Cesar Misael Rodriguez Barrera
Expediente 1250/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1250/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Cesar Misael Rodriguez Barrera
- CESAR MISAEL RODRIGUEZ BARRERA y Otros.
Actuaciones
- Principal
EJECUTORIAVista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el auto de diecisiete de noviembre de la anualidad en curso, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no fue recurrido mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Al no haber materia para ejecución, este asunto está concluido; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese; háganse las anotaciones respectivas. VALORACIÓN DOCUMENTAL Ésta se realiza en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden a ese cuerpo normativo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 se determina: Relevancia documental El cuaderno principal carece de ésta al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15. Juicio principal Es destruible de conformidad con el diverso 21, inciso a), porque se sobreseyó en el juicio; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. CARÁTULAS En conformidad con lo establecido en el artículo 35, háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los cuadernos y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. DATOS PERSONALES Las partes no ejercieron el derecho de oponerse a la publicación de tales datos al hacerse pública la sentencia pese a que fueron prevenidas para ello.
- Principal
SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta suscrito por Carlos Alberto Morales García, defensor particular del quejoso CESAR MISAEL RODRÍGUEZ BARRERA, por el cual manifiesta su voluntad de desistirse en su perjuicio del presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción I del artículo 63 de la Ley de Amparo, téngase por desistido al ocursante de la demanda de amparo que promovió y motivó el presente sumario constitucional, dada la manifestación que se ha hecho al respecto; por tanto, se decreta el sobreseimiento del juicio en que se actúa y en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Esto es así, ya que el presente escrito por el que se desiste de la de la demanda de amparo, presentada vía electrónica a través del usuario que proporcionó para tal efecto, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, es igual al signado ante la presencia judicial, lo que permite apreciar el nombre de su autor y su intención para realizar dicha actuación procesal, con lo cual este juzgado federal válidamente puede cerciorarse que no se trata de un escrito en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a la voluntad del ocursante y, en función de ello, produce los mismos efectos que el signado ante esta potestad federal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Tomo II, de fecha Enero de 2014, consultable en la página: 1578, que dice: DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva a emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios. Así también la jurisprudencia de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI de fecha Abril 2000, consultable en la página: 147, que al rubro se lee: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Así como la tesis 2a./J. 31/2021 (11a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País cuyo rubro y texto es el siguiente: DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA O DE UN RECURSO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ESCRITO POR EL QUE SE RATIFICA EL DESISTIMIENTO, FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE CON SU RESPECTIVA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA, PRODUCE LOS MISMOS EFECTOS QUE EL SIGNADO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente por la parte interesada con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es igual o no al signado ante la autoridad judicial. Uno concluyó que si la firma autógrafa es insuficiente para generar certidumbre sobre el desistimiento y debe ser ratificada ante la presencia judicial, entonces, por identidad de razón, debe requerirse de la misma ratificación tratándose de una firma electrónica, pues esta última produce los mismos efectos que la primera; mientras que otros tribunales concluyeron que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, es igual al signado ante la presencia judicial. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que el escrito por el que se ratifica el desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica, produce los mismos efectos que el signado ante la autoridad judicial. Justificación: Conforme al artículo 63, fracción I, en relación con el 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, es necesaria la ratificación del escrito de desistimiento del juicio de amparo o de alguno de sus recursos para que éste opere, lo cual tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su intención de dar por concluido el juicio que inició o el recurso que intentó. En este sentido, si lo pretendido con la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo es generar suficiente certeza en el órgano jurisdiccional sobre la identidad y voluntad del interesado, dicha certeza se da precisamente con la forma en la que se asigna la firma electrónica y la manera en que ésta se plasma en los documentos que son enviados electrónicamente, pues difícilmente podría ser suplantada, ya que es el propio Consejo de la Judicatura Federal quien está encargado de tomar las medidas necesarias para otorgar su seguridad y, además, el titular de los documentos con base en los cuales se genera es el responsable de su correcto uso, teniendo en todo momento la posibilidad de revocarla, en caso de sospecha de que pudiera utilizarse sin su consentimiento. Por tanto, la firma electrónica contenida en el escrito de ratificación del desistimiento de la demanda o de un recurso en el juicio de amparo, con su respectiva evidencia criptográfica, permite apreciar el nombre de su autor y su intención para realizar dicha actuación procesal, con lo cual el órgano jurisdiccional válidamente podrá cerciorarse que no se trate de un escrito en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad y, en función de ello, produce los mismos efectos que el signado ante autoridad judicial. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y dos minutos del nueve de diciembre de dos mil veintidós.
- Principal
RADICACIÓN Y ADMISIÓN Vista la demanda de amparo promovida por CESAR MISAEL RODRÍGUEZ BARRERA, por conducto de quien se ostenta como su defensor particular Carlos Alberto Morales García, contra los actos del Juez de Control y Ejecución del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Oral Acusatorio Adversarial en la Región Centro con sede en Puebla, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 1250/2022. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Resulta pertinente precisar que aun cuando la parte quejosa refiera en el capítulo de acto reclamado que señala como tal la omisión por parte de la autoridad responsable de señalar día y hora para que tenga verificativo la audiencia de suspensión condicional del proceso, del análisis integral de la demanda de amparo se aprecia como que lo reclama en sí es la omisión por parte del juez responsable de dar contestación a los escritos de cinco y catorce de octubre de dos mil veintidós presentados dentro de los autos de la carpeta judicial administrativa 2142/2022/PUEBLA. Por lo que, con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1 fracción I, 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos. Tomando en consideración que Carlos Alberto Morales García se ostenta como abogado defensor de CESAR MISAEL RODRÍGUEZ BARRERA, en términos del artículo 14 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez de Control y Ejecución del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Oral Acusatorio Adversarial en la Región Centro con sede en Puebla, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente de que le surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias que acrediten el carácter de defensor con que se ostenta el mencionado promovente, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior se impondrá una multa equivalente a CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 237 y 259 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se apercibe a Carlos Alberto Morales García que en caso de no demostrarse ser el abogado defensor de CESAR MISAEL RODRÍGUEZ BARRERA, se le impondrá una multa de CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior con fundamento en el artículo 241 de la Ley de Amparo; además se procederá en términos de lo previsto en el artículo 14 de la Ley de la materia. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se tramita incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa expresamente, ya que como se advierte del contenido integral de la demanda de amparo no se aprecia en párrafo alguno la voluntad del inconforme de tramitar el incidente de suspensión respectivo; además, de que en el presente caso no se actualiza alguno de los supuestos previstos en los artículos 15 y 127 de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFICACIÓN EN CASO DE DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se hace del conocimiento a las partes que para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional en el día y hora señalados para tal efecto, dicho auto con fundamento en la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo, se les notificará por medio de lista, incluida a la autoridad responsable y aquellas que tengan el carácter de tercero interesado, ello atendiendo a que se trata de un acuerdo de los considerados de trámite y tomando en consideración que, quien interviene como parte en el presente procedimiento jurisdiccional adquiere la carga procesal de estar al pendiente de su substanciación, para así estar en posibilidad de impugnar oportunamente aquellas actuaciones o resoluciones que, en todo caso, pudieran perjudicarles. Lo anterior en concordancia con el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ... REQUERIMIENTO DE INFORMES Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, mediante oficio requiérase el informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días siguiente, al en que reciba el oficio correspondiente, al que acompañaran, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe, las cuales deberán ser ordenadas, foliadas, rubricadas, legibles y completas, incluyendo los registros audiovisuales que contengan las audiencias correspondientes, desde luego, siempre y cuando el acto reclamado sea cierto. Apercibidas las autoridades antes mencionada, que con independencia de presumirle ciertos los actos reclamados, en caso de no cumplir con lo ordenado con antelación, sin causa justificada, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, también se les impondrá una multa de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se exhorta a las autoridades responsables para que realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación y, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, remita su informe justificado y constancias que justifiquen la emisión del acto reclamado; en el entendido que de no hacerlo de esta manera, únicamente le será recibido de forma física en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, ubicado en: Calle 23 Poniente # 2509, colonia Los Volcanes, Puebla, Puebla, C.P. 72410, en días hábiles de lunes a viernes en horario de las nueve con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. En su caso, en el buzón judicial, ubicado en el Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, en un horario de las ocho horas con treinta minutos a las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos, en días hábiles. INTERVENCIÓN LEGAL AL REPRESENTANTE SOCIAL DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la citada Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, dése a Ariadna Aguilar Hernández en su carácter de agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le corresponde, para lo cual se ordena notificar el presente acuerdo a dicho representante social por lista, dejando a su disposición en la Actuaria de este órgano jurisdiccional copia simple de la demanda de amparo y del auto admisorio. EMPLAZAMIENTO A LA PARTE TERCERA INTERESADA Se reserva el emplazamiento de la parte tercera interesada hasta en tanto obre en autos el informe justificado de las autoridades responsables y de las constancias que acompañe al mismo se advierta la existencia de dicha parte. Una vez que el Juez responsable acepte la existencia del acto reclamado por la parte quejosa se dará vista al Agente del Ministerio Público adscrito que corresponda, y será hasta entonces que se le remitirá copia simple de la demanda de amparo, en términos del artículo 5º, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo. En caso de que sea cierto el acto reclamado, se requiere al Juez de Control responsable, para que, dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído informe a este juzgado federal: 1.- El nombre y denominación correcta del Agente del Ministerio Público que intervino en la carpeta de investigación solicitando la orden de aprehensión reclamada, proporcionado sus datos de localización. 2.- Así también, se sirva informar quienes son las víctimas dentro de la citada causa penal, si estas tienen un asesor jurídico y si proporcionaron un domicilio. Lo anterior, a fin de que puedan ser emplazados al presente juicio de amparo con el carácter que les corresponde, apercibido que de no hacerlo en la temporalidad concedida se le impondrá una multa equivalente a CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, ello, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO Conforme el artículo 64, párrafo primero de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional; apercibidas que de no hacerlo así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la referida ley, se les impondrá una multa de TREINTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOMICILIO Ahora bien, toda vez que la parte quejosa no señaló domicilio para recibir notificaciones y toda vez que el peticionario de amparo se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Puebla, a fin de no dejarlo en estado de indefensión se ordena notificar personalmente todos los acuerdos pronunciados en este asunto al quejoso electrónicamente en el usuario que proporciona. ACCESO EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Téngase proporcionando el nombre de usuario "Abogadosm", para la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. COMUNICACIONES NO PROCESALES No ha lugar a tener para oír y recibir notificaciones personales el número de teléfono que refiere en su demanda de amparo, en virtud que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referido en párrafos que anteceden, no autoriza la comunicación por ese medio, e impone a las partes el tránsito hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, con fundamento en el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf. En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". PRECISIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece como obligaciones del quejoso, entre otras, la de señalar con precisión las autoridades responsables ejecutoras -tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de la Materia-, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables ejecutoras no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes en este juicio, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o bien, corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, a instancia de la parte quejosa, tomando en consideración que le corresponde a la misma estar al pendiente de la tramitación de su asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
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