Cesar Miguel Valenzuela Espinoza

Expediente 714/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
714/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
20/12/2022

Partes del expediente

  • Cesar Miguel Valenzuela Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los autos, se observa que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en que se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por **********************; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la ley de la materia se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, el presente juicio de amparo se desechó; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. De la misma manera, con apoyo en el mencionado numeral 21, inciso b), penúltimo párrafo de dicho acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, procederá a destruir este cuaderno principal, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no encuadra en aquéllos expedientes donde se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni los generados por los Plenos de Circuito, ni versa sobre materia agraria, ni se trata de un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva.

  2. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, el escrito firmado electrónicamente por ************************, contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa. Fórmese expediente tanto impreso como electrónico, regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 714/2022-4A. De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo, otorgan la facultad al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa... IV. ACTOS RECLAMADOS: "La sentencia interlocutoria de fecha veintiocho de octubre de dos mil veintidós dictada con motivo del recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha quince de septiembre de dos mil veintidós dictado en el expediente número 358/2020 por derecho de convivencia". Por lo que hace a los antecedentes del acto reclamado, manifestó: "V. ANTECEDENTES: El suscrito, es hijo de los señores Rafaela de Jesús Espinoza Sánchez y del finado Fernando Valenzuela López (finado). Además del suscrito, el matrimonio conformado por los padres de éste, procrearon otros tres hijos: Jesús Fernando, Abel Germán y Dante Rafael (finado), todos de apellidos Valenzuela Espinoza. En la familia que el suscrito conforma con la señora Iliana Margarita Cuevas López, existen tres hijos: César, Sebastián y Cristóbal, todos de apellidos Valenzuela Cuevas. Se manifiesta que nuestra familia siempre fue unida a los señores Rafaela de Jesús Espinoza Sánchez y Fernando Valenzuela López (finado) a quienes siempre miraron con respeto y consideración, como debe ser que alguien trata a sus padres, abuelos o suegros, respectivamente. Sin embargo, se es muy puntual en señalar que, a raíz del fallecimiento de Dante Rafael Valenzuela Espinoza, en el ario dos mil nueve, sus señores padres Fernando Valenzuela López y Rafaela de Jesús Espinoza Sánchez, entraron en una etapa depresiva y tiempo después, llegaron a presentar problemas de tipo cognitivo, es decir, problemas relacionados con la capacidad de razonamiento. Sufriendo sendos padecimientos, su señor padre mal de Parkinson y su señora madre, Alzheimer y demencia vascular, de lo cual existen constancias médicas. Ante ello, y movido por el bienestar físico, psicológico y emocional de sus señores padres, el suscrito recurrió al Centro Gerontológico Estancia Bella AC, ubicada en el bulevar Pedro Infante 3002, colonia Las Flores, de la ciudad de Culiacán Rosales, Culiacán, de este Estado; lugar que se convirtió en su estancia y que no debe ser considerado como un asilo de ancianos como comúnmente tiende a pensarse, sino que en este tipo de centros se brindan cuidados por personal calificado y experto en temas geriátricos las veinticuatro horas del día, y sus señores padres eran atendidos de manera decorosa por su personal, mismos que estaban al pendiente de su salud tanto fisica como mental bajo un esquema de profesionalismo inmejorable, tanto así que, su situación anímica, fisica y mental mostró mejorías sustanciales, pues existía una relación de convivencia y armonía con los demás residentes, siendo además de que sus señores padres alternaban su estancia en dicho lugar para recibir terapias de toda índole por varias semanas y después, pasaban otra temporada en casa de la familia del suscrito y así sucesivamente de acuerdo a la evolución que presentaban. Cabe señalarse que en ese tiempo y desde el ario dos mil trece, el suscrito tenía ciertas discrepancias con el tercero interesado Jesús Fernando Valenzuela Espinoza sobre el patrimonio de nuestros padres, ya que el otro hermano y también tercero interesado, Abel Germán Valenzuela Espinoza había estado haciendo, desde ese entonces, uso indebido de los recursos económicos de dichas personas en sus tarjetas bancarias, el manejo de sus pensiones, algunos bienes inmuebles, y de los bienes de una asociación civil conformada por nuestros señores padres, dichos terceros interesados y el suscrito, que fuera conformada para brindar un sostén económico que paliara la situación de nuestros padres, que por sí misma trae la tercera edad. Sin embargo, el tercero interesado Jesús Fernando Valenzuela Espinoza, lejos de buscar que se removiera a nuestro hermano Abel Germán Valenzuela Espinoza de la asociación, se puso en contubernio con éste último para disponer de los recursos de nuestros padres, tanto es así que, después de varios meses de estancia en ese lugar, los señores Jesús Fernando y Abel Germán, ambos de apellidos Valenzuela Espinoza, decidieron sacar a dicho matrimonio del centro gerontológico a la fuerza y de manera intempestiva; resultando que, con dicha acción, los hoy terceros interesados recluyeran a nuestros padres en el domicilio ubicado en avenida Ignacio Zaragoza 31, entre las calles Macario Gaxiola y Blas Valenzuela, colonia Centro, código postal 81000, de la ciudad de Guasave, en este Estado. Se manifiesta de manera categórica que, el suscrito y el resto de su familia no pudieron entrar en contacto con sus señores padres, desde que éstos fueron trasladados a dicha ciudad ciudad en esa ocasión, ya que Abel Germán Valenzuela Espinoza por órdenes de Jesús Fernando Valenzuela Espinoza le impedía el acceso al suscrito de manera violenta, usando un lenguaje altisonante, siempre tratando de agredir fisicamente al suscrito, ya sea haciendo presencia en la casa donde vivían nuestros padres y donde aun hoy, se encuentra nuestra madre; o bien, por medio de los hijos de dicho tercero interesado, siempre en contubernio con Jesús Fernando Valenzuela Espinoza, quien desde su anterior domicilio en la ciudad de Culiacán Rosales, Culiacán, de esta Entidad, controlaba a Abel Germán Valenzuela Espinoza. Después de ello, incluso, en el ario dos mil catorce, el suscrito fue víctima del delito de lesiones, en el que se usaron armas de fuego con las que se le amagó y golpeó contundentemente en su integridad y, todo esto, en lo cual fue encontrado culpable Jesús Fernando Valenzuela Espinoza. Todo lo anterior derivó a que el suscrito solicitara una orden de protección en contra de los terceros interesados ante el hoy Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa; misma que fuera conocida bajo el número de expediente 1752/2016. Así las cosas, con fecha catorce de octubre de dos mil dieciséis, el suscrito y los terceros interesados, asistieron al desahogo de la diligencia que fuera motivada por la solicitud de orden de protección que con motivo de lo anterior se solicitara, en la que se resolvió en su punto segundo que: «--- SEGUNDO.- Se previene a los peticionados JESUS FERNANDO VALENZUELA ESPINOZA Y ABEL [GERMÁN] VALENZUELA ESPINOZA a fin de que permitan la convivencia del señor CESAR MIGUEL VALENZUELA ESPINOZA, de su esposa ILIANA MARGARITA CUEVAS LOPEZ y de sus hijos CESAR VALENZUELA CUEVAS, SEBASTIAN VALENZUELA CUEVAS Y CRISTOBAL VALENZUELA CUEVAS, con los señores FERNANDO VALENZUELA LOPEZ Y RAFAELA DE JESUS ESPINOZA DE VALENZUELA, asimismo prevéngaseles para que hagan de su conocimiento a las personas que están al cuidado de los señores FERNANDO VALENZUELA LOPEZ Y RAFAELA DE JESUS ESPINOZA DE VALENZUELA, de la presente resolución a fin de que permitan el acceso al domicilio ubicado en Zaragoza número 31, colonia Centro, Guasave, Sinaloa, apercibidos que de no cumplir con ello se aplicara un arresto por 24 horas, que se purgara en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública, lo anterior de conformidad con el artículo 137 del Código Procesal Familiar Vigente para el Estado de Sinaloa.» (Sic). Lamentablemente, con fecha veinticinco de febrero de dos mil diecisiete, falleció el señor Fernando Valenzuela López, por lo que el beneficio que obtuvo el suscrito y su familia, con motivo de la orden de protección brindada se enfocó, a partir de esa fecha, solo en la persona de Rafaela de Jesús Espinoza Sánchez. Pero es el caso que, sin importarle el mandamiento que se les hiciera mediante la resolución notificada el mismo día de su dictamen, los señores Jesús Fernando y Abel Germán, ambos de apellidos Valenzuela Espinoza no permitieron la convivencia del suscrito (ni mucho menos de su familia) con sus padres, y tiempo después con la sobreviviente, la señora Rafaela de Jesús Espinoza Sánchez. Incluso, cambiaron las chapas de las puertas, y dieron órdenes a unas personas que cuidan a nuestra señora madre para que, ante cualquier intento de parte del suscrito en entrar a la casa de su señora madre, los pusieran al tanto, para aparecer de manera intempestiva Abel Germán Valenzuela Espinoza ejerciendo violencia con la finalidad de que no se cumpliera lo mandatado por el hoy Juez Primero Familiar de Guasave, Sinaloa. Después de numerosas visitas fallidas a su señora madre, el día veinticuatro de agosto de dos mil diecinueve, el suscrito recibió una llamada de su tío, el finado doctor Víctor Manuel Espinoza Sánchez, quien fuera hermano de su señora madre, para comentarle que ella se ha visto un tanto delicada de salud, por lo que le recomendó visitarla lo antes posible. Pues bien, Su Señoría, desde el día doce de octubre de dos mil diecinueve, el suscrito representante común y el resto de su familia no habían podido ver a su madre, abuela y suegra, respectivamente. Hecho que fue posible gracias a la intervención de un agente del Ministerio Público ante el cual se interpuso una denuncia por desobediencia a un mandato judicial. Es decir, desde el año dos mil dieciséis, su familia solo había podido ver a dicha persona en una ocasión, y esto ocurrió ya que, desde un par de días después y por un espacio de más de dos arios, desde la resolución en el expediente 1752/2016, el suscrito entabló contacto con los hoy terceros interesados, por medio de familiares en común, para hacerles saber que era su deseo visitar a su señora madre, y para que le dijeran qué día podían ir el suscrito y su familia; a lo que respondían que no había problema: que sí podían visitarla, siempre y cuando el suscrito retirara los cargos penales y demandas civiles que aún hoy, pesan sobre ellos, y que de no ser así, no iban a permitirlo, sin importarles lo que se les hubiera mandatado por el Juzgado Familiar; además de las visitas que personalmente había tratado de hacer el suscrito de manera infructuosa ya que el tercero interesado Abel Germán Valenzuela Espinoza agredía de manera verbal e intentaba hacerlo fisicamente, todo para impedir que se diera cumplimiento al mandato judicial que pesaba sobre él y Jesús Fernando Valenzuela Espinoza. Incluso se llevó a cabo una diligencia de fe de hechos realizada en acta número 1344, bajo el protocolo del licenciado Sergio Aguilasocho García, notario público número 215 en el Estado, consignada el día veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve y que contempla acontecimientos suscitados el día veinticuatro de diciembre de ese ario, y donde se hizo patente la negativa de parte de los hoy terceros interesados en permitir la convivencia entre el suscrito, su familia y la señora Rafaela de Jesús Espinoza Sánchez. Si a todo ello se le suma la avanzada edad de la señora y que, además, padece Alzheimer conjugada con demencia vascular, es dable que su estado de salud pueda complicarse aún más en cualquier momento, con resultados fatales. Debido a todo ello, el suscrito y el resto de su familia (esposa e hijos) demandaron en la vía sumaria familiar a los hoy terceros interesados por el derecho de convivencia entre ellos y la señora Rafaela de Jesús Espinoza Sánchez. Juicio que fuera conocido por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, bajo el número de expediente 358/2020. Después de agotarse los trámites debidos, con fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno se dictó sentencia en la que se resolvió, entre otros puntos, lo siguiente: «PRIMERO. Los actores Cesar Miguel Valenzuela Espinoza, Cesar y Sebastián de apellidos Valenzuela Cuevas, asi como Iliana Margarita Cuevas López por su propio derecho y en representación del menor de edad Cristóbal Valenzuela Cuevas probaron su acción; los demandados Jesús Fernando y Abel German de apellidos Valenzuela Espinoza no demostraron sus excepciones. SEGUNDO. Se fija como régimen de convivencia el señalado en el considerando quinto de la presente resolución, debiendo las partes dar cumplimiento a dicho régimen en los términos y condiciones establecidos en el mismo.» (sic) Señalándose en el quinto punto de los considerandos, lo siguiente: ...dichos actores tendrán derecho de convivir de manera presencial con la persona adulta mayor Rafaela de Jesús Espinoza Sánchez, los días sábados y domingos de cada quince días, es decir un fin de semana si y un fin de semana no, en un horario de las 11:00 once horas a las 17:00 diecisiete horas, en donde lo actores se tendrán que trasladar a esta ciudad de Guasave, Sinaloa para que dicha convivencia tenga lugar en el domicilio en el que habita la persona adulta mayor, o en los lugares que de común acuerdo, establezcan tanto la persona adulta mayor como los actores, es decir, si deciden salir a comer, pasear o visitar lugares de su preferencia, lo podrán hacer, siempre y cuando se cumpla con las normas sanitarias antes señaladas, para la protección de la persona adulta mayor. (sic) Así las cosas, después de muchos altibajos en el cumplimiento de la sentencia de mérito debido a la reticencia de los demandados en acatar de manera plena la sentencia -pues si bien es cierto que permitían el acceso a los actores al domicilio en el que se encuentra la adulta mayor, ya estando dentro y sin importarle la estabilidad y salud emocional de su señora madre, (quien como ya se señaló tiene problemas cognitivos, y de lo cual existe constancias médicas en el expediente de origen) actuaban de manera retadora en contra de los actores, usando lenguaje soez, causando ruidos, gritando entre ellos y su familia, intimidando a los visitantes, vociferando amenazas y demás- para lograr una ejecución plena de la sentencia de mérito, el juez de origen determinó de manera atinada que, se habilitaran horas y días inhábiles para el efecto de que el personal actuarial diera fe y testimonio de las condiciones en que se desarrollaban las visitas, es decir, el actuario encomendado estaría presente durante el inicio, el desarrollo y hasta el término de la visita que hicieren los actores al domicilio de la adulta mayor o bien, si se determinare que la convivencia se pudiera desarrollar en las afueras del domicilio, el personal actuarial estaría presente en todo momento, como así ocurrió un par de veces, también. Cabe señalarse que durante las convivencias realizadas por parte de los actores en las que se contó con la presencia actuarial, el comportamiento de los demandados mejoraba considerablemente, ante el conocimiento de que sus excesos quedarían registrados en el acta que se levantara los días en que se celebraran (sábados y domingos de 11:00 a 17 horas, de cada dos semanas). Empero, dicha situación cambió drásticamente pues el juez de origen determinó en auto posterior que, dicha medida resultaba que excedía lo determinado en la sentencia y decidió dejarla de llevar a cabo. Ante lo cual, de inicio, siempre nuestra parte le manifestó que era necesario que se retomara dicha medida de asistencia por parte del actuario pues el comportamiento negativo por parte de los demandados al momento de la visita volvía a ser impropio de una persona adulta y madura que respeta el espacio donde convive su señora madre con otro de sus hermanos, nietos o nuera. Es decir, volvieron los gritos, las amenazas, el comportamiento atemorizante, amenazador, soez, y demás. Además de ello, el suscrito en calidad de representante común le hizo saber al juez de origen que la manera en que las personas encargadas del cuidado de su señora madre, evidentemente no tenían la capacidad para cuidar de ella manera correcta, cometiendo pifias que atentaban contra el sentido común y prueba de ello es que a pesar de que los actores en sus visitas siempre usaban cubrebocas, exhibían certificados médicos que avalaban el no contar con el virus causante de la Covid-19, usaban gel antibacterial y demás medidas higiénicas, la adulta mayor, mi señora madre, enfermó de dicha enfermedad. Por supuesto, que esto no es sinónimo de que haya sido causado por la falta de pericia del personal encargado de su cuidado, pero además de ello, se hicieron saber numerosas acciones de parte de dicho personal que por mero sentido común resultaban reprobables, como entre otras: tapar a la señora con cobijas y aire acondicionado apagado en pleno verano, tenerla sin aire acondicionado en una sala donde los sillones en sí mismos provocaban sudoración excesiva, manifestarle a la señora que los dolores de cabeza no eran reales, que todo era imaginario, administrarle jarabe para eliminarle la tos de manera constante cada vez que ésta tosía, animarla a estar dormida todo el tiempo posible de la visita, y demás. Cabe señalarse que, debido a opiniones médicas de profesionistas contratados por los demandados, el juez determinó recortar el horario de convivencia para quedar de las 11:00 a las 14:30 horas de los días sábados y domingos de cada dos semanas y restringiéndose de modo que éstas solo pudieren llevarse a cabo en el domicilio de la adulta mayor. Es decir, la convivencia solo sería en casa de la adulta mayor, por tres horas y media y sin el personal actuarial que antes se aseguraba que la sentencia se respetare respecto a la obligación de los demandados en tanto permitirla como en mantener un ambiente adecuado al momento de su desarrollo. Aunado a lo anterior, el suscrito se percató de que la salud de su señor madre se ha venido menguando cada vez más, por lo que éste consideró la necesidad de que se le reconociera el derecho que como hijo goza y derivado de los beneficios y deberes mismos de poder ejecutar el derecho de convivencia que están implícitos en el estar al pendiente de la salud de dicha persona de poder allegarle un médico que la examinara, tal y como sus otros dos hijos, los demandados lo han venido haciendo, pero por médicos que no tiene el perfil para poder atender a una persona con problemas de tipo cognitivo, sino con médicos generales y de otras especialidades que nada tienen que ver con el médico especialista en neurología que la estuvo atendiendo por muchos arios. Derivado de lo anterior, con fecha doce de septiembre del corriente, nuestra parte, a través del procurador judicial de los actores, presentó un escrito en el que se pedía, entre otros puntos lo siguiente: Tercero. En pro de salud de la adulta mayor y anteponiendo dicho aspecto a cualquier otro interés, se requiera a los demandados para que exhiban a este órgano jurisdiccional, las certificaciones que demuestren que están capacitadas para tan delicada labor y que amparen la preparación en alguna rama de la enfermería general o de enfermería especializada geriátrica del personal que está a cargo de la señora Rafaela de Jesús Espinoza Sánchez, personas que responden a los nombres de Nolberta Zazueta, Paula López Velázquez, María del Rosario Esparza Espinoza, Refugio Rendón López y Rosa Icela Rendón López. Además de que se les aperciba, de que su presencia en las convivencias familiares solo es para atender los requerimientos de salud de la señora y no para desempeñarse como vigilantes e informantes de los demandados, sobre el representante común de los actores y los actores mismos en el transcurso de dichas convivencias. Cuarto. Se reconozca de manera indubitable el derecho gpe tiene el representante común de los actores, el señor César Miguel Valenzuela Espinoza, en presentar un médico neurólogo para que examine el estado que guarda la adulta mayor Rafaela de Jesús Espinoza Sánchez, sin pasar por alto que, como hijo de dicha persona, cuenta con el mismo derecho y comparte la misma preocupación con el resto de sus hermanos sobre el estado de salud de su señora madre. Para lo cual se solicita que se permita la designación del médico neurólogo Fernando Guzmán Reyes, a quien nuestra parte se compromete a notificar para los efectos determinados en el desempeño de su designación. A dicha petición recayó un proveído de fecha quince de septiembre de la presente anualidad, mismo que viene a dar pie a la presente demanda de garantías, en el que se señala en lo que aquí interesa: «De igual forma, respecto a que se requiera a los demandados para que exhiban ante este Organo Jurisdiccional las certificaciones que demuestren que el personal a cargo de la persona adulta mayor, se encuentra capacitado para llevar el cuidado correspondiente en tomo a esta, asimismo, a que se le tenga por designado el medico neurólogo Fernando Guzmán Reyes, para que examine el estado actual que guarda la C. Rafaela de Jesús Espinoza Sánchez, dígasele al promovente que no ha lugar, dado que dentro del juicio que nos ocupa, a este Juzgador únicamente le corresponde el resolver en cuanto a la convivencia solicitada en el mismo...». (sic) xxx. Siendo tales determinaciones contrarias a los intereses de los actores, nuestra parte interpuso el recurso de revocación con fecha veintiuno de septiembre del corriente, mismo que al resolverse, en fecha veintiocho de octubre del corriente y que le fuera notificada con fecha treinta y uno del mismo mes y año, en la interlocutoria de mérito, el juzgador señala en su quinto considerando que: «...la primera de las peticiones hechas por el revocante queda fuera del ámbito de la litis de la presente causa, y desde luego del principio de congruencia que debe revestir en todo actuar de un juzgador, ya que parte de señalamientos subjetivos, ya que no obra en autos probanza alguna que genere convicción en este juzgador, de que las personas encargadas del cuidado de la persona adulta mayor, no cumplan con su función o que las mismas no sean adecuadas.» Lo que si genera convicción en este juzgador, es que obra en autos diligencias en donde se le manifestó directamente a al órgano ejecutor de este juzgado una agresión verbal llevaba a cabo por el actor en contra del personal cuidador de la persona adulta mayor, mismo personal que reitero dicha agresión ante el personal de este juzgado, de ahí que es evidente la existencia de un conflicto entre el mismo y dicho personal...» (sic) Sin embargo, lo que si es fundado y da motivo para modificar el auto impugnado lo es que a lo largo del presente juicio se ha establecido que la persona adulta mayor Rafaela de Jesús Espinoza Sánchez tiene antecedentes de padecer algunos problemas cognitivos derivados de su propia edad... Sin embargo, este juzgador también encuentra que parte de los derechos de la persona adulta mayor lo es que tambien se tome en cuenta su opinión respecto a sus cuidados médicos, es decir, ella también está en total libertad de señalar si es su deseo ser evaluada neurológicamente». (sic) Consideraciones anteriores en las que se basó el a quo para resolver, entre otras cuestiones, lo siguiente en dicha interlocutoria: PRIMERO. Se declara parcialmente procedente el recurso de revocación que promovió César Miguel Valenzuela Espinoza, en contra de lo resuelto en el auto de fecha 15 quince de septiembre del ario 2022 dos mil veintidós. SEGUNDO. Se modifica en los términos precisados por esta resolución el proveído de fecha 15 quince de septiembre del ario 2022 dos mil veintidós". Establecido lo anterior, este juzgador estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Carta Magna, y con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la ley de la materia. Ciertamente, el precepto legal referido en primer término, en la fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". De la disposición legal transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición legal. Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "(.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)". Asimismo, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Al respecto, de una interpretación de los artículos citados anteriormente, se obtiene que tratándose emitidos en juicio, sólo podrá promoverse el juicio de amparo contra actos que sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, situación que en el caso en concreto no acontece. El último de los numerales es claro en establecer lo que debe entenderse como un acto que causa una ejecución de imposible reparación, se reitera, los que materialmente afectan derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte (vida, libertad, propiedad, posesión e integridad personal), lo que se actualiza en la medida que sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que la persona que los sufre obtenga una sentencia favorable, habida cuenta que el perjuicio se reciente de manera inmediata al producir una consecuencia de tal gravedad que impide el ejercicio actual de un derecho cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos que no son meramente adjetivos en cuyo supuesto la afectación se materializa en la medida que llegue a trascender al resultado del fallo. En ese orden de ideas, para determinar si el acto que la parte impetrante de amparo tilda de inconstitucional es reclamable por la presente vía, es menester primeramente estudiar si es de imposible reparación. Así, de acuerdo con el principio estatuido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte a través de los derechos humanos. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Ahora bien, desde la perspectiva jurisprudencial, sobre los actos de ejecución de imposible reparación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aun con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. Asimismo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, debe precisarse el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Pues bien, el máximo órgano constitucional destacó que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que, a fin de ser calificados como tal, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, -precisando- que el concepto "imposible reparación" rebasa lo puramente procesal, por lo que, debía lesionar bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Lo anterior, deriva de la interpretación jurisprudencia realizada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual concluyó que no era dable continuar sosteniendo el criterio -personalidad- de imposible reparación, dada que dicha interpretación fue realizada de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad, en cuanto al concepto de imposible reparación. Sin embargo, -puntualizó- a la fecha no ocurre lo mismo, puesto que la vigente Ley de Amparo establece que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos" y otro su naturaleza "material" de la lesión producida. Así, debe precisarse que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de los derechos humanos, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. En este sentido, de la redacción actual del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, se obtiene que el juicio de amparo indirecto es improcedente en contra de las resoluciones que constituyan una violación procesal cuya afectación se estime de grado predominante o superior, en virtud de que esas violaciones no afectan materialmente derechos sustantivos, sino solo adjetivos o formales, es decir, sus consecuencias no tienen tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, sino que únicamente producen una lesión jurídica de naturaleza adjetiva que no llega a trascender al resultado del fallo. De lo anterior se reitera, que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se promueva contra actos emitidos en juicio que no tengan efectos de imposible reparación, esto es, que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Respecto al tema de actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia por unificación de criterios número P./J.37/2014 (10a.), publicada el seis de junio de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que versa al tenor literal siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J.4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Al respecto, la Corte Suprema determinó que no podía seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J.4/2001 que en su momento emitió el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que constituía el motivo para estimar procedente el amparo indirecto que se promovía contra de la resolución que en el juicio laboral por la que se desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, a pesar de tratarse de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Asimismo, en cuanto a la temática abordada el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, emitió un criterio jurisprudencial que abarca de manera general el tema de los actos de imposible reparación y lo que se debe entender por ellos, en atención al nuevo texto del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el dispositivo 107, constitucional. La jurisprudencia en comento se puede localizar con el número IV.2o.C J/2 (10a.), visible en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, con número de registro 2006338, que versa al tenor siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera.". En el asunto que nos ocupa, el amparista reclama la sentencia interlocutoria de fecha veintiocho de octubre de dos mil veintidós dictada con motivo del recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha quince de septiembre de dos mil veintidós dictado en el expediente número 358/2020 por derecho de convivencia; lo cual evidentemente constituye una violación procesal porque sólo produce efectos formales; por tanto, no es de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por medio de las garantías individuales o derechos humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Se cita al respecto, la jurisprudencia número 244, publicada en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que textualmente establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En esa medida, la sentencia interlocutoria de veintiocho de octubre de dos mil veintidós dictada con motivo del recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra el auto de quince de septiembre de dos mil veintidós dictado en el expediente número 358/2020 por derecho de convivencia; no es un acto de imposible reparación, dado que no causa un perjuicio irreparable a la impetrante, pues incluso ello pudiera no trascender a su esfera jurídica; por tanto, no se ven afectados en forma directa e inmediata los derechos fundamentales del gobernado, asegurados en la Constitución, como pueden ser, verbigracia, la vida, la libertad, la integridad personal o la propiedad. Por lo anterior, no se ubica en los supuestos de procedencia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, es decir, no es un acto que se considere de imposible reparación, pues con ello, no se transgrede de manera directa un derecho sustantivo protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratificados. Luego entonces, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia aludida con antelación a nada práctico conduciría admitir una demanda de garantías notoria e indudablemente improcedente, pues aun cuando se admitiera la demanda y se ventilara el procedimiento no es factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción V de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Además, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda) a la cual debe darse el tramite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia puesto que el Acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 525, publicada en el Semanario de la Federación y su gaceta Libro, XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, de la Décima Época, de registro 2002286, que a la letra: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.". En diverso orden, con fundamento en los artículos 16, 35 y 39 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, se acuerda de conformidad lo solicitado por el promovente, en el sentido de autorizar en su favor el acceso al expediente electrónico y notificación por vía electrónica del presente procedimiento, y finalmente para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos se habilita el apartado correspondiente en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que el nombre de usuario es "********************", y se encuentra registrado y autorizado en la Plataforma de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); en términos del acuerdo general en su artículo 36, párrafo tercero, la autorización respectiva estará en todo momento condicionada a que la firma electrónica se mantenga vigente y únicamente surte efectos para el presente juicio. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como su autorizado en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, al licenciado Manuel Ángel Castro Lizárraga. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de la parte quejosa que tiene derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se niega a la publicación de éstos. Por otra parte, se exhorta al resto de las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea ''juicio en línea'', quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. En virtud de la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2, se habilitan días y horas inhábiles respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.

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