conocerlo a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje de Toluca, quien en auto de tres de octubre de dos mil trece radicó el asunto con el número J.5/596/2013, lo admitió a trámite, ordenó el emplazamiento del demandado y señaló día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (foja 7 Ídem). 3) En la actualidad el citado expediente se encuentra en la fase de desahogo de pruebas, sin que se advierta que se haya cerrado la instrucción, ni tampoco turnado los autos al dictaminador para emitir el laudo correspondiente. Ahora bien, los artículos 915, 916, 917 y 918 de la Ley Federal del Trabajo aplicables al caso establecen: "Artículo 915. Desahogadas las pruebas, la Junta concederá a las partes un término de setenta y dos horas para que formulen sus alegatos, por escrito, apercibidas que en caso de no hacerlo, se les tendrá por perdido su derecho." "Artículo 916. Transcurrido el término para la presentación de los alegatos, el auxiliar declarará cerrada la instrucción y dentro de los quince días siguientes formulará un dictamen que deberá contener: I. Un extracto de las exposiciones y peticiones de las partes; II. Un extracto del dictamen de los peritos y de las observaciones que hubiesen hecho las partes; III. Una enumeración y apreciación de las pruebas y de las diligencias practicadas por la Junta; IV. Un extracto de los alegatos; y V. Señalará los motivos y fundamentos que puedan servir para la solución del conflicto." "Artículo 917. El dictamen se agregará al expediente y se entregará una copia a cada uno de los representantes de los trabajadores y de los patrones, ante la Junta. El Secretario asentará razón en autos del día y hora en que se hizo entrega de las copias o su negativa para recibirlos." "Artículo 918. El Presidente de la Junta citará para la audiencia de discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que sean entregadas a los representantes las copias del dictamen, y se celebrará conforme a las reglas establecidas en el artículo 888 de esta Ley." Numerales que establecen el procedimiento para el dictado del laudo respectivo, el cual una vez desahogadas las pruebas, la Junta concederá a las partes un término de setenta y dos horas para que formulen sus alegatos, transcurrido ese término, el auxiliar declarará cerrada la instrucción y dentro de los quince días siguientes formulará el dictamen de laudo correspondiente. Por tanto, si el expediente laboral J.5/596/2013 aún se encuentra en trámite (en la etapa de desahogo de pruebas), es evidente que no existe transgresión a los numerales 915, 916, 917 y 918 de la Ley Federal del Trabajo. Sin que pase inadvertido lo señalado por el quejoso en el sentido de que en el expediente citado se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los autos para la emisión de laudo respectivo, sin embargo, de las constancias enviadas por la autoridad responsable no se evidencia tal circunstancia, tampoco la parte quejosa desvirtuó las mismas ni ofreció medio de convicción que probara lo contrario. En esas condiciones, al no quedar demostrado en autos la inconstitucionalidad del acto reclamado y resultar infundado el concepto de violación esgrimido, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Es aplicable en lo conducente, la tesis III.3o.(III Región) 24 L (9a.), consultable en la página 675 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro II, noviembre de 2011, Tomo 1 , Décima Época, del rubro y texto siguientes: "LAUDO. ASPECTOS DE FONDO DE LA LITIS CONSTITUCIONAL QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE SU DICTADO. Cuando se reclama en amparo la omisión de dictar el laudo en el procedimiento laboral, la demostración del derecho afectado implica aspectos de fondo de la litis constitucional, en función de que el órgano de control constitucional debe tener presente: a) el tipo de acto reclamado; b) la naturaleza del derecho fundamental afectado así como el respectivo interés jurídico; c) la íntima conexión con la cuestión de constitucionalidad de fondo; y, d) lo inherente a justificar que el gobernado es parte en el juicio del que deriva el acto reclamado. En efecto, como el acto controvertido es la abstención de resolver (conducta de no hacer), el derecho violado es el relativo al acceso a una justicia pronta tutelada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, es necesario verificar que el quejoso sea parte del procedimiento del cual deriva el acto reclamado y, que efectivamente exista un deber de la autoridad responsable de resolver en el tiempo o plazo estipulado al efecto, lo que se relaciona directamente con el estudio de fondo del asunto y con la carga de la prueba para demostrar la inconstitucionalidad atribuida. Lo anterior atiende a que en la ejecutoria en que tiene origen la jurisprudencia 2a./J. 50/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, página 304), se precisó que corresponde al agraviado demostrar la inconstitucionalidad atribuida, porque tal clase de actos no son violatorios de garantías en sí mismos. Ante ello, el Máximo Tribunal del País delimitó los aspectos mínimos que constituyen su carga de la prueba, a saber: a) que exista un juicio en el que sea parte; b) que dicho juicio esté en estado de resolución; y, c) que haya transcurrido el término legal del que dispone el órgano jurisdiccional para fallar, por lo que si falta alguno de esos presupuestos en función de que el quejoso no lo acreditó, el órgano de amparo no cuenta con elementos suficientes para concluir que fue violado el derecho fundamental señalado y tendría que negar el amparo solicitado, incluso, aunque hubiere operado la presunción de certeza del acto reclamado por falta de informe justificado, ya que la omisión de emitirlo, por cierta que resulte, no produce violación alguna de garantías individuales por sí sola sino que corresponde al afectado demostrar los supuestos referidos y, por ende, la inconstitucionalidad del acto reclamado. De ahí que corresponde al quejoso probar la inconstitucionalidad de la omisión de dictado del laudo y, por ende, los aspectos de fondo. Por tanto, la causal de improcedencia de falta de interés jurídico (artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo), que pretendiera alegarse estaría involucrada con el fondo del negocio ante el Juez constitucional, pero sería hasta esta fase de análisis de la litis constitucional donde habría la necesidad de verificar si quien acude al amparo es uno de los sujetos que concurrió al juicio laboral a deducir una controversia, por lo que una vez demostrado ese punto, es que puede advertirse si el afectado cuenta con la titularidad del derecho de pedir una justicia pronta, y analizar si fue afectado por la omisión de resolver el asunto según las condiciones específicas del caso, pero justamente al verificar lo inherente a si quedó demostrada su inconstitucionalidad por la quejosa." (Lo resaltado en el texto no es de origen). Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a César Monzón Esquivel, contra el acto y por los motivos aducidos en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; quien actúa con el Secretario de Juzgado Víctor Manuel Rendón Sosa, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; cuatro de mayo de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta suscrito por la tercera interesada Martha Estrada Elizais, mediante el cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones, autoriza a diversa persona para los efectos ahí precisados, y solicita se deseche la demanda de amparo que originó el presente juicio. En atención a lo anterior, de conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado y por autorizada a la persona citada en el escrito de cuenta para los efectos ahí precisados. Por otra parte, en atención a su solicitud de desechar la demanda de amparo que originó el presente juicio de amparo, dígase a la promovente que deberá estarse a lo acordado en auto de veintiocho de abril del presente año, por el cual, en acatamiento a la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, emitida el ocho de abril de dos mil dieciséis, en la que se declaró fundada la queja hecha valer por la referida promovente en contra del auto admisorio de treinta y uno de diciembre de dos mil quince, se desechó de plano la demanda respecto de la omisión de la Junta responsable de notificar personalmente a la parte quejosa y, en lo restante, este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de ella; es decir, por el diverso acto consistente en el auto que ordena el archivo del expediente laboral de origen; por lo que una vez que adquiera firmeza procesal dicho proveído, serán remitidos los presentes autos al Tribunal Colegiado correspondiente, para que emita el pronunciamiento respectivo, por lo que a la vía directa se refiere. Finalmente, visto el contenido del oficio SEADS/760/2016, de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se advierte que el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunica que mediante sesión ordinaria de aquella fecha, el Pleno de dicho Órgano, acordó por unanimidad de votos, la adscripción del Juez Breyman Labastida Martínez, a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con efectos a partir del uno de mayo de dos mil dieciséis; por tanto, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 104/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312, del Tomo XXXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a julio del año dos mil diez, Novena Época, materia común, con número de registro 164217, cuyo rubro establece: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Carolina Denysee Villagrán Salinas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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