César Mariano Casteleyro Ortiz

Expediente 1349/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1349/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • César Mariano Casteleyro Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, el veintisiete de octubre de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice para decretar que ha causado ejecutoria la sentencia señalada en líneas que anteceden, el hecho de que no obre en autos la boleta de notificación del oficio por medio del cual se notificó la resolución de que se trata a la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta ciudad, sin embargo, toda vez que el presente proveído debe notificarse mediante oficio, reexpídase en el mismo la misiva que contiene la resolución de mérito. Y en relación a la citada autoridad señalada como responsable, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrá interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente los actos que de ella se hayan reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto por lo que corresponde a ésta, toda vez que el fallo en el que se negó la protección constitucional, no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la autoridad en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso por analogía, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por lo tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se hace la indicación de que es susceptible de depuración, pues en audiencia incidental de quince de junio de dos mil veintidós, se concedió la suspensión definitiva solicitada; lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, toda vez que no existe motivo legal alguno para que siga al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado los anexos consistentes en: un legajo de copias certificadas relativas al Juicio Ejecutivo Mercantil ******************** y un legajo de copias certificadas relativas al expediente ******************** que remitieron la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y el Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, respectivamente, en tal virtud, devuélvanse los citados tomos sin que sea el caso solicitar el acuse de recibo de estilo, dado que se trata de copias certificadas. Por último, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1349/2022-I-B, promovido por César Mariano Casteleyro Ortíz, contra los actos que reclama del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por oficio depositado en el Buzón Judicial el veinticinco de mayo de dos mil veintidós; recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán en esa propia fecha; y turnado el veintiséis siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con motivo de la separación de juicios ordenado en el expediente 1039/2022-IV, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, compareció el quejoso César Mariano Casteleyro Ortíz, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama al Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previa aclaración de demanda, se avocó al conocimiento y quedó registrada con el número 1349/2022-I-B, y mediante auto de ocho de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, y dar a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, la intervención legal que le compete y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. De igual manera, mediante acuerdo de quince de agosto de dos mil veintidós, se ordenó emplazar al tercero interesado Ángel Xavier Sulu Chan. Finalmente, una vez substanciado el juicio de amparo en todas sus etapas, previos diferimientos, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, lo hizo consistir la quejosa fundamentalmente, en: La falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 1114/2015 y su ejecución. TERCERO. Certeza de actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad (número de promoción 15179, foja 51), pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con el legajo de constancias que remitió como justificación del acto reclamado, deducidas del juicio ejecutivo mercantil 1114/2015. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional, previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo respecto de los actos reclamados por la parte quejosa. Dicho numeral dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" El sentido literal de la norma reproducida lleva a considerar, que el amparo es improcedente cuando los actos combatidos no afectan el interés jurídico del quejoso. Para comprender la configuración de la causal de improcedencia que nos ocupa, es necesario hacer referencia al contenido de los artículos 5º, fracción I y 6º de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un "derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre "que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos "previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una "afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en "virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona "física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en "términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá "hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por "cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.". De la interpretación de los numerales de referencia, se advierte, que puede acudir al juicio de amparo indirecto quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Luego, el interés jurídico a que se refiere el artículo 5° de la Ley de Amparo, es el derecho que asiste a un particular para reclamar algún acto proveniente de autoridades, que el quejoso estime violatorio de derechos humanos en su perjuicio; es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, el cual se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad que ocasiona un perjuicio a los derechos o intereses de su titular. El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, es una facultad o potestad de exigencia cuya institución consigna la norma objetiva del derecho; por tanto, no existe derecho subjetivo ni, por ende, interés jurídico cuando la persona carece de la capacidad otorgada por el orden jurídico para imponerse de manera coercitiva a otro sujeto, esto es, cuando no haya poder de exigencia imperativa, pues, el derecho subjetivo consiste en la facultad de exigir a otro una determinada conducta, la cual puede consistir en dar, hacer o no hacer. Conviene apuntar que, el interés jurídico, se vincula de manera estrecha con el concepto de perjuicio, porque este último supone un derecho legítimamente tutelado ante cuya transgresión, por una autoridad o por la propia ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente a demandar el cese de esa transgresión, es decir, el perjuicio se debe entender como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de amparo que afectan de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos. En este sentido, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un acto de autoridad que se reclama a través de la vía constitucional, causa perjuicio a una persona cuando lesiona directamente sus intereses jurídicos, sea en su persona, patrimonio o derechos, y es entonces cuando nace la acción anulatoria de la violación reclamada, a través del juicio de amparo. Al caso se invoca la jurisprudencia emitida por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Séptima Época, registro electrónico 245886, de título, subtítulo y texto siguientes: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Además, las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, pues, se debe acreditar en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, registro electrónico 170500, de título, subtítulo y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En efecto, para demostrar la afectación a la esfera jurídica, cuando se reclaman actos de autoridades judiciales, se requiere que de la demanda de amparo, informes justificados y pruebas aportadas en el juicio, se acredite plenamente el interés jurídico (ser titular del derecho subjetivo alegado) y no inferirse éste con base en presunciones; correspondiendo en todo caso al quejoso demostrar la afectación de los derechos que estime conculcados en su perjuicio. Por otra parte, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que nadie podrá ser privado de sus posesiones, propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. En esa norma constitucional están consagrados diversos derechos del individuo, conocidos como de audiencia o de debido proceso. Según lo dispuesto en el aludido numeral, el juicio de amparo procede para proteger cualquier derecho, ya sea de propiedad o posesión que resulte afectado sin respetar los derechos de audiencia y defensa que en él se consagran; sin embargo, como se dijo, esa afectación debe ser comprobada de forma fehaciente, sin que pueda inferirse tan solo por presunciones. En este sentido, el quejoso tiene la carga procesal de demostrar de manera irrebatible, que los actos que reclama afectan su interés jurídico, pues, es un presupuesto para la procedencia de la acción constitucional. Es criterio generalmente aceptado por los tribunales federales, que la posesión susceptible de ser respetada en el juicio de amparo, por dar el interés jurídico capaz de ser afectado por un acto de autoridad, no es otra que la originaria, que se tiene en concepto de dueño, o la de carácter derivado, que se alcanza por virtud de un acto jurídico como el arrendamiento, comodato, depósito, etcétera; por tanto, no basta con la mera tenencia de la cosa, sin causa o título jurídico alguno, para determinar que el detentador tenga un interés protegible para los efectos del amparo. De otra manera, se correría el peligro de volver inefectivas las determinaciones dictadas en juicios contradictorios acerca de la propiedad o posesión, pues, no faltaría cualquier miembro de la familia del demandado o incluso doméstico a su servicio, que acudiera al amparo en calidad de tercero extraño ostentándose poseedor, para exigir que se siguiera juicio previo en su contra, y aún en este evento podría surgir un tercero que de forma posterior hiciera igual reclamación, invocando que no había tenido conocimiento del segundo procedimiento, y así de manera indefinida, volviendo interminables los litigios. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P./J. 1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, registro electrónico 187733, de título, subtítulo y, texto siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Así, la propiedad que se protege mediante el juicio de amparo, es la que se funda precisamente en un título sustentado en alguna figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer. La legislación civil, establece que la propiedad es un poder de hecho que se ejerce sobre una cosa, el cual necesariamente debe tener una causa u origen que por su naturaleza jurídica faculte al poseedor a usar, disfrutar y disponer de ella, si se trata de una posesión originaria o en concepto de dueño, o en su caso, si la causa de la posesión faculta al titular del derecho únicamente a usar y disfrutar el bien, se trata de la posesión derivada, en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, comodatario u otro título análogo. En el caso a estudio, el quejoso no acredita su interés jurídico para promover el presente juicio de amparo, por las dos vertientes a saber. 1. En primer lugar, se advierte que el solicitante del amparo acude en su calidad de tercero extraño en estricto sentido y, reclama la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 1114/2015 del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y, como consecuencia de ello, se le pretende desposeer del inmueble ubicado en el predio doscientos sesenta y cinco, de la calle Dieciocho, colonia Leandro Valle, Mérida, Yucatán, de la que aduce se propietario. Sentado lo anterior se tiene que de las constancias remitidas del juicio ejecutivo mercantil 1114/2015, del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad (anexo 1), a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende lo siguiente: 1. Por escrito de diecisiete de septiembre de dos mil quince, Ángel Xavier Sulu Chan, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de Manuel Jesús Casteleyro Trichan, por el cobro de la cantidad de $3,000,000.00 (Tres millones de pesos, sin centavos, moneda nacional), como suerte principal; los intereses moratorios, así como el pago de costas del procedimiento (fojas 1 a 3, del anexo 1). 2. La demanda fue turnada al Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, por auto de ocho de octubre de dos mil quince, se radicó con el número de expediente 1114/2015, y se ordenó el emplazamiento de la parte demandada Manuel Jesús Casteleyro Trichan (fojas 4 y 5, del anexo 1). 3. Mediante diligencia de cuatro de diciembre de dos mil quince, la actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en unión de la parte actora, emplazó a juicio y requirió de pago al demandado Manuel Jesús Casteleyro Trichan, en la cual, se trabó formal embargo del cien por ciento del tablaje veintiocho mil trescientos cincuenta, de la población de Sitpach, Yucatán, inscrito con folio electrónico 912186 en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán (foja 11 del anexo 1). 4. Que seguido el juicio en sus diversas etapas procesales, en fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, la Juez dictó sentencia, en la que, condenó al demandado Manuel Jesús Casteleyro Trinchan al pago y cumplimiento de diversas prestaciones (fojas 77 a 91 del anexo 1). 5. Por acuerdo dictado en fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, en autos del juicio de origen, se tuvo al actor informando el cambio de nomenclatura del inmueble embargado, siendo el actual el predio doscientos sesenta y cinco, de la calle Dieciocho, de la colonia Leandro Valle, en Mérida, Yucatán (foja 35 del anexo 1). Las anteriores constancias patentizan que el aquí quejoso no es parte en el juicio ejecutivo mercantil de origen, por tanto, le asiste el carácter de persona extraña con que se ostenta. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 56, del siguiente contenido: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". Pues, la controversia de origen (juicio ejecutivo mercantil), fue incoado contra Manuel Jesús Casteleyro Trinchan, por lo que, el inicio de dicho juicio no puede pararle perjuicio al quejoso César Mariano Casteleyro Ortíz, máxime que como se mencionó, el embargo del bien inmueble que defiende no fue dictado en contra de éste ni existe condena en su perjuicio. Bajo esta óptica, si el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión, es claro, que con el inicio del juicio ejecutivo mercantil promovido por Ángel Xavier Sulu Chan, no se afectan los derechos del quejoso; en consecuencia, el acto reclamado no actualiza un agravio personal y directo contra el quejoso. De ahí que éste carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 1114/2015 del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas de la totalidad de las constancias que integran el juicio de origen, toda vez que de ellas se advierte que el quejoso César Mariano Casteleyro Ortíz, efectivamente, no es parte en el juicio de origen. 2. En una segunda vertiente, tampoco puede considerarse que el quejoso acredite su interés jurídico como propietario del bien inmueble que se señala, en términos del artículo 6º de la Ley de Amparo, para lo cual es necesario que con pruebas idóneas justifique la propiedad que dice tener de dicho bien inmueble. Consecuentemente, el citado derecho, para efectos del juicio de amparo, debe acreditarse con el título respectivo o bien con documento de fecha cierta anterior al dictado del acto reclamado. En el caso en estudio, el peticionario de amparo, no justificó de modo alguno la causa generadora de la propiedad del inmueble, toda vez que no exhibió prueba fehaciente, para acreditar dicha propiedad que dice tener del inmueble que por esta vía defiende. De ahí que tenía la obligación de exhibir pruebas para demostrar que el acto reclamado afecta su interés jurídico, pues dicha afectación debe ser comprobada de forma fehaciente, sin que pueda inferirse tan solo por presunciones. Consecuentemente, el quejoso no acreditó con documento idóneo tener el derecho de propiedad que defiende en esta instancia constitucional; por ende, el acto reclamado no afecta su interés jurídico, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido que mediante escrito de cinco de agosto de dos mil veintidós, exhibió los siguientes documentos: Copia simple del acta de defunción con número de folio C31 4347523, de fecha veintiocho de febrero de dos mil veintidós, expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Yucatán. Copia simple de la constancia de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Yucatán, con folio electrónico del predio 1066548. Copia simple del recibo AK 41687 de fecha trece de enero de dos mil veintiuno, de la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal de Mérida, Yucatán. Copia simple del recibo AI 47758 de fecha quince de enero de dos mil diecinueve, de la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal de Mérida, Yucatán. Copia simple del recibo de la Comisión Federal de Electricidad correspondiente al periodo del veintitrés de julio a veintitrés de septiembre, ambos de dos mil diecinueve. Copia simple del recibo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, con número de contrato 010362031. Al respecto debe decirse que tales documentales carecen de valor probatorio pleno, por tratarse de copia fotostáticas simples (fojas 64 a 73), las que resulta insuficientes para tener por acreditado fehacientemente su interés jurídico que aduce tener, ya que si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador, también lo es que en ejercicio de dicho arbitrio, cabe considerar que las copias de esa naturaleza presentadas en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, sin que resulten suficientes cuando no se encuentran adminiculadas con otros elementos probatorios, para justificar el hecho que se pretende demostrar, esto es, que el quejoso es el propietario del predio afecto, de cuyo embargo y desposesión se duele, con anterioridad al embargo practicado en el juicio de origen, pues no existe en autos diverso medio de prueba del que se desprenda tal situación. Orienta lo anterior, la jurisprudencia sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 510, de tomo III de mayo de 1996 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto: "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas." Por lo que, como se indicó, el marco jurisprudencial y legal permite concluir que la propiedad de un inmueble es susceptible de protegerse a través del juicio constitucional, siempre y cuando derive de un título basado en alguna figura jurídica o precepto de la ley común, por lo que el juzgador estará obligado a garantizar siempre y cuando existan y estén acreditados pues, de lo contrario, no existe derecho que garantizar. Luego, si el quejoso se ostenta como tercero extraño en estricto sentido a la contienda natural en la que, en su caso, se afectó un inmueble respecto del cual aduce ser propietario; sin embargo, no exhibe prueba para tener por acreditado de manera fehaciente su interés jurídico -por las razones antes expuestas-, es inconcuso que no evidenció que los actos reclamados le ocasionen un agravio real y actual que pueda ser materia de análisis en este juicio; por lo que se materializa la causal de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el presente juicio con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la propia normatividad legal. Sirve de apoyo por analogía a lo anterior la tesis 3a. 58 8/90, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Octava Época, registro electrónico 207227, de título, subtítulo y, texto siguiente: "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NÚMERO 217, PUBLICADA EN LA PAGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica." En tales condiciones, es claro que en términos de lo expuesto, el aquí quejoso no le asiste el interés jurídico para deducir el derecho de propiedad que intenta en esta vía, porque como ya se dejó asentado, no es parte en el juicio natural y tampoco demostró ser titular de los derechos que dice ostentar sobre el bien inmueble que refiere. Al resultar improcedente la acción de amparo y ante el sobreseimiento decretado, este Juzgador Federal se encuentra legalmente impedido para estudiar los conceptos de violación, pues el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 1027, visible en la página setecientos siete del tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete mil novecientos noventa y cinco, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado." QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por CÉSAR MARIANO CASTELEYRO ORTÍZ, contra los actos que reclamó de la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los actos y motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    ELECTR.En cinco de octubre de dos mil veintidós, doy cuenta al Juez con el estado procesal y con el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, registrado con el número 22510; asimismo, certifico y doy fe: que la referida promoción electrónica coincide en su totalidad, tanto en este expediente impreso, como en el electrónico, de conformidad con los párrafos quinto, séptimo y octavo del artículo 3 de la Ley de Amparo, el punto octavo fracción II, artículo 22 y 24, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo y artículo 12, incisos d y e, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. Conste.Mérida, Yucatán, cinco de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, mediante el cual informa que se autorizó el acceso al expediente electrónico 1039/2022 de ese índice. Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    ELECT En treinta de septiembre de dos mil veintidós, doy cuenta al Juez con el estado procesal y con el oficio signado por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta ciudad, registrado con el número 22064. Conste.Mérida, Yucatán, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio signado por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias solicitadas en proveído de veintiuno de los corrientes. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Ahora bien, dada la voluminosidad del anexo, déjese al cuidado y buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado como anexo dos, pero formando parte a la vez de estos autos, a fin de que las partes puedan imponerse de su contenido en caso de que así lo deseen. Notifíquese y cúmplase.

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