César Marrón Luna

Expediente 1492/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1492/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
06/06/2018

Partes del expediente

  • César Marrón Luna

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, seis de junio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: se tiene por recibido el escrito que remite vía electrónica Alejandro Cárdenas Enríquez, autorizado por la parte quejosa en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo (foja 124), el que atento a la certificación de cuenta, fue recibido el catorce de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la resolución interlocutoria pronunciada el dos de marzo de dos mil dieciocho (fojas 275 a 285); luego, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 81, fracción I, inciso a), 86 y 88 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentren notificadas la totalidad de las partes de este proveído, se remitirá el escrito original de expresión de agravios, copia del mismo para la representación social y los autos originales del incidente de suspensión que nos ocupa al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso que se hace valer. Lo anterior, de conformidad con lo que dispone la jurisprudencia 2a./J.116/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 306, Tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO" Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco; ante el Secretario Miguel Ángel Herrera Valdez quien autoriza y da fe, y certifica: que al día de hoy, el expediente electrónico de este asunto coincide en su integridad con el expediente impreso. LAPT/MAHV/jlm.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que aún no obra en autos el despacho 8/2018 orden 14/2018, girado en proveído de veinticinco de enero de dos mil dieciocho (fojas 38 a 41), al Juzgado Menor de Ojuelos del Tercer Partido Judicial, con sede en Municipio de Ojuelos, Jalisco, a fin de llevar a cabo el emplazamiento de los terceros interesados Gilberto Cardona Aguiñaga, Bernardo Herrera Cardona y Francisco Cuellar Pérez, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal, a la presente controversia constitucional, sin que a la fecha se tenga noticia de su diligencia. En consecuencia, requiérase vía mensajería acelerada al Juzgado Menor del Tercer Partido Judicial, con sede en el Municipio de Ojuelos, Jalisco, a efecto de que dentro del término de tres días, legalmente computados, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, informe el tratamiento dado al despacho 8/2018 orden 14/2018 de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho. Lo anterior es con el apercibimiento que de incumplir, o de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Por tanto, se ordena diferir la audiencia señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL SEIS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante el secretario Hilario Nuñez Arvizu quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/HNA/msm

  3. Principal

    RAZÓN POR AVISO PRAL: En Zapopan, Jalisco, siendo las nueve horas del veintidós de mayo de dos mil dieciocho, atento a lo manifestado en la razón que antecede y toda vez que la parte quejosa Ismael Velasco Morales o alguno sus autorizados, dentro de los dos días hábiles siguientes, no acudieron a notificarse a las instalaciones del órgano jurisdiccional de mi adscripción, como lo previene el artículo 27, fracción I, inciso c) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por medio de lista y por lista en la página electrónica http://www.servicioenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea, el contenido del auto pronunciado el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, para conocimiento de la parte interesada, mismo que dice: Visto lo de cuenta, se advierte que en acuerdo de veintisiete de abril de dos mil dieciocho (foja 48), se dio vista a la parte quejosa con las constancias aportadas por la responsable, en cumplimiento al fallo protector, por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que obren en autos. Dicho acuerdo le fue notificado el treinta de abril de dos mil dieciocho (foja 49), lo que se aprecia de la constancia de notificación correspondiente, sin que desahogara dicha vista. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Mediante sentencia de veinte de marzo de dos mil dieciocho, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes:  "Dicte la interlocutoria correspondiente a la planilla de liquidación de laudo en el expediente laboral 312/2014/1 de su índice, lo cual deberá de realizar con plenitud de jurisdicción." Mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho (fojas 29 y 30), se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió a la responsable por el cumplimiento al fallo protector. Luego, en proveído de veintisiete de abril de dos mil dieciocho (foja 48), se dio vista a la parte quejosa con el comunicado remitido por la responsable, al que acompañó copia certificada de la resolución correspondiente al incidente de liquidación de planilla emitida el veinticuatro de abril del año que corre, dentro del juicio laboral 312/2017-I de su índice, cumpliendo así con lo exigido en la sentencia dictada en autos. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Por lo tanto, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, se estima que la responsable en el presente expediente, acató el fallo protector en su totalidad, sin excesos ni defectos, lo que se demuestra con las documentales señaladas con anterioridad. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del arábigo 196, en correlación con el 214 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. En virtud de que el presente asunto no encuadra en ninguna de las hipótesis de destrucción previstas en alguno de los supuestos del Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente; este órgano jurisdiccional considera, que el presente juicio de garantías es susceptible de depuración, en virtud de que en él, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; asimismo, es preciso señalar que el presente asunto no es de relevancia documental. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante el secretario Hilario Núñez Arvizu quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/HNA/msm

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del incidente de liquidación para el cumplimiento de la ejecutoria dictada dentro del juicio de amparo 2296/2016-II; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Por escrito presentado el quince de octubre de dos mil quince (foja 1), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, César Murillo Méndez, por su propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y por los actos que precisó en su escrito de demanda. SEGUNDO. La demanda de amparo indirecto de que se trata fue turnada a este Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a la que se asignó el número 2296/2015, la que se admitió en proveído de dieciséis de octubre de dos mil quince (fojas 40 y 41). Tramitado que fue el juicio de garantías de referencia por su cauce legal, en su oportunidad se celebró la audiencia constitucional, (veintiocho de enero de dos mil dieciséis, foja 170). El diecisiete de marzo de dos mil dieciséis (fojas 171 a 192), se dictó la sentencia correspondiente que concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por César Murillo Méndez, respecto de los actos y autoridades indicados en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos ahí señalados. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a César Murillo Méndez, en contra del acuerdo de catorce de septiembre de dos mil quince, que decretó la separación del servicio del quejoso como policía segundo adscrito a la Comisaría General de Seguridad Pública del Estado, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, así como respecto de su ejecución; por los razonamientos y para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia" TERCERO. Inconforme con tal resolución por auto de diecinueve de abril de dos mil dieciséis (foja 334), se tuvo a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, promoviendo recurso de revisión en su contra; medio de impugnación del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; quien por ejecutoria de once de octubre de dos mil dieciséis (fojas 368 a 375), lo resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos reclamado consistentes en los oficios FGE/FC/1234/2015 y CESP/CEEECC/RI/NA/1791/2012, suscritos por el Fiscal Central y Enlace Institucional de la Fiscalía General del Estado y por el Director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Jalisco, respectivamente. TERCERO. La justicia de la unión ampara y protege a César Murillo Méndez, en contra del acuerdo de catorce de septiembre de dos mil quince que decretó la separación del servicio del quejoso, como policía segundo adscrito a la Comisaría General de Seguridad Pública del Estado, dependiente de la Fiscalía Genera del Estado de Jalisco, por las razones y para los efectos precisados en la parte final del último considerando del presente fallo." Así las cosas por auto de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis (foja 376), se recibió el testimonio de dicha resolución y se requirió a las autoridades responsables por el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la cual se concedió para los siguientes efectos: ".que se le pague al quejoso la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho conforme a lo previsto por el artículo 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, por ser la ley especial que rige la relación jurídico-administrativa, así como la Jurisprudencia 2a./J. 103/2012 (10 a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1517 del "Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2" del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: [se transcribe]" CUARTO. Dentro del trámite de ejecución, la Fiscalía General del Estado de Jalisco, por conducto de su delegado, remitió un oficio, al cual adjuntó su planilla de liquidación (fojas 401 a 412); sin embargo, a la vez, a través de dicho comunicado solicitó el trámite del incidente de liquidación respectivo a fin de que se determine la cantidad que le corresponde pagara al quejoso por su indemnización. El citado comunicado se recibió en auto de treinta de diciembre de dos mil dieciséis (foja 411), en el que se determinó dar trámite a la incidencia propuesta; se ordenó dar vista a las partes a efecto de que se manifestaran al respecto, desahogando la vista tanto la autoridad responsable, mediante oficio presentado en este juzgado el nueve de enero de dos mil diecisiete (fojas 414 a 415 bis), en el cual reiteró su propuesta de liquidación, mientras que la parte quejosa realizó lo propio mediante el escrito presentado el diez de enero siguiente, por el cual formuló su planilla de liquidación (fojas 423 a 428). Se recabaron las pruebas que se estimaron necesarias para la substanciación del incidente de mérito; se señaló data y hora para el verificativo de la audiencia de alegatos, la cual, se difirió en diversas ocasiones y finalmente, tuvo verificativo el tres de mayo de dos mil quince (foja 603 a 604). C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para resolver el incidente de liquidación para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por ser quien conoció del juicio de garantías del cual se origina la incidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 192 de la Ley de Amparo; 358 a 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a las Ley de Amparo y la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 166, Tomo XII, julio de dos mil, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO SU CUMPLIMIENTO REQUIERE EL PAGO DE UNA CANTIDAD CUYO MONTO NO FUE DETERMINADO EN ELLAS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ABRIR UN INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN PARA CUANTIFICARLO. Hay casos en que para el cumplimiento del fallo constitucional se tiene que pagar al accionante del amparo una cantidad cuyo monto no se determinó en la sentencia respectiva, como acontece, entre otros casos, cuando el peticionario del juicio de garantías deba ser indemnizado por la afectación que sufrió el predio de su propiedad en virtud del acto reclamado; cuando el Tribunal Fiscal de la Federación ordena incrementar la pensión jubilatoria del quejoso; cuando se declara inconstitucional una ley tributaria y, como consecuencia de ello, se ordena a la autoridad responsable devolver los pagos realizados por la contribución respectiva, durante el lapso que estuvo en vigor la ley reclamada, y cuando en acatamiento de la protección constitucional se deba reinstalar al servidor público en su empleo y pagarle las percepciones que dejó de recibir durante el tiempo que estuvo separado de él. En estos casos puede suceder que exista controversia sobre el monto que debe pagarse al accionante del amparo y que el Juez de Distrito carezca de elementos para determinar con certeza, cuál es el correcto. En tales circunstancias, dicho juzgador, ciñéndose a los lineamientos señalados por los artículos 358 al 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2o., debe abrir un incidente de liquidación, en el que las partes interesadas estén en aptitud de probar sus pretensiones respecto al monto de las cantidades que se deban pagar al quejoso en acatamiento del fallo protector y, una vez que se desahoguen las pruebas ofrecidas por aquéllas y además aleguen lo que a sus intereses convenga, el Juez precitado debe dictar la resolución correspondiente, en la que determine la cantidad líquida que se deba entregar al quejoso, para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo". SEGUNDO. Las autoridades responsables, a efecto de acreditar el monto a pagar en favor de su contraparte en el presente incidente remitieron las documentales consistentes en: Copia certificada de la nómina relativa al primer pago proporcional de aguinaldo de dos mil quince (foja 433). Copia certificada de la nómina de pago relativa al pago de la prestación de prima vacacional del dos mil quince (foja 434). Copia certificada de la baja administrativa de veintitrés de octubre de dos mil quince (foja 508). Copia certificada del alta de uno de agosto de dos mil tres (foja 509). Oficio 10107/2017, de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, signado por el Director de Área de Recursos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, en el cual informó el ingreso y baja de la dependencia para la que laboraba el quejoso, el último sueldo mensual percibido y, hoja que contiene cálculo de propuesta de indemnización (fojas 511 y 512). Oficio 11399/2016, en el que consta la planilla de liquidación formulada por la responsable y de la que se desprende el desglose que corresponde a cada una de las prestaciones cuantificadas, autorización de vacaciones y diversas nóminas (fojas 525 a 535). Mientras que el quejoso únicamente ofreció las pruebas presuncional en su doble aspecto, legal y humana y la instrumental de actuaciones (foja 424). Finalmente, de oficio se ordenó el desahogo de la prueba pericial en materia de contabilidad y se designó como diestro para ello a la licenciada en contaduría pública Elizabeth Quezada Solorza, quien mediante escrito presentado el nueve de febrero de dos mil dieciocho (fojas 578 a 583), exhibió su dictamen pericial, mismo que ratificó ante la presencia judicial el catorce siguiente (foja 590). Al respecto, este juzgador prescindirá del dictamen contable formulado por la diestro oficial, dado que determinó cuantificación de la prima de antigüedad, cuando en el caso no es dable que se considere esa prestación pues dicha prestación se encuentra prevista por la Ley Federal del Trabajo y no en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, siendo el segundo ordenamiento legal el aplicable al caso en concreto. Por consiguiente, no es factible estimar el peritaje en cuestión. Lo anterior, aunado a que en el expediente se encuentran los datos suficientes que permiten establecer la liquidación del fallo y no resulta necesario el dictamen de un diestro con conocimientos especiales a fin de determinar el monto correspondiente a las actualizaciones de la cantidad condenada, pues dicha cuantía puede ser obtenida realizando operaciones aritméticas simples. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis I.4o.C. 121 C, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. NO ES INDISPENSABLE EN TODOS LOS CASOS EL DICTAMEN DE PERITOS. De la interpretación de los artículos 1252 y 1348 del Código de Comercio, 346 y 515 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en relación con el 108 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se obtiene que, para la liquidación de intereses los dictámenes de expertos son elementos auxiliares, sólo indispensables para cuantificar la condena, si la cuestión planteada atañe a la demostración y explicación de operaciones para las que se requieran conocimientos, prácticas o experiencias especiales del ejercicio de un oficio, ciencia o arte, distintos a los comprendidos en los programas de formación y educación para proporcionar una cultura media, o a las prácticas habituales en un medio social determinado, entre la gente de mediana educación y experiencia, pues en los demás casos, los dictámenes sólo constituyen medios auxiliares destinados a facilitar la labor del juzgador y darle mayor seguridad en sus determinaciones, pero no opiniones indispensables para la resolución del asunto, de modo que aun sin ellas, el juzgador queda en condiciones de definir la cuestión, mediante la realización de actos u operaciones correspondientes al campo atinente, que sean del dominio del juzgador, como parte de la educación recibida para alcanzar la profesión que se le exige para ocupar el cargo de Juez, Magistrado, o equivalente, pertenecientes a la práctica general en ese medio, especialmente si no se necesitan mecanismos, aparatos, maquinaria o instrumentos de manejo reservado a los especialistas, y esto lo debe hacer mediante el análisis cuidadoso y profesional de las constancias existentes en autos, examinados en lo individual y en conjunto, explorando todas las posibles relaciones existentes entre ellos, para definir conforme a la lógica y acorde con las máximas de experiencia, la cantidad líquida objeto de la condena. Esto sucede, por ejemplo, cuando para la liquidación de intereses únicamente se necesita el empleo de operaciones aritméticas con un grado ordinario de dificultad, que se enseñan en la educación inicial y media, consideradas de uso común, como la aplicación de porcentajes a ciertas cantidades, sobre todo en atención a que en la actualidad se ha incrementado notablemente el acceso generalizado, a precios bajos, de instrumentos para garantizar la exactitud de los resultados, como las calculadoras simples." TERCERO. A continuación, se procede al estudio de la liquidación de sentencia. Para lo que sigue, conviene precisar que el presente estudio tendrá como base las pruebas documentales exhibidas por la autoridad responsable y el quejoso, ello para determinar los sueldos y prestaciones que como elemento perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Jalisco debió percibir desde que fue cesado de su encargo hasta que se pronuncie esta resolución interlocutoria. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2008662, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 16, marzo de dos mil quince, tomo III, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, página 2263, del siguiente rubro y texto: "MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. ANTE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA QUE LOS UNÍA CON EL ESTADO, TIENEN DERECHO AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN "Y DEMÁS PRESTACIONES", SIEMPRE QUE ACREDITEN QUE LAS PERCIBÍAN O QUE ESTÁN PREVISTAS EN LA LEY QUE LOS REGÍA. El artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite a las instituciones policiales de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, remover a los elementos que hayan incumplido los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que todo servidor público debe acatar, y prohíbe absoluta y categóricamente que sean reincorporados a dichas instituciones, aun cuando obtengan resolución jurisdiccional que declare injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, dado que el Poder Revisor privilegió el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad, por encima de la estabilidad en el empleo y, por ello, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho. En este contexto, los miembros de las instituciones policiales, como todo servidor público, reciben por sus servicios una serie de prestaciones que van desde el pago que pudiera considerarse remuneración diaria ordinaria, hasta los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que perciba por la prestación de sus servicios y que necesariamente debe estar catalogado en el presupuesto de egresos respectivo. Por tanto, como la intención del Constituyente Permanente fue imponer al Estado la obligación de resarcir al servidor público ante el evento de que no pueda ser reincorporado, a pesar de que la remoción sea calificada como injustificada por resolución firme de autoridad jurisdiccional, el enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho", forma parte de esa obligación y debe interpretarse como el deber de pagarle la remuneración diaria ordinaria dejada de percibir, así como los conceptos que recibía por la prestación de sus servicios, previamente mencionados, desde el momento en que se concretó la terminación de la relación administrativa y hasta que se realice el pago de la indemnización correspondiente, siempre que acredite que percibía esas prestaciones o que están previstas en la ley que lo regía." Las pruebas documentales de que se habla se les concede valor probatorio pleno, de conformidad a lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos expedidos por autoridad competente en ejercicio de sus funciones. Además, como se señaló, con independencia del dictamen técnico desahogado en la presente instancia constitucional, emitido por la diestro Elizabeth Quezada Solorza -designada por este juzgado-, en atención a las facultades de este juzgador para regir la presente incidencia de liquidación, serán las cantidades líquidas determinadas en esta resolución las que habrán de considerarse como pago al quejoso. En ese tenor, se determina que la fecha de último día pagado que habrá de considerarse para efectos del cómputo relativo es el quince de octubre de dos mil quince, no obstante que el nueve de octubre de dos mil quince, es la data de la anotación correspondiente a la baja del hoy quejoso respecto del nombramiento como Policía Segundo, adscrito a la Comisaría de Seguridad Pública del Estado, dependiente de la Fiscalía General, según la constancia remitida por la autoridad responsable (foja 508), lo que además se corrobora con la copia certificada del acuerdo de separación contenido en el oficio 3359/2015, de catorce de septiembre de dos mil quince, practicada al quejoso el nueve de octubre de esa anualidad (foja 67), en el que se le hizo de su conocimiento que se encontraba separado de su cargo a partir de que se practicara esa actuación; sin embargo, no queda duda que el quejoso recibió su sueldo correspondiente hasta el quince de octubre de dos mil quince, tal como se desprende de la hoja de nómina respectiva (foja 433). Asimismo, las cuantías a determinar lo serán hasta esta fecha en que se resuelve el incidente de liquidación de planilla, es decir, dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, por lo que más adelante se determinará la actualización necesaria, toda vez que las partes en el juicio, así como la diestro designada para tal efecto, emitieron sus planillas con fechas diversas y anteriores a la presente resolución. Cabe destacar la facultad que tiene el suscrito Juzgador como rector del procedimiento de ejecución de examinar, de oficio, que la planilla de liquidación o su contestación presentadas por las partes se ajusten a la condena decretada, lo que habrá de hacerse con los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, atendiendo primordialmente a las bases que para ese fin se desprendan de la resolución principal, por lo que se estima conveniente analizar la planilla de liquidación así como los documentos anexos, allegados por la autoridad responsable. Como apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 35/97, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 126, del Tomo VI, Noviembre de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del contenido siguiente: "PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. AUNQUE NO SE OPONGA A ELLA EL CONDENADO, EL JUEZ TIENE FACULTADES PARA EXAMINAR DE OFICIO SU PROCEDENCIA. Los incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. Luego, si el Juez es el director del proceso, es obvio que en él recae la responsabilidad de emprender esas funciones, circunstancia que al relacionarla armónicamente con la finalidad del incidente de liquidación y lo dispuesto por el artículo 1348 del Código de Comercio, conduce a estimar que el juzgador está posibilitado legalmente para examinar, de oficio, que la planilla de liquidación presentada por la parte a la que le resultó favorable la sentencia, se ajuste a la condena decretada, aun cuando no medie oposición del vencido, pues tal conducta omisiva no suple las condiciones formales y sustantivas de que requiere el obsequio de la pretensión formulada en la planilla; lo que conlleva a que no es adecuado que se aprueben automáticamente los conceptos contenidos en ésta, sin el previo análisis de su comprobación y justificación, en razón de que el juzgador, al emplear el arbitrio judicial, debe decidir en forma justa, con apoyo en los elementos allegados al juicio y al procedimiento incidental, atendiendo primordialmente a las bases que para ese fin se desprendan de la resolución principal, sin modificarlas, anularlas o rebasarlas, para así respetar los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis, una vez establecida, o el de congruencia, así como la inafectabilidad de las bases de la cosa juzgada.". Como se adelantó, los efectos precisados en la sentencia dictada por este juzgado federal, relacionados con la condena a la autoridad demandada al pago de la indemnización constitucional, son los siguientes: ".que se le pague al quejoso la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho conforme a lo previsto por el artículo 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, por ser la ley especial que rige la relación jurídico-administrativa, así como la Jurisprudencia 2a./J. 103/2012 (10 a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1517 del "Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2" del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: [se transcribe]" Del análisis de los oficios signados por el delegado de las autoridades responsables, por los que presentó diversos documentos que ya fueron descritos y valorados en líneas precedentes, se desprende que reconocen las siguientes prestaciones, con base al salario integrado, como parte de su indemnización: pago de sueldo base; despensa; transporte; prima vacacional; aguinaldo, además, indemnización constitucional prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos remite a su vez a la prevista por el artículo 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. De las documentales exhibidas por las autoridades responsables, se advierte que el salario integrado mensual (salario base, despensa y transporte) en el año dos mil quince, asciende a $14,293.90 (catorce mil doscientos noventa y tres pesos 90/100 moneda nacional), lo que dividido entre treinta da un total de $476.46 (cuatrocientos setenta y seis pesos 46/100 moneda nacional) por día, según se aprecia de la copia certificada de la hoja de nómina aportada por la autoridad responsable (foja 433). Para el año dos mil diecisiete, el salario mensual integrado (salario base, despensa y transporte) ascendió a $14,571.00 (catorce mil quinientos setenta y uno pesos 00/100, moneda nacional), lo que dividido entre treinta da un total de $485.70 (cuatrocientos ochenta y cinco pesos 70/100 moneda nacional) diarios. Mientras que por lo que ve a los años dos mil dieciséis y dos mil dieciocho, habrán de cuantificarse considerando la percepción reportada por la anualidad citada en el párrafo que precede, es decir, dos mil diecisiete, al no contar con mayores datos para su cuantificación, pues si bien, la autoridad responsable tenía la carga probatoria para demostrar los incrementos salariales que mediaron entre el año en que se separó al quejoso de su puesto de trabajo y en la que se emite la presente resolución, no allegó constancia fehaciente a este juicio de la que se desprendan sus percepciones en dichos periodos. Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia 4a./J. 50/94, de la entonces, Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: "SALARIOS. CARGA DE LA PRUEBA, CUANDO SE DISCUTE SU MONTO EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. La regla derivada de los artículos 784, fracción XII y 804 de la Ley Federal del Trabajo, acerca de que corresponde al patrón la carga de probar el monto del salario y su pago, cuando se suscita controversia al respecto, es aplicable también, en lo conducente, cuando dentro del incidente de liquidación se discute la existencia de incrementos salariales durante el período que transcurre entre la fecha de separación del trabajador y aquélla en que se da cumplimiento al laudo que condenó a la reinstalación. La aplicación de la misma regla deriva de que en ambos supuestos el objeto probatorio es, esencialmente, el mismo, así como de la circunstancia de que dentro del incidente de liquidación operan las mismas razones tomadas en consideración por el legislador para atribuir la carga probatoria en los aspectos indicados, al patrón, por la mayor facilidad que tiene para disponer de los elementos de convicción" En ese orden de ideas, por lo que ve al aguinaldo, para su cuantificación habrá de considerarse lo dispuesto por el artículo 54 del mismo cuerpo normativo, el cual es del tenor literal siguiente: "Artículo 54. Los servidores públicos tendrán derecho a un aguinaldo anual de cincuenta días, sobre sueldo promedio, y el mismo estará comprendido en el presupuesto de egresos, el cual preverá la forma de pagarlo. El aguinaldo se cubrirá proporcionalmente tomando en cuenta las faltas de asistencia injustificadas, licencias sin goce de sueldo y días no laborados por sanciones impuestas. El pago del aguinaldo no está sujeto a deducción impositiva alguna. Los servidores públicos que no hayan cumplido un año de labores tendrán derecho a que se les pague esta prestación, en proporción al tiempo efectivamente trabajado." En lo concerniente a la cuantificación del aguinaldo este Juzgador estima conveniente realizar las operaciones matemáticas necesarias para calcular lo que conforme a derecho le debe corresponder al quejoso respecto a estos rubros, considerando desde luego que las cantidades a cubrir al ahora quejoso deben pagarse como si nunca hubiese ocurrido la terminación de la relación laboral, y hasta el pago total. Así, por lo que ve al año dos mil quince, habrá de pagarse únicamente la segunda mitad de aguinaldo, es decir, veinticinco días, pues del oficio y anexos recibidos el once de octubre de dos mil diecisiete (fojas 523 a 535), se advierte que se erogó al quejoso la primera mitad por concepto de aguinaldo; mientras que por los años de dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, los cincuenta días que prevé el artículo 54 de la Ley de Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. Por ende, debe considerarse que el salario base o promedio mensual para dos mil quince ascendió a $13,054.00 (trece mil cincuenta y cuatro pesos 00/100), lo que dividido entre treinta da un total de $435.13 (cuatrocientos treinta y cinco pesos 13/100, moneda nacional) por día, cantidad que multiplicada por veinticinco días, da un total de $10,878.25 (diez mil ochocientos setenta y ocho pesos 25/100, moneda nacional). Además, tomando en consideración que el salario base o promedio mensual para dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, se cuantificó en $13,354.00 (trece mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 00/100, moneda nacional), esto dividido entre treinta arroja la suma de $445.13 (cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 13/100, moneda nacional) por día, que al ser multiplicada por cincuenta días, arroja la cantidad de $22,256.50 (veintidós mil doscientos cincuenta y seis pesos 50/100, moneda nacional); que al multiplicarse por cada una de esas anualidades obtenemos el resultado de $44,513.00 (cuarenta y cuatro mil quinientos trece 00/100, moneda nacional). Ahora, considerando que a la emisión de esta resolución han transcurrido ciento treinta y ocho días del año dos mil dieciocho, para cuantificar la cantidad que corresponde a ese periodo por concepto de aguinaldo, se tomará en cuenta esa parte proporcional. Para ello consideramos que por cada trescientos sesenta y cinco días que conforman el año, corresponde el pago del aguinaldo por el importe de cincuenta días de salario; por tanto, la parte proporcional de ciento treinta y ocho días que han transcurridos del año, corresponde a diecinueve días de aguinaldo; ahora, considerando que el salario diario base en dos mil dieciocho es de $445.13 (cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 13/100, moneda nacional) por día, que al multiplicarse por los diecinueve días, obtenemos la cantidad de $8,457.47 (ocho mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 47/100, moneda nacional). Entonces, las cantidades determinadas por los años indicados en líneas que anteceden arroja la suma total de $63,848.72 (sesenta y tres mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 72/100, moneda nacional), por concepto de aguinaldo, en relación con las anualidades de dos mil quince, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y la parte proporcional de dos mil dieciocho. Ahora bien, de una revisión realizada a las actuaciones se desprende que el último sueldo erogado al quejoso corresponde al periodo del uno al quince de octubre de dos mil quince, según se desprende de la hoja de nómina firmada por el quejoso (foja 535); por tanto, por el concepto de remuneraciones no recibidas por esa anualidad únicamente se cuantificarán la segunda quincena del mes de octubre, así como los meses subsecuentes, es decir, noviembre y diciembre. Así las cosas, considerando que el salario mensual integrado para el año dos mil quince, era de $14,293.90 (catorce mil doscientos noventa y tres pesos 90/100), por lo que ve a una quincena, es decir, la segunda relativa al mes de octubre de ese año, la cantidad que corresponde al quejoso es de $7,146.95 (siete mil ciento cuarenta y seis pesos 95/100, moneda nacional); mientras que por los meses de noviembre y diciembre el corresponde el monto de $28,587.80 (veintiocho mil quinientos ochenta y siete pesos 80/100, moneda nacional). Por los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, se multiplica el salario mensual integrado para esas anualidades, de $14,571.00 (catorce mil quinientos setenta y un pesos 00/100, moneda nacional) por veinticuatro meses que corresponden a los dos años; de lo cual obtenemos la cantidad de $349,704.00 (trescientos cuarenta y nueve mil setecientos cuatro pesos 00/100, moneda nacional). Mientras que respecto de las prestaciones correspondientes a los cuatro meses y dieciocho días que han transcurrido de la presente anualidad, es decir, hasta la fecha en que se resuelve la presente incidencia, también habrá de cuantificarse considerando las percepciones mensuales del quejoso a que se han hecho referencia con anterioridad y que corresponden a $14,571.00 (catorce mil quinientos setenta y un pesos 00/100, moneda nacional) mensuales. Entonces, se determina que por los cuatro primeros meses corresponde la cantidad de $58,284.00 (cincuenta y ocho mil doscientos ochenta y cuatro pesos 00/100, moneda nacional), mientras que para cuantificar los dieciocho días, se procede a dividir el salario mensual entre treinta para identificar el salario diario, que es de $485.70 (cuareocientos ochenta y cinco pesos 70/100, moneda nacional), que multiplicado por dieciocho arroja la suma de $8,742.60 (ocho mil setecientos cuarenta y dos pesos 60/100, moneda nacional). La suma de ambas cantidades permite determinar que el salario por el lapso de tiempo transcurrido en la presente anualidad es de $67,026.60 (sesenta y siete mil veintiséis pesos 60/100, moneda nacional). Entonces, lo correspondiente a las percepciones no pagadas al quejoso, desde su separación hasta la fecha en que se resuelve este incidente, corresponde a $452,465.35 (cuatrocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 35/100, moneda nacional). Por lo que ve al beneficio del pago de prima vacacional, es procedente su pago en términos de los artículos 31 y 32 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, que disponen que los elementos operativos que tengan más de seis meses de labores gozarán de dos períodos vacacionales de diez días cada uno de ellos al año, las cuales se pagarán íntegras; mientras que dicha prima se pagará al 25% veinticinco por ciento sobre el total de los días correspondientes a vacaciones. No obstante, no resulta procedente el pago respecto de "vacaciones" por las anualidades de dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, pues dicha prestación ya se encuentra incluida en la cuantificación realizada respecto del concepto de remuneraciones no pagadas, pues se cuantificó el importe correspondiente sin descontar los días de vacaciones. No así respecto de la parte proporcional de los ciento treinta y ocho días transcurridos de dos mil dieciocho, pues no se advierte que se haya disfrutado del periodo vacacional correspondiente. Por tanto, en relación con dicha prestación procede lo siguiente: El salario diario integrado para ese año es de $485.70 (cuatrocientos ochenta y cinco pesos 70/100, moneda nacional); por ende, se multiplica esa cantidad por los días proporcionales que hasta ese momento corresponden de vacaciones, que son siete punto cinco, de lo cual se obtiene la cantidad de $3,642.75 (tres mil seiscientos cuarenta y dos pesos 75/100, moneda nacional), por lo que ve a la prestación de vacaciones por la parte proporcional de dos mil dieciocho. Por su parte, para cuantificar la prima vacacional, se debe considerar el veinticinco por ciento de lo que corresponde a las vacaciones y, deberá cuantificarse por lo que ve a los años dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y parte proporcional de dos mil dieciocho, en virtud de que ya se erogó al quejoso la correspondiente al año dos mil quince, según informó y acreditó mediante el oficio y los anexos recibidos el once de octubre último (fojas 523 a 535). Sentado lo anterior, se tiene que por lo que ve a los años dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, el salario diario integrado ascendía a $485.70 (cuatrocientos ochenta y cinco pesos 70/100, moneda nacional); por ende, se multiplica esa cantidad por los veinte días de vacaciones, y a la vez se multiplica por el veinticinco por ciento; de lo cual obtenemos la suma de $2,428.50 (dos mil cuatrocientos veintiocho pesos 50/100, moneda nacional), que corresponde a cada año, que al multiplicarlo por los dos años se obtiene la cantidad de $4,857.00 (cuatro mil ochocientos cincuenta y siete pesos 00/100). En relación con la parte proporcional del año de dos mil dieciocho, considerando que el monto respectivo a las vacaciones es de $$3,642.75 (tres mil seiscientos cuarenta y dos pesos 75/100, moneda nacional), de ello obtenemos el veinticinco por ciento que es la cantidad de $910.68 (novecientos diez pesos 68/100, moneda nacional). Entonces, la suma total por lo que ve a la prestación de prima vacacional relativa los años dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y parte proporcional de dos mil dieciocho, asciende a $5,767.68 (cinco mil setecientos sesenta y siete pesos 98/100, moneda nacional). Por otra parte, respecto a la cuantificación correspondiente a la indemnización de tres meses de salario, a que se refiere el artículo 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, debe tomarse en consideración el último salario integrado registrado a favor del quejoso corresponde a $14,571.00 (catorce mil cuatrocientos setenta y un pesos 00/100, moneda nacional), que al multiplicarlo por tres meses se obtiene la cantidad de $43,713.00 (cuarenta y tres mil setecientos trece pesos 00/100, moneda nacional). Ahora, se procede a cuantificar la diversa indemnización a que refiere el citado artículo 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, correspondiente al pago de veinte días de salario por cada año laborado. En esa medida, tomando en consideración la hoja de alta que obra a foja quinientos nueve de autos, se advierte que el quejoso ingresó a laborar el uno de octubre de dos mil tres, lo cual será la premisa para la cuantificación correspondiente. En esa medida, para determinar esa cuantía deberá tomarse en consideración el último salario integral registrado en el puesto que desempeñaba el quejoso proporcionado por la autoridad responsable $14,571.00 (catorce mil quinientos setenta y un pesos 00/100, moneda nacional), que dividido entre treinta da un total de $485.70 (cuatrocientos ochenta y cinco pesos 70/100, moneda nacional), que corresponde al salario diario integrado, compuesto por las prestaciones de despensa, transporte y quinquenio, de conformidad con la tesis de jurisprudencia número I.1o.A.J/6 (10a.), de rubro siguiente: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES RELATIVAS CUYA REMOCIÓN DEL SERVICIO SE DECLARE INJUSTIFICADA, EQUIVALE A TRES MESES DE SALARIO INTEGRADO". Entonces, para la obtención del pago al quejoso de veinte días por año de servicio laborado, debe considerarse que éste ingresó a trabajar el uno de octubre de mil tres, en tanto que su fecha de baja de la corporación policiaca aconteció en el nueve de octubre de dos mil quince. De esta manera, se obtiene que el quejoso laboró para la institución responsable un total de doce años de servicio cumplidos; por ende, para obtener la cantidad de días que deben pagarse por año, se multiplican los veinte días por los años de servicio, lo que arroja un total de doscientos cuarenta días, lo que a su vez, al multiplicarse por el salario diario integrado da un total final de $116,568.00 (ciento dieciséis mil quinientos sesenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), como pago de indemnización correspondiente a veinte días de salario por cada año laborado. Por lo que ve a la prestación de aportación al Instituto de Pensiones del Estado, no procede realizar la liquidación de las cotizaciones, pues corresponde a las autoridades responsables realizar las aportaciones y, entregárselas de manera directa al Instituto de referencia. En consecuencia, se procede al realizar la cuantificación total de las cantidades que la autoridad responsable deberá cubrir al ahora quejoso. Aguinaldo de dos mil quince a dos mil dieciocho (parte proporcional): $63,848.72 (setenta y tres mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 72/100, moneda nacional). Remuneración correspondiente a los años dos mil quince -del periodo del dieciséis de octubre al treinta y uno de diciembre-, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y los cuatro meses y dieciocho días de dos mil dieciocho, da un total de: $452,465.35 (cuatrocientos cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 35/100, moneda nacional). Vacaciones y prima vacacional, cuantificadas según lo que establecen los artículos 31 y 32 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco: $3,642.75 (tres mil seiscientos cuarenta y dos pesos 75/100, moneda nacional) y $5,767.68 (cinco mil setecientos sesenta y tres treinta pesos 68/100, moneda nacional), de manera respectiva. Indemnización de tres meses, artículo 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el estado de Jalisco: $43,713.00 (cuarenta y tres mil setecientos trece pesos 00/100, moneda nacional). Veinte días de salario por cada año laborado, diversa prestación del artículo 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el estado de Jalisco: $116,568.00 (ciento dieciséis mil quinientos sesenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional). Lo que da un total de $686,005.50 (SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCO PESOS 50/100, MONEDA NACIONAL). En consecuencia, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este expediente número 2296/2015, se concluye que las autoridades responsables dependientes de la Fiscalía General del Estado, deberán pagar en favor del quejoso la suma establecida con antelación, que deberá efectuarse dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la presente determinación, debiendo remitir las constancias con las que acrediten haber dado cumplimiento al fallo protector. En el entendido de que, corresponde a la parte patronal realizar las deducciones que por concepto de obligaciones tributarias deban retenerse, por disposición legal, toda vez que tales cuestiones no son susceptibles de analizarse en el presente incidente; lo anterior en términos del criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se hizo patente en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 136/2007, consultable en la página quinientos cuarenta y tres, Tomo XXVI, agosto de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro y texto dice: "LAUDO. PARA TENERLO POR CUMPLIDO ES INNECESARIO QUE EL PATRÓN EXHIBA LA CONSTANCIA DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS CONCEPTOS MATERIA DE LA CONDENA O EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA DEDUCCIÓN RELATIVA, PUES BASTA CON QUE EN EL RECIBO DE LIQUIDACIÓN EXPRESE LAS CANTIDADES SOBRE LAS CUALES SE EFECTÚA DICHA RETENCIÓN. Conforme a los artículos 109, 110, 112 y 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 26, fracciones I y II, del Código Fiscal de la Federación, salvo los casos de excepción, los patrones tienen el carácter de auxiliares de la administración pública federal en la recaudación del impuesto de referencia a cargo de sus trabajadores, en tanto tienen la obligación de retener el causado por alguno o algunos de los conceptos a los que resulten condenados en el laudo con motivo de la terminación de la relación laboral. En ese sentido, una vez que se ha determinado en el laudo el importe líquido de la condena y el patrón al exhibir su cuantificación manifieste haber retenido el impuesto correspondiente, para que la autoridad laboral tenga posibilidad de vigilar el cumplimiento del laudo, bastará con que aquél exhiba el recibo de liquidación en el que pueda observarse con claridad el desglose y coincidencia de los conceptos y cantidades a las que resultó condenado en el laudo, así como las cantidades retenidas por concepto del impuesto, sin necesidad de que la autoridad laboral proceda a examinar si el cálculo del entero fue o no correcto, pues en caso de que resulte defectuoso, no se deja en estado de indefensión al trabajador, ya que tiene expedito su derecho para solicitar ante la autoridad hacendaria la devolución de las cantidades que le hayan sido retenidas en forma indebida y corresponderá a la autoridad fiscal su revisión, consecuentemente no es requisito indispensable para efecto de tener por cumplido el laudo que el patrón exhiba el documento en el que acredite la deducción del impuesto para justificar el monto de las prestaciones que debió pagar al trabajador, o la constancia de que enteró la cantidad que retuvo al trabajador como impuesto del producto del trabajo.". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 67 y 196 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.- Resulta procedente el incidente de liquidación planteado por el delegado de las autoridades responsables dependientes de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. SEGUNDO.- Se regula la planilla de liquidación de sentencia, para el cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en favor del quejoso César Murillo Méndez, por las cantidades precisadas en el considerando último de esta resolución incidental. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma el licenciado Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativas y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en unión del Secretario que autoriza y da fe, licenciado Kavdxary Youdvary González Macedo, hasta el día de hoy dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, en que las labores de este órgano jurisdiccional lo permitieron.

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