Cesar Martínez Ramila
Expediente 855/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 855/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Cesar Martínez Ramila
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el auto de veintitrés de septiembre de la presente anualidad, en el que se desechó de plano la demanda interpuesta por César Martínez Rámila, no fue recurrido por la parte promovente, y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el asunto como totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse desechado de plano la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá para tal efecto, con posterioridad al TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. Ahora, de conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se realizará con posterioridad al TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por César Martínez Rámila, contra actos reclamados a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, con sede en esta ciudad y otra autoridad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 855/2019. Al respecto, se acuerda: ACTOS RECLAMADOS. En el caso, los actos reclamados por el impetrante de amparo a las autoridades responsables, son los siguientes: La posible consignación de la carpeta de investigación 1/DXI/FE/2375/2018/FO, del índice de Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, con sede en esta ciudad. 2. La posible orden de aprehensión que se gire en su contra. De lo expuesto, se desprende que el promovente reclama actos que se encuentran desvinculados entre sí, como a continuación se expondrá. Por una parte, reclama conductas relativas a la integración de una carpeta de investigación: 1. La posible consignación de la carpeta de investigación 1/DXI/FE/2375/2018/FO, del índice de Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, con sede en esta ciudad. Por otro lado, reclama un acto jurisdiccional que pone en riesgo su libertad personal: 2. La posible orden de aprehensión que se gire en su contra. SEPARACIÓN DE JUICIOS. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Amparo, de oficio es procedente la separación material de juicios, a fin de que el acto reclamado precisado en el número 1, se estudie por separado respecto del diverso indicado en el punto 2, a fin de garantizar los principios de exhaustividad y legalidad en el dictado de la sentencia que en su momento pudiera emitirse en el juicio de amparo que corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 76/97, sustentada por el Más Alto Tribunal de Justicia de la Nación, que dice: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." Por tanto, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento en el presente juicio de amparo, únicamente por cuanto al acto reclamado puntualizado con el número 1, consistentes en: 1. La posible consignación de la carpeta de investigación 1/DXI/FE/2375/2018/FO, del índice de Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, con sede en esta ciudad. Y respecto del diverso acto reclamado, consistente en: 2. La posible orden de aprehensión que se gire en su contra. Gírese atento oficio a la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para que le dé el trámite correspondiente a la referida separación. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la jurisprudencial P./J. 78/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia." Ahora, como se anticipó, enseguida se realizará pronunciamiento respecto al acto reclamado puntualizado con el número 1, consistente en: La posible consignación de la carpeta de investigación 1/DXI/FE/2375/2018/FO, del índice de Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, con sede en esta ciudad. En principio conviene destacar que los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite, para ello deberá examinar el escrito de demanda con la finalidad de advertir si existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de ser el caso, se desechará de plano la demanda de amparo, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Sobre el tema, cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En ese tenor, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, así como la diversa que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo citado, con los diversos 5°, fracción I, primer párrafo y 6° todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Ley de Amparo Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los preceptos legales transcritos se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido y normas generales), que se sigue siempre a instancia de parte agraviada; es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo la parte a quien afecte el acto o la norma general reclamados. Por otra parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." La interpretación del precepto constitucional invocado permite establecer que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, así como que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; por tanto, el requisito de procedencia del amparo consiste en que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo y que ese interés se vea agraviado. Ahora, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País ha establecido que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. En relación con lo anterior, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. En el caso, la promovente de amparo señala como acto reclamado el siguiente: 1. La posible consignación de la carpeta de investigación 1/DXI/FE/2375/2018/FO, del índice de Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, con sede en esta ciudad. Sin embargo, a consideración del suscrito, el acto que por esta vía combate el promovente César Martínez Rámila, no le irrogan ningún agravio actual y real, por las razones siguientes: El artículo 21 de la Constitución Federal, que hace referencia a las facultades de investigación que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la primera fase del procedimiento penal, en su texto anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, disponía en la parte inicial de su primer párrafo que: "La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato." La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar esa porción normativa en la ejecutoria de la que deriva la jurisprudencia 1a./J. 154/2005, consideró lo siguiente: Que el Ministerio Público puede definirse como aquella organización de funcionarios que tanto a nivel federal como local tienen la encomienda de representar los intereses sociales en diversos procesos, y cuya actividad fundamental consiste en provocar el ejercicio de la jurisdicción para que se subsanen los daños que como consecuencia de diversas conductas haya resentido la sociedad. Que la averiguación previa constituye medularmente una investigación a través de la cual la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el Juez con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito y tradicionalmente se ha considerado que uno de los principios que de manera medular rige a dicho procedimiento es el de "sigilo". Que el Alto Tribunal de Justicia en el País, ya ha sostenido el criterio de que, por regla general, la integración de la averiguación previa no es susceptible de control constitucional, porque al desconocerse cuál será el resultado de ese procedimiento, entonces su trámite, por lo general, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional, la cual se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; Que estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al representante social, anteponiendo el interés particular al de la sociedad, y Que siendo así, la omisión de esa autoridad de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa no constituye un acto de imposible reparación que pueda ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, puesto que tal declaración no constituye un requisito indispensable para que se integre aquélla, ya que el artículo 21 de la Constitución Federal no lo dispone de tal forma y, en todo caso, constituye un elemento más de prueba que puede tener en cuenta el Ministerio Público para efectos de la integración de la averiguación previa correspondiente, en ejercicio de la facultad que le concede la propia Carta Magna. De esas consideraciones se advierte que el motivo fundamental por el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimó que el juicio de amparo indirecto resultaba improcedente en contra de la omisión del fiscal de citar a un indiciado para que declare en la etapa de averiguación previa, consistió en que tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así. Esas mismas razones, puede trasladarse al caso en estudio, en el que esencialmente se reclama la posible consignación de la carpeta de investigación 1/DXI/FE/2375/2018/FO, del índice de Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, con sede en esta ciudad, así como todas las actuaciones que se realicen para tal fin y la determinación que en su caso pudiera emitirse en la misma, esto es, dentro de un asunto de corte acusatorio penal, pues el precepto constitucional analizado por nuestro Supremo Tribunal Constitucional -antes de las reformas en cita- no lo contemplaba, y tampoco lo hace después de las mismas, ya que en la actualidad sus primeros dos párrafos -relativos también a las facultades de investigador que se le siguen confiriendo al Ministerio Público-, dispone expresamente lo siguiente: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial." Además, no existe otro precepto constitucional que constriña al representante social a notificarle al indiciado la citada integración o existencia de la carpeta de investigación seguida en su contra, ni la obligación de hacerlo comparecer a la misma. En ese contexto, la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial, y por otro, que es facultad y obligación del Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos, contando para ello con el auxilio de una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. En efecto, el artículo 21 de la Constitución Política del país, faculta y obliga al Ministerio Público a investigar los delitos, contando con las facultades que la ley le concede para tal fin, y cuya finalidad fundamental consiste en provocar el ejercicio de la jurisdicción para que se subsanen los daños que como consecuencia de diversas conductas haya resentido la sociedad. Asimismo, resulta importante tener presente que a través de la carpeta de investigación, la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el Juez con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito. Es decir, dicho procedimiento constituye el instrumento con el que cuenta en exclusiva el órgano acusador para construir, adecuadamente, casos penales. Aunado a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que la revisión -a través del juicio de amparo indirecto- de los actos acaecidos durante la investigación de algún delito, es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones que se otorgan al Ministerio Público en el artículo 21 de la Constitución Federal. Criterio que se sustenta en la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA. SU TRÁMITE, GENERALMENTE, NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. La averiguación previa consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional; sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos dentro de una averiguación previa sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control." Sobre el particular, es ilustrativa por su contenido la tesis aislada número 1a. CXXXV/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se cita enseguida: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." En este contexto, el acto que por esta vía combate el promovente, en esencia se trata de actuaciones del Ministerio Público dentro de las atribuciones que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, investigar los delitos, la cual está reconocida en el artículo 21 de dicho ordenamiento. Ahora bien, se considera que ni la Constitución Federal ni la normatividad secundaria confieren a los indiciados el derecho de oponerse al inicio o continuación de una investigación delictuosa, aun cuando ellos sean considerados como los probables responsables de ciertos ilícitos, resulta justificable la inexistencia de ese derecho, pues considerar su existencia sería tanto como anteponer el interés particular de un probable responsable al interés de la sociedad en la investigación de los delitos. De este modo, se advierte que cuando se ordena se llevan a cabo actos tendentes a la investigación, tales como el desahogo de diversos medios probatorios, la autoridad está actuando en el ámbito de sus atribuciones, de tal modo que al indiciado (a) no se le causa un perjuicio de índole jurídico. En el caso a estudio, se advierte que el acto cuya impugnación se cuestiona, implica el ejercicio de las funciones de los fiscales, las cuales es relevante preservar, por mandato constitucional, de tal modo que no se actualiza un interés de índole jurídico en beneficio del indiciado, sino sólo y en el mejor de los casos, de carácter simple. De ahí que, en su caso, se materializará el perjuicio personal y directo hasta el momento en que el juez penal del conocimiento se pronuncie sobre si resulta procedente librar la respectiva orden de aprehensión, citación o comparecencia en su contra, pues estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de fundamento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.154/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así." Así mismo, la tesis II.2o.P.50P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta el viernes veinte de Octubre de dos mil diecisiete, de rubro y texto siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL HECHO DE QUE ESA REPRESENTACIÓN SOCIAL ACUERDE SOBRE LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA O CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EJERCITA LA ACCIÓN PENAL Y SOLICITA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O AUDIENCIA PARA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. La representación social puede solicitar la orden de aprehensión o citación, pero contra tal acto, el amparo es improcedente, porque si bien el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o, en su caso, una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que está facultado para realizar aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, lo cierto es que el desahogo de diligencias para ese fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde la Octava Época, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que no acontece al tratarse de solicitudes ante el órgano judicial respectivo. Por tanto, resulta igualmente improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación previa o carpeta de investigación, y ejercita la acción penal, pues es al Juez del proceso a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso, porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función a su cargo, lo cual es de orden público e interés social, y consiste en la práctica de diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, como la consignación en sí y solicitar la orden de aprehensión o petición correspondiente; todo lo cual no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, revisten el carácter de actos de interés público como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse, por sí mismos, como generadores de afectar el interés jurídico del quejoso, pues no existe algún derecho particular oponible al interés general relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a una investigación judicializada, máxime que en este último caso, conforme al sistema acusatorio, el Ministerio Público, en cuanto a dicha solicitud, pierde, incluso, el carácter de autoridad, el juicio de amparo es improcedente." De igual forma, la tesis II.2o.P.51P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta el viernes veinte de Octubre de dos mil diecisiete, de rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente" Aunado a que el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: (.) III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma; IV. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que tenga noticia del mismo, así como cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos para su preservación y procesamiento; V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación; (.) VII. Ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de actos de investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las que dichas autoridades hubieren practicado (.)" De lo anterior, se advierte que el Ministerio Público, entre otras obligaciones, tiene las de iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones, así como para las del órgano jurisdiccional, recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito, la cuantificación del mismo, para los efectos de su reparación, así como requerir informes o documentación a otras autoridades o incluso a particulares; de igual forma solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba. En ese contexto, el acto que se reclama en esta vía, no causa un perjuicio real y actual al aquí promovente, toda vez que se trata de actuaciones dentro de la carpeta de investigación que se le pudiera estar integrando, ello en ejercicio de las funciones del Ministerio Público las cuales son de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional; lo anterior, porque dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, es decir, si se ejercitará o no la acción penal, momento en el cual real y efectivamente, en su caso, se afectaría la esfera jurídica de la impetrante del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." En consecuencia, al actualizarse la referida causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracciones XII, así como la diversa que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo antes citado, con los diversos 5°, fracción I, primer párrafo y 6° de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Carta Magna; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo que procede es desechar la demanda de amparo intentada por César Martínez Rámila. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el señalado por el quejoso en su escrito de demanda y por autorizado con la restricción que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ciro Martínez Trejo, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no cuenta con el registro correspondiente en el citado sistema, ni tampoco la parte quejosa acreditó que éste cuente con dicho documento. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la quejosa.
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