Cesar Martínez Avila
Expediente 1560/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 34 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1560/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 08/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Cesar Martínez Avila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; ocho de febrero de dos mil veintidós. Reanudación. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de conformidad con lo establecido en el oficio SECNO/STCCNO/29/2022 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en las cuales se estableció -entre otras situaciones-, la suspensión, prórroga, modificación y reanudación de los plazos de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y por consecuencia, la reactivación de los términos procesales; en el entendido que la última de las mencionadas es la vigente, por lo cual, se regresa al esquema de trabajo en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es depurable, salvo la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, y el proveído en que se ordena su archivo como asunto concluido, mismos que deberán conservarse en términos del numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos, del cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por el Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, sin que lo hiciera; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración, en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo que se otorga. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional se concede para los efectos de que la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, por sí o a través de la Administración Local de Recaudación de Torreón, Coahuila de Zaragoza: 1. Desincorpore de la esfera jurídica del contribuyente, en lo presente y en lo futuro, los artículos 79, fracción II y 79-A, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los diversos 13 y 15 del "Decreto por el que se crea un fondo para otorgar estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales a través de certificados de promoción fiscal." 2. Devuelva al quejoso, las cantidades totales que enteró por los conceptos de "COMPRA-VENTA" y "ARTÍCULO 79-A LHE", así como los de "FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y DE LA SEGURIDAD" e "IMPUESTO ADICIONAL", según se desprenden del recibo digital de pago con número de referencia 758922044, de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, que anexó a su demanda, por sustentarse en un ordenamiento que se ha declarado inconstitucional. Lo anterior no obstante que la Administración Fiscal General citada no haya sido señalada como autoridad responsable en el presente juicio de amparo, porque es a dicha dependencia, en términos de los artículos 2 y 6, fracciones I y XXXVIII, de la Ley de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, a quien compete, entre otros asuntos, la recaudación de los derechos por servicios que se establezcan por el Estado, así como autorizar la devolución de cantidades pagadas indebidamente por el contribuyente". Impugnación. Inconforme con la sentencia, las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, interpusieron recurso de revisión, del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, el cual modificó la sentencia recurrida, para quedar como sigue: "PRIMERO. QUEDA FIRME por falta de impugnación el sobreseimiento respecto del cobro contenido en el recibo de pago número 758922044, atribuido al Administrador Local de Recaudación de Torreón, Coahuila de Zaragoza; también de la aplicación de los artículos 79-B, 82, fracción IV, 82-A y 82-B de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 12 y 14 del "Decreto por el que se crea un fondo para otorgar estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales a través de certificados de promoción fiscal, que se atribuyen al Administrador Local de Recaudación de Torreón, Coahuila de Zaragoza; así como los actos que consisten en los artículos 12 y 14 del "Decreto por el que se crea un fondo para otorgar estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales a través de certificados de promoción fiscal" con base en los considerandos terceo y quinto, inciso a) de la sentencia recurrida. SEGUNDO. En la materia de revisión, se modifica la sentencia que se revisa. TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto por César Martínez Ávila, en contra de los actos de aplicación atribuidos al Administrador Local de Recaudación de Torreón, Coahuila de Zaragoza que consisten en el acto de aplicación de los artículos 79, fracción II y 79-A, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los diversos 13 y 15 del "Decreto por el que se crea un fondo para otorgar estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales a través de certificados de promoción fiscal", comprendidos en el recibo de pago número 758922044, de fecha dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, por los fundamentos y motivos contenidos en el considerando quinto de la presente ejecutoria. CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a César Martínez Ávila, respecto de los actos y autoridades precisadas en el resultando primero de la sentencia recurrida, en relación con los numerales 79, fracción II, y 79-A, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y los artículos 13 y 15 del Decreto por el que se crea un fondo para otorgar estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales a través de certificados de promoción fiscal, en términos del considerando sexto y en los términos precisados en el considerando séptimo, ambos de la sentencia recurrida ". Tan pronto fue recibida la citada ejecutoria, el veintinueve de abril de dos mil diecinueve se requirió el cumplimiento respectivo. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hubieren sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. Este juzgado estima que, en el caso, se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales gozan de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que esa autoridad recaudadora desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales y realizó la devolución del pago erogado mediante el recibo oficial 758922044, por la cantidad de $25,901.00 (veinticinco mil novecientos un pesos 00/100 moneda nacional), e informó que puso a disposición del quejoso el cheque número 23512, de la institución bancaria denominada Banorte, por la cantidad antes referida. Vista con cumplimiento. Con las constancias acordadas remitidas, en proveídos de dieciséis de febrero, veintitrés de marzo, diez de agosto y treinta de septiembre año en curso, se dio vista a la parte quejosa. Desahogo de la vista. Sin que la parte quejosa hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias existentes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que, en el caso, se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable informó que en cumplimiento al fallo protector, desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales y realizó la devolución del pago erogado mediante el recibo oficial 758922044, por la cantidad de $25,901.00 (veinticinco mil novecientos un pesos pesos 00/100 moneda nacional), e informó que el referido título se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas de esa dependencia. De ahí que, si el quejoso a la fecha no ha comparecido a recibir el aludido documento, en nada interfiere con el cumplimiento del fallo protector, toda vez que la responsable ha cumplido con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo. Apoyo lo expuesto, la tesis aislada clave III.3o.A.52 A, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXI, mayo de 2005, página 1455, que señala lo siguiente: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado". Vista a las partes. Por lo anterior, no hay duda que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo; por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, asistido del licenciado Francisco Javier Ibarra Rivera, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA:Estado de autos. Visto el estado de autos, del cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por el Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, sin que lo hiciera; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración, en su caso, las constancias que obran en autos. Efectos de la sentencia. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo que se otorga. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional se concede para los efectos de que la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, por sí o a través de la Administración Local de Recaudación de Torreón, Coahuila de Zaragoza: 1. Desincorpore de la esfera jurídica del contribuyente, en lo presente y en lo futuro, los artículos 79, fracción II y 79-A, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los diversos 13 y 15 del "Decreto por el que se crea un fondo para otorgar estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales a través de certificados de promoción fiscal." 2. Devuelva al quejoso, las cantidades totales que enteró por los conceptos de "COMPRA-VENTA" y "ARTÍCULO 79-A LHE", así como los de "FOMENTO A LA EDUCACIÓN Y DE LA SEGURIDAD" e "IMPUESTO ADICIONAL", según se desprenden del recibo digital de pago con número de referencia 758922044, de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, que anexó a su demanda, por sustentarse en un ordenamiento que se ha declarado inconstitucional. Lo anterior no obstante que la Administración Fiscal General citada no haya sido señalada como autoridad responsable en el presente juicio de amparo, porque es a dicha dependencia, en términos de los artículos 2 y 6, fracciones I y XXXVIII, de la Ley de la Administración Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, a quien compete, entre otros asuntos, la recaudación de los derechos por servicios que se establezcan por el Estado, así como autorizar la devolución de cantidades pagadas indebidamente por el contribuyente". Impugnación. Inconforme con la sentencia, las autoridades responsables Congreso y Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, interpusieron recurso de revisión, del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, el cual modificó la sentencia recurrida, para quedar como sigue: "PRIMERO. QUEDA FIRME por falta de impugnación el sobreseimiento respecto del cobro contenido en el recibo de pago número 758922044, atribuido al Administrador Local de Recaudación de Torreón, Coahuila de Zaragoza; también de la aplicación de los artículos 79-B, 82, fracción IV, 82-A y 82-B de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 12 y 14 del "Decreto por el que se crea un fondo para otorgar estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales a través de certificados de promoción fiscal, que se atribuyen al Administrador Local de Recaudación de Torreón, Coahuila de Zaragoza; así como los actos que consisten en los artículos 12 y 14 del "Decreto por el que se crea un fondo para otorgar estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales a través de certificados de promoción fiscal" con base en los considerandos terceo y quinto, inciso a) de la sentencia recurrida. SEGUNDO. En la materia de revisión, se modifica la sentencia que se revisa. TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto por César Martínez Ávila, en contra de los actos de aplicación atribuidos al Administrador Local de Recaudación de Torreón, Coahuila de Zaragoza que consisten en el acto de aplicación de los artículos 79, fracción II y 79-A, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los diversos 13 y 15 del "Decreto por el que se crea un fondo para otorgar estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales a través de certificados de promoción fiscal", comprendidos en el recibo de pago número 758922044, de fecha dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, por los fundamentos y motivos contenidos en el considerando quinto de la presente ejecutoria. CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a César Martínez Ávila, respecto de los actos y autoridades precisadas en el resultando primero de la sentencia recurrida, en relación con los numerales 79, fracción II, y 79-A, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y los artículos 13 y 15 del Decreto por el que se crea un fondo para otorgar estímulos fiscales en materia de contribuciones estatales a través de certificados de promoción fiscal, en términos del considerando sexto y en los términos precisados en el considerando séptimo, ambos de la sentencia recurrida ". Tan pronto fue recibida la citada ejecutoria, el veintinueve de abril de dos mil diecinueve se requirió el cumplimiento respectivo. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hubieren sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Análisis de las constancias. Este juzgado estima que, en el caso, se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales gozan de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que esa autoridad recaudadora desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales y realizó la devolución del pago erogado mediante el recibo oficial 758922044, por la cantidad de $25,901.00 (veinticinco mil novecientos un pesos 00/100 moneda nacional), e informó que puso a disposición del quejoso el cheque número 23512, de la institución bancaria denominada Banorte, por la cantidad antes referida. Vista con cumplimiento. Con las constancias acordadas remitidas, en proveídos de dieciséis de febrero, veintitrés de marzo, diez de agosto y treinta de septiembre año en curso, se dio vista a la parte quejosa. Desahogo de la vista. Sin que la parte quejosa hubiere hecho manifestación alguna al respecto. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias existentes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que, en el caso, se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable informó que en cumplimiento al fallo protector, desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos tildados de inconstitucionales y realizó la devolución del pago erogado mediante el recibo oficial 758922044, por la cantidad de $25,901.00 (veinticinco mil novecientos un pesos pesos 00/100 moneda nacional), e informó que el referido título se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas de esa dependencia. De ahí que, si el quejoso a la fecha no ha comparecido a recibir el aludido documento, en nada interfiere con el cumplimiento del fallo protector, toda vez que la responsable ha cumplido con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo. Apoyo lo expuesto, la tesis aislada clave III.3o.A.52 A, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXI, mayo de 2005, página 1455, que señala lo siguiente: "DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. CUANDO DERIVA DE UNA SENTENCIA DE AMPARO, BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORME QUE EL QUEJOSO PODRÁ HACER EFECTIVO EL COBRO Y LO ACREDITE CON LAS CONSTANCIAS RELATIVAS PARA QUE AQUÉLLA SE CONSIDERE CUMPLIDA. Si en una ejecutoria de amparo se declara la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2003, y en virtud de ello se ordena la devolución del pago del gravamen realizado en forma indebida, el Juez debe tener por cumplida la sentencia de amparo si la responsable le manifiesta que el quejoso podrá hacer efectivo el cobro porque ya fue emitido el cheque; informa el número de registro y control (con el cual se podrá cobrar el pago de lo indebido); notifica todo esto al promovente, y además en autos obran las constancias que acreditan todo lo anterior, ya que sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por concepto del impuesto reclamado". Vista a las partes. Por lo anterior, no hay duda que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo; por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no se ha informado a este juzgado si la parte quejosa ya recibió el cheque expedido en su favor por la autoridad responsable. Requerimiento. Atento a lo anterior, requiérase a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación de este auto, informe las gestiones realizadas a fin de entregar el cheque en mención a la parte quejosa, y en su caso, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
Quedan 30 actuaciones en este expediente
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