César Mendoza Tajonar
Expediente 261/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 261/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- César Mendoza Tajonar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 1842/2022 (con anexos), signado por el secretario del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el que remite el juicio de amparo 261/2021-V, un anexo, un disco compacto, así como testimonio de la resolución emitida en el toca R.P. 234/2021, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el quejoso ***, por conducto de su autorizada ***, contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, donde la superioridad resolvió lo siguiente: "(...) Primero. Con la precisión anotada, se CONFIRMA la sentencia recurrida. Segundo. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGUE a ***, contra el acto que reclamó del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, precisado en el resultando primero de esta ejecutoria . (.)" Acúsese recibo de estilo a la superioridad, intégrese a los presentes autos las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes, por lo que a efecto de evitar su duplicidad, destrúyanse las copias restantes que integran dicho cuadernillo, comuníquese a las autoridades responsables, y háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, se hace constar que este sumario carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste y en los cuadernos incidentales que derivan del mismo, no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse negado la protección constitucional y carecer de relevancia documental. Al resultar innecesaria la conservación del DVD remitido por la Juez de Distrito Especializado en el sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio norte, Juan Carlos Ramírez Benítez, devuélvasele sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente, pues como tal se tendrá la constancia en la que obre el sello de recibido. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio 10759/2021, suscrito por el secretario del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el que acusa recibo de los autos del expediente del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa; original y copia del escrito mediante el cual interpuso recurso de revisión y formuló agravios la parte quejosa; y, un disco compacto, informando que el citado medio de impugnación se admitió a trámite y quedó registrado con el número R.P. 234/2021, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por la autorizada del quejoso ..., mediante el cual interpone recurso de revisión y expresa agravios contra la sentencia terminada de engrosar el quince de octubre de dos mil veintiuno, emitida en este juicio de derechos fundamentales; en esta tesitura, con apoyo en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo, con copia del citado ocurso córrase traslado a las partes y fórmese cuaderno de antecedentes. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de este proveído, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, los autos de este juicio, un anexo, original del escrito de cuenta y copia para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la superioridad, así como disco compacto que contenga la resolución aludida, para la substanciación del citado recurso. Notifíquese y vía electrónica al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo indirecto 261/2021, presentado por. . R E S U L T A N D O: ÚNICO. El trece de abril de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo presentada por ., se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio, conforme con lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Del análisis integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución de doce de marzo de dos mil veintiuno, a través de la cual el licenciado Juan Carlos Ramírez Benítez, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, dentro del expediente de impugnación 200/2019 confirmó la determinación de trece de noviembre de dos mil diecinueve, en la que el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Décimo Primera Investigadora de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República negó tener como abogados del ahora quejoso a los licenciados designados, expedir copia de los registros de la carpeta de investigación . así como, señalar fecha y hora para que comparezca en calidad de investigado o imputado. Autoridad judicial que aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se acredita con las constancias del expediente de impugnación 200/2019 y copia del audio y video de la audiencia de doce de marzo del año en curso, documentales que tienen eficacia plena en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su 2° precepto, por lo que el acto se tiene probado. TERCERO. Las partes no hicieron valer causal de improcedencia, ni este juzgador advierte la existencia de alguna. CUARTO. Para mejor comprensión del asunto, conviene precisar los siguientes antecedentes1: 1 Que se obtiene del juicio de amparo 11/2020 del índice de este juzgado, que se tiene como hecho notorio en el presente asunto. a) El doce de noviembre de dos mil diecinueve, César Mendoza Tajonar solicitó al agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Agencia Décimo Primera Investigadora de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República se tuviera como abogados a los profesionistas que designó, se le expidiera copia de los registros de la carpeta de investigación . así como, se señalara fecha y hora para que comparezca en calidad de investigado o imputado. b) El trece de ese mes y año, la representación socia federal negó dicha solicitud al precisar que confome al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los registros de la carpeta de investigación se encuentran reservados, la cual solamente puede levantarse en caso de que el imputado estuviera detenido, fuera citado con esa calidad o estuviera siendo sujeto a un acto de molestia, sin que en el caso se actualizara alguno de esos supuestos, aunado a que se encontraba recabando información a efecto de corroborar si los hechos constituían o no delito y si existía responsabilidad, por lo que, por el momento no consideraba llamar a los investigados a dicha carpeta. c) Inconfome, el ahora quejoso solicitó audiencia de control, sin que el veintisiete siguiente, el Juez de Control la acordara de conformidad, al estimar que en términos del artículo 258 del Código Nacional de CINTHIA NAYELI NABOR RODRÍGUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b5.88 03/03/22 11:46:29 4 Procedimientos Penales carecía de legitimación para impuganar tal determinación. d) En contra de dicho auto, el impugnante presentó recurso de revocación y, el once de diciembre siguiente, la autoridad judicial confirmó su determinación. e) Por tal motivo, . presentó el amparo 11/2020 del índice de este juzgado, en el que el ocho de mayo de dos mil veinte, se negó el amparo y protección de la justicia federal. f) Sentencia que fue revocada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en el R.P. 95/2020 para el efecto de que el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio dejara insubsistente la resolucón reclamada y, en su lugar, luego de que considerara al peticionario del amparo, legitimado para interponer el recurso a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procediera conforme a derecho y, con libertad de jurisdicción, determinara lo que estimara procedente. g) Lo que así aconteció el doce de marzo de dos mil veintiuno, en que confirmó la determinación dictada por la representación social federal -acto reclamado-. Ello, sustancialmente por lo siguiente. El artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales que regula la reserva de los actos de investigación no es contrario a los postulados constitucionales o en su defecto, a la jurisprudencia de la Corte Interamericanda de Derechos Humanos en el caso Barreto Leiva vs Venezuela, dado que los derechos humanos no son absolutos y, conforme al artículo 21, en relación con el 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos corresponde y es exclusiva del Ministerio Público, con excepción del ejercicio de la acción penal de naturaleza privada. Aunado a que si bien, en términos de la fracción VI, apartado B del numeral 20 constitucional el imputado tiene derecho a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y consten en el proceso y, los diversos ordinales 218 y 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales preven la reserva de los actos de investigación y la forma en que deberán llevarse los actos de molestia; también lo es que, atendiendo a dicho contexto normativo confrontado con los referidos preceptos 21 y 102 del Pacto Federal, era dable concluir que la representación social es la responsable de la investigación y le compete su dirección, atendiendo evidentemente a los postulados establecidos en el artículo 20 de la propia Ley Suprema. El responsable también refirió que por cuanto hace al contenido del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales y su pretedida desaplicación, era improcedente, en tanto que a su juicio, su texto es acorde al segundo párrafo de la fracción VI, apartado B del artículo 20 constitucional, el cual claramente establece la entrega de la información correspondiente, particularmente de los registros de investigación, única y exclusivamente en aquellos casos en que el imputado se encuentre detenido o cuando pretenda recibirsele la declaración al entrevistarlo o incluso antes de su primera comparecencia ante el juzgador. En suma a lo anterior, el juez de Distrito precisó que la fiscalía federal efectivamente cuenta con la atribución de establecer cuándo citara al imputado para efecto de iniciar su participación en la investigacón correspondiente, o incluso atendiendo a la disposición constitucional y al referido artículo 218 de la legislación nacional de mérito, que es acorde al Pacto Federal, tendrá la posibilidad de solicitar lo que estime conveniente conforme a sus intereses ante autoridad judicial y solicitar la formulación de imputación, respecto de lo cual, habrá de plantearse la citación pertinente al imputado, quien a partir de ese momento, contara con toda garantía a efecto de llevar a cabo un puntual y adecuado ejercicio de derecho de defensa. De igual manera, precisó que la fiscalía aún no ha determinado otorgarle esa calidad en ejercicio de sus funciones, por lo que, era evidente que no le asistía derecho al ahora quejoso, en cuanto a la designación de defensores, obtener copia de los registros de la carpeta de investigación y se le señale día y hora a efecto de que se reciba su declaración, pues aun cuando su defensa estableció que con ello se esclarecerían los hechos, lo cierto es que el órgano técnico de investigación federal a partir de la investigación correspondiente y ejecutando todos aquellos actos que estime pertinentes, estará en oportunidad de determinar dicho aspecto. Tocante a la solicitud de aplicabilidad del test de proporcionalidad señaló que ante la armonía entre el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales con el propio texto constitucional, devenía innecesario realizarlo, en tanto que, como el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la contradicción de tesis 293/2011 que dio origen a la jurisprudencia 20/2014 de rubro "DERECHOS HUMANOS CONTENIDO EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL" al consagrarse ese aspecto expresamente en el texto constitucional, debía atenderse al mismo con independencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos invocada, pues aunque hace una variante en ese punto; empero, se debía atender a la ley suprema, particularmente a la fracción VI, apartado B, de artículo El amparista señaló dicha determinación viola en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustancialmente porque: 1. Al tener conocimiento de que se está llevando a cabo una investigación en su contra, tiene derecho a ejercer todas las prerrogativas que a esa condición le surten, sobre todo porque del registro de la audiencia se advierte que el Ministerio Público no afirma ni niega que no tenga el carácter de investigado o imputado, por lo que al negarle el acceso a la carpeta de investigación se vulnera su derecho de defensa. 2. En contravención al principio de lealtad y no obstante que se le está investigando, la responsable sostiene que no tiene el carácter de imputado, en razón de que dicha calidad solo puede ser reconocida por la representación social, con lo que se le obstaculiza indefinidamente a ejercer su derecho al debido proceso y acceso a la justicia. 3. Al sustentarse el sistema penal acusatorio en el principio de contradicción, adquiere el carácter de imputado por el sólo hecho de encontrarse sujeto a una investigación, aunado a la existencia de datos de prueba y reconocimiento de la representación social del despliegue de sus facultades investigadoras sobre su persona, por lo que dicha autoridad se encuentra obligada a permitirle su comparecencia para conocer los registros de investigación, en caso contrario, el juez debía ordenarle le reconozca que no está realizando indagatorias con las que se pretenda vincularlo. 4. El juez inobservó la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida en el caso Barreto Leiva vs Venezuela. 5. La autoridad pasó por alto que el Constituyente Permanente en las fracciones I, V del apartado A, así como, I, IV, VI y VII del apartado B del artículo 20 Constitucional, sentó las bases para que el presunto responsable de un delito cuente con defensa adecuada en la etapa de investigación, atinente a tener un defensor y la oportunidad de aportar datos de prueba, promover medios de impugnación, exponer argumentos de derechos y utilizar beneficios procesales, sin que se advierta la existencia de limitación alguna. Son infundados los conceptos de violación que hace valer el peticionario del amparo. Lo anterior es así, pues contrario a lo que presupone, el acto reclamado satisface la garantía de legalidad contenida en el artículo 16 constitucional, en cuanto a la debida fundamentación y motivación exigible para los actos de autoridad, pues tomando en consideración su pretensión, el juez responsable hizo una exposición correcta y concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para confirmar la resolución del agente del Ministerio Público Federal en el sentido de no acordar de conformidad la solicitud de tener como abogados a los profesionistas que el ahora promovente del amparo designó, se le expidiera copia de los registros de la carpeta de investigación ., así como, se señalara fecha y hora para que comparezca en calidad de investigado o imputado, existiendo adecuación entre el segmento factico de que se trata y las normas legales habilitantes e invocadas para ello. Cierto, el acto reclamado se constituye en la confirmación de una especie de negativa a que el aquí quejoso tenga acceso a la mencionada carpeta de investigación; lo anterior es así, pues al respecto, con base en lo expuesto por las partes y el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el responsable resolvió confirmar la negativa recurrida en impugnación sustancialmente en razón de que la fiscalía federal aún no le ha determinado la calidad de imputado. Frente a lo que, el a aquí quejoso sostiene que como tiene conocimiento de que se está implementando una investigación en su contra, tiene el carácter de imputado. Al respecto es dable, señalar que de conformidad con el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales2, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal en la que deberá realizar todas las líneas de búsqueda posibles, que le permitan allegarse de datos para su esclarecimiento, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. De ese modo, el diverso 1123 de la codificación nacional invocada, establece que en el proceso penal acusatorio oral, se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. 2 Artículo 212. Deber de investigación penal Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. 3 Artículo 112. Denominación Se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Además, se denominará acusado a la persona contra quien se ha formulado acusación y sentenciado a aquel sobre quien ha recaído una sentencia aunque no haya sido declarada firme. Esto es, la calificación de "imputado" en la investigación ministerial no recae en la percepción del gobernado, sino que tal calidad le corresponde fijarla al órgano técnico, en tanto que es una situación inherente que debe dilucidar a raíz o como consecuencia de las investigaciones que practique, como lo señala el juez responsable. En el particular, el órgano técnico de investigación federal ha sido conteste en señalar que .no tiene la calidad de imputado en la carpeta de investigación ., potestad que al competerle el esclarecimiento de los hechos delictivos puestos a su conocimiento, tiene la batuta de identificar quién o quiénes probablemente participaron en su comisión, con lo cual, le corresponde a ella -y no al gobernado- fijar quién es imputado, por tanto, es inconcuso que, a la fecha del acto reclamado, no lo tenía como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito, tanto que en la audiencia correspondiente, señaló que no lo ha señalado con esa calidad, que no contaba con dato de prueba que le hiciera ver que tuviere esa calidad jurídica e incluso al inicio de su intervención precisó que se referiría a él como impugnante para no realizar manifestaciones contrarias a lo determinado. En este punto, no se debe soslayar que en el marco del Código Nacional de Procedimientos Penales, el legislador fue acucioso en señalar y precisar no sólo las funciones procesales que el Ministerio Público debe realizar en el sistema de justicia penal acusatorio oral; sino además, en lo que de dicha institución pública se espera y se desea, como lo es el deber de lealtad [artículo 1284], que implica que la representación social deberá actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga, con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en el Código y en la demás legislación aplicable, así como proporcionar información veraz sobre los hechos, los hallazgos en la investigación y no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen. En ese orden, atendiendo al citado principio y a que no se advierte dato objetivo en contrario5 -las apreciaciones subjetivas del quejoso, relacionadas con el contexto del acto reclamado, no ponen en duda el actuar de la fiscal bajo el deber de lealtad-, debe entonces considerarse que ., al menos a la fecha del acto reclamado, no tenía la calidad de imputado en la carpeta de investigación de mérito. Consecuentemente, contrario a lo que sostiene en su primer concepto de violación, de ningún modo puede considerarse inconstitucional la confirmación de la negativa a la solicitud de tener como abogados a los profesionistas que designó, se le expidiera copia de los registros de la carpeta de investigación 4 Artículo 128. Deber de lealtad El Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en este Código y en la demás legislación aplicable. El Ministerio Público deberá proporcionar información veraz sobre los hechos, sobre los hallazgos en la investigación y tendrá el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando resuelva no incorporar alguno de esos elementos al procedimiento, salvo la reserva que en determinados casos la ley autorice en las investigaciones. 5 De los registros de la carpeta de investigación, no es notorio y manifiesto que el quejoso tenga ahí el carácter de imputado conforme la descripción legal señalada. ., así como, se señalara fecha y hora para que comparezca en calidad de investigado o imputado y, por ende, tuviera acceso a la mencionada carpeta de investigación. Por el contrario, dicha actuación se estima ajustada a derecho y no lesiva de derechos fundamentales, porque de acuerdo a los preceptos que hasta aquí se han comentado, la manifestación esgrimida por el agente del Ministerio Público Federal y convalidada por la responsable, encuentra sustento constitucional y legal, en la medida que los datos que existen en las carpetas de investigación, en tanto no se judicialice, efectivamente son de carácter reservado. Cierto, de los artículos 218 y 2666 de la legislación nacional adjetiva de la materia, en lo que interesa, se 6 Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme. Artículo 266. Actos de molestia Todo acto de molestia deberá llevarse a cabo con respeto a la dignidad de la persona en cuestión. Antes de que el procedimiento se lleve a cabo, la autoridad deberá informarle sobre los derechos que le asisten y solicitar su cooperación. Se realizará un registro forzoso sólo si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste. Si la persona sujeta al procedimiento no habla español, la autoridad deberá tomar obtiene que los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente podrán tener acceso las partes, entre ellas, la victima u ofendido y el imputado, con las limitaciones establecidas en el mismo Código. Así, el mandato legislativo consistente en la estricta reserva de la indagatoria, que encuentra sustento en el artículo 21 del Pacto Federal, obedece a la protección del interés público y a la salvaguarda del derecho a la seguridad, que constituyen fines legítimos que evitan poner en peligro la investigación y la eficacia en la persecución de delitos, respecto de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el Estado tiene obligación de garantizar en la mayor medida posible, el éxito de las investigaciones y la imposición de sanciones a quienes resulten culpables, sobre la base de que el poder estatal no es ilimitado, pues debe actuar dentro de las directrices y procedimientos que permiten preservar la seguridad pública y derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, atendiendo a la normativa constitucional y legal, el Ministerio Público debe mantener, en lo que respecta al sujeto procesal indiciado, en reserva los registros que obran en la carpeta de investigación, hasta en tanto no se actualice cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo 218 del código adjetivo en mención. medidas razonables para brindar a la persona información sobre sus derechos y para solicitar su cooperación. Esto último, pues tratándose del imputado y su defensor, únicamente podrán tener acceso a la carpeta de investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado con ese carácter para comparecer o sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, esto es, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros, a fin de no afectar su derecho de defensa. Interpretación que es consistente con la realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reflejada en la jurisprudencia 1a./J. 72/2019 (10a.) publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 994, de rubro: "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.", de cuyo texto se obtiene que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Luego entonces, si el legislador impuso una restricción que impide a quien tenga reconocido el carácter de imputado imponerse de los registros que obran en la carpeta de investigación en el momento en que así lo desee, por mayoría de razón, esa limitación debe considerarse absoluta para quien no tenga reconocida esa calidad, hasta en tanto el Ministerio Público así lo estime conveniente para el éxito de su investigación. Lo cual no significa un arbitrario condicionamiento al ejercicio de derecho humano alguno, pues incluso esa restricción se localiza en el artículo 20, apartado B, fracción VI, segundo párrafo7, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la que debe sujetarse el gobernado, esto de conformidad con la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 202, de rubro: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL." En efecto, del texto constitucional en cita, se advierte que es derecho fundamental que al imputado por la posible comisión de un delito, le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que 7 Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . B. De los derechos de toda persona imputada: . VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; consten en el proceso; empero, tocante a los registros de la investigación, la Ley Fundamental es específica en constreñir su acceso a tres momentos: (1) cuando el imputado se encuentre detenido; (2) cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo; y, (3) antes de su primera comparecencia ante juez, con la oportunidad debida para preparar la defensa. Naturalmente las tres hipótesis aluden a situaciones jurídicas distintas que ocurren en diferentes momentos del proceso penal, pero de una interpretación sistemática a tales hipótesis, se colige que las tres son coincidentes en una condición: la persona tenga el carácter de imputado. Esto guarda sentido, en virtud de que, tanto para el Constituyente Permanente como para el legislador ordinario, la reserva de información es un principio que ciñe a las actuaciones relativas a la investigación del delito, la cual se resguarda al tenor de las premisas que se han señalado [respecto de los momentos en que el imputado puede tener acceso a los antecedentes de la indagatoria]. Por ello, tal restricción constitucional y legal de ningún modo trunca los derechos que prevé el artículo 20, apartado B, de la propia Constitución Federal, para toda persona imputada, específicamente los relativos al debido proceso y a la adecuada defensa, en principio y por lo más importante, no tiene esa calidad en la carpeta de investigación de referencia -al menos no hasta la emisión del acto reclamado-; pero incluso, en el caso que llegue a tenerla -de acuerdo a lo que él asume-, si la autoridad ministerial no decidiera citarlo durante la investigación inicial a fin de que pudiera comparecer y acceder a los registros de la carpeta respectiva, aún tendría la oportunidad de conocer los datos de prueba recabados por el Ministerio Público en fase de investigación, al grado de tener la posibilidad de controvertirlos y desvirtuarlos. De ahí que, el primer, segundo y tercer conceptos de violación resulten infundados; y ello es así, pues es cierto que las prerrogativas que alude deben ser efectivas, pero ello ocurre desde que la autoridad ministerial señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible, lo que en el caso no acontece. Así también, toda vez que la fiscalía federal no ha señalado al quejoso como imputado, no cobra aplicación el principio de contradicción que refiere en su tercer concepto de violación el aquí quejoso, el cual encuentra sustento en el artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el cual exige que las partes puedan conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones o alegatos de la otra parte. De modo que, aun cuando funge como pieza clave para el correcto desarrollo del proceso, pues por un lado garantiza el derecho de las partes a concurrir a proceso en igual de armas y, por otra, permite al juzgado apreciar de forma clara los elementos de prueba y los argumentos que, de forma oral, exponen las partes, no debe soslayarse que dicho principio per se no le da la calidad de imputado al aquí quejoso, al ser atribución de la autoridad ministerial. Lo que así confirmó el juez responsable en el acto reclamado, el que se insiste, adverso a lo señalado por el quejoso en su cuarto concepto de violación, se ajusta a los parámetros de control de regularidad constitucional del Estado Mexicano, conforme al cual deben analizarse la validez de las normas y actos de nuestro orden jurídico. Lo anterior, porque el parámetro de análisis del control constitucional y convencional que deben ejercer los jueces del país, se integra por los derechos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México sea parte, la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación y los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de dicho tribunal internacional. Ello, porque como expresamente lo establece el artículo 1º constitucional, en México todas las personas son titulares tanto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución como de los previstos en los tratados internacionales que sean ratificados por el Estado Mexicano y, derivado de la parte final del primer párrafo de ese numeral, cuando en el Pacto Federal haya restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, como incluso ha establecido nuestro Máximo Tribunal en la contradicción de tesis aludida por el juez responsable. Además, en la dinámica en la que se desenvuelve el proceso penal acusatorio oral, debe recordarse que la etapa de investigación se divide en dos: inicial y complementaria, en la que esta última, que comienza con la celebración de la audiencia inicial [en la que se formula imputación], además que se judicializa la carpeta de investigación, también tiene como característica principal que, a partir de ese momento, las partes que integran el proceso, como lo sería ya en ese momento el imputado y su defensor, tienen el derecho de acceder a todos los antecedentes que integran a la investigación practicada por el Ministerio Público, a fin de que puedan imponerse debidamente de sus contenidos y puedan hacer valer sus defensas como lo estimen conveniente. Por tanto, opuesto a lo sostenido por el promovente del amparo en su quinto concepto de violación, los derechos que a que alude son respetados en el sistema de justicia penal acusatorio oral, pues se permite que aun en el escenario antes señalado, o sea, en el que el representante social no cite al imputado para los objetivos indicados [se tengan por nombrados a los licenciados que designó, se le expidiera copia de los registros de la carpeta de investigación ., así como, se señalara fecha y hora para que comparezca en calidad de investigado o imputado, a fin de que tenga acceso a la carpeta de investigación], este sujeto procesal en conjunto con su defensor, aun ubicándose en etapa de investigación, puedan conocer los registros respectivos, lo que da la pauta de que puedan controvertirlos y desvirtuarlos, al grado de impedir que se dicte un auto de vinculación a proceso en su contra, o bien, en su caso, que el órgano técnico formule acusación y generar que solicite el sobreseimiento (parcial o total) del proceso o la suspensión del mismo. Lo anterior, porque se trae a la palestra que invariablemente los datos de prueba que ofrezca el Ministerio Público al formular la imputación y solicitar el auto de vinculación a proceso, están sujetos a un contradictorio que debe efectuarse entre el órgano acusador y el imputado -en conjunto con su defensa-; además, los antecedentes de la investigación y datos de prueba aportados por el representante social durante dicha etapa de procedimiento [investigación, tanto inicial como la complementaria], no constituyen ni generan prueba para el resto de fases que componen al proceso. Entonces, no es lesivo de derechos fundamentales el acto que se reclama en el juicio de amparo, pues tal como debidamente lo expuso la autoridad responsable, esto es, de manera fundada y motivada, al no tener la calidad jurídica de imputado, resultaba improcedente la petición de . elevada ante la autoridad ministerial. Apoya lo anterior, la tesis I.1o.P.89 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, página 2036, de rubro y texto siguientes: "ACCESO DEL IMPUTADO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. HASTA EN TANTO EL MINISTERIO PÚBLICO LO ESTIME CONVENIENTE PARA EL ÉXITO DE SU INVESTIGACIÓN, QUIENES TENGAN O NO RECONOCIDO AQUEL CARÁCTER DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL, NO TIENEN DERECHO A QUE SE LES PERMITA SU CONSULTA Y, POR ENDE, QUE SEAN CITADOS PARA COMPARECER, AL EXISTIR UNA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL AL RESPECTO. Conforme al artículo 20, apartado B, fracción VI, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un derecho fundamental que al imputado, por la posible comisión de un delito, le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso; empero, tocante a los registros de la investigación, es específico en constreñir su acceso a tres momentos: 1) Cuando el imputado se encuentre detenido; 2) Cuando pretenda recibírsele su declaración o entrevistarlo; y, 3) Antes de su primera comparecencia ante el Juez, con la oportunidad debida para preparar la defensa. Las tres hipótesis aluden a situaciones jurídicas distintas que ocurren en diferentes momentos del proceso penal, pues mientras los supuestos 1) y 2) se refieren a acontecimientos que son dables de suceder en la etapa de investigación inicial, el diverso 3) apunta a un acto que debe verificarse en la etapa de investigación complementaria, es decir, en la fase judicializada de la investigación durante la celebración de la audiencia inicial (en la que se formula la imputación). Sin embargo, de una interpretación sistemática a tales hipótesis, se colige que las tres son coincidentes en apuntar a los registros de investigación que integra el Ministerio Público en la fase inicial y que aporta para la investigación complementaria, ya que en esta última etapa, al hallarse judicializada, todos los antecedentes y registros deben ser oportunamente hechos del conocimiento del imputado para su debida defensa y para la continuación del proceso, como lo dispone el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esa guisa, tratándose del supuesto 2), éste se refiere a una posición pasiva por parte del imputado, en la medida en que para que pueda tener acceso a los registros contenidos en la carpeta de investigación, se encuentra supeditado a la voluntad de un tercero en la que desee llevar a cabo diligencias como la de recibir declaraciones o entrevistas, las que -por antonomasia- son las que -de estimarlas necesarias- realiza el órgano persecutor (Ministerio Público) durante la investigación inicial, para el correcto esclarecimiento de los hechos denunciados. Por tanto, existe una restricción de índole constitucional que impide que quien tenga reconocido el carácter de imputado -y más aún, quien no tenga reconocida esa calidad- durante la etapa de investigación inicial, pueda acudir de manera libre y espontánea, es decir, en el momento en que así lo desee, incluso, sin necesidad de ser citado, a imponerse de los registros que obran en la carpeta de investigación, es decir, a tener acceso a ésta y así encontrarse en posibilidad de ejercer sus derechos conforme a sus intereses legales convenga. Sino que lejos de esto, ni en la Constitución Federal ni en el código mencionado se observa que el imputado tenga derecho a lo contrario, hasta en tanto el Ministerio Público así lo estime conveniente para el éxito de su investigación, tal como se advierte de los artículos 113, fracción VIII y 216 de la legislación nacional invocada. Sin que sea óbice a lo anterior, que la única condición que tiene la autoridad ministerial es que una vez que le dé el acceso condigno a los registros de la investigación al imputado, éstos ya no se podrán tener bajo reserva, salvo las excepciones previstas en la ley, pero en todos los casos deberán hacerse del conocimiento oportuno de aquél, a fin de no afectar su derecho de defensa." En las relatadas consideraciones, se niega el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada. QUINTO. El quejoso no se opuso ni hizo manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente, por lo que, únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener la presente resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara y protege a .., por los motivos expuestos en el cuarto considerando de esta resolución. SEGUNDO. Se tiene a las partes por conformes de que se incluyan sus nombres y datos personales en la consulta o en caso de hacerse pública esta sentencia, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente.
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