cesar mendoza tajonar

Expediente 1060/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 25 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1060/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
06/12/2022

Partes del expediente

  • Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México Adscrito A la Unidad de Gestión Judicial Número 12.- Referencia: Carpeta Judicial 012/0607/2021
  • cesar mendoza tajonar
  • Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México Adscrito A la Unidad de Gestión Judicial Número 12 (Jupiter Lopez Ruiz)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1060/2021-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Por otra parte, toda vez que el Juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Ciudad de México Adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Doce, remitió diversas constancias por lo que se formó un sobre de sigilo; en esas condiciones, devuélvasele, para los efectos legales a que haya lugar. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 1060/2021-V promovido por ********************; y RESULTANDO: Primero. Demanda. Por demanda presentada el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibida el veintisiete de agosto siguiente en este órgano jurisdiccional, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número 12 en la Ciudad de México Agustín Moreno Gaspar y otras autoridades. Segundo. Trámite. Mediante auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno se admitió a trámite respecto al acto consistente en la negativa de acceso a la carpeta judicial ********************, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. Tercero. Ampliación. Por acuerdo de seis de abril de dos mil veintidós se tuvo por ampliada la demanda por cuanto a cuatro Jueces de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México adscritos a la Unidad de Gestión Judicial número 12, se requirieron sus informes justificados; se dio intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló nueva fecha para el verificativo de la audiencia de ley. Seguida la secuela procesal, la audiencia constitucional se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y tomando en consideración que el acto reclamado carece de ejecución material. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado es: La negativa de acceso a la carpeta judicial ********************. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a los Jueces de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México adscritos a la Unidad de Gestión Judicial 12: Héctor Fernando Rojas Pacheco y Carlos Cuevas Ortiz, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado mediante oficio registrado bajo el folio 9267. Sin que el solicitante de amparo hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. Por consiguiente, al no quedar demostrada la existencia del acto reclamado que se analiza, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." Cuarto. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a los Jueces de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México adscritos a la Unidad de Gestión Judicial 12: Júpiter López Ruiz, Agustín Moreno Gaspar y Sergio Acevedo Villafuerte, toda vez que así se advierte de los informes justificados registrados bajo folios 16573 y 9267. Además, se corrobora con la copia certificada relativa a la carpeta judicial ********************, remitida por la autoridad responsable, la cual se encuentra resguardada bajo sigilo. Constancias que ameritan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Quinto. Causal de improcedencia que se actualiza. Esta juzgadora estima que se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Los citados numerales son del tenor literal siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la Ley de la materia. Conforme a los numerales citados, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos a los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte, contra los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Ahora, como lo analizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo 487/2013, la demostración del interés jurídico o legítimo, que suponen un agravio a la esfera jurídica de la parte quejosa, se erige como un presupuesto procesal, a fin de determinar la naturaleza de las normas generales reclamadas como autoaplicativas o heteroaplicativas, "puesto que sólo con ese análisis se puede identificar si las normas generan o no una afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa." Además, en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10ª) -que deriva de la reiteración de criterios como el precisado en el párrafo anterior- la Segunda Sala del Alto Tribunal precisó los elementos constitutivos del interés jurídico y del interés legítimo, como presupuestos para promover la instancia constitucional. Dicha jurisprudencia es del rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". Sobre esa base, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que los elementos constitutivos del interés jurídico y del legítimo, presupuestos para la procedencia del juicio de amparo son: Interés jurídico Interés legítimo Demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado. Demostrar la existencia de una norma constitucional en la cual se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada. Acreditar que el acto reclamado afecta ese derecho (de donde deriva el agravio correspondiente). Acreditar que el acto reclamado transgrede ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva. Demostrar que el promovente pertenece a esa colectividad. Ahora, para mayor comprensión se destacan algunos antecedentes del acto reclamado, los cuales se advirtieron de las constancias que remitió la autoridad responsable en copia certificada, corroborado con lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en su demanda y escrito de ampliación. El diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, el quejoso solicitó acceso a la carpeta judicial ********************, así como copias de la misma. El veinte de agosto del mismo año, el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Júpiter López Ruiz, negó la solicitud del quejoso bajo el argumento de no contar con personalidad jurídica en la citada carpeta. El veintitrés de agosto siguiente, en alcance al escrito precisado con anterioridad, el quejoso exhibió un informe justificado rendido en diverso juicio de amparo, para demostrar la existencia de la carpeta judicial ******************** en la cual, señaló se efectuaron actos de investigación en su contra, con la finalidad de obtener acceso a la misma. El veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en atención a la petición anterior, el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Sergio Acevedo Villafuerte, respondió en sentido negativo; argumentando la inexistencia de proceso alguno incoado en términos del último párrafo del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación al 170, fracción l, párrafo cuarto de la Ley de Amparo; considerando que el promovente no se encontraba a su disposición y al no contar con personalidad jurídica para actuar en la carpeta judicial. El seis de octubre de dos mil veintiuno, el quejoso insistió por escrito en el acceso a la carpeta judicial antes aludida. El siete de octubre siguiente, el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Agustín Moreno Gaspar, atendió la petición del hoy quejoso y determinó negar lo solicitado, arguyendo que no se estaba ante un proceso penal sino frente a actos de investigación, los cuales debían mantenerse en sigilo; máxime que no contaba con acceso a los registros de investigación pues competían exclusivamente al agente del ministerio público, de ahí, que no se le podría reconocer alguna calidad de parte en la carpeta judicial y permitir su acceso. En ese contexto, ******************** promovió el presente juicio de amparo en contra de la negativa de acceso a la carpeta judicial descrita. Ahora bien, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales precisa las etapas que conforman al procedimiento penal, entre ellas, la de investigación que a su vez se divide en: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación. b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. El numeral 218 del citado ordenamiento, establece que los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos. En su caso, el imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Luego, si bien es cierto que conforme a los preceptos 131 y 132 del Código Nacional en mención, el agente del ministerio público y sus policías tendrán a su cargo la investigación de los hechos que la ley señala como delitos; también lo es que con fundamento en el numeral 252 del ordenamiento en cita, existen actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de control. De ahí que, cuando se trate de algún supuesto de los señalados en el artículo referido, en último término el agente del ministerio público solicitará la autorización del Juez de control, quien también interactúa en esta fase procesal -investigación inicial- para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos; razón por la cual el propio código nacional establece diversos actos procesales que exigen un control jurisdiccional. En el particular, el quejoso reclama la negativa de los Jueces de control (señalados como responsable) de permitir el acceso a la carpeta judicial ********************. En ese sentido, de las constancias relativas a la indagatoria referida, se observa que la carpeta judicial se originó con motivo de los actos de investigación solicitados por el agente del ministerio público al Juez de control. Por ende, se destaca que el expediente de origen se encuentra en etapa de investigación en su fase inicial. De lo anterior, se evidencia que los Jueces de control señalados como responsables intervinieron en la investigación en términos del artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 2/2022, determinó lo siguiente: El reconocimiento a las personas imputadas del derecho de acceso a la carpeta de investigación, con la finalidad de que puedan preparar de mejor forma su defensa. Derecho fundamentado en los artículos 20, apartado B, fracciones VI y VII, de la Constitución Federal, 113, fracción VIII, y el 117, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. La importancia toral que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial. Por ende, la facultad del Ministerio Público de guardar en secrecía los registros de la carpeta de investigación a toda persona, con la finalidad de que no se ponga en riesgo el éxito de las indagatorias. Definió que la carpeta de investigación debe conservarse en reserva hasta tanto el Ministerio Público no ejecute un acto de molestia concreto en contra de una persona. Dichos actos de molestia pueden ser: a) Detención; b) Citación a comparecer en carácter de imputado; c) Cualquier acto de molestia encaminado a recabar su entrevista; d) Cualquier acto de molestia equivalente a los mencionados (restrictivo de la libertad). En el caso de que se actualice alguno de los supuestos anteriores, se entenderá que la persona tendrá un derecho jurídicamente relevante para efectos de la promoción del juicio de amparo, pues podrá obtener registros de la carpeta de investigación. Arribó a la conclusión de que, al encontrarse en la hipótesis en que una persona concurra al amparo a reclamar la negativa de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero no ha sido detenida, llamada a comparecer o cualquier otro acto equivalente de autoridad que genere molestia, y únicamente pretende basar su acción en una referencia de temor o sospecha de ser investigado; entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo indirecto, de conformidad con los artículos 5, fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. Lo cual encuentra justificación en el hecho de que la promoción del amparo se basa a partir de un interés simple, pues no existe en ese momento un derecho subjetivo a favor del quejoso. Bajo esas circunstancias, en términos de lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley de Amparo, la Primera Sala del Alto Tribunal de Justicia en el país estableció el criterio jurisprudencial 1a./J.95/2022 (11a.), del rubro y tesis siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. Hechos: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. Justificación: Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa". En ese contexto, el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correspondencia con el diverso 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen una restricción de acceso a los registros de la investigación para el indiciado y su defensa, la cual está supeditada a hipótesis específicas, a saber: 1) Cuando se encuentra detenido; 2) Se pretenda recabar su declaración; 3) Sea citado para comparecer ante la autoridad judicial; y, 4) Cuando sea sujeto de un acto de molestia equivalente a los mencionados, esto es, restrictivo de la libertad. A partir de tales momentos la persona investigada y su defensa pueden tener acceso a los registros de la carpeta de investigación. Supuestos que en el caso no se actualizan, pues de las actuaciones que obran en el amparo así como de aquellas resguardadas bajo sigilo, no se observa que el quejoso se encuentre detenido, tampoco que se pretenda recabar su declaración, además, no se desprende la emisión de alguna orden de citación para comparecer ante la autoridad judicial, ni que se encuentre sujeto a un acto de molestia equivalente, el cual restrinja su libertad. En suma, tampoco se advierte que el solicitante de amparo tenga el carácter de imputado, pues como se estableció en párrafos que anteceden, la carpeta judicial ******************** fue originada con motivo de los actos de investigación solicitados por la representación social al Juez de control; por tanto, la investigación no se encuentra judicializada. Entonces, la sola circunstancia de estar siendo investigado dentro de una carpeta de investigación en su fase inicial, es insuficiente para considerar que una persona haya adquirido la calidad de imputada y, por ende, otorgar el acceso a los registros de la indagatoria. De ahí que no se verifiquen los supuestos establecidos por los artículos 113, fracción VIII y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre esa base, resulta claro que si el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo sólo se actualiza cuando el acto de autoridad reclamado produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; en el caso, no existe una afectación al interés jurídico del promovente, pues no se observa la existencia de un acto de molestia concreto que restrinja su libertad personal, toda vez que el quejoso no se encuentra detenido, tampoco se advierte la pretensión de recabar su declaración, ni media citación alguna para comparecer ante autoridad judicial; incluso, tampoco se evidencia un acto de molestia equivalente a los mencionados, por lo que resulta incuestionable que ostenta un interés simple, lo cual hace improcedente el juicio de amparo. Máxime que no obra prueba tendente a demostrar que la carpeta de investigación se encuentra judicializada; además, se deduce que la representación social se encuentra recabando datos de prueba para determinar lo relativo al ejercicio o no de la acción penal, lo cual en caso de actualizarse, sería lo que probablemente causaría afectación a la esfera jurídica del solicitante de amparo. Sin que la suscrita juzgadora inobserve la indicación del quejoso consistente en que dentro de la carpeta judicial ******************** se originó el aseguramiento de sus cuentas bancarias, pues dicho acto fue materia del diverso juicio de amparo 501/2021 del índice de este órgano jurisdiccional. Sin que constituya un acto de molestia equivalente a una detención, orden de comparecencia o acto encaminado a recabar la entrevista del posible responsable. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia referida se sobresee en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando tercero y quinto de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe hasta hoy veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en que así lo permitieron las labores de este Juzgado Federal.Vistos los autos del juicio de amparo 1060/2021-V promovido por ********************; y RESULTANDO: Primero. Demanda. Por demanda presentada el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibida el veintisiete de agosto siguiente en este órgano jurisdiccional, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número 12 en la Ciudad de México Agustín Moreno Gaspar y otras autoridades. Segundo. Trámite. Mediante auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno se admitió a trámite respecto al acto consistente en la negativa de acceso a la carpeta judicial ********************, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. Tercero. Ampliación. Por acuerdo de seis de abril de dos mil veintidós se tuvo por ampliada la demanda por cuanto a cuatro Jueces de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México adscritos a la Unidad de Gestión Judicial número 12, se requirieron sus informes justificados; se dio intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló nueva fecha para el verificativo de la audiencia de ley. Seguida la secuela procesal, la audiencia constitucional se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y tomando en consideración que el acto reclamado carece de ejecución material. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado es: La negativa de acceso a la carpeta judicial ********************. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a los Jueces de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México adscritos a la Unidad de Gestión Judicial 12: Héctor Fernando Rojas Pacheco y Carlos Cuevas Ortiz, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado mediante oficio registrado bajo el folio 9267. Sin que el solicitante de amparo hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. Por consiguiente, al no quedar demostrada la existencia del acto reclamado que se analiza, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia publicada con el número 284, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." Cuarto. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a los Jueces de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México adscritos a la Unidad de Gestión Judicial 12: Júpiter López Ruiz, Agustín Moreno Gaspar y Sergio Acevedo Villafuerte, toda vez que así se advierte de los informes justificados registrados bajo folios 16573 y 9267. Además, se corrobora con la copia certificada relativa a la carpeta judicial ********************, remitida por la autoridad responsable, la cual se encuentra resguardada bajo sigilo. Constancias que ameritan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Quinto. Causal de improcedencia que se actualiza. Esta juzgadora estima que se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Los citados numerales son del tenor literal siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la Ley de la materia. Conforme a los numerales citados, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos a los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte, contra los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Ahora, como lo analizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo 487/2013, la demostración del interés jurídico o legítimo, que suponen un agravio a la esfera jurídica de la parte quejosa, se erige como un presupuesto procesal, a fin de determinar la naturaleza de las normas generales reclamadas como autoaplicativas o heteroaplicativas, "puesto que sólo con ese análisis se puede identificar si las normas generan o no una afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa." Además, en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10ª) -que deriva de la reiteración de criterios como el precisado en el párrafo anterior- la Segunda Sala del Alto Tribunal precisó los elementos constitutivos del interés jurídico y del interés legítimo, como presupuestos para promover la instancia constitucional. Dicha jurisprudencia es del rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". Sobre esa base, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que los elementos constitutivos del interés jurídico y del legítimo, presupuestos para la procedencia del juicio de amparo son: Interés jurídico Interés legítimo Demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado. Demostrar la existencia de una norma constitucional en la cual se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada. Acreditar que el acto reclamado afecta ese derecho (de donde deriva el agravio correspondiente). Acreditar que el acto reclamado transgrede ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva. Demostrar que el promovente pertenece a esa colectividad. Ahora, para mayor comprensión se destacan algunos antecedentes del acto reclamado, los cuales se advirtieron de las constancias que remitió la autoridad responsable en copia certificada, corroborado con lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en su demanda y escrito de ampliación. El diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, el quejoso solicitó acceso a la carpeta judicial ********************, así como copias de la misma. El veinte de agosto del mismo año, el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Júpiter López Ruiz, negó la solicitud del quejoso bajo el argumento de no contar con personalidad jurídica en la citada carpeta. El veintitrés de agosto siguiente, en alcance al escrito precisado con anterioridad, el quejoso exhibió un informe justificado rendido en diverso juicio de amparo, para demostrar la existencia de la carpeta judicial ******************** en la cual, señaló se efectuaron actos de investigación en su contra, con la finalidad de obtener acceso a la misma. El veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en atención a la petición anterior, el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Sergio Acevedo Villafuerte, respondió en sentido negativo; argumentando la inexistencia de proceso alguno incoado en términos del último párrafo del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación al 170, fracción l, párrafo cuarto de la Ley de Amparo; considerando que el promovente no se encontraba a su disposición y al no contar con personalidad jurídica para actuar en la carpeta judicial. El seis de octubre de dos mil veintiuno, el quejoso insistió por escrito en el acceso a la carpeta judicial antes aludida. El siete de octubre siguiente, el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Agustín Moreno Gaspar, atendió la petición del hoy quejoso y determinó negar lo solicitado, arguyendo que no se estaba ante un proceso penal sino frente a actos de investigación, los cuales debían mantenerse en sigilo; máxime que no contaba con acceso a los registros de investigación pues competían exclusivamente al agente del ministerio público, de ahí, que no se le podría reconocer alguna calidad de parte en la carpeta judicial y permitir su acceso. En ese contexto, ******************** promovió el presente juicio de amparo en contra de la negativa de acceso a la carpeta judicial descrita. Ahora bien, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales precisa las etapas que conforman al procedimiento penal, entre ellas, la de investigación que a su vez se divide en: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación. b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. El numeral 218 del citado ordenamiento, establece que los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos. En su caso, el imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Luego, si bien es cierto que conforme a los preceptos 131 y 132 del Código Nacional en mención, el agente del ministerio público y sus policías tendrán a su cargo la investigación de los hechos que la ley señala como delitos; también lo es que con fundamento en el numeral 252 del ordenamiento en cita, existen actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de control. De ahí que, cuando se trate de algún supuesto de los señalados en el artículo referido, en último término el agente del ministerio público solicitará la autorización del Juez de control, quien también interactúa en esta fase procesal -investigación inicial- para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos; razón por la cual el propio código nacional establece diversos actos procesales que exigen un control jurisdiccional. En el particular, el quejoso reclama la negativa de los Jueces de control (señalados como responsable) de permitir el acceso a la carpeta judicial ********************. En ese sentido, de las constancias relativas a la indagatoria referida, se observa que la carpeta judicial se originó con motivo de los actos de investigación solicitados por el agente del ministerio público al Juez de control. Por ende, se destaca que el expediente de origen se encuentra en etapa de investigación en su fase inicial. De lo anterior, se evidencia que los Jueces de control señalados como responsables intervinieron en la investigación en términos del artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 2/2022, determinó lo siguiente: El reconocimiento a las personas imputadas del derecho de acceso a la carpeta de investigación, con la finalidad de que puedan preparar de mejor forma su defensa. Derecho fundamentado en los artículos 20, apartado B, fracciones VI y VII, de la Constitución Federal, 113, fracción VIII, y el 117, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. La importancia toral que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial. Por ende, la facultad del Ministerio Público de guardar en secrecía los registros de la carpeta de investigación a toda persona, con la finalidad de que no se ponga en riesgo el éxito de las indagatorias. Definió que la carpeta de investigación debe conservarse en reserva hasta tanto el Ministerio Público no ejecute un acto de molestia concreto en contra de una persona. Dichos actos de molestia pueden ser: a) Detención; b) Citación a comparecer en carácter de imputado; c) Cualquier acto de molestia encaminado a recabar su entrevista; d) Cualquier acto de molestia equivalente a los mencionados (restrictivo de la libertad). En el caso de que se actualice alguno de los supuestos anteriores, se entenderá que la persona tendrá un derecho jurídicamente relevante para efectos de la promoción del juicio de amparo, pues podrá obtener registros de la carpeta de investigación. Arribó a la conclusión de que, al encontrarse en la hipótesis en que una persona concurra al amparo a reclamar la negativa de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero no ha sido detenida, llamada a comparecer o cualquier otro acto equivalente de autoridad que genere molestia, y únicamente pretende basar su acción en una referencia de temor o sospecha de ser investigado; entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo indirecto, de conformidad con los artículos 5, fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. Lo cual encuentra justificación en el hecho de que la promoción del amparo se basa a partir de un interés simple, pues no existe en ese momento un derecho subjetivo a favor del quejoso. Bajo esas circunstancias, en términos de lo dispuesto en el artículo 225 de la Ley de Amparo, la Primera Sala del Alto Tribunal de Justicia en el país estableció el criterio jurisprudencial 1a./J.95/2022 (11a.), del rubro y tesis siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. Hechos: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. Justificación: Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa". En ese contexto, el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correspondencia con el diverso 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen una restricción de acceso a los registros de la investigación para el indiciado y su defensa, la cual está supeditada a hipótesis específicas, a saber: 1) Cuando se encuentra detenido; 2) Se pretenda recabar su declaración; 3) Sea citado para comparecer ante la autoridad judicial; y, 4) Cuando sea sujeto de un acto de molestia equivalente a los mencionados, esto es, restrictivo de la libertad. A partir de tales momentos la persona investigada y su defensa pueden tener acceso a los registros de la carpeta de investigación. Supuestos que en el caso no se actualizan, pues de las actuaciones que obran en el amparo así como de aquellas resguardadas bajo sigilo, no se observa que el quejoso se encuentre detenido, tampoco que se pretenda recabar su declaración, además, no se desprende la emisión de alguna orden de citación para comparecer ante la autoridad judicial, ni que se encuentre sujeto a un acto de molestia equivalente, el cual restrinja su libertad. En suma, tampoco se advierte que el solicitante de amparo tenga el carácter de imputado, pues como se estableció en párrafos que anteceden, la carpeta judicial ******************** fue originada con motivo de los actos de investigación solicitados por la representación social al Juez de control; por tanto, la investigación no se encuentra judicializada. Entonces, la sola circunstancia de estar siendo investigado dentro de una carpeta de investigación en su fase inicial, es insuficiente para considerar que una persona haya adquirido la calidad de imputada y, por ende, otorgar el acceso a los registros de la indagatoria. De ahí que no se verifiquen los supuestos establecidos por los artículos 113, fracción VIII y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre esa base, resulta claro que si el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo sólo se actualiza cuando el acto de autoridad reclamado produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; en el caso, no existe una afectación al interés jurídico del promovente, pues no se observa la existencia de un acto de molestia concreto que restrinja su libertad personal, toda vez que el quejoso no se encuentra detenido, tampoco se advierte la pretensión de recabar su declaración, ni media citación alguna para comparecer ante autoridad judicial; incluso, tampoco se evidencia un acto de molestia equivalente a los mencionados, por lo que resulta incuestionable que ostenta un interés simple, lo cual hace improcedente el juicio de amparo. Máxime que no obra prueba tendente a demostrar que la carpeta de investigación se encuentra judicializada; además, se deduce que la representación social se encuentra recabando datos de prueba para determinar lo relativo al ejercicio o no de la acción penal, lo cual en caso de actualizarse, sería lo que probablemente causaría afectación a la esfera jurídica del solicitante de amparo. Sin que la suscrita juzgadora inobserve la indicación del quejoso consistente en que dentro de la carpeta judicial ******************** se originó el aseguramiento de sus cuentas bancarias, pues dicho acto fue materia del diverso juicio de amparo 501/2021 del índice de este órgano jurisdiccional. Sin que constituya un acto de molestia equivalente a una detención, orden de comparecencia o acto encaminado a recabar la entrevista del posible responsable. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia referida se sobresee en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando tercero y quinto de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe hasta hoy veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en que así lo permitieron las labores de este Juzgado Federal.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos jurídicos conducentes, el oficio signado por el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Ciudad de México, mediante el cual en cumplimiento al auto de veintiocho de agosto del presente año, remite las constancias de la carpeta judicial 012/0607/2021, por lo que se resguarda con carácter confidencial, en sobre cerrado bajo sigilo; el cual se prescinde de su digitalización en el expediente electrónico. Lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual dispone en el artículo 22 último párrafo, que la digitalización de pruebas, poderes, valores y garantías diversas quedará al arbitrio del juzgador, pudiéndose en su caso, incluir una certificación en el expediente electrónico que dé cuenta de éstas e incluya una fotografía o imagen del objeto en cuestión. En relación con las pruebas que ofrece la responsable, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las mismas, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Por tanto, téngase por cumplido el requerimiento formulado en autos, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el telegrama enviado por el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Doce, por medio del cual, en atención al requerimiento de veintidós de agosto del presente año, informa que remite las constancias solicitadas, las cuales hará llegar a través de la mensajería Correos de México; lo que se toma del conocimiento y se agrega a los autos para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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