Cesar Meraz Meraz
Expediente 297/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 297/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Cesar Meraz Meraz
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, para que se interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo promovida por César Meraz Meraz, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la ley en la materia, se declara que ha causado estado. Notifiquese
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por Cesar Meraz Meraz, mediante el cual desahoga la prevención decretada en proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintidós y en cuanto a su contenido se provee: Análisis de las causales de improcedencia. Del contenido integral del escrito inicial de amparo y escrito de desahogo, este juzgado de Distrito estima que la vía constitucional resulta notoriamente improcedente, por las siguientes razones y fundamentos legales: - Respecto a la autoridad señalada como responsable. Del estudio de la demanda, esta juzgadora estima que en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 62, en relación con el 1 y 5 fracción II, de la Ley de Amparo, respecto de la autoridad señalada como "Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México", en efecto, los artículos mencionados, en la parte conducente establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5. Son parte en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los numerales antes transcritos, interpretados conjuntamente, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente contra actos de autoridad que afecten los derechos fundamentales del gobernado; en el entendido de que le reviste tal carácter a aquella que actuando unilateralmente, de forma coercitiva y en su calidad de imperio: a) dicta, b) ordena, c) ejecuta o, d) trata de ejecutar el acto que crea; e) modifica f) extingue. De lo anterior, se concluye que en el caso la función que jurídicamente realiza el Secretario de Acuerdos no encuadra dentro de las previstas por el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues encontrándose éste limitado a autorizar y dar fe de lo actuado por el juez de su adscripción, sólo es un fedatario, sin imperio ni facultad decisoria, careciendo además de la potestad de ejecutar laudos o resoluciones, sin que legalmente el Secretario de Acuerdos pueda intervenir en alguna ejecución, habida cuenta que sólo actúa como un fedatario público que autoriza y da fe de las resoluciones que aquéllos emiten como integrantes del Juzgado, por consiguiente, no actúa con imperio y facultad de decisión, ni realiza motu proprio actos de molestia que puedan ser reclamados en el juicio de garantías. En consecuencia, con apoyo en numerales antes transcritos, es improcedente el juicio de amparo enderezado en contra de actos de ese secretario. En las relatadas condiciones, al estar determinado que la autoridad señalada como "Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México" no es autoridad para los efectos del juicio de amparo, es evidente que la causal de improcedencia invocada es notoria e indudable, por ello, procede desechar de plano la demanda conforme a lo dispuesto por los artículos 61 fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1º, 5, fracción II y 113, de la Ley de Amparo, respecto a la autoridad antes precisada. - Respecto a los actos reclamados. El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 113: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, de conformidad con el artículo antes mencionado, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, en relación con lo expuesto, diversos tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ello es así, toda vez que la parte quejosa, reclama de la diversa autoridad responsable Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, lo siguiente: "Se reclama de la responsable el auto emitido en el expediente 08/2022, en fecha nueve de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual determina y ordena la negación de la guardia y custodia provisional a ambos progenitores." De lo anterior, se estima que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo para ser procedente, requiere de un elemento sine qua non con relación a que deben agotarse antes de interponer el juicio constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa que señale la ley que rija el acto que se reclame (principio de definitividad), salvo las excepciones que la misma establece. Al respecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Del texto apuntado, se desprende medularmente que el juicio de amparo es improcedente contra actos de tribunales judiciales, respecto de los cuales proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En efecto, en tal precepto se contiene el llamado principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción En el caso en particular, los actos reclamados por el aquí quejoso se hacen consistir en el auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, emitido en el expediente 08/2022, por el que determinó y ordenó que a ninguno de los progenitores se le otorgaría la guardia y custodia provisional del menor de iniciales S.M.C., en atención a que dicha decisión se resolvería hasta el día de la audiencia señalada para las trece horas del cinco de abril del año en curso, en contra del cual procede el recurso de revocación en términos de los numerales 5.74, 1.360, fracción I, 1.362, 1.363, 1.364 y 1.365 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, a través del cual el acto impugnado puede ser revocado, modificado o nulificado. Para dilucidar la existencia de ese medio ordinario de defensa, es oportuno citar el contenido de los preceptos antes mencionados los cuales disponen: "Revocación fuera de audiencia Artículo 5.74.- Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales." "Recursos. Artículo 1.360.- Se reconocen como recursos los siguientes: I. Revocación. (.)" "Resoluciones en materia de revocación Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó. Plazos para interponer revocación Artículo 1.363.- La revocación se interpondrá, expresando agravios, al día siguiente de notificado el recurrente." Trámite de la revocación Artículo 1.364.- Interpuesta la revocación se dará vista a la parte contraria, por tres días y transcurridos, el Juez resolverá dentro del tercer día. La resolución de la revocación es irrecurrible Artículo 1.365.- La resolución que decida la revocación no admite recurso." Preceptos legales cuya disposición de manera expresa señala que quien creyere que ha recibido algún agravio irreparable o de difícil reparación puede interponer recurso de revocación, cuyo conocimiento corresponderá al juez de origen, y tiene por objeto que se confirme, revoque o modifique tal determinación. En ese contexto, si los actos de los cuales se duele el quejoso en el presente juicio constitucional se hacen consistir en el auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, emitido en el expediente 08/2022, por el que determinó y ordenó que a ninguno de los progenitores se le otorgaría la guardia y custodia provisional del menor de iniciales S.M.C., en atención a que dicha decisión se resolvería hasta el día de la audiencia señalada para las trece horas del cinco de abril del año en curso, es evidente, que el promovente del amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos transcritos con antelación, estuvo en condiciones legales de interponer el recurso de revocación, a través del cual se podía confirmar, modificar o revocar dicha determinación; sin embargo, al no haberlo hecho, el presente juicio deviene improcedente. No pasa inadvertido que el contenido de la resolución reclamada, tiene que ver con la determinación de guardia y custodia del menor de iniciales S.M.C., lo cual pudiera considerarse como de imposible reparación; sin embargo, no debe soslayarse que la regla de la definitividad, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Por lo que, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, por sí, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otros requisitos de procedencia del juicio de amparo. Pensar de modo contrario, esto es, que es procedente admitir un medio de defensa (juicio de amparo) bajo la justificación del principio de suplencia de la queja a favor de un menor, sería tanto como actuar al margen de lo establecido en la propia Ley, declarándose procedente lo improcedente, por ello, debe entenderse que tal principio no puede llegar al extremo de violentar o inaplicar el régimen establecido en los ordenamientos legales, en el caso concreto, lo estatuido en la Ley de Amparo, en cuanto a las reglas de admisibilidad y procedencia del juicio de garantías. Así es, la regla general de suplir la deficiencia de la queja en la demanda y en los agravios constitucionalmente opera en el juicio de amparo, pero no es una institución que exente a la parte quejosa de agotar el principio de definitividad; de ahí que, aun y cuando se trate de una controversia donde esté relacionado un menor de edad, como en la especie, es necesario que oportunamente se interpongan los recursos o medios ordinarios de defensa procedentes de acuerdo a los preceptos legales aplicables, antes de acudir al juicio de amparo. Por último, no estamos en presencia de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resoluciones que nieguen la libertad bajo caución o que establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; tampoco se trata de personas extrañas al procedimiento; y, menos aún se trata del auto de vinculación a proceso. En mérito de lo expuesto, con apoyo en lo establecido en los artículos 61, fracción XVIII, y 113, ambos de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar la demanda de garantías promovida por César Meraz Meraz. No pasa inadvertido para esta juzgadora, que la causal de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de amparo; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada; máxime que de lo relatado bajo protesta de decir verdad, se advierte que el acto que ahora se impugna, será analizado en audiencia de cinco de abril del año en curso, lo que a consideración de quien ahora resuelve y conforme a lo expuesto, resulta más benéfico tanto para el promovente, como para el menor inmerso. Notifíquese.
- Principal
Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve Cesar Meraz Meraz, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México y otra autoridad; atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 297/2022-II. Prevención. A efecto de acordar lo conducente respecto a la demanda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17, 18, 108, 110 y 114 fracciones I y II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído: Subsane las irregularidades contenidas en su escrito de demanda; esto, bajo protesta de decir verdad: 1. Precise si la demanda de mérito la promueve únicamente por propio derecho, o bien, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales S.M.C. 2. En el supuesto de promover por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales S.M.C., deberá acreditar con documento idóneo dicha calidad; en virtud a que la simple manifestación de tener dicho carácter, resulta insuficiente para demostrar tal extremo, pues es necesario que justifique tal circunstancia, en esta instancia constitucional. Lo anterior porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, se cumple con lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley de Amparo, y de no estarlo, constituye una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente. 3. Aclare si en contra de la determinación reclamada (auto de nueve de marzo del año en curso, emitido en los autos del expediente 08/2022) interpuso recurso o medio de defensa alguno, y de ser así, manifieste su estado procesal y qué autoridad conoce de dicho medio de impugnación. Lo anterior, toda vez que es un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que en contra de la determinación que pretende combatir, procede el recurso de revocación en términos de los numerales 5.74, 1.360, fracción I, 1.362, 1.363, 1.364, 1.365, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, a través del cual el acto impugnado puede ser revocado, modificado o nulificado. Hágase del conocimiento al impetrante que queda apercibido que de afirmar una falsedad o negar la verdad en todo o en parte respecto a la prevención decretada en líneas que anteceden, se dará vista al Ministerio Público de la adscripción por la posible constitución del delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, de conformidad con el numeral 247, fracción V, del Código Penal Federal. La prevención anterior es en virtud de estar en aptitud de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, y las autoridades responsables al rendir su informe lo hagan de manera clara y concisa. Su aclaración debe presentarla en original y copias simples suficientes en términos del artículo 110 de la ley de la materia, con el apercibimiento para el caso de no cumplir con los puntos de la prevención decretada, se tendrá por no presentada, en términos del artículo 114 de la ley en comento. Notifíquese.
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